El partido de Macron y el de Rivera a la luz de las últimas elecciones francesas

Artículo publicado originalmente en El Imparcial, el viernes 13 de agosto de 2021 

Ha pasado algún tiempo desde que se celebraron en Francia las elecciones regionales y municipales. Y el tiempo pasado nos remite al recuerdo de hechos que allá y aquí nos resultan cercanos, en una especie de “revival” de la “recherche” proustiana; sólo que en este caso el tiempo no está perdido sino reencontrado.

El primer reencuentro con la realidad es el que los medios de comunicación han resaltado, y que constituye la atonía en el interés participativo de la ciudadanía francesa. Sólo un 33% acudía a las urnas en la primera vuelta -entre los menores de 25 años, el 20%-. Un porcentaje similar votaba el pasado 27 de junio, en la segunda ronda.

Ocurre con la política lo que es habitual también en la economía, que cuando la oferta es poco menos que inexistente (Francia es un país fuertemente centralizado, y las regiones cuentan con competencias más administrativas que políticas), la demanda se retrae y los ciudadanos no comparecen en los colegios electorales.

También está el factor desmovilizador provocado por la pandemia. No sólo por el comprensible miedo al contagio que ésta produce, sino también por la general percepción de la deficiente gestión que las clases políticas en los diferentes países han practicado respecto del covid’19. El deterioro de la confianza se curará pronto, una vez que se produzca la inmunidad de grupo y llegue el rebote de la economía; pero volverá, con más fuerza todavía, cuando las políticas antiinflacionistas aparezcan en escena y las alegrías de los fondos de rescate se tornen en ajustes.

Parece evidente que la abstención ha sido la rotunda vencedora en estos comicios. Cualquier análisis sobre los resultados obtenidos por los diferentes partidos en liza deberá por fuerza ceder ante esta realidad. Siquiera sea imprescindible avanzar una reflexión acerca del escaso resultado de LREM (La République en Marche) del presidente Macron. LREM es, más que un partido, un artefacto político fabricado a la medida de su promotor como instrumento para alojarle en el palacio del Elíseo. Este artefacto ha servido al primigenio objetivo previsto en su creación, pero dado que no se trata de un partido, no resulta válido para su confrontación con formaciones políticas de larga tradición y con presencia reticular en departamentos y municipalidades. El magro resultado obtenido por LREM -un 10% de los escasos votos emitidos- es la más evidente confirmación de este pronóstico.

Algo similar ocurrió con el partido español que forma parte de la misma familia política europea que el LREM francés. Me refiero a Ciudadanos. Éste sería el segundo reencuentro en nuestro particular viaje por el tiempo. Convencida la formación política liderada por Rivera de que lograría el ‘sorpasso’ respecto del PP en el año 2019, dada la escasa ventaja de éste en las inmediatas elecciones generales, Ciudadanos se afanaría por conseguir el liderazgo en el espacio del centro-derecha en las municipales y autonómicas.

En realidad no había modo de arrebatar esa primacía al PP, al menos en aquel momento, porque la diferencia en cuanto a estructura, implantación, experiencia de gestión y su consiguiente prestigio en el desempeño de los puestos, era abismal en favor del PP y en contra de Cs.

En el día de hoy, con el concurso de las Redes Sociales, resulta relativamente fácil crear una plataforma electoral y aun alzarse con la victoria en unas elecciones de carácter general (sean éstas presidenciales o parlamentarias). Resulta más complicado que esa estructura, un tanto artificial, sirva para llegar a regiones y municipios. Eso exige tiempo y esfuerzo, tejer relaciones personales de confianza (que a veces hasta pudieran incurrir en la construcción de redes clientelares que tengan un vago aroma a caciquismo político, con el eventual aditamento de la corrupción). Además se exige para cumplir este objetivo, definir una ideología de fácil percepción en los niveles locales, en los que los conceptos izquierda, derecha, nacionalismo, populismo son elementos de reconocimiento rápido y que no precisan de grandes explicaciones. Es preciso conceder, en cuanto a éste último aspecto, que el liberalismo, muchas veces desvaído en sus posiciones centristas, no juega en terreno fácil como no sea en ámbitos urbanos y, aún más, cosmopolitas.

Tarea tan difícil como la de convertir una plataforma electoral en un partido con presencia en todas las instituciones, es algo de lo que los dirigentes de la macroniana LREM han desistido. No ha sido ése, empero, el caso de Ciudadanos que, superada su fase de organización política, fundamentalmente radicada en Cataluña, se decidió a crear un partido de vertebración integral en el conjunto de España. Una tarea muy compleja, que ya recibió sus críticas, en especial por parte de los negociadores de UPyD, allá por el año 2014.

Más allá de las estrategias de unos y de otros, se diría que la política de partidos en estos años de la tercera década del siglo XXI, constituye una difícil integración de las prácticas del siglo pasado con las de éste. Si un partido aspira a obtener el poder, el que se escribe con letras mayúsculas, debe protagonizarlo en todas las esferas de la vida pública institucional, sin excluir ninguno de los escalones que la componen; pero tampoco debe negarse a incorporar a su gestión las nuevas técnicas de comunicación y agregación de contenidos y adherentes que provienen de las Redes Sociales, que ya pernean a todas las capas de la sociedad y a las diferentes generaciones de ciudadanos. Los viejos partidos