¿Salvar al PSOE?

 Artículo publicado originalmente en El Imparcial, el jueves 15 de julio de 2021

Reflexiona García Venero en su “Madrid, julio de 1936” sobre las causas por las que el PSOE —y la UGT— no siguieran en el año 1930 en Madrid, pero sí en provincias, la consigna de huelga general decretada por el comité revolucionario que se constituía a raíz del Pacto de San Sebastián para el advenimiento de la II República. En este sentido, explica el citado periodista e historiador que, “tanto el PSOE como la UGT no quisieron dar el gran paso hasta que los militares actuaran de forma drástica, allanando el camino”. Y concluye el citado autor que “existió siempre un sentido patrimonial en los cargos supremos del partido y la UGT. ¡Salvar al partido, salvar a la UGT! He ahí la influencia de Pablo Iglesias”.

Ese “hay que salvar al PSOE” constituye pues elemento esencial en la historia del partido fundado por Pablo Iglesias Posse. Y tiene por cierto para esta formación política más importancia que la emancipación de la clase trabajadora de su “O” de “obrero” (cada día más alejada, tanto de la realidad social y económica, como de las preocupaciones de esta organización), o incluso de la obtención y aun mantenimiento de la democracia o del liberalismo (como demuestra la actitud colaboracionista de uno de sus líderes, Largo Caballero, en la Dictadura del General Primo de Rivera).

Heredero de esa historia, el PSOE ya no tiene necesariamente que ver con los intereses de los trabajadores, tampoco de las clases medias, fustigadas por los dos partidos que se turnan en el poder en España; ni con los jóvenes, a quienes se les niega en el presente la independencia que proporciona el puesto de trabajo y con él el futuro de una pensión digna; ni tampoco a las modernas tendencias de la igualdad sexual y el respeto a las minorías LGTBI, mera pantalla de un progresismo que hace mucho tiempo dejó de reconocerse a sí mismo como tal. Los ejemplos podrían eternizarse, si los extendiéramos al mundo de la educación, de la sanidad, de la cultura…

El PSOE no es ya -no sé si lo fue en algún momento de su larga y discontinua vida- un instrumento al servicio de la sociedad. Y con independencia de que alguno de los partidos del arco parlamentario pudiera resultar acreedor a esa condición, la formación política que lidera el actual presidente del Gobierno sólo sirve a sus propios intereses. Habrá que decir que a los intereses de su secretario general, ni siquiera a los de su partido, como la reciente crisis que ha propiciado Pedro Sánchez parece demostrar. Porque el actual inquilino de la Moncloa se diría que carece de amigos, de acreedores en su ascensión y mantenimiento en el poder, y también de equipo en el que reconocerse.

Salvar al partido sería —en la versión actual del sanchismo socialista— salvar a Sánchez. Un político prácticamente amortizado por los errores en la gestión de la crisis, la subasta de España entre quienes sólo pretenden acabar con ella y el ataque al estado de derecho y a su clave de bóveda que es la independencia del poder judicial.

La reciente remodelación del Gobierno huele a elecciones lo mismo que las bicicletas incorporaban cierto aroma a verano, como recordaba la pieza teatral de Fernán Gómez. No acaecerán los comicios sin embargo en breve plazo, porque aún debe lograrse la inmunidad de grupo (un tanto lejana, dados los recientes datos respecto de la incidencia de la pandemia), de un cierto efecto rebote de la economía (que también se retrasa, con un verano seguramente perdido, siquiera empatado en el mejor de los casos, en el turismo y la hostelería) y la llegada de los fondos europeos.

Es corto a mi juicio el espacio que tiene el presidente para convocar Generales. Debería producirse en el paréntesis que se abra entre una cierta recuperación económica y el momento en el que se cierre ésta, porque la inflación campe a sus anchas en la geografía económica internacional y los tipos de interés (incluyendo por supuesto los que afectan a la deuda pública, ya desmesurada en España) empiecen a crecer, poniendo punto y aparte a una fugaz mejoría de nuestras cuentas privadas y públicas.

No deberá esperar Sánchez tampoco que la inminente mesa de negociación con el independentismo catalán vaya a proporcionarle más réditos que disgustos, si bien los dineros de Europa conseguirán aquietar la concreción de las amenazas de los diferentes sectores del nacionalismo de esa tierra, azuzados los unos por los otros en una imparable contienda. Parece cada vez más demostrado que esa ideología política se mueve más por el vil metal que por los sacrosantos principios, sean o no estos compartibles. Y en tanto que los recursos fluyan desde el resto de España a esa región —incluida la vergüenza de que también les debamos pagar sus responsabilidades pecuniarias como perpetradores de la malversación de fondos que supuso el ‘procés’ soberanista— no parece que estén dispuestos a nuevas aventuras secesionistas.

