Sánchez, ¿funambulista o director del circo?

Publicado en El Imparcial, el 14 de diciembre de 2023

Existe ya una cuantiosa literatura publicada en los diferentes medios de comunicación por la que el presidente del gobierno se habría convertido en una especie de rehén de sus socios independentistas, nacionalistas, y aún de la extrema izquierda y la izquierda extrema -por parafrasearle-. Una legión de saboteadores en potencia de su tortuosa legislatura a los que se han sumado -¿restado?- las ahora devastadas huestes de Podemos.

Un Sánchez en el difícil equilibrio del trapecio, una especie de Pinito del Oro, también sin seguridad, y aún carente de pareja que le aguante la escalera para subirle a la barra y que siga sus maniobras desde el suelo para contener el desastre de una eventual caída… esa es una de las imágenes que quizás cultiva el propio personaje de esta historia de la España actual, dado que a los mortales nos gusta atender los relatos en los que los buenos son hostilizados por los malos, de modo que la justicia intrínseca del argumento es que prevalezcan los adalides de la libertad sobre los villanos que la pretenden conculcar.

Pero existe otra posibilidad. Consiste ésta en que sea el propio Sánchez el que dirige este enorme circo de la confusión en el que ya lleva un tiempo instalado nuestro país. Esto es, que no es el presidente uno de los figurantes de la función -incluyendo entre ellos, por supuesto, al domador de fieras varias-, sino que, dentro y fuera de la pista, es Sánchez quien ejerce de verdadero maestro de ceremonias, como propietario que es del negocio.

Por seguir con el ejemplo sobre el que se construye este argumento, el espectáculo montado sobre el escenario público se parece al de aquellos que se denominaban en los remotos tiempos de la edad de oro del circo como de diversas pistas, quizás más de tres -que ya eran difíciles de seguir para el espectador-, como en el célebre Ringling. Una primera, la más comentada por lo sensible que resulta, es el escenario en el que actúan los artistas independentistas catalanes, Puigdemont y sus gentes de Junts y las ERCs, que compiten entre sí para obtener el favor de su público, y en la que por el momento son los primeros los que nos ofrecen las piruetas más desvergonzadas y rocambolescas; una segunda viene del norte y es la que enfrenta a los herederos del nacionalismo reaccionario -todo nacionalismo lo es por definición- de Sabino Arana, y en la que contienden los ya un tanto casposos peneuvistas y los que a la herencia sabiniana unen la sangrienta de ETA, es ésta una pista que recupera su interés después del anunciado apoyo del PSN a los de Otegi para la moción de censura en el ayuntamiento de Pamplona, en esta parte del espectáculo el PNV pretenderá mantener como socio de gobierno en tierra vasca al PSOE de allí, pretensión a la que también aspira Bildu; y una tercera, la de las extremas izquierdas, que bajo una pretendida capa de contenido social ya se encuentran en un verdadero proceso de recíproca anulación cainita.

Extramuros de la sociedad del gobierno y sus apoyos se encuentran los partidos de la derecha. Nadie diría que es el mismo director del espectáculo el que dirige sus pasos, pero no caben demasiadas dudas respecto de que actúan también a sus dictados, aunque sea de manera involuntaria. Vox, con sus desaforadas invectivas, parece cada día más un espantapájaros ideado por el presidente y al servicio de sus propósitos, y el PP no acaba de encontrar su lugar en la trama, tanto porque no sabe cómo integrar al elefante que tiene en su habitación -el partido de Abascal- en su espacio visual, como porque tampoco conoce cómo combinar una oposición radical al gobierno con una pretendida política de estado y de acallamiento de sus baronías regionales gobernantes, preocupadas ahora por el ahogo financiero si su partido nacional de referencia no se adecúa con la actitud que el gobierno exige. Y, como de circo hablamos, uno puede pensar que el partido de Feijóo se parece al oso amaestrado que baila al son de los tambores que le preceden, el caso de Vox ya no sólo lo parece.

Y esta que es la semana del atropello más grave que está sufriendo la Constitución española -quizás después de los golpes de estado del 23-F y de la declaración de independencia del parlamento de Cataluña-, la semana en la que empieza a debatirse, por el trámite de urgencia y sin los informes previos de los organismos que garantizan su adecuación, la proposición de ley de amnistía, las gentes de Moncloa están consiguiendo que no se hable demasiado del asunto y sí de cuestiones que operan como cortinas de humo del que es el asunto principal: las sectarias declaraciones del presidente de Vox o la sensible preocupación de Sánchez por la situación de Palestina, de “su” sedicente libro o de las navidades con la inflación que debería recortar gastos -aunque tampoco lo consigan-. Y, mientras tanto, Sánchez sigue colonizando instituciones y empresas públicas con sus amigos y principales colaboradores, ordenando en la política exterior y mandando en la interna.

Me atrevo a sugerir que es más bien éste el argumento a cuyo desarrollo estamos asistiendo. Político que asume riesgos como hace el presidente del gobierno, quizás intuya que el de operar en la red sin protección le podría someter a un desenlace fatal. Para el recuerdo queda que Pinito del Oro sufrió tres caídas casi mortales: en la primera, se rompió el cráneo y permaneció en coma ocho días, con sólo 17 años; se rompió otra vez el cráneo, tres veces las manos, y tuvieron que operarle los pies para erguirle los dedos, encorvados de tanto puntear en el trapecio.

Demasiados trances para que los asuma un político que dice operar en tierra firme…

De los nuevos y los viejos socialistas

Publicado en El Imparcial, el 30 de noviembre de 2023

Los sucesivos gobiernos de Pedro Sánchez han abierto, una detrás de la otra, una sima cada vez más profunda entre el viejo partido socialista y el nuevo. Los dirigentes de los primeros tiempos de la democracia -los González, Guerra, Corcuera…- se diría que se asemejan para el nuevo y omnímodo secretario general de esta formación, a los que fueron derrotados por aquéllos en el congreso celebrado en la ciudad de Suresnes, a las afueras de París, en el año 1974. Urdieron, los entonces jóvenes socialistas, el llamado “Pacto del Betis”, entre sevillanos y vascos, para la defenestración de Rodolfo Llopis y los suyos, contando con el apoyo de la fundación Ebert del SPD alemán.

En mi juventud, en ocasiones, escuchaba las emisiones en español de Radio París. En ellas se colaban a veces los comunicados de aquel PSOE histórico. La lejanía de sus dirigentes de la realidad política de nuestro país les llevaba a presentar la situación de una manera espeluznante. La pobreza era dueña de los hogares, la represión se producía de manera desmedida y la infelicidad de los ciudadanos era la constante de una sociedad a la que se le negaba sin tasa el pan y la sal. Estaba claro que el PCE y Comisiones Obreras, mucho más pegados al interior, no suscribían esos apocalípticos manifiestos.

Vino ese nuevo y esperado PSOE, y con él la renuncia al marxismo, el abrazo a la socialdemocracia y a la política atlantista, y el desarrollo de nuestro camino europeo. Y que pactó la Constitución. Se trataba de un partido correoso y combativo, pero que disponía de un sentido de estado, que practicaba el método del consenso y que admitía la alternancia como una de las expresiones básicas del juego democrático.

Ese partido empezó a morir cuando un nuevo líder, José Luis Rodríguez Zapatero, le ganó a José Bono el congreso que se celebró en el año 2000. Vino después el pacto del Tinell de 2003 por el que nacionalistas y socialistas -el PSC- decidían impedir que el PP volviera al poder. La alternancia quedaba proscrita.

Un intento de reconducir la situación lo protagonizaría la vieja guardia para evitar que Pedro Sánchez se hiciera con el control definitivo del partido, toda vez que Zapatero había agotado el sin duda peor de los gobiernos habidos en democracia, con exclusión de su sucesor socialista. Además de una gestión económica que nos condujo al punto de la intervención de las autoridades económicas europeas, agitó Zapatero con el espantajo de la memoria histórica el recuerdo de las dos Españas que creíamos definitivamente superado.

Pero el 39 congreso socialista, celebrada en 2017, entronizaría a Sánchez en lugar de a Susana Díaz. Batida en retirada la vieja guardia, el flamante líder iniciaría su asalto al poder, obteniendo finalmente la presidencia del gobierno ese mismo año mediante una moción de censura, en la que sería apoyado por la extrema izquierda, los nacionalistas e independentistas e, incluso, la coalición de partidos en la que se integra Sortu, la marca política de ETA.

No tendría que pasar mucho tiempo para que el presidente -a pesar de sus manifestaciones en sentido contrario- entronizara al populismo de extrema izquierda en el gobierno. Y no sólo eso, sino que integrará además la metodología de conservación del poder que le habría explicado Pablo Iglesias, importada del ideólogo post-marxista argentino, Ernesto Laclau. Un discurso del que se apropiaba Sánchez antes de desprenderse del emisor del mismo. Le resultaba al presidente más conveniente un partido subordinado a él -como la suma de facciones lideradas por Yolanda Díaz- que una organización dispuesta a sustituirle.

Y la hoja de ruta del populismo, el de Laclau o el de Víctor Orban, es similar. Sólo se diferencian en los presupuestos ideológicos pero no en sus objetivos de la ocupación más amplia posible del poder. Ganadas las elecciones, corresponde cancelar la separación de poderes. Decía el ex-presidente uruguayo, Julio María Sanguinetti, -buen amigo, por cierto, de Felipe González que “es el resguardo principal de la libertad en estas democracias aún imperfectas. Después de todo -añadía-, como dijo Kant, el legislativo es ‘irreprensible’, el Ejecutivo es ‘irresistible’ y el Poder Judicial es ‘inapelable’. Aun en el error”.

Se da comienzo entonces el asalto con el poder judicial -la pieza del Tribunal Constitucional ya ha sido cobrada, le seguirá el CGPJ-, vendrá -ya está viniendo a través del trato de favor a los medios afectos y el olvido a los contrarios- el acoso al mundo de la comunicación, y la ocupación -o el puenteo- de cuantas instituciones de control no le hayan sido propicias, convirtiendo el espacio público en una mera prolongación de ese “irresistible” gobierno.

Y aún más. Ya quedan en el olvido la ley de memoria democrática, el estropicio del “sólo el si es sí’, los indultos y la desprotección del estado respecto de las amenazas interiores que reciba por vía del Código Penal. Viene con velocidad de vértigo la amnistía, en este tobogán imparable al que nos vemos sometidos. Habrá verificadores internacionales y una legislatura teledirigida desde Waterloo o la Generalitat, también la bilateralidad con el País Vasco y la concesión de su nacionalidad a éstos y a los catalanes, y ya sabemos que una nación siempre tiene derecho a convertirse en estado. Vendrá el asalto a la forma de estado y se intentará la Tercera República Confederal.

Roto ya definitivamente el consenso constitucional por gracia y obra de un gobernante que pretende construir un muro -como Trump- y destruir los puentes, el edificio del 78 se hace añicos porque se basaba éste en dos fuerzas políticas comprometidas en la aceptación de sus reglas fundamentales, sólo cabe -a mi modesto juicio- que pisados todos los callos posibles, algunos socialistas comprendan que la única vía posible consiste en la reconstrucción de un partido socialdemócrata, dispuesto a pactar, y que fije una frontera clara con los nacionalistas, la extrema izquierda, los independentistas y la marca blanqueada de ETA. Un partido que nazca de los estragos cometidos por el actual presidente, ya lo decía el sabio Conde de Romanones: “La derrota por el enemigo de siempre no es derrota total. Es derrota completa el triunfo del disidente”. 