Pero aunque éste es un gobierno agotado, sin proyectos y sin excesiva capacidad de subsistencia, el PSOE sigue siendo la única maquinaria partidaria —y partidista— que permanece en el deteriorado solar político de España. Profesionales del poder, los socialistas siempre han sabido cómo obtenerlo y de qué manera perpetuarse en él. Por eso, no debería confiarse la oposición —en especial el primer partido de la misma— de que la organización liderada por Sánchez esté ya liquidada para el porvenir más o menos inmediato. El juego de la política es muy duro y el contrincante que tienen practica el juego que puede, incluyendo el que pueda parezca más sucio. No les van a regalar nada y, por el contrario, les pondrán todas las trampas de que sean capaces.

Debería el PP, y su presidente, mantener a raya a sus trepidantes barones —y baronesa— y establecer a su vez estrategias novedosas que puedan romper la del partido en el poder. Alguna —¿algunas?— iniciativa que oponga a la mera salvación del PSOE, la liberación de España de las malas prácticas socialistas y de las peores de sus socios.

Los fondos europeos y la sociedad civil controlada por el Gobierno

Tribuna publicada originalmente en El Imparcial, el sábado 3 de julio de 2021 

Agotado el episodio de la tramitación gubernamental de los indultos, presentados estos como un medio para obtener la finalidad de la normalización política, los ciudadanos españoles asistimos con perplejidad a un nuevo espectáculo de la timba a la que Pedro Sánchez da comienzo, una vez aprobada por la Comisión Europea la primera partida de los fondos que integran el Plan Europeo de Recuperación (‘Next Generation’), con motivo de la pandemia. 

No es singular que instituciones regionales y empresas se apresten a sumarse a la convocatoria del sorteo de recursos. Con independencia, por supuesto, de que los efectos sufridos durante la sequía económica provocada por el Covid’19 hayan tenido una particular gravedad sobre ellas o que sus proyectos de futuro tengan relación con la pretendida oportunidad de crear un nuevo paradigma para España o la recuperación de nuestro tejido productivo. Afectados por l la pandemia o dispuestos a cambiar la estructura económica del país… es igual. Se trata de dinero fresco que llega, que se diría caerá simplemente de las ramas de los árboles y que, cuando se acerque el momento de devolver la cuantía que no es objeto de subvención, ya habrá compensado las arcas de los organismos públicos y engordado las cuentas de resultados de las empresas.

Esta reflexión como se enmarca en los debates puntuales que han venido produciéndose en las últimas semanas. Por ejemplo, el doble juego de la Generalitat -no lo calificaré de nuevo porque es tan viejo como lo es el nacionalismo- del victimismo y la arrogancia de unos, junto con la complacencia de otros, o las dos a la vez, en relación con las medidas de gracia. ¿Qué se pretende con esas actitudes? Por supuesto, beneficiarse de los indultos, pero también tender la mano para que los recursos muníficos de Bruselas no se queden en cualesquiera otras Comunidades Autónomas. No será suficiente, se pretende otra cosa, aseguran, pero se trata de un partido al que todos quieren jugar, y no conviene que el árbitro se lleve el balón a otro campo. Y queda la inevitable pregunta: ¿generarán la habitual dosis de corrupción para los predios catalanes -y otros- esos nuevos recursos? Los tribunales -los de Cuentas y los otros- deberán prestar su atención a estos extremos, sin perjuicio también de la en apariencia inevitable propensión del Gobierno Sánchez de disputarle terreno a la justicia. 

Ocurre algo similar en el mundo de la empresa. En la medida en que el Gobierno no ha previsto un sistema independiente y transparente de distribución de los fondos, el procedimiento se parecerá una vez más -¿para cuándo su modificación?- al “capitalismo de amígueles” que ya ha desvirtuado de forma notable la economía de mercado prevista en nuestra Constitución. Habrá quien piense que, desaparecida con la pandemia la asistencia a los espectáculos deportivos, el papel distribuidor de prebendas y de arreglos bajo mano de jugosos contratos había desaparecido de los palcos de algunos estadios de fútbol. No hay nada nuevo bajo el sol, decía el poeta, ni platea reservada para Vip’s que vaya a desaparecer después de que la pandemia quede únicamente en el recuerdo.. Buena parte de eso mismo les pasa a las organizaciones empresariales y, por extensión, a los sindicatos: que les es muy difícil mantener posiciones de independencia respecto de los sucesivos gobiernos. Les va en su dependencia respecto de las primeras, el preservar algunas de sus posiciones económicas y la capacidad de influir en las políticas de las administraciones. Respecto de los sindicatos poco más se puede añadir, ya que dependen prácticamente en absoluto de los ingresos públicos. Valdría la pena conjeturar un futuro marco de relaciones laborales basado en la existencia de organizaciones plenamente autónomas y con un Estado que actúe con una estricta aceptación respecto de esa autonomía, lo mismo que un sistema de atribución de los contratos públicos que no reparta entre unos pocos, y siempre los mismos.

Lo cierto es que la realidad económica española es claramente dual: hay quienes apechugan con todas las crisis, pagan la mayoría de los impuestos y contratan a buena parte de los empleados, sin recibir apoyos ni ayudas: son los que “cardan la lana”, y se llaman pymes; y otros, que no dejarán de hacer bien su tarea, pero que de manera indefectible reciben casi todos los recursos: que son los que “se llevan la fama”. 

Hay una sociedad civil española intervenida y colonizada por el Estado. Por lo mismo que una empresa privada que sufre del abrazo del oso a cambio de prebendas; existen unos poderes autonómicos dispuestos a jugar al victimismo con una mano y a poner la otra para hacer caja. Y hasta una Conferencia Episcopal que prefiere aceptar los criterios de los obispos catalanes que los del resto, quizás porque también el omnipresente poder público les mantenga atenazados por otras posibles actuaciones. 

La verdadera revolución que necesita España tal vez no sea ni socialista ni conservadora; centralista, federa o confederal; de género o de transgénero… sino la de crear una verdadera sociedad civil independiente de los gobiernos que permanezca alerta a los abusos de éste. Una tarea que no corresponde a partidos ni a instituciones, que deberían autolimitar y no sobrepasarse en sus funciones, sino al conjunto de las gentes, porque la democracia no se defiende sólo con el voto.

El mantel de nuestra Constitución

 Artículo publicado originalmente en El Imparcial, el viernes 18 de junio de 2021

En contra del viento de la prevención legal del Tribunal Supremo y de la marea popular de la concentración madrileña de la plaza de Colón, el Gobierno sigue decidido a promover los indultos a los condenados por impulsar el proceso independentista. Afirma que así será posible iniciar un reencuentro con Cataluña y, por boca de otros voceros socialistas, dibuja un escenario final con un referéndum en esa región para aprobar un nuevo Estatuto; una disposición normativa que, hoy por hoy, nadie parece querer. 

Se trata al cabo de la escenificación de una ya muy antigua farsa en la reciente historia de la España democrática. No se cerró en su día el modelo autonómico -quizás porque los constituyentes tuvieron pánico a la sola mención del término “federalismo” y su evocación de cantonalismos fragmentadores- . Y esa no definida situación se ha convertido en una grieta cada vez más amplia por donde se pierde a chorros la unidad de España y se engordan los cacicatos que algunos, ingenuamente, creían superados.

Es la farsa que reside en creer en la afirmación de que un retazo más de transferencias de las nuevas competencias otorgadas servirá para contentar a los nacionalistas. Pero ya sabemos que no es así, lo decía Leopoldo Calvo Sotelo (“los nacionalistas, como los sindicatos, siempre piden más”). Tampoco ayudará a este Gobierno en la solución definitiva del asunto, porque no parece que la pretenda, sino más bien mantenerse en el poder por el tiempo que pueda hasta que las encuestas -las de verdad, no las de Tezanos- le animen a convocar elecciones.

Grave y alto precio que retribuye algo tan precario como la continuidad del poder sanchista. Un poder fabricado de concesiones y falsedades que no parecen tener conclusión, y que amenaza con poner un floripondio final con lazo dorado al nuevo asalto a un Estado irreconocible ya de 17 naciones y dos ciudades, por cierto, asediadas por el levantisco vecino del sur.

En lugar de eso quizás convendría volver a la tesis de Kepa Aulestia, líder de ese partido que fue Euskadiko Ezkerra, formación política que acabaría desintegrándose, pasando algunos de sus miembros al PSOE -Mario Onaindia, Teo Uriarte…-, y resultando otros engullidos por la sacrosanta maquinaria nacionalista. Aulestia se refería a la teoría del “mantel”, por la cual, en democracia todos los ciudadanos estamos invitados a sentarnos en la mesa para tomar parte de la comida que se nos servirá. El único problema es que el mantel que cubre esa mesa no es lo suficientemente amplio para que todos los platos reposen sobre él. Colocado el mantel para que se extienda sobre los espacios centrales de la mesa, quienes decidan situarse en los extremos podrán comer, eso sí -a nadie se le niega el pan ni el agua-, pero deberán aceptar las circunstancias de su posición.