La amnistía en la historia

Publicado en El Imparcial, el 17 de octubre de 2023

Parece que el presidente del Gobierno en funciones, y candidato a la investidura, es consciente de que -a pesar de sus repetidas proclamas a la generosidad, y a la cortina de humo con la que pretende presentar lo que no es otra cosa sino las monedas con las que se entregará la Constitución de 1978 a quienes sustentan su pretensión básica en destruirla- no son muchos los que aprecian precisamente ese gesto como una política de estado. Tampoco entre sus votantes. Una encuesta publicada el pasado 8 de octubre por el diario El País señalaba que "un elevado número de ciudadanos —el 48% del total encuestado y el 25% de los votantes del PSOE— se inclina por repetir elecciones", inquietos por el coste democrático que supondría la limpieza de las responsabilidades asumidas por los promotores del proceso independentista.

Sugiere la directora del referido instituto demoscópico que se haga "pedagogía" política de los beneficios de semejante medida de gracia, ya que la batalla del relato la estaría ganando la derecha. Todo es posible en esta “educación perversa”, incluyendo el repertorio de precedentes que, según se ha publicado, se citarán en la propuesta a debatir, provenientes de otros países de nuestro entorno que han utilizado este procedimiento para cerrar algún episodio histórico y encarar una nueva página de su devenir.

Puestos a escudriñar precedentes, y como quiera que la historia española cuenta con algunos supuestos de semejante tenor en los que se ha producido el perdón de algún gobierno, se trataría de bucear en la hagiografía, no tanto para que ésta se exprese, cuanto para que conceda supuestamente la razón a alguno de los contendientes en la liza política actual.

Esta nueva amnistía, de la que Juan Luis Cebrián aventuraba recientemente que podría ser rebautizada como "alivio penal", no encontraría su justificación en el anterior precedente que se acordó por las fuerzas políticas en el año 1977, que contaría con el apoyo de ucedistas y socialistas, sería rechazada por la Alianza Popular de Manuel Fraga, y que fue la primera ley aprobada en la primigenia legislatura democrática.

Y es que la Carta Magna de 1978 -como decía Cánovas de la de 1876- dispone de una especie de "Constitución inmanente", que es el espíritu que informa su texto legal. El valor inherente y previo a la misma no es otro que el del consenso; un valor que se cotiza alto en la nostalgia de lo que un día los españoles supimos hacer inmejorablemente, pero que está más que depreciado en estos tiempos presididos por la polarización política.

No le es útil a Sánchez el precedente del 77, porque esta amnistía de 2023 destierra, y de forma en apariencia definitiva, el acuerdo entre las principales fuerzas políticas, además de desairar el discurso del Rey de 3 de octubre de 2017, dos días después de la ruptura constitucional en la que consistió la cobarde declaración de independencia y la no menos acoquinada actitud del presidente de la Generalidad, que huía de España en el maletero de un coche, dejando el título de "Honorable" en ridículo, y cancelado hasta que alguien -no veo quién- restaure su dignidad perdida.

Y ya que me refería a Cánovas y a la Constitución de 1876, conviene reseñar que a lo largo del reinado de Alfonso XIII se produjeron cinco supuestos de amnistía: el de 1906 -gobierno del liberal Moret, una medida de gracia que no sería integral, ya que no extinguiría las responsabilidades civiles de los condenados por delitos de opinión-; la de 1909 -gobierno del conservador Maura, que tampoco sería total, pues no incluía los delitos de injuria y calumnia, ni la responsabilidad civil-; la amnistía de 1914 -gobierno conservador de Dato, que tenía por objeto perdonar a los obreros huelguistas, y que tampoco afectaría a los delitos de injuria y calumnia-; la de 1916 -gobierno del Conde de Romanones, liberal, que además de a los huelguistas amparó a los condenados y procesados por los delitos de sedición y rebelión, conmutando las penas de reclusión perpetua por las de extrañamiento, confinamiento o destierro-; la de 1918 -otro gobierno Maura, que vino a perdonar los delitos cometidos durante la revolución de 1917, cuyos organizadores habían sido condenados a cadena perpetua, ademas de a los prófugos y desertores de la campaña de África-. Quedaría para completar las medidas de gracia adoptadas por los gobiernos de Alfonso XIII, la del general Berenguer, en 1930, a la conclusión de la dictadura del presidente del Directorio, Primo de Rivera, para amnistiar los delitos cometidos durante este periodo, excluyendo también los derivados de injurias y calumnias.

Prescindiendo de la amnistía de 1930, situada ya en los estertores de la Monarquía de 1876, las restantes serían plenamente constitucionales y contarían con la aquiescencia de los dos grandes partidos -conservador y liberal-. De modo singular, el presidido por don Antonio Maura en 1918, que sería denominado como "gobierno de concentración", ya que formarían parte en el mismo todas las fuerzas políticas del sistema, incluidas las regionalistas de Cambó.

La Segunda República conoció tres leyes de amnistía: la primera, el mismo día 14 de abril, fecha en la que se proclamaría el nuevo régimen; aprobada la Constitución, que admitía este tipo de medidas de gracia, se produjeron la de abril de 1934 -gobierno del radical Lerroux, con presencia de la CEDA, para perdonar a los sublevados de la "Sanjurjada", y que también tendría carácter fiscal-; y la de febrero de 1936, aprobada sólo cinco días después de la victoria del Frente Popular, que condonó los sucesos de la llamada “revolución de Asturias”.

Parece ocioso advertir que las disposiciones de perdón adoptadas en la época de la Segunda República carecieron del consenso de las fuerzas políticas, situadas en un creciente enfrentamiento -polarización diríamos ahora- que llevaría al país a una contienda (in)civil. Por lo mismo, esta que se nos anuncia bebe sus raíces en lo peor, lo más nefasto, de nuestra historia más o menos reciente.

Y más vale que no escuchemos los cantos de sirena que nos prometen la solución del contencioso catalán a cambio de la generosidad de este “alivio penal”. Lo que está detrás de todo el artificio es sólo una moneda de cambio para durar, para que se perpetúe en el poder quien ahora lo tiene en funciones. Y cabe que nos preguntemos ¿no es excesivo el precio que se entregará a los que no creen en nuestro país? Después de décadas de concesiones al independentismo, aunque actuara disfrazado de moderación, ¿cabe añadir un eslabón final a la cadena de despropósitos entregados? Por desgracia sí es posible, la consulta de la autodeterminación y, con todo ello, el final de lo más precioso que recibimos de la generación anterior: la reconciliación de los españoles expresada en la Constitución de 1978.

La devaluación de un reinado

Don Felipe acaba de proponer a Pedro Sánchez como candidato a presidente del Gobierno

Y es cierto que algunos sectores de la opinión pensaban que le era posible al Rey posponer -esto es, dificultar- esa designación, de manera que no quedara otra alternativa que la repetición electoral, y con ella, situar al conjunto de los ciudadanos españoles ante la responsabilidad de una decisión que presenta pocos matices: la amnistía para los cientos de personas participantes en el proceso soberanista o la confirmación del proceso democrático que los españoles acometimos en la transición que culminaría en la Constitución de 1978. El comunicado de la Casa Real que acompaña la designación del candidato socialista se justifica en el cumplimiento de las previsiones establecidas en la Carta Magna. Que el candidato Sánchez no pueda exhibir ante Su Majestad la mayoría para resultar investido no era razón suficiente para no designarlo. Tampoco la tenía Feijóo, y antes de éste, tampoco Rajoy en 2016 -que rechazó el real encargo-, ni Sánchez -que lo intentó sin éxito después de pactar con Ciudadanos.

Podría haber utilizado el Rey el argumento de la negativa de acudir a Palacio de las fuerzas políticas que, en flagrante desacato de sus obligaciones constitucionales, no le ofrecieron su posición respecto del candidato a la investidura -tan obligado está Don Felipe a llamarles, como ellos a presentarse ante el Jefe del Estado- la democracia se sustenta en la práctica de las formas, pero éste es cada vez más un país de chirigota en el que cada uno dice, promete, jura y hace lo que mejor le viene en gana.

Pero tampoco este último argumento parece haber sido esgrimido por el presidente en funciones, que se ha presentado ante Su Majestad con la sola cifra de los 121 diputados que obtuvo en las pasadas elecciones.

Nada más podía hacer entonces el Rey. Y ahora, si las cosas ocurren de la manera más probable, seguiremos experimentando el progresivo troceamiento del salchichón de la soberanía -quizás fuera mejor decir que de la dignidad- nacional.

Ya habíamos comprobado con desconsuelo cómo los dirigentes del proceso independentista eran indultados. Ahora veremos con amargura y abatimiento cómo más de 1400 investigados por su participación se verán beneficiados con medidas de gracia de las que aún no conocemos cómo serán denominadas en la proposición de ley -no un proyecto de ley orgánica, como debiera-, hurtando así los controles previos y previstos. ¿Bautizarán al engendro, hijo de Frankenstein y el mero apetito del poder -no de la agenda progresista ni de la paz social en Cataluña, como le gusta afirmar al candidato- como la “ley de la generosidad”? Se admiten apuestas.

Sometido el texto a la consideración del Tribunal Constitucional, carecerá Don Felipe de la mera posibilidad de negarle su rúbrica. Una firma que enviará a los cubos de basura de su historia personal el excelente discurso televisado el 3 de octubre de 2017, que constituyó lo mejor de su reinado, porque devolvió el ánimo a una sociedad estupefacta ante el desafío cobarde de quienes consideran que la ley simplemente no les es aplicable. Y lo malo es que tienen razón.

Amortizado el discurso del Rey, limitado el ejercicio de sus reservas constitucionales, la figura de Don Felipe se irá pareciendo cada vez más a un pim-pam-pum de feria, que se dobla ante los golpes y regresa para recibir otros, sin perder su bobalicona sonrisa. Un Rey devaluado que observará con desconcierto cómo queda desasistido y desguarnecido, en tanto que la proclamada “mayoría progresista, va cortando rebanadas al salchichón y los “hooligan” de sus socios parlamentarios queman sus retratos a la par que las banderas constitucionales.

Alguno habrá que considere que se trata de una cuestión menor. ¡Qué más da la protección de la monarquía, cuando la forma predominante de gobierno -o de estado, como se dice ahora- en otros países es la república! Pues tiene su importancia, y mucha. Además de la evocación de los derroteros que tuvieron en nuestra historia los dos episodios republicanos -que no es el caso desarrollar ahora, pero que resultaron nefastos-, lo que se ventila no es si resulta más o menos indicada la monarquía en el momento actual, de lo que se trata es de comprender que el Rey es el vértice del ordenamiento constitucional de 1978, que es el de una democracia parlamentaria, en un estado de las autonomías que operan dentro de la unidad de la nación española, “patria común e indivisible…” (art. 2 CE).

No es lo mismo, no podría serlo, un estado fragmentado que el estado de las autonomías previsto por la Constitución; como no es igual una coalición -confederación- de nacionalidades y regiones que un estado unido; tampoco se parece la “casa de tócame Roque” -que era una vivienda madrileña, populosa, destartalada y jaranera, situada al final de la calle de Barquillo- a un hogar ordenado en el que las normas se establecen por acuerdo y se cumplen.

La princesa Leonor jurará en las Cortes Generales su acatamiento a la Constitución el próximo 31 de octubre. Pero ¿a qué Constitución? ¿A la que nos dimos los españoles en 1978 o a la que se está reinventando este “progresismo” que barrena todos los consensos? Y aún más, ¿qué España residual dejará Don Felipe a su hija, siempre que llegue a hacerlo?

No sé si los cálculos políticos de los partidos que consultan los oráculos de las encuestas, para saber si determinada actuación les reporta o les resta votos, tendrán claro si ha llegado el momento de dejar a un lado mítines y jaleamiento de sus líderes y atender las llamadas de una sociedad dispuesta a exigir que en nuestro nombre no se cometa semejante atropello. ¿A qué esperan?

Las tribulaciones del PNV

Publicado en El Imparcial, el 7 de septiembre de 2023

Bastaría remontarse al año 1936 para situar un debate que se suscitaría entonces -y en adelante- en el seno del PNV. Una discusión que no hacía entonces referencia a los pretendidos orígenes de ese constructo artificial que están dando ahora los “jeltzales” en denominar “nación foral vasca”, y que según el Lehendakari Iñigo Urkullu encontraría sus raíces en el siglo XVIII. Por fortuna, no ha recurrido en esta ocasión el presidente del gobierno autonómico del País Vasco al discurso del “linaje de Aitor” que nos recordaba Jon Juaristi en su ensayo del mismo título, según el cual los vascos procederían directamente de Dios; tampoco a las palabras que escribió su predecesor Juan José Ibarretxe señalando que ha sido “la tenacidad (no una desmesurada inteligencia) lo que explica que este pueblo siga existiendo después de siete mil años”.

Se me podrá rebatir con la idea de que el concepto “pueblo” y el de “nación” constituyen categorías diferentes. Lo que sí considero indiscutible es que los nacionalistas mantienen un duro combate en contra de la historia y que su concepto de “lo vasco” alcanza proporciones mesiánicas a la par que mayestáticas. Tampoco creo que habrá mucha discusión entre historiadores y tratadistas en no situar el nacimiento de una nación en los tiempos medievales; pero ya digo, en palabras prestadas ahora de mi amigo Julen Guimón, “para ellos (los nacionalistas) el futuro es exacto (siempre gobernarán), sin embargo, el pasado es impredecible”.

El PNV ha vivido, al menos desde 1936, el conflicto entre dos modelos, el de sociedad y el de Estado; y siempre ha optado por este último. Aun cuando se trata de un partido de origen burgués, ya se sabe que el origen de Sabino Arana, su fundador, era el de una familia propietaria de unos astilleros, y las motivaciones más inmediatas de su ideología las encontraría en el nacionalismo catalanista, que no se podría calificar, sin grave contradicción histórica, de proletario, en un cóctel ideológico en el que el carlismo operaba como ingrediente fundamental, lo mismo que en gran parte del catalanismo. Sometido a la presión divisoria -hoy diríamos que polarizadora- de los meses, y aún años, previos a nuestra incivil contienda, los peneuvistas recibirían el ofrecimiento de los sublevados contra la República de unirse a ellos. Sería el dandy vergarés, Telesforo Monzón, quien pediría para eso armas a los franquistas; poco después, el PNV compartiría causa con las izquierdas, mediando el ofrecimiento de Prieto de un estatuto de autonomía, en cuyo primer gobierno ocuparía don Telesforo el cargo de responsable de Gobernación (bajo su negligente mandato se cometerían numerosos crímenes y tropelías a cargo de los milicianos socialistas, comunistas y anarquistas). Más recientemente, Monzón sería adalid del movimiento proetarra Herri Batasuna.

El gobierno vasco en el exilio estrecharía las relaciones entre nacionalistas y socialistas, que cristalizarían con acuerdos de coalición entre ambas formaciones políticas al advenimiento de la democracia. Eran los tiempos en los que se creía que el PNV -en palabras de Nicolás Redondo Terreros- era la solución, no el problema. Y eso se mantuvo, en una primera fase, durante doce años (entre 1987 y 1998). En esa época ETA asesinaría a unas 250 personas -socialistas, algunas de ellas-, ante una mirada distante cuando no complaciente, del PNV. Nos han salido un tanto levantiscos -podrían decir-, pero son nuestros. No nos olvidemos del irredentismo violento que era el carlismo, origen tanto de los unos como de los otros; tampoco del “agitad vosotros el árbol, que nosotros recogeremos las nueces”, que les espetaría Arzallus.

El cordón umbilical entre el PNV y ETA nunca se cortó radicalmente. Pero ahora son los hijos quienes se aprestan a matar -parece que sólo políticamente en este caso- al padre. Y el partido del Jaungoikoa eta Legezarrak (Dios y Leyes Viejas) vuelve por donde solía. En el marco del debate entre un modelo de centro-derecha y otro de populismo izquierdista, decide echarse de nuevo al monte del secesionismo. Y si Urkullu ganó a los seguidores de Ibarretxe, una vez que Imaz controlara el desbordamiento, ahora presenta una copia del plan de aquél, con el aditamento de que, al menos, el ex-Presidente del Gobierno Vasco dio la cara presentando su bodrio en el Congreso. Urkullu se oculta ahora, apocado, detrás de la invocación de una llamada Convención.

Le habrán soplado seguramente sus gentes desde Bruselas que había un proyecto de “Convención europea”, destinado como se sabe a contribuir a la federalización de Europa. “Federar es unir”, me decía mi profesor don Pablo Lucas Verdú en la universidad de Deusto. El propósito peneuvista recorre el camino precisamente opuesto, el del federalismo ‘asimétrico”, esto es, el confederalismo, la fragmentación, la desigualdad y el privilegio.

Y entre tanto, un nuevo fantasma recorre España… parafraseando el comienzo del Manifiesto Comunista, que es el del espectro Ferrovial. Si las empresas radicadas en Cataluña huyeron de allí a causa de la inseguridad jurídica provocada por el independentismo, y la empresa presidida por Rafael del Pino abandonaba más recientemente Madrid debido al ambiente anticapitalista generado por Sánchez y sus socios, se rumorea que Iberdrola y el BBVA podrían hacerlo también, perjudicando a toda España en general y a Vizcaya en particular, provincia en la que mantienen su razón social (sólo en el caso de la primera de las dos empresas, se asegura que el impacto que esa decisión tendría sobre las cuentas vascas llegaría a unos 2500 millones de euros).

El PNV debería valorar si su estrategia de confrontación con Bildu, consistente en un desbordamiento nacionalista, es la más correcta para sus intereses. Emerge de nuevo el debate de siempre: modelo de sociedad, modelo de destrucción de España…

La oportunidad de Feijóo

Publicado en el Imparcial el jueves 24 de agosto de 2023

El Rey ha cumplido su encomienda constitucional con puntualidad -dicen que esa actitud es cortesía de la condición que ostenta- y adecuación, designando como candidato para la investidura al político que más escaños y votos reúne por el momento. Sin perjudicar la literalidad de lo previsto por la Carta Magna podría haber procedido a renovar sus encuentros con los representantes de los grupos parlamentarios, pero ha preferido a eso que el reloj empiece a andar y que sea el tiempo -y no él- quién establezca el límite necesario para las negociaciones políticas. Es bien conocida la obligación constitucional que tiene SM de reunirse con los representantes populares después de celebradas las elecciones, no podría Don Felipe alegar dificultades de sintonía con los diputados para negarse a entrevistarse con ellos, pero igual obligación constitucional tienen éstos de acudir a la convocatoria real, por mucho que en su programa estén la república española o la catalana o la vasca; aceptar el juego democrático exige admitir las obligaciones que se desprenden del mismo, siempre es más grato tomarse un café en el bar del Congreso que asistir a unos plenos con frecuencia soporíferos, pero los cargos públicos cobran por eso.

Y ahora el presidente del PP tiene la oportunidad que viene manifestando desde que se cerraron las urnas, se contaron los votos, y la “mayoría suficiente” por él reclamada se ha diluido como un azucarillo en una infusión. Podría utilizarla para reclamar lo imposible: que su grupo, el de Vox y el del PNV coincidan en su apoyo. Pero creo que no estamos los españoles para más espectáculos de imposibles prestidigitadores en el parlamento. Una cosa es torear la res que a uno le ha tocado en suerte, aunque sea mala -lo que no hizo Rajoy, desatendiendo su obligación-, y otra es elevar la faena a la categoría de la genialidad. “Lo que no puede ser, no puede ser… y, además, es imposible”, decía Rafael Guerra.

De sobra conoce el candidato que su investidura es irrealizable. Por eso mismo creo que en lugar de dirigirse, con patetismo digno de mejor causa, a los diputados del parlamento, debería aprovechar la oportunidad que le brinda este procedimiento para convertir el hemiciclo en una especie de areópago de la nación -o de lo que de ella queda- y explicar a la ciudadanía las cosas que han quedado, a mi modesto juicio, bastante claras después de los últimos tiempos políticos vividos en España. Que nuestro país debería recuperar el consenso que estuvo en el origen de nuestra Constitución de 1978 y que es el procedimiento que establece ésta para resolver los problemas que nos afectan, que los partidos principales -y aún algunos accesorios- deberían dejar de lado las diatribas estériles y ponerse de acuerdo para establecer nuevos pactos que permanezcan durante algunas décadas más, entre los cuales: un pacto para la convivencia, en la que las diferencias políticas, religiosas, sexuales, y otras, no sean demonizadlas ni perseguidas, para que la historia no sea utilizada como ariete político, y para el combate eficaz de la violencia de género; un pacto para la separación de poderes, que blinde la independencia del poder judicial y que permita al legislativo actuar en su función de control y que no siga operando como una simple correa de transmisión del gobierno de turno; un pacto para la reforma de la ley electoral, con el objetivo de que los partidos minoritarios y que pretenden emanciparse de España no determinen el futuro del conjunto de los españoles; un pacto por la educación, cerrando el triste y caótico proceso de una ley educativa por cada color en el gobierno; un pacto por las pensiones, que establezca fórmulas que las garanticen a los que disponen de ellas y que permitan el acceso a las mismas para las generaciones futuras; un pacto para el medio ambiente, para la seguridad energética, para la España vaciada…; y un pacto de Estado para la política exterior, que señale las prioridades que deberá defender nuestro país en el ámbito internacional, y que establezca canales de comunicación parlamentaria para analizar -y aún decidir conjuntamente- los cambios que pudieran resultar necesarios; un pacto, en fin, para influir en Europa, definir los objetivos de este proyecto y la contribución española a los mismos; un pacto para la defensa y nuestra aportación a la OTAN y a la incipiente organización militar europea…

Una legislatura de cuatro años debería sobrar para acordar éste y otros pactos. El general Franco falleció en noviembre de 1975, en junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas y en diciembre de 1978 ratificábamos los españoles la Constitución. Todo es posible si existe voluntad política y capacidad de asumir riesgos.

No son los líderes los que anteceden a las crisis, más bien son éstas las que los crean: Churchill y De Gaulle y Roosevelt fueron producto de la II Guerra Mundial; Adenauer, de la derrota de Alemania; y, entre nosotros, Suárez, González y hasta Carrillo lo fueron de la necesidad de construir un país diferente desde la reconciliación.