La democracia se sostiene en el principio de libertad e igualdad. E incluso, en la España constitucional de 1978, en el de autonomía. La nuestra -lo recordaba recientemente Felipe González- no es una Constitución militante como otras, esto es, no está escrita en contra de nadie. Pero es evidente que no puede dar plena satisfacción a todos los españoles: a los que queremos serlo y a quienes no, a los que estamos decididos a vivir en un espacio de libertad política, social y económica y a quienes pretenden crear un sistema basado en el populismo revolucionario. Son libres para aventurarse en esos objetivos, podrán defender sus proyectos en pie de igualdad con el resto, pero no podrán aspirar a imponerlos salvo que consigan modificar el texto fundamental y establezcan un sistema que pudiera contentar a independentistas todos y revolucionarios de un pueblo seguramente inexistente, ante el beneplácito conformismo del resto de los españoles que sí queramos serlo, libres e iguales a los demás.

Queda, por lo tanto, servir la mejor comida posible a todos los comensales, sin distinción de origen geográfico o social; lo que quiere decir: gobernar bien, establecer objetivos integradores y que estimulen e ilusionen a los ciudadanos… a su gran mayoría, al menos. Porque luego la minoría seguramente se apuntará con gusto a disfrutar del menú.

El Rey, pieza clave de nuestro sistema constitucional

 Artículo publicado originalmente en El Debate de Hoy, el lunes 14 de junio de 2021

La institución monárquica, que ha dejado de inmiscuirse en la política cotidiana, se ha convertido, paradójicamente, en el valor nuclear de nuestra vida en común; en la pieza clave de nuestro sistema constitucional

El edificio constitucional de 1978, que podríamos asegurar hoy en día solo como vigente en apariencia, dados los constantes daños estructurales a los que se ve sometido, está basado en el consenso y este es producto de una suma de insuficiencias y debilidades: la de un franquismo sin Franco, incapaz de someter a una sociedad, que ya había sufrido importantes cambios, un sistema político sin el dictador que lo había creado, y de una oposición ineficaz para imponer un proyecto político de ruptura con el régimen anterior. Árbitro privilegiado de la situación, Don Juan Carlos, como impulsor del cambio político, era consciente de que preservaba a la institución monárquica de un debate concreto entre los partidos políticos respecto de la futura forma de gobierno, ¿cómo se podía -pensarían los constituyentes, aun los más partidarios de la república- poner en tela de juicio a la monarquía cuando precisamente el titular de esta había sido el máximo promotor de la democracia? 

Esta restauración de la institución monárquica en la historia de la España, más o menos reciente, tiene desde luego sus diferencias con la acaecida en España de la mano de Antonio Cánovas del Castillo, que se plasmaría en la Constitución de 1876. Y es que esta era una Carta Magna liberal, en la que la soberanía nacional correspondía -a partes más o menos iguales- al Parlamento con el Rey, en tanto que la actual resulta plenamente democrática, asumiendo las Cortes la soberanía nacional y el Rey, una función moderadora de las instituciones. Si las diferencias entre un sistema constitucional y el otro resultan notables, no existen tantas en cuanto a lo que significa el elemento consustancial de lo que supone la monarquía en España: una institución que es, a la vez, y con idénticas connotaciones, española y antirrevolucionaria. 

Y, sin duda, por las dos razones resulta atacada en nuestros días, en los que el viejo dilema entre «la España roja» y la «España rota» ha quedado resuelto cuando una y otra se han integrado en la misma, diremos que, «no España». Una vez aprobada la Constitución de 1978, España renunciaba a todas las revoluciones, cualesquiera que fueran, y resolvía integrar en el corazón del sistema la práctica de la reforma como método de trabajo único que resulta factible transitar, cualquiera otro acabaría con la Constitución y con la institución titular de la Jefatura del Estado. Resuelta la democracia en un régimen de monarquía parlamentaria, el Rey dejaría de aparecer como depositario de la soberanía nacional, compartida con las Cortes, y pasaría, desde 1978, a convertirse en una fuerza moderadora e inerte en la toma de decisiones políticas que solo se activa en situaciones de crisis, como ocurriera en el año 1981, cuando Don Juan Carlos desactivaba el golpe de Estado del 23F, o en el año 2017, cuando Don Felipe afirmara también la vigencia de la Constitución, toda vez que el separatismo catalán pretendía consumar su operación secesionista. 

Será inerte y activable la monarquía para momentos críticos, pero todos conocemos que España se ha convertido -por obra y gracia de un Estado de las Autonomías, que el constituyente de 1978 no quiso definir en términos federales, esto es, delimitando un modelo cerrado de competencias del Estado y de las comunidades autónomas- en un sistema que tiende a la centrifugación territorial, acrecentada esta, más allá del modelo constitucional, por las transferencias acordadas por los partidos de gobierno con los partidos nacionalistas para la obtención por aquellos del poder, políticas que han sido seguidas por otros partidos en las demás autonomías, con independencia de que sus formaciones políticas de referencia fueran nacionalistas, regionalistas o aun nacionales. 

Es en este contexto cuando la institución monárquica adquiere una función de principal orden. Su actuación se convierte en símbolo de referencia común atemporal y de estabilidad, superador de territorios y de partidos políticos, integrándolos todos; icono de los valores democráticos percibidos como tales por la sociedad española con el transcurso de los tiempos; eje de estabilidad de la vida nacional y núcleo de su propia nacionalidad: es el cimiento orgánico nacional y social, como fundamento inconmovible de nuestra vida en común.

La inmensa mayoría del pueblo español no sabe concebir la nacionalidad, no entiende la nacionalidad, no se explica el vínculo que hace común al andaluz y al gallego, al aragonés y al castellano sin la persona del monarca, porque él es viviente la patria misma

—Antonio Maura

La inercia de la institución monárquica en una Constitución democrática se transforma, de esa manera, en el aceite del guiso nacional. Un sabor no siempre adivinable, pero que aglutina todos los aromas presentes en los territorios y en los grupos sociales desde la cercanía del Rey respecto de su conjunto. Desaparecido el Monarca de la política micro -la de 1876-, cobraría toda su importancia en la macro -la de 1978-. 

Si la institución monárquica, heredera de los siglos anteriores, era la de una monarquía de súbditos, hoy lo es una monarquía de ciudadanos -aunque la ciudadanía, resultado de una potente sociedad civil, no se encuentra aún lo suficientemente desarrollada en nuestros días en España-. La Constitución de 1978 reclama, al igual que un retroceso en la representación soberana del Rey y un acrecentamiento de su función simbólica, una ciudadanía consciente y capaz de reivindicar sus posiciones más allá de los partidos políticos que recaban sus votos cada cierto tiempo para olvidar las más de las veces los compromisos con ella contraídos cuando se cierran las urnas. 

Decía don Antonio Maura, en junio de 1907, que «la inmensa mayoría del pueblo español no sabe concebir la nacionalidad, no entiende la nacionalidad, no se explica el vínculo que hace común al andaluz y al gallego, al aragonés y al castellano sin la persona del monarca, porque él es viviente la patria misma». De esta manera, la propia idea de nación se ve conectada de manera icónica con la de un Rey trascendente a cualquier localismo, a cualquier partidismo, a no importa cuál clase social, profesión o género. 

La institución monárquica, que ha dejado de inmiscuirse en la política cotidiana, se ha convertido, paradójicamente, en el valor nuclear de nuestra vida en común; en la pieza clave de nuestro sistema constitucional. Nuestra función principal, como ciudadanos conscientes, consiste en defenderla para hacer posible su imprescindible permanencia.

España, un país viejo y fatigado

 Artículo original publicado en El Imparcial, el viernes 4 de junio de 2021

En sus “Recuerdos de la Revolución de 1848”, y después de hacer un repaso de los cambios de sistemas políticos acaecidos en Francia desde el final del Antiguo Régimen hasta aquella fecha, Alexis de Tocqueville, afirmaba que la revolución no había culminado su obra y que seguía siendo la misma. Y concluía así su reflexión: “la anarquía, esa bien conocida enfermedad crónica e incurable de los pueblos viejos”.

Pero ambas características -anarquía y vejez- no han sido desde luego patrimonio exclusivo de la historia de Francia. Sin necesidad de viajar muy lejos, en nuestro país, tomando como punto de partida la breve -y tumultuosa- experiencia de la Primera República (1873-74); a ésta le seguiría el periodo de la Restauración, auspiciada por Cánovas y presidido por la Constitución de 1876, que concluiría con la Segunda República, si bien desde 1923 hasta las elecciones municipales de 1931, España vivió bajo la dictadura del general Primo de Rivera: total, 47 años de régimen constitucional; la segunda de nuestras experiencias republicanas finalizaba de facto con la guerra civil de 1936-39, dando paso al régimen del general Franco, esto es, unos 40 años de dictadura; una vez realizada la transición democrática, en 1978, España aprobaba una Constitución y este régimen se ha mantenido durante 43 años. Una historia reciente, compuesta de breves periodos de inestabilidad (Primera República, parte de la Segunda República y Guerra Civil) y un tránsito de éxito hasta la democracia entre los años 1975 y 1978; combinados con espacios situados en la cuarentena de años de estabilidad (liberal, dictatorial o democrática; pero estables, al cabo).