La oportunidad de Feijóo consiste especialmente en elevar su voz desde las trincheras políticas y dirigirse al pueblo español por encima de la batalla de la polarización política. Todos sabemos que su encargo es imposible, pero también que su discurso es necesario para devolver alguna esperanza en el futuro a esos millones de españoles defraudados, inquietos, preocupados y pesimistas ante nuestro futuro como nación y también como ciudadanos.

Refriegas entre nacionalistas

Publicado en El Imparcial, el 11 de agosto de 2023

El ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, recomendaba no hace muchas fechas que los españoles descansáramos de la política y de los políticos, esto es, que nos diéramos unas vacaciones después del largo trasiego electoral que hemos atravesado. Una excelente manera, sin duda, de explicarnos que las negociaciones entre su partido, Sumar y los nacionalistas para formar gobierno serían tan complicadas que mejor era que permanecieran ocultas por el sempiterno manto del secretismo, tan caro a la política y a los pactos.

No caeré desde luego en la ingenuidad de pedir transparencia en un proceso que no la puede tener, por aquello de que la monitorización pública de unas conversaciones de este tipo sólo sirve para destruir el objetivo final de las mismas. Pero habrá que advertir que una vez que se aclare, en su caso, el contenido del pacto, éste debería verse sometido a la claridad del “Luz y taquígrafos” que decía don Antonio Maura. Saber, por ejemplo, qué se ha pactado con el prófugo de la justicia Puigdemont en cuanto a su situación jurídica personal, lo acordado en lo que respecta al referéndum de autodeterminación -o la consulta-, o en cuanto a qué votará el PSOE vasco para dirimir la contienda entre el PNV y Bildu después de las próximas elecciones autonómicas.

La noche electoral del 23J nos dejó en efecto un panorama difícil de dilucidar, dado que el partido liderado por Pedro Sánchez no está, por definición, dispuesto a lo que en otras democracias europeas ha sido la fórmula más generalizada para desbloquear situaciones políticas imposibles como lo es ésta: el gobierno de las grandes coaliciones entre los dos principales partidos. Asumido que esa solución no resulta factible en España, o el PP consigue una mayoría con Vox, el PNV y otros partidos menores -posibilidad más que remota-, o el PSOE lo hace con los partidos que quieren acabar con la Constitución y, aún más, con la misma idea de España.

No resultaría imposible, desde luego, el intento del presidente en funciones. La amenaza del “o yo o el PP+Vox” le ha funcionado en los últimos comicios, incluso entre los votantes de los partidos nacionalistas, y ese temor ha cimentado su victoria en las dos Comunidades Autónomas “históricas” -Cataluña y el País Vasco-; pero no parece sencillo que esa presunta maldición rebaje ahora el precio del apoyo de las formaciones políticas que gobiernan o están en la oposición en esas regiones. Sánchez es consciente, supongo, de que esas fuerzas se están mirando con el rabillo del ojo unas a otras por ver quién se lleva el gato al agua en la próxima convocatoria electoral que les enfrente para ocupar la Casa de los Canónigos y Ajuria Enea. No en vano, vaciado de los inevitables -están en su condición- del “no-a-España”, de la evocación de la autodeterminación como solución final a unos supuestos conflictos de pertenencia, la imposición a contracorriente de un idioma determinado y otras cuestiones, que, desde luego, no son de menor importancia en el ideario colectivo de sus fieles y en la división que provocan en la sociedad, lo que interesa de verdad a los nacionalistas es el poder que ya han conquistado y que nadie parece dispuesto a arrebatarles; o, dicho de manera más breve y seguramente más brutal: lo que les mueve más que nada es el botín a conseguir y repartir.

Pensar que las coaliciones del Frankenstein-2 que obtenga el candidato socialista a la investidura, siempre en el caso de que las consiga, resulten duraderas parece a estas alturas de pronóstico incierto. Los de Puigdemont parecen querer legitimarse en la línea dura que socave la base independentista de ERC, ya que una parte de los votantes más moderados de Junqueras parece que han emigrado a ese nacionalismo light que conforma el PSC. En cuanto a la pugna entre el PNV y Bildu, esa sí que es una pelea por la herencia de la casa del padre -el “aitaren etxea”.

Es verdad que todos los nacionalismos se parecen entre sí, pero -parafraseando a Orwell- algunos son más iguales que otros. Y si ERC es un partido de larga tradición histórica, fundado en el año 1931, que tendría como nombres reconocibles los de Francesc Macià, Lluís Companys o Josep Tarradellas, no es ése el caso de JxCat, heredero del imputado Pujol que habría obtenido un beneficio no aclarado ni declarado de 62 millones de euros, según un informe de la UDEF. Cabe recordar la lapidaria y terrible frase que de él pronunció el expresident Tarradellas: “Yo, de enanos y corruptos, no hablo”.

Es hasta cierto punto lógico que JxCat quiera afirmar su mejor derecho al “botín” en el maximalismo. Pero no es ése el caso de la disputa entre los nacionalistas vascos. Entre estos últimos existe una relación familiar, la que vincula a los padres con los hijos. Para comprenderlo es preciso situarse en la década de los años 60 del pasado siglo en la que se fundó la banda terrorista ETA. Los escasos peneuvistas que circulaban en el País Vasco -eran los tiempos de la “oprobiosa” dictadura-, dedicaban su tiempo a producir las mercancías que un mercado endogámico como el español devoraba con avidez. Sus hijos les reprochaban su incoherencia: “Os decís muy nacionalistas, pero os forráis con el régimen de Franco”. Del dicho al hecho sólo faltaba la épica revolucionaria de los barbudos castristas en Cuba; los “un Vietnam, dos Vietnam, tres Vietnam… esa es la consigna”, del Che Guevara; el movimiento hippie o el mayo de 1968. El listado de los primeros etarras ilustra bien la ascendencia burguesa de muchos de sus fundadores.

Sesenta y cinco años después, son los descendientes de aquellos hijos quienes reclaman la herencia a los sucesores de los padres. El botín, hora es ya, les corresponde por el paso del tiempo y el desgaste de los viejos peneuvistas, que han pactado con todo bicho político viviente, desdibujando así cualquier perfil identitario. Ellos -Bildu, es decir, Sortu- son los verdaderos vascos, los auténticos progresistas. Y por eso, sonríen con sarcasmo ante las patéticas declaraciones de los viejos nacionalistas cuando afirman que no son de derechas…

Conflictos familiares que nos costaron tres guerras carlistas y, más recientemente, más de 850 víctimas a manos de la banda terrorista, atestiguan la cosecha de odio del nacionalismo pretérito y del actual. Por uno de esos dos bandos -¿bandas?- deberá optar el socialismo vasco en las próximas elecciones autonómicas.

Por todo eso, la legislatura que arranca corre el riesgo probable de durar muy poco; y el escenario de unas nuevas elecciones resulta bastante previsible. Pero, por el momento, la gente de Bolaños seguirá intentando urdir un pacto a hurtadillas del conocimiento público.

Anthem/Himno

Regreso ahora a un comentario sobre la canción de Leonard Cohen, que el canadiense titularía Anthem.

Anthem (Himno), constituye, a decir de Jesús Serrano, una de las mejores baladas del cantante. Y estoy de acuerdo con él. Añade Serrano Aldape que, a pesar de que esta canción se encuentra contenida en su desesperanzado álbum “The future” -a cuyo tema principal ya hemos dedicado una entrada en este blog-, Anthem nos ofrece la esperanza de una salida ante un mundo incierto, una propuesta que no deja de constituir una novedad en los tiempos que nos abruman hoy en día.

Da comienzo el poema con el cantar de los pájaros cuando declina el día. Y no nos dicen eso, que hay algo que concluye para no volver, al contrario, nos reclaman que no nos paremos a pensar en lo que ha desaparecido ya; el día que se va es preludio del que va a llegar. Judío, lo era Cohen, como el proverbio que declara la inutilidad de llorar por la leche derramada…  o, si lo preferimos, el “dejad que los muertos entierren a sus muertos”, que podríamos compartir con San Lucas (Lucas, 9.60). 

Pero tampoco pienses demasiado en lo que está por venir, nos recomiendan los pájaros en su canto de atardecer. Se desprende entonces de sus palabras un cierto aire de improvisación, o de entrega y confianza absoluta en el creador. Reproduciría por lo tanto el poeta canadiense las palabras de San Mateo: “Fijaos en los pájaros, que no siembran ni cosechan ni andan guardando comida, y el Padre celestial los alimenta…” (Mateo, 6.25).

Podría sorprendernos esta simbiosis entre el Viejo y el Nuevo Testamento en un hombre que tan bien conocía desde sus orígenes familiares el primero de esos textos, además de buena parte de los libros judaicos -Cohen era nieto de un rabino-. Sin embargo, los seguidores del poeta conocemos bien el deseo que tenia éste de atravesar la frontera entre las dos manifestaciones religiosas -judaísmo y cristianismo-. Su disco de despedida, “You want it darker”, contiene una llamada al acuerdo en su “Treaty”:

“Me gustaría que hubiera un tratado,

Me gustaría que hubiera un tratado,

Entre tu amor y el mío”.

Ya no cantan los pájaros. Y aparece ahora en “Anthem” la catástrofe integral que los seres humanos nos empeñamos en perpetuar: la guerra. Volveremos a ellas, otra vez a pelear -nos anuncia-. Y la santa paloma, una vez atrapada, será objeto de compra, venta y compra… sucesivamente. La paloma nunca será libre.

Hemos enjaulado y comerciado con el símbolo del soplo de Dios -parece contarnos Cohen-, y uno se imagina la imagen del Espíritu Santo, en esta nueva excursión entre los dos mundos que dividen a las religiones hebraicas. Aunque bien pudiera ocurrir que la paloma sea la pulsión de divinidad que existe en los seres humanos, nuestros mejores deseos, el testigo nutrido de todo lo positivo que desearíamos transmitir a las generaciones que nos sucedan. La paloma que se vende en el mercado, ese mismo mercado situado en plena sinagoga de la que Jesús desalojaba, látigo en mano, a los negociantes de productos varios que violentaban la paz de los recintos sagrados (Marcos, 11.15).

Entonces suena el estribillo que parte de la incertidumbre, pero que admite la eventualidad de la esperanza. La clave la canción: Haz sonar las campanas que aún pueden sonar, nos dice el cantante. No, no es una ofrenda perfecta -continúa-, olvídate de eso. Pero en todo, en cualquier parte, existen grietas, y por ellas penetra la luz.

No dejan de existir murallas y barreras, los hombres nos empeñamos en erigirlas… pero, hasta en eso somos imperfectos, y la construcción contiene algún defecto que admite una salida.

Una humanidad abrumada ha pedido señales -es el siguiente argumento que nos ofrece el poeta. Y alguien las ha enviado: el nacimiento traicionado y el matrimonial gastado y la viudedad de todos los gobiernos -señala-, son signos que se encuentran al alcance de todos. Sólo basta con interpretarlos, la vida se nos va haciendo incierta, difícil, a veces inabordable, parece decirnos.

La respuesta no puede ser la huida, sería su afirmación posterior: no me resulta posible siquiera correr -escapar-, para evadirme de esas hordas que no se atienen a ninguna ley -se queja ahora-. No puedo hacerlo en tanto que son los mismos asesinos los que rezan a voz en grito sus singulares oraciones desde sus elevados sitiales. Pero están anunciando una tormenta (o convocando una nube de trueno)… entonces tendrán que saber de mí.