No parece, sin embargo, que la historia de España deba acomodarse necesariamente a una teoría de los ciclos temporales, según la cual nuestro país se encontrará ahora al borde de caer en el precipicio de un nuevo periodo de inestabilidad más o menos revolucionaria. Los tiempos han cambiado -lo anunciaba Bob Dylan en 1963-, España está inmersa en un proyecto de construcción europea, que tiene sus reglas y no permite -especialmente en materia económica- que, por vía de la moneda común, las frivolidades “revolucionarias” de uno de sus Estados miembros contagien al resto.

Eso está muy bien, pero es preciso advertir que en política -como en ingeniería- la rotura de los materiales bajo cargas dinámicas cíclicas se produce más fácilmente que con cargas estáticas. Es lo que se conoce como “fatiga de materiales”. España se nos presenta, cada vez de forma más real, como un organismo político aburrido, cansado, viejo... a causa de los embates que recibe desde dentro y desde fuera, que mantiene sin resolver los viejos problemas y al que se le presentan nuevas inquietudes, que nadie explica -seguramente porque lo desconoce- cómo resolverlos.

La lista es inagotable. Pero por empezar por lo más actual, ahí está el problema catalán y la eterna cuestión: ¿conviene hacer nuevas concesiones para aquietar al independentismo de esa región, o es preciso dar ese capítulo por cerrado?, y lo mismo con el vasco; o el contencioso de nuestra vecindad sur con Marruecos y la pregunta que siempre se formula a continuación: ¿debe ser el apaciguamiento del Reino Alauita nuestra única política?, (nacionalismo interior y exterior, y las mismas respuestas hasta ahora en ambos casos); y, sin perder el hilo internacional, ¿no convendría reforzar de una vez por todas nuestras relaciones con los Estados Unidos como socio creíble y estable?

Sumemos asuntos: crisis del coronavirus, crisis sanitaria pero también crisis de recursos públicos (déficit superior al 10% en 2020), y su gestión (deuda pública por encima del 125% del producto bruto en el primer trimestre de 2021), si la inflación que seguirá al riego de recursos económicos generado por la Reserva Federal y el BCE afecta a la elevación de los tipos y endurece nuestras obligaciones económicas con el exterior, será inevitable trasladar la carga vía impuestos a la ya maltratada clase media; el modelo productivo español, y cómo transitar desde el turismo hacia una economía industrial y de servicios asociados a ésta sin perder nuestro predominio en aquel sector; el mercado laboral; la natalidad, cómo mejorarla; la inmigración, qué tipo de inmigrantes y de dónde; las pensiones y la tercera y cuarta edades; la sanidad; la educación; la juventud...

Y dejo para el final el problema de los políticos. ¿Quién será capaz de generar un marco de credibilidad para resolver estos y otros problemas que ya han caído sobre nosotros o anuncian su presurosa llegada? La clase política española, seguramente una de las más pobres de nuestra historia, obcecada en la descalificación y unida indefectiblemente al juego de la polaridad, se asocia al blanco o negro y es incapaz de advertir tonos grises donde todos los españoles son capaces de verlos. Una política que es incapaz de levantar la vista más allá de los intereses inmediatos de los partidos y proyectarla al bien común, una entelequia de imposible adquisición.

Ahí están apuntados los fatigados materiales listos para una nueva revolución -dicho sea este último término como similar al de cambio-. Por eso, el ciudadano español deberá estar atento, vigilante y capaz de integrar la sociedad civil con sus esfuerzos. Que considere que el futuro de España no depende sólo de votar cuando se le ofrezca la ocasión.

Marruecos, un vecino incómodo

Tribuna publicada originalmente en El Imparcial, el viernes 21 de mayo de 2021 

Si las relaciones entre vecinos son asunto complicado, las de España con su país limítrofe en su frontera sur, Marruecos, se sitúan en un nivel de dificultad que se acerca a lo extraordinario. Aun antes de constituirse en Estado independiente (1956), las cabilas -tribus- bereberes, lideradas por sus jefes, proporcionaron, no sólo preocupación a las autoridades españolas, sino que serían corresponsables, junto con errores propios, de la caída del Gobierno Largo de Maura (1907-09); y, ya bajo el Protectorado, a partir de 1912, el gran desastre de Annual de 1921, que llevó consigo el balance de 11.500 víctimas mortales y la asunción del poder por quinta y última vez de don Antonio Maura. La llamada Marcha Verde de 1975, agonizante el dictador, y los alentados de marzo de 2004, con sus 191 asesinatos, que quedará sometida al veredicto de los historiadores en lo que se refiere a la responsabilidad del reino alauita, completan esta apretada relación de graves desencuentros, a la que habrá que sumar, sin duda, éste de mayo de 2021.

La conducta de la diplomacia española en relación con su vecino Marruecos ha sido la de dejar pasar cuantas provocaciones recibiera de éste, con el aguante de que hace uso una persona adulta respecto de un joven díscolo, en la idea de que es mejor aguantar que romper, y ceder a la pretensión que exigirle respeto. De esa forma se ha construido la consideración, falsaria de la realidad, que nos habla de “socio estratégico” o de país amigo; cuando lo que existe de verdad es un recelo mutuo poco menos que insuperable, en que el referido vecino nos tiene bien cogida la medida.

En las diversas categorías de los Estados es posible que no exista la de “país desaprensivo”; esto es, que carece de moral, escrúpulos o sensibilidad. Pero, en todo caso, Marruecos merecería por derecho propio figurar en el palmarés de este tipo de naciones. Ya sé que resulta harto difícil adjudicar a un Estado la consideración de respetuoso, prudente o comprensivo con relación a otros terceros, pero la presente crisis de Ceuta -y de Melilla- ha constatado la evidencia de un país que no duda en arrojar a sus niños a las heladas aguas del mar, conociendo perfectamente que podrían acabar ahogados y que, en todo, caso quedarán afectados de hipotermia y extenuados por el esfuerzo. Los desacuerdos políticos no deberían cernirse nunca en víctimas inocentes.

Causa inmediata de esta situación ha sido la acogida humanitaria española -mejor o peor gestionada diplomáticamente- - del líder del Frente Polisario, Brahim Galli, aquejado de Covid. Pero convendría ampliar el foco para comprender que el caso Galli no es sino un pretexto de la sobreactuación que viene practicando Marruecos desde que Trump dijera reconocer -en contra de todas las resoluciones de Naciones Unidas- la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental; reconocimiento que el reino alauita querría fuera compartido por España y por la UE, y que ya le ha llevado a un conflicto diplomático con Alemania.

España no es -a diferencia de otros países- un Estado que pueda ejercer su derecho por la fuerza, sino una nación que establece su fuerza en el derecho que le asiste. Y el Derecho dice que, en lo que se refiere al Sáhara Occidental, España es potencia administradora -siquiera de iure- de ese territorio no autónomo pendiente de descolonización; la salida a este asunto, que ya se ha convertido desde hace tiempo en un problema capital de nuestras relaciones exteriores -si no el principal de nuestros cuidados-, es proceder a un, complicado en su ejecución, referéndum de autodeterminación. 

Hoy por hoy, lo que toca es contener el ataque marroquí, y en este punto el Gobierno debería contar con el apoyo incondicional de todo el arco parlamentario. Pero una vez controlado este asunto, debería España repensar su posición en cuanto a la salida que, acorde con el derecho, pueda ofrecer España al proceso de descolonización del territorio saharaui. El precedente de Portugal respecto de su ex-colonia. Timor Oriental, podría sin duda ser tenido en cuenta por nuestro país. Incapaz Portugal de organizar el referéndum correspondiente, cedería la titularidad de su condición de Estado administrador del territorio a Naciones Unidas, para que este organismo pusiera en marcha la consulta a la población afectada.

Lo más probable, sin embargo, es que, una vez controlada la situación, España regrese a ofrecer todo su “cariño” a Marruecos, “país hermano” y “socio estratégico”, en tanto que el reino alauí, que nos tiene por vecinos débiles e irresolutos, esperará otra ocasión para ponernos en graves dificultades.

Hay una coda que sirve para poner fin a esta reflexión: todos queremos llevarnos bien con nuestros vecinos, pero para ello es evidente que conviene no dejarse arrollar por ellos.

La nueva política se retira de la escena

Columna publicada originalmente en El Imparcial, el viernes 7 de mayo de 2021

Llegada la noche electoral del 4-M, Pablo Iglesias aprovechaba la oportunidad de los focos mediáticos sobre él concentrados para confirmar su retirada de la política; seguramente una despedida a cámara lenta, que daba comienzo, al menos, con su salida del Gobierno para figurar como candidato de su partido. Se parece éste al gesto del maquinista que dirige su convoy hacia una vía muerta, sabedor de que ese viaje ha terminado. La comparecencia del líder de Podemos refería la crónica de un suceso previsto, por eso ni siquiera se concedía a sí mismo unas horas de reflexión.