Cohen se prepara para la defensa de una civilización en peligro, y nos pide de nuevo que hagamos redoblar las campanas que todavía nos quedan, y que encontremos la grieta por donde se cuela la claridad.

Somos algunos, pero menos aún de lo que parece -nos advierte-: puedes agregar las partes, pero no te darán la suma que les corresponde. Y no se trata tampoco de marchar al paso del tambor, porque no lo hay. Aquí no se ha formado un ejército -nos indica-, sino un conjunto de resistentes que caminan impulsados por el corazón, por el amor, que llegará como llegan a nuestros países libres los refugiados -declara.

Y es esta última una bella imagen que nos deja el poema como conclusión, No existe todavía la victoria, sólo la protección ante el abismo y la catástrofe, que al cabo es lo que queda detrás de la grieta. La luz nos conduce a un espacio protector, nada más. Sólo a partir de ahí podremos avanzar, quizás, hacia otros mundos, hacia diferentes salidas más ciertas, más seguras… Por eso deben seguir tañendo las campanas. Sonarán a celebración o nos convocarán a sofocar un incendio. Habrá que pensar, con Hemingway, que no hay que preguntar por quién doblan: lo hacen por nosotros mismos.

Y, en eso, llegó Sánchez

Artículo publicado en El Imparcial, el 24 de julio de 2023

Se vuelve a poner de moda en España algo tan antiguo en la historia como es la demonización del mensajero: ahora la responsabilidad de la victoria insuficiente, que sabe a derrota, y de la derrota, que también podría ser insuficiente para la victoria, no lo es de los ganadores o perdedores, cualesquiera que sean éstos; son, por lo visto, los institutos de opinión los que han fallado, alimentando las expectativas de unos y enardeciendo el ánimo de resistencia de los otros. Pero yo más bien creo que los encuestadores son unos magníficos profesionales, y que sus estudios nos ofrecen aceptablemente la fotografía que advierten del mapa sociológico del país. Otra cosa es que, en efecto, su lectura conduzca a alimentar la complacencia de quienes se ven beneficiados por ellas, a la vez que enerve el ánimo de quienes piensen que “todavía hay partido”.

Y ante la lectura de las encuestas, el elector avisado, opta por la desmovilización o por su contraria, de modo que analizará si es mejor que repita el gobierno que se presenta a la revalidación -socios, por supuesto incluidos- o permite el acceso al poder de la alternativa que se presenta con una compañía a la que se rebautiza de extrema derecha: o Bildu o Vox; pues prefiero a los segundos, a pesar de su pecado original, que a la “derechona”, parecen decir.

En este sentido, la campaña electoral que acabamos de sufrir me recuerda poderosamente a la de 1996, en la que el PSOE emitió el famoso vídeo del “dóberman”, una peligrosa fiera exhibiendo sus colmillos con aspecto de pocos amigos. A pesar de todo, esas elecciones las ganó Aznar -con una distancia respecto de los socialistas muy pequeña, pero que nos les impidió gobernar a los del PP.

Algunos aseguran no comprender el país que observan sus ojos, piensan que la sociedad española quiere un cambio de régimen, y que los ropajes de la Constitución de 1978 se le han quedado ya estrechos para albergar tanto hecho diferencial territorial y tantas identidades minoritarias grupales como los que existen. Pero tengo para mí que la cuestión es más simple que todo eso: aquí lo que ha funcionado es el miedo al socio de Feijóo, unido a la falta de carisma del personaje llamado a sustituir y enmendar la plana al gobernante. Luego están las explicaciones más pormenorizadas del éxito y del fracaso: Cataluña y el retroceso del independentismo, la escasa cosecha en términos comparativos con las autonómicas y locales de Andalucía o de Madrid, los pactos PP-Vox -lamentablemente conducidos por la dirección de aquel partido-, y otros.

Se abre ahora un panorama de difícil tránsito político y de protocolo lento de realización y de negociación. Feijóo ya ha anunciado su propósito de presentar su mejor derecho a gobernar, pero fracasará seguramente: el maridaje entre su partido, Vox y el PNV es de difícil consumación gastronómica para el estómago de los seguidores de Sabino Arana -no menos, desde luego, para el de Abascal-, más aún si se tiene en cuenta que las elecciones autonómicas están previstas para el año que viene. Más posibilidades tiene Sánchez, aunque para ello tenga que negociar con un evadido de la justicia e inhabilitado como parlamentario europeo que reside en Waterloo; pero, incluso si obtiene el magro resultado de su investidura, tendrá que sortear el difícil obstáculo de un Senado en el que el PP dispone de mayoría absoluta y de opciones de bloqueo y de veto permanentes. No habrá leyes de presupuestos ni ninguna otra que la oposición de la derecha no acepte, que no serán, desde luego, muchas.

Así que el escenario de una repetición de elecciones, como “regalo” de Reyes para los electores, se presenta como una posibilidad no en exceso remota. Para esa oportunidad convendría apuntar una reflexión adicional: en esta España de empate infinito entre las derechas y las izquierdas, sometida al arbitraje final de los nacionalistas de todo pelaje, la única manera de evitar el abismo que nos dejan los electores es la de recuperar la idea de un tercer partido, nacional y de centro, que permita a la sociedad española escaparse de la elección diabólica entre una izquierda contaminada por los extremos y los independentistas, o una derecha que sólo puede pactar con gentes cuyo modelo nos lleva más a las nostalgias del pasado y a las distancias con el proyecto europeo, que es uno de los logros más valiosos de la España democrática del 78.

Sería necesario, entonces, situar en el tablero electoral la recuperación de un partido centrista y liberal, que represente a la “tercera España”, alejada de rojos y azules, con propuestas que reconcilien una idea de país con la necesidad de la reforma desde los cauces constitucionales, sin vaciamiento de la Carta Magna y con acomodación a los nuevos usos y urdimbres de una sociedad en permanente evolución. Y, desde luego, consciente de su papel instrumental al servicio de los españoles, y no llevado, por el contrario, del endiosamiento que es tan habitual en los pagos políticos.

Porque los electores deciden entre las ofertas que se les presentan. Y el consumidor político español tiene ante sí un supermercado repleto de variados productos, pero carente de un género que, aunque no se advierta en ocasiones, es necesario para garantizar la digestión de los demás: una especie de bicarbonato que combata la acidez que producen los artículos de mayoritaria venta.

Merece la pena, creo, repensar la idea; encontrar los candidatos; establecer los programas… y ofrecer a la sociedad española la posibilidad de escapar a la maldición histórica y existencial de eso que Gil de Biedma decía de todas las historias de la historia de España: que siempre terminan mal.

Una España cada vez más rural

El candidato del PP a la presidencia del Gobierno ha insistido en presentarse a sí mismo como un auténtico producto de la España rural, que ha sido rebautizada como la España vaciada. Tendría así, Alberto Nuñez Feijóo, la cualidad de un hombre sencillo, se diría que “de pueblo”, alejado por lo tanto de las connotaciones de cosmopolitismo que no dejan de resultar cargantes para algunos.

Hay, como en todos los debates políticos, un exceso de verborrea demagógica, unida a una notable ausencia de propuestas concretas verdaderamente viables para que la realidad del vaciamiento pueda revertirse, de modo que los pueblos de España recuperen cierta presencia humana. Y no sólo porque su desaparición supone un triste abandono de casas y costumbres, de gentes que viven en soledad, de ancianos apegados a su tierra que carecen de atención médica y social; es que también se va con ellos la industria agrícola y ganadera, y quedan los bosques, que abandonados a las temperaturas tórridas se incendian, y la desertificación humana nos lleva a un desastre ecológico que tiene muy pocos paliativos.

La pandemia del Covid19 parecía que podía convertirse en un punto de inflexión, y que ese largo periodo de enclaustramiento supondría un cambio de paradigma, no sólo por la detención del éxodo hacia las grandes urbes, sino por el retorno al campo de muchas familias dispuestas a recuperar la calidad de vida de que se dispone en el ámbito rural. Sin embargo, algunos estudios revelarían muy pronto que no sería así y que la tendencia a la migración se mantendría una vez cerrado el paréntesis de la enfermedad.

De esta forma se manifestaba un artículo publicado por “El Confidencial”: “Durante los meses más complicados de la pandemia surgieron grandes reflexiones sobre el modo de vida de la sociedad y despertaron antiguos anhelos de una existencia más tranquila y placentera. Uno de ellos era la vida en el campo, más recogida y 'humana', pero con una buena conexión a Internet 5G para teletrabajar. Durante muchos meses pareció que la pandemia y las tecnologías cambiarían el modo de vida de los ciudadanos alterando para siempre los flujos migratorios dentro de España. Serían la cura para la enfermedad crónica de la despoblación. Hoy sabemos que no fue así: los flujos migratorios de las ciudades al mundo rural fueron un deseo convertido en espejismo”.

Un espejismo que no sólo se advierte en las épocas actuales. Expresión meridiana de la contraposición entre el campo y la ciudad se produjo en los sitios que sufriera la villa de Bilbao a cargo de las fuerzas militares carlistas. En su todavía no publicado trabajo sobre la memoria de aquellos episodios, Xabier Erdozia ha escrito:

“La capital vizcaína, por su parte, asumió aquella interpretación, y durante el asedio colaboró en la articulación del nuevo estereotipo, asociado a lo arcaico, lo reaccionario y antipatriótico. Como ya había ocurrido en las experiencias de la guerra anterior, su discurso se nutría de la contraposición entre un espacio urbano identificado con el progreso y un entorno rural cuya factura romántica adquirió entonces tintes de ignorancia, sumisión, fanatismo y de costumbres y actitudes bárbaras. ‘La Guerra’ (un periódico de la época) afirmaba, ‘el partido carlista, en primer término, y en segundo la población rural de Vizcaya son la causa de las inmensas pérdidas que sufre Bilbao’, y describía aquel conjunto humano como ‘el tipo más acabado y perfecto de la perfidia y la ingratitud’. Según Irurac-bat (otro periódico de aquellos tiempos), el levantamiento de la provincia había obedecido ‘principalmente al encono y odio que los jaunchos (los señores de las zonas rurales, en alguna medida, caciques) y los clérigos (habían) procurado mantener cada vez más vivo en los pueblos contra la villa’; y el bombardeo, que obedecía ‘a ruinosas pasiones’, se realizaba ‘para satisfacer el ardiente deseo de los cabecillas y batallones vizcaínos’. Y es que un cerco aúna las experiencias del frente y de la retaguardia, un contexto en el que el sufrimiento colectivo dota a los ideales de un sentido emocional, y donde el resentimiento hacia el enemigo facilita la identificación con la visión simplificadora de cualquier conflicto que promueve el nacionalismo”.

La contraposición entre la ciudad y el campo contiene también, por lo tanto, razones ideológicas e históricas, más allá del ámbito de protección de las villas respecto del espacio rural, al que se refería el historiador y político bilbaino Gregorio Balparda. Y podríamos recordar en este sentido las hordas de los “bagaudas” que a finales del imperio romano asolaban a las gentes de los territorios rurales obligándolas a acudir a la protección de las ciudades fortificadas con portones de acceso que se cerraban al tráfico humano por la noche.

Razones ideológicas e históricas, sí, pero también económicas y de mentalidad. El ser humano ha dividido los ámbitos de estudio en especialidades, pero el hombre no es unidimensional -como titulaba el ensayista Marcuse una de sus más célebres obras-. Y los motivos del éxodo del campo a la ciudad como su eventual regreso a él no se acomodan sólo al progreso que ofrecen las ciudades frente a la posible reacción al cambio que resulta sintomática en los pueblos. Las ocasiones de mejora personal existen en mucha mayor medida en las ciudades y desaparecen con el estrechamiento vital de los núcleos de inferior tamaño.

Pero eso mismo ocurre con las ciudades pequeñas y aún medianas respecto de las grandes urbes. Por eso la ruralización de España tampoco se define en términos de la tantas veces denominada como “España vaciada”. Habría más bien que definirla como la contraposición entre la “España -o la Europa, o el mundo- de las oportunidades” respecto de la España que apenas las ofrece.

Por eso, y sin perjuicio de estimar como altamente positiva la posición del candidato Feijóo, me temo que sus deseos no pasarán de constituir un pequeño tributo a la nostalgia de la recuperación de los tiempos que pasaron ya, la expresión de un empeño de imposible concreción, o sólo un brindis al sol, de esos que carecen de contenido.

De carteles y platós

Artículo publicado en El Imparcial, el 12 de julio de 2023

Las campañas electorales ya no son lo que eran. Los carteles que inundaban las paredes de nuestras calles, con los consabidos equipos de los partidos pegando sus pasquines sobre los que habían fijado los otros, en una ronda nocturna de resultado imprevisible, ya no forman, por fortuna, parte de nuestro paisaje urbano. Se trataba en realidad de una actividad bastante intrascendente, salvo para los candidatos. Recuerdo, en este sentido, cómo un cabeza de lista en el País Vasco protestaba invariablemente si en el trayecto entre su domicilio y la sede del partido no se encontraba con su imagen fijada a los muros: hubo que contratar a un equipo especial para que ese trayecto matutino del político no le deparara contrariedad.

Hoy los carteles cuelgan ordenadamente en las farolas. Y hasta hay partidos que renuncian a los mítines, porque resultan caros, sólo movilizan a los militantes y el breve corte que de ellos se ofrece en los telediarios se puede cubrir de otra manera. Quizás por eso el candidato-presidente del Gobierno ha preferido lanzarse a los platós televisivos -incluidos los propios- y a las cadenas de radio.

Quizás pensaba Sánchez que el dominio de los medios que esa actuación le suponía, convertiría en poco menos que un paseo triunfal el debate televisivo del 10 de julio. No sabíamos demasiado de la capacidad dialéctica de su adversario y sí era conocido, por el contrario, que el presidente en ejercicio mantiene una relación distante con los escrúpulos, el respeto al rival y la moderación en las formas: el resultado podía muy bien ser incierto, hasta el punto de recortar aún más la distancia existente entre el PP y el PSOE.

Sánchez sabe que la victoria de su candidatura es imposible, de modo que el mejor de los resultados para él consiste en que se produzca una situación de bloqueo (PP y Vox no suman, la izquierda y la extrema izquierda, más los nacionalistas de toda laya tampoco) y no exista otra solución que la repetición de elecciones, en las que el actual inquilino de la Moncloa disponga de una nueva oportunidad.

No estaba mal urdida esa estrategia para sus propios intereses. Así que acudió al debate como si no existiera en el plató nadie más que él. No existía oponente, por lo visto, al otro lado de la mesa; ni tampoco moderadores (en realidad estos últimos apenas se hicieron notar a lo largo de la noche, lo que no deja de constituir un insólito lujo o una confusión entre la idea de la objetividad y la de simplemente no arbitrar en la contienda).

La arrogancia, la falta de educación, la soberbia -incluso- fueron los principales errores del socialista; pero los tuvo también menores, que supongo que al común de la gente trastornan poderosamente. El paseo del Falcon, la mención de su teléfono móvil como síntoma de transparencia (seguramente nos habría ido algo mejor a los españoles con nuestros problemas en el Magreb si ese instrumento de comunicación hubiera sido sellado al espionaje de terceros); y la expresión evocada por él, “que te vote Chapote”, no pareció tampoco muy conveniente para su particular convento.

Estaba el inquilino del complejo monclovita quizás demasiado imbuido del síndrome que provocan esas estancias como para advertir que no todo lo que ocurre en el interior de su casa presidencial se parece como una gota de agua a la otra con la que vivimos los españoles de a pie. Uno puede agitar la bandera del PIB, citar el 2% de inflación o el incremento del salario mínimo; pero a lo mejor no comprende -y se diría que en realidad no lo hace- que la cesta de la compra está cada vez más cara, que lo del producto bruto no lo entiende todo el mundo y tampoco llega a sus bolsillos en forma de dinero contante y sonante, y que lo del decremento del paro puede llegar hasta a dar risa si el afectado es un fijo discontinuo.

Y eso en lo que se presume que son los logros del presidente, en la economía. Pero quedaban los aspectos más problemáticos para él: el apoyo de independentistas y herederos del terrorismo a sus políticas, y el trueque para ello de medidas que debilitan al Estado -delito de sedición, malversación…-. De forma tal que hasta el talón de Aquiles de Vox podía llegar a sonar como una aburrida letanía sin efecto. Además, que tanto el partido presidido por Abascal como Sumar de Yolanda Díaz -más el primero-, aparecieron sólo como convidados de piedra de una ceremonia celebrada una vez más en adoración al bipartidismo imperante.

Las campañas electorales han cambiado, en efecto. Pero no lo ha hecho la importancia en la orientación del voto que suponen las encuestas. Esta contienda además está siendo aderezada con “trackings” diarios en los más significativos medios de comunicación.

Desde muy antiguo he sostenido que los sondeos son en España una especie de primera vuelta de las elecciones, en especial para el grupo de los indecisos que se sitúan mayoritariamente en el centro del mapa político. Un conjunto de gentes liberales, ilustradas y con capacidad de convencer a sus círculos cercanos de lo adecuada que es su decisión.

Si conectamos ese voto al debate del día 10 con el efecto de arrastre que el partido de Feijóo obtendrá de los electores a su derecha y a su izquierda, no será difícil vaticinar que -salvo error grave- el candidato del PP se alce con una victoria bastante apabullante para su rival televisivo y para su contendiente en el espacio político de la derecha. Que sea para bien.

Usar la democracia para destruirla

Dagoberto Valdés es un joven cubano. Nació en el año 1955, con lo que anda ya por los 68; pero su ilusión por el trabajo, la energía tranquila que emplea en su vida cotidiana y su empatía con las gentes y las cosas nos demuestran esa cualidad de juventud de espíritu que, al cabo -habrá que resignarse- es el único consuelo que nos queda a los que somos de esa promoción.

Dagoberto -Dago, para los amigos- destripa, con precisión de cirujano experto, el proceso por el cual el populismo pervierte y destruye las democracias en las que se asienta.

El punto de partida del guión es que ya no existe espacio para la revolución. La ría del Nervión, que bajaría teñida de sangre como consecuencia de un proceso de esa clase -según relataba un militante maoísta bilbaino, tiempo después devenido en directivo de la Caja de Ahorros municipal-, produce en este mundo global y televisado un horror que nadie está dispuesto a soportar.

Es preferible entonces -como afirma Valdés- introducirse “en las dinámicas e instituciones del sistema democrático con un discurso demagógico y apocalíptico”.

Se comienza por la manipulación de los grupos más desfavorecidos, a los que con demandas a ellos dirigidas tienen a sus proponentes como únicos agentes susceptibles de su solución.

Elevan después a categoría de la generalidad los casos de corrupción. Todos los partidos y todos los políticos son, en consecuencia, deshonestos, de modo que es el propio sistema el que se encuentra viciado.

Su programa político tiene por lo tanto un carácter negativo o de rechazo del ‘statu quo’ anterior. Es importante para ellos establecer un marco cultural y educativo diferente del existente y sujeto al control del nuevo aparato ideológico-político.

Vincula, y con razón, Dagoberto, esa máquina de actuación con el portador del mismo: el hombre fuerte, al que se le entrega de manera ciega el mando y el control de la situación. Las instituciones han quedado sustituidas por él. Ya lo decía Emma Bonino: hay que confiar más en las instituciones y tener mucho cuidado con ese tipo de seres.

Se introduce entonces otro ingrediente del populismo, el de convertir las elecciones en un arma arrojadiza: “Vota donde más les duele”, aseguraba un slogan muy conocido en su época que utilizó Herri Batasuna en una campaña electoral a las europeas y que le supuso un importante rédito en términos de votos en esa contienda: ciudadanos refractarios con el sistema apoyaron la candidatura de un partido que alentaba y justificaba el terrorismo, y no lo hacían porque compartieran necesariamente ese procedimiento asesino, ni siquiera seguramente sus objetivos independentistas, se trataba de la opción “que más les j…”

De esa forma, quienes reciben el voto de los electores -no necesariamente su confianza- no resultan siempre acreedores de ellos, ni por su trayectoria anterior, ni por su preparación para el puesto a desempeñar, ni por los programas que presentan. El voto desde el resentimiento no augura demasiadas expectativas, tampoco del lado de los que lo ejercen: el odio nunca ha generado ningún resultado positivo, que se recuerde, en la historia.

La carencia de preparación de los elegidos se convierte en la acumulación de errores sin medida cometidos por ellos. Algo parecido hemos vivido en España con la ley del “sí es sí”. Pero no es ése sólo el caso, como asegura Dago Valdés, “cuando sale electo por métodos democráticos legitimados por una Constitución, en elecciones libres, plurales, competitivas y monitoreadas por la sociedad civil y auditores internacionales, entonces ellos mismos comienzan calladamente otra historia”.

Empieza entonces lo que el líder del proyecto Convivencia denomina como la “penetración” de los populistas en los tres poderes del Estado de Derecho. Para ello sitúan en esas instituciones a seguidores fieles. No son -según Valdés los más capacitados para el desempeño de tales funciones, ni los más honestos: les basta con que sean obedientes. Actuarán desde entonces como auténticas termitas, abriendo grietas desde dentro del sistema, convirtiendo en irreconocibles los conflictos que son normales en cualquier sociedad y atacando a las personas que encarnan el viejo régimen a destruir.

Para Valdés, este hecho hay que ponerlo en relación con el instrumento populista de la división, el enfrentamiento en la sociedad y el ataque a las fuerzas de orden público, lo que pondría en evidencia la supuesta ingobernabilidad del sistema, por supuesto que provocada por ellos mismos.

Efectuada esa operación, los populistas de nuevo cuño propinan el golpe letal, el definitivo: la reforma de la Constitución. Ya decía Pablo Iglesias (Turrión) que el gran error de los bolcheviques consistiría en no someter a referendo la revolución. No es necesario explicar que el nuevo régimen previsto por la Carta Magna que propondrán, destruye todos los elementos de la democracia liberal; la división de poderes, la libertad de expresión, de organización de partidos, sindicatos y asociaciones, de información… sustituyendo todo esto por unas elecciones falseadas que permitan la intervención del poder en todos los ámbitos de la vida política y social. 

Podrán luego gestionar mal o peor -como ocurre en Venezuela o en Rusia-, pero ya su poder ha devenido en incontestable y la posibilidad de un regreso a la normalidad poco menos que imposible.