A quienes piensen para su particular alegría que se acabó Iglesias en la política, habrá que recomendarles alguna paciencia. El hasta ahora máximo responsable de Podemos inició su influencia pública a través de los medios de comunicación, y a ellos vuelve, según parece. Pero el poder mediático —por mucho cuarto poder que sea— no es el ejecutivo, y por lo tanto no regala subvenciones, ni alimenta el ejército de sus seguidores, ni publica decretos en el BOE. Los medios influyen, no determinan; y es dudoso que pretenda Iglesias convertirse en oráculo de Delfos para el resto de su vida.

El fundador de Podemos podrá preparar —o no— su retorno a la política activa desde su nueva y bien retribuida torre de marfil; lo que resulta bastante probable es que tendrá allí la oportunidad de reflexionar acerca de su intento adanista de tomar el cielo por asalto y de su histriónico desprecio de la política, los políticos y sus partidos. Este viaje que ahora termina para Iglesias no le había conducido a los objetivos que él acariciaba. Creyó que podía torcer el rumbo de la principal maquinaria de poder que, hoy por hoy, existe en España: el partido socialista. Confiemos en que el próximo trayecto -si se produce- no enmiende sus pasados errores y vuelva a poner en riesgo grave nuestra convivencia.

Sólo el tiempo nos dirá qué cambiará a mejor en España sin Iglesias. En todo caso, su despedida se parece bastante a la de Rivera después del fracaso de este último en las pasadas elecciones generales. Y ambas conectan con el cambio del mapa político español que se producía a raíz de las europeas de 2014, en las que Ciudadanos —desde el centro liberal— y Podemos —desde la extrema izquierda— establecían un nuevo paradigma en el otrora rancio bipartidismo de nuestro país.

Se habló mucho entonces de la vieja y de la nueva política, conectando esta nueva situación española con las reflexiones que en mayo de 1915 hiciera don José Ortega y Gasset en el teatro de la Comedia. Lo viejo, además de viejo, había caducado, y debía ser sustituido por lo nuevo. Y a ello se aprestaron Iglesias y Rivera, cada uno desde barricadas diferentes y con objetivos partidarios distintos, pero los dos con la misma denominación política italiana: el sorpasso.

Pasado el tiempo habrá que convenir que no existe eso de vieja y nueva política, porque el arte del ejercicio público —como decía Michels— lleva aparejado una especie de ley de hierro de la que nadie se debe desentender, so pena de quedar sumido en el abatimiento y la depresión permanentes. No deberemos insistir, porque supone pérdida de tiempo, en que los partidos —nuevos o viejos— sean democráticos o que sus líderes rindan cuentas y se dejen aconsejar; basta con pedir que sus políticas sean correctas, que no estorben a las aspiraciones legítimas de sus conciudadanos. Sólo eso. Y convengamos que ya es mucho pedir a la vista de lo que nos ofrecen los partidos en España.

Ahora, cuando los que nos anunciaban un futuro diferente y mejor, porque ellos lo venían a cambiar todo, se han ido, procederemos al más o menos ordenado entierro de los restos mortales de las formaciones políticas que no llegaron a consumar su función. Es más que posible que Ciudadanos y Podemos se encuentren más en el más allá que en el más acá, pero no deja de ser cierto que éste es un momento de polarización política y que aún no hemos llegado al final de la crisis de la pandemia. Un reciente informe del semanario The Economist, poniendo como ejemplo la epidemia de cólera en París en 1830, aseguraba que estos procesos dan como resultado la inestabilidad política. Basta con releer a Víctor Hugo y Los Miserables, recuerda el citado medio.

Serán muy probablemente otros líderes y otros partidos quienes tomen el relevo que les dejan éstos, pero el caldo para su cultivo está preparado y el voto —por fortuna— está más dispuesto a migrar hacia otros partidos y es cada vez más libre y consciente de su utilidad.

Pero ahora son los tiempos de la polarización, del reforzamiento de la derecha y de la confusión en la izquierda. En este sentido, la jornada electoral del 4-M tiene mucho que ver con el histórico eclipse de Zapatero y la victoria de Rajoy, hace de esto 10 años. Un nuevo tiempo, desde luego. Sin embargo, lo único cierto de la política moderna es que cambia muy deprisa y de manera muy abrupta. Convendrá que disfruten del momento dulce quienes obtuvieron la victoria, ahora que la han conseguido, quién sabe lo que nos deparará el futuro.