Sirva este comentario como guía o aviso para navegantes más o menos crédulos sobre el impacto de los nuevos salvadores de estos tiempos, basado en mi, más o menos, libre interpretación -respetuosa, espero- de las ideas de mi amigo Dago.

Cómo crear un partido para destruirlo

En su ensayo "Twilight of Democracy", Anne Applebaum escribe: "Piense en cómo las compañías discográficas crean nuevas bandas de pop: hacen estudios de mercado, eligen los tipos de caras que coinciden y luego comercializan la banda publicitándola entre el grupo demográfico más favorable. Los nuevos partidos políticos ahora funcionan así: pueden agrupar temas, volver a empaquetarlos y luego comercializarlos, utilizando exactamente el mismo tipo de mensajes dirigidos, basados exactamente en una investigación de mercado, que sabe que ha funcionado en otros lugares".

Es cierto, la política -mejor, los partidos- se viven sometidos a una estrategia comercial permanente. Fabricar un producto político es muy parecido a crear un hit musical, un cosmético o un coche. Todas esas mercancías -y la práctica totalidad de las demás- vienen marcadas por ese signo. Hasta la cultura, el arte, la literatura, son aceptados o rechazados -encargados a sus creadores, incluso- sobre la base de su capacidad de transacción comercial ("ese tipo de novela no se vende…", observará el avezado editor a un descorazonado autor que ha puesto todas su energía y sapiencia en la elaboración de un determinado texto).

Además que hoy en día resulta relativamente fácil crear un partido político, como lo es la producción de una mercancía cualquiera, de acuerdo con la atinada reflexión de Applebaum. Véase el caso de la francesa "En Marche", que lleva en su nombre las siglas de su fundador, Emmanuel Macron; un partido que se hizo desde la nada, porque nada más que cenizas políticas existían a su izquierda y a su derecha inmediatas, no existía otra cosa que se opusiera a su partido que el populismo lepenista.

También el caso español evidencia la facilidad en la creación de un partido político. UPyD nacía de la mano de un grupo de aguerridos componentes del agit-prop que encontraba sus raíces en la lucha antiterrorista y en contra del nacionalismo que se imponía -y se impone, quizás ya de manera irreversible- en el País Vasco. El partido, del que quien escribe estas líneas fue fundador, concurriría a las primeras elecciones legislativas, presentando listas en todas las circunscripciones provinciales y financiaría su modesta campaña con bonos que sus suscriptores pudieron cobrar finalizada ésta, una vez que el partido magenta obtenía un escaño por Madrid para Rosa Díez.

El caso de Ciudadanos tiene también alguna similitud con el anterior, aunque sería la casualidad de la inicial del nombre de pila de su presidente (unida a la inveterada lejanía que los intelectuales han manifestado siempre respecto de su implicación partidista) la que le encumbraría a ese puesto. C’s nacería -como lo hiciera UPyD- en territorio hostil, y como respuesta a un PSC cada vez más entregado a los postulados nacionalistas. Un líder fresco, ambicioso y una campaña electoral que lo presentaba como alguien transparente y sin ataduras haría el resto.

Los partidos nuevos son producto de los seres humanos y -como éstos- nacen, crecen, se reproducen -en facciones, tendencias, capillas y sectas o grupúsculos- y mueren. También ocurre lo mismo con los partidos tradicionales, a veces: la omnipresente Democracia Cristiana en la política italiana, que constituiría su partido clave durante 50 años, desapareció sin dejar rastro, despeñada en el abismo por la corrupción; y el partido socialista francés, que tantos líderes generó para su país (Delors, Mitterrand, Rocard…) ya es sólo un apéndice de una coalición liderada por la extrema izquierda.

En nuestro caso también UPyD y C’s han cerrado sus barracones y regresado a sus cuarteles de invierno. Los personalismos mayestáticos y otros errores llegarían a arruinar unos proyectos que habían nacido con singular entusiasmo. No les importó a sus líderes el desencanto que provocarían entre sus gentes a base de procedimientos disciplinarios o imposiciones sin cuenta ni cuento. La irresponsabilidad de su comportamiento lastraría la imagen de esos dirigentes para lo porvenir, y es que la ilusión por el compromiso político de la ciudadanía resulta tan difícil de conseguir que su anulación constituye un delito (democrático) que ya que carece de artículo en el Código Penal debería tenerlo en el código de conducta ético, al menos el de la historia.

La vida de un partido político en este siglo de democracia líquida que corre en el presente siglo, ya no se parece a la que vivieron las organizaciones de la pasada centuria, cuando se paseaba uno por las ciudades intermedias de España -de toda Europa, al cabo- y se encontraba con las sedes de los partidos principales, con sus secretarios de organización y sus estructuras municipales y provinciales. Se trataba de una "democracia sólida", con cimentación, cimiento y paredes fijas, y algún retrato de Pablo Iglesias (Posse) o una foto dedicada por José María Aznar a la organización local correspondiente. Hoy bastaría con un experto en RRSS para ponerlo en marcha, y la sede es ya un territorio virtual, que no físico.

Nacidos y desaparecidos, queda por ver -la vida política es rica y procelosa- si los partidos políticos pueden revivir -o reencarnarse- después de morir. No es imposible, ya que tal posibilidad depende en especial de los que un día fueron sus electores. Y es que la virtualidad de la democracia no reside en los partidos -por mucha partitocracia que nos invada-, al final se basa en una ciudadanía que apoya, critica y hasta deserta de las ofertas que se le proponen.

La derecha española pierde el norte

Artículo publicado en El Imparcial, el 27 de junio de 2023

Cuando el partido que presidía Albert Rivera concluyó un resultado más que notable hace cuatro años en las elecciones municipales y autonómicas, decidió que la manera más razonable para gestionarlo consistía en negociar los posibles acuerdos con sus interlocutores políticos en los ámbitos correspondientes (local y autonómico). Eso era lo que preferían, por cierto, los equipos nacionales de los partidos con los que Ciudadanos se aprestaba a coaligarse, especialmente el PP: sólo en supuestos muy escasos, C’s podría reclamar alguna presidencia de ayuntamiento, y ninguna de comunidad autónoma, de modo que las apetencias del partido liberal se verían limitadas al solo escenario de alguna vicepresidencia y de contadas conserjerías o delegaciones municipales.

Eso ocurría -ya digo- en el año 2019, y el resultado de ese proceso fue que Ciudadanos jugaría en adelante un papel subordinado al Partido Popular, con el aditamento que suponen siempre los gobiernos de coalición: los éxitos -y los fracasos- de esos gobiernos los rentabiliza -o los debe asumir, en el caso de una mala gestión- la organización política que ostenta la presidencia del órgano correspondiente.

Cuatro años después, la anticipación de las elecciones generales por parte del presidente del gobierno estaba clara como el agua más clara de las que existan: que radicaba en la desmovilización de los sectores presuntamente más acomodados de la sociedad, en huida más o menos ordenada hacia sus lugares de veraneo; a la que se unía la idea de que los partidos de la derecha se enfangarían en una negociación caótica de la cual Sánchez y su formación política podrían obtener alguna ventaja electoral.

Anunciaría entonces el PP que no habría tal cosa, que bastaba con retrasar la formación de los gobiernos autonómicos -los locales tenían fecha fija- hasta después de celebradas las generales, de manera que se pudiera soslayar la sabida crítica socialista a las eventuales cesiones a entregar a los de Vox.

No ha habido tal, la ceguera de los populares en el escenario autonómico de las conversaciones, producto quizás de la experiencia positiva que mencionaba al principio de este comentario, unida a la tradición autonomista de un presidente con mando y plaza galaicos, se ha unido el empecinamiento de un partido -Vox- que ya va definiéndose en la peor de sus posibilidades: una formación disciplinada en el apoyo a su jefe, y en una singular heterogeneidad de componentes en los que se integran desde falangistas hasta libertarios, con una buena dosis de trumpismo, pasando por negacionistas del cambio climático, contrarios a vacunarse contra el COVID, antiabortistas, refractarios a la sola idea de la violencia de género…

Era más fácil, desde luego, para el PP pactar con C’s; especialmente porque eso no le exigía al partido que ahora preside Feijóo renunciar a ninguno de sus principios, cualesquiera que fueran éstos. Más complicado resulta negociar con el partido de Abascal, con el que cada acuerdo y cada declaración tiene difícil atravesar el tamiz de lo que hoy en día resulta generalmente admitido por la sociedad.

Ha sido paradigmático, en este sentido, el caso de la Comunidad Autónoma de Extremadura, donde el tono estridente y la filtración de determinadas actitudes han dañado de forma notable el buen fin de la operación. Hasta el punto de que en el equipo nacional de Génova se ha pasado de la singular aportación de las “matemáticas de Estado” (Bendodo) a perder el temor a navegar, -que decía Machado- que no sirve para el mar… ni para la política, añadiría yo.

Más le hubiera servido al PP ensayar una mesa nacional -más o menos discreta- con Vox, fijar en ella con carácter rápido los acuerdos más significativos y dejar después que los equipos autonómicos y locales perfilaran nombres, atribuciones específicas y medidas concretas, siempre de acuerdo con una mínima tutela nacional. Ya sé que no es esto lo que aconseja el Estado de las Autonomías. Pero esa manera de negociar no sería contradictoria con las competencias con las que cuentan los órganos correspondientes, y que las sedes centrales de los partidos tendrían serias dificultades de control, amparadas las decisiones de aquéllos como se encuentran por el ordenamiento jurídico.

Las estrategias de negociación no se agotan siempre en el resultado obtenido en el gobierno correspondiente, tenga la importancia que éste tenga, porque lo que importa de verdad -al menos en estos momentos- es ponerle fin a una etapa de mal gobierno, de intrusión del Estado en las instituciones, de permanente cesión a los intereses de quienes sólo pretenden acabar con la simple idea de una España para ciudadanos libres e iguales. Acabar con la mentira, con la exclusión del que no opina como el que manda, y, por cierto, defender los intereses de España en el ámbito exterior, y no los de otros países, por muy amigos y vecinos que sean.

Deberían el PP y Vox ser conscientes de que lo que se juega no es un consejero, siquiera un presidente, en Extremadura o en Murcia. La del 23 de julio no es, no puede serlo, una elección más. Se trata de una apuesta por la superación de una etapa que ya viene produciendo suficientes desgracias a la ciudadanía española, cuya perpetuación supondría deslizarse, a no tardar mucho, por una pendiente que podría alcanzar características, no por fácilmente predecibles, menos peligrosas para el mantenimiento de la sola idea de España.

La Iglesia española en la transición democrática

Ponencia para el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (22 de junio 2023)

Ya saben ustedes que en estos tiempos que corren hemos convertido a la Historia en un argumento político, que es algo así como desnaturalizar a la propia Historia. Porque la Historia no sabe de presente sino de pasado, porque bebe sus fuentes en los acontecimientos que han ocurrido antes, pero que, no por pasados, deberían condicionarnos: siempre somos capaces de modificarlos por nuestra acción (para mejor o para peor). La Historia supone, por lo tanto, una anticipación de lo que está por llegar (también para mal o para bien).

Por eso los historiadores aborrecen a quienes pretenden utilizar la Historia como justificación de sus acciones en el presente, y sólo piden que se deje hablar a la Historia, o lo que es igual, a sus gentes, a sus costumbres, a los hechos que han acaecido en ella… y que quienes conocen -quienes conocemos- que la Historia es maestra de la vida extraeremos las conclusiones que nos parezcan más oportunas, y añadiré, que sin el afán de convertir esas conclusiones en posiciones irrebatibles que se podrían convertir en armas de destrucción masiva en las contiendas dialécticas de la política actual.

Y ya que el motivo de esta ponencia consiste en referirse al papel de la Iglesia en la transición democrática que vivió nuestro país, permítanme regresar a mis recuerdos (“siéntate sobre tus recuerdos”, decía Leonard Cohen en uno de sus poemas). 

Y mis recuerdos de esa época (me refiero a la década de los años 70), se remontan al tiempo de lo que se dio en llamar el “tardofranquismo”. 

Quizás haya entre ustedes quienes no conozcan esa expresión. El tardofranquismo constituye la última etapa de la dictadura franquista que termina con la muerte del general Franco el 20 de noviembre de 1975. Se suele situar su comienzo en octubre de 1969, cuando se forma el gobierno presidido por el almirante Carrero Blanco, el principal consejero que tuvo Franco (tres meses antes, el dictador había designado como su «sucesor a título de rey» a Don Juan Carlos). Esta etapa también se identifica como la de la crisis final del franquismo, cuyo inicio algunos historiadores sitúan en el «Proceso de Burgos» de diciembre de 1970. Sólo unos meses después de la muerte de Franco, el profesor Jorge de Esteban y el magistrado y también catedrático Luis López Guerra, ya constataban que «desde los inicios de la década de los 70 se hizo evidente para la gran mayoría de los españoles que el país, tras una etapa de aparente calma, entraba de nuevo en una situación de crisis declarada, que se manifestaba sobre todo en dos datos: crecientes conflictos en el presente y aguda inseguridad cara al futuro».

Regreso a mis recuerdos. En los primeros años de esa década me encontraba terminando mis estudios de lo que entonces llamábamos bachillerato (educación secundaria), cuando un amigo del colegio me informaba de la existencia de una llamada “misa de la juventud”, que se celebraba todos los sábados a las 9 de la noche en una iglesia situada en el centro de Bilbao. La responsabilidad de esas eucaristías la tenía un cura -don Antonio- que no ocultaba sus simpatías izquierdistas. Apoyaban la organización de las misas un conjunto de grupos -o células-, que se unían por motivos de edad, y que estaban coordinados por otros sacerdotes -don Manuel, en nuestro caso.

El caso quizás sería más significativo, si cabe, en el País Vasco. Allí el nacionalismo estaba fuertemente impregnado de catolicismo, y su desvinculación con el franquismo se remontaba justo al primer momento en que se produjo el Alzamiento Nacional, al optar por el bando republicano, al revés de lo que hicieron los carlistas (recordemos que el fundador del PNV era de familia tradicionalista). Pero ésta es otra historia.

La misa de juventud de la parroquia de San Fernando tenía la consideración de filo-comunista en las fichas policiales, agregaría mi amigo; lo que, para aquellos tiempos adjudicaba, a la simple preparación de un oficio religioso, dosis ciertas de morbosidad y de la adrenalina que comporta cualquier tipo de riesgo.

Entre música de guitarras y versiones en español de canciones espirituales negras -el vascuence no había entrado aún en la épica pseudo-progresista de aquellos tiempos- explicábamos las lecturas del día, pretendiendo inocular algún “mensaje” indirectamente antifranquista y social a unos feligreses que, en su mayor parte, sólo pretendían cumplir con el precepto dominical y así aprovechar la mañana del  domingo para realizar otras actividades de esparcimiento. He de confesar que una hora de guitarras y contenidos político-sociales les debía parecer un tanto excesivo a buena parte de nuestro público.

Estas misas no eran, desde luego, un caso aislado: la Iglesia -algunos sectores de ésta- venía ya trabajando por el cambio político. Y la pregunta surge, creo, de manera inmediata: ¿qué había ocurrido para que en una Iglesia abiertamente profranquista -recordemos que el Alzamiento Nacional del 18 de julio de 1936 sería bautizado como una “Cruzada”-, existiera, pasado el tiempo, una posición tan contraria al régimen?

Quizás convenga explicar que esa definición de “Cruzada” no resultaba singular en el marco de los enfrentamientos religiosos vividos en España al menos desde el siglo XIX. El asfixiante principio por el que la religión católica era la única y oficial en España -un principio que resultaba intolerante e intolerable incluso para los católicos liberales- se mantuvo hasta la Constitución de 1869, estuvo entre las principales causas de las guerras carlistas y alimentaría las políticas anticlericales de liberales -como por ejemplo la de Canalejas-, republicanos y el emergente movimiento socialista. Estos últimos llevaron hasta el extremo esa idea en la frase lapidaria de Manuel Azaña (“España ha dejado de ser católica”) y dejaron pasar con indiferencia la quema de los conventos de mayo de 1931, apenas un mes después de proclamada la II República (“todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano”, dijo entonces también Azaña). A mi modesto entender, ahí acabó ese régimen, que era sólo para republicanos, es decir, sólo para la parte pretendidamente progresista de España, orillando, excluyendo, al menos, a la otra media España de la mera posibilidad de construir un proyecto compartido. La expulsión  constitucional de la Compañía de Jesús (con el pretexto de su voto de obediencia al Papa, Jefe del Estado de un país extranjero) y el hostigamiento permanente a la jerarquía de la Iglesia y a los católicos, conduciría a lo que en términos actuales calificaríamos de polarización de la vida -política y social- española y abriría el camino a la contienda (in)civil. 

Pero la sociedad española no quedaría en una especie de foto-fija en ese año 1936, por fortuna. Existió, eso sí -justo después de la guerra-, un hilo conductor que hermanaba la autarquía económica, el aislamiento político internacional y la ideología falangista, y que perduró básicamente hasta el plan de estabilización de finales de la década de los 50. A partir de entonces, España empezaría a cambiar: el desarrollo económico, la extensión de la clase media y de la propiedad (con las letras y a plazos se compraba un utilitario, una lavadora y hasta un pisito en la sierra). Eran los tiempos del “¡adelante hombre del 600, la carretera nacional es tuya!”, que cantaba Moncho Alpuente.

Y el desarrollo económico, la apertura de España al exterior y la entrada de turistas modificaría también el modo de relacionarse con el ámbito religioso y con la Iglesia Católica. La ley de libertad religiosa de 1967 -recordemos que nuestro país se encontraba ya en la etapa que hemos calificado de tardofranquista- ya expresaba que los españoles podían ser católicos, protestantes, musulmanes, agnósticos o ateos, sin que por ello fueran objeto de persecución o menoscabo público. No deja de ser cierto que esta ley se quedaba corta y que, por ejemplo, los matrimonios civiles sólo se podían celebrar en el caso de que los futuros cónyuges no fueran católicos; pero quedaba claro que el régimen aceptaba la existencia de la diversidad en cuanto a las creencias religiosas que existía en España.

Y es que se trataba ya de una nueva generación, la que no había hecho la guerra y no quería repetirla. Esa generación que a finales de los años 50 según pondría de manifiesto el propio PCE -el partido comunista-, se expresaba en términos de una reconciliación nacional (“los hijos de los que hicieron la guerra en un bando y los hijos de los que la hicieron en el otro, no quieren que vuelva a ocurrir”, decían entonces).

La misma Iglesia no resultaba inmune a ese proceso de cambio. Por supuesto que subsistían muchos cientos de curas carpetovetónicos, como el “don Roque” que cantaba Cecilia. Muchos de nosotros recordamos a esos presbíteros con sotana que hacían detenerse y arrodillarse a la gente en la calle cuando pasaban detrás de un monaguillo que tocaba una campanilla avisando de que venía detrás un cura con la Sagrada Comunión que recibiría un feligrés en su domicilio; o los ejercicios espirituales que producían largas colas frente a los confesionarios, porque un figurado Juanito había muerto en un accidente, en pecado mortal y se había condenado.

Porque existieron también los llamados “curas obreros”, que bajaron del púlpito para meterse en el tajo. De la quietud noble de los recintos eclesiásticos a la algarabía empobrecida de los excluidos. Tomaron partido por el pueblo y, por esto, fueron conocidos con ese nombre. Unos 800 sacerdotes que desde los años 60 del siglo pasado lucharon por las libertades democráticas, renunciando a su salario oficial para vivir, y trabajar, junto a los más necesitados.

Tampoco resultaría inmune a este signo de los nuevos tiempos la jerarquía de la Iglesia. No en vano, alguna decisión del general Franco sería fuertemente objetada por el Vaticano, así el papa Pablo VI ordenaba romper con el régimen, lo que fue contestado por éste en el año 1964 abriendo una cárcel para curas.  Montini llamaría en junio de 1975 repetidas ocasiones al dictador para evitar las últimas ejecuciones de penas de muerte, sin que Franco se pusiese al teléfono. 

Y es que también se había producido el gran cambio en la Iglesia Católica  que había puesto en marcha el papa Juan XXIII y había culminado Pablo VI. Era el Concilio Vaticano II. Este cónclave constituyó una puesta al día o actualización de la Iglesia, renovando los elementos que más necesidad tuvieran de ello, revisando el fondo y la forma de todas sus actividades. Una adaptación que sería desbordada por quienes la llevaron al extremo de lo que se conoció como “Teología de la Liberación”, que influyó fuertemente en Iberoamérica, inaugurando un período de crisis en la que miles de sacerdotes católicos abandonaron el ministerio, entre ellos alrededor de 8.000 jesuitas.

Paradigma del espíritu del Concilio lo sería en España el arzobispo de Madrid-Alcalá, Vicente Enrique y Tarancón, más conocido como el cardenal Tarancón, que ejercería su cargo en un periodo trascendental de la historia española (diciembre de 1971 - abril de 1983), esto es, a lo largo de toda la transición a la democracia. 

El cardenal Tarancón sería denostado por las fuerzas más reaccionarias. Algunos recordarán el grito de “¡Tarancón, al paredón!” en los funerales del almirante Carrero. Pero queda también para la Historia la misa que presidió el prelado con motivo de la proclamación como Rey de Don Juan Carlos, que supondría la bendición de la Iglesia española a la transición a la democracia. Pero si el cardenal no tuvo éxito con los sectores más conservadores de la población, tampoco lo tendría con el papa Juan Pablo II, quien aceptaría su dimisión. 

La resuelta actitud del cardenal Tarancón en favor de la democracia se desprende también de las memorias que publicaría después de su renuncia -que titularía como “Confesiones”-, en las que relataría que llegó a tener la orden de excomunión del general Franco en su bolsillo.

De todo lo expuesto, podríamos concluir que la Iglesia Católica -la jerarquía y, desde luego, sus fieles- no permaneció ajena al proceso de transición emprendido por las fuerzas políticas democráticas. La Iglesia no supuso un obstáculo, sino un acicate en el mismo. Otra cosa es que el integrismo católico observara con buenos ojos esta actuación, pero habrá que reconocer que los sectores más inmovilistas serían desactivados por la inteligente actuación de quienes se situaron en el puente de mando político, bajo el apoyo cierto y constante, del Rey Juan Carlos.

Las luchas por causa de la religión, la catolicidad de España y el anticlericalismo habían quedado atrás: la relación del hombre con Dios hacía ya muchos años que había salido del ámbito público y se insertaba en el privado. España no sería tampoco, en este caso, una excepción al signo de los nuevos tiempos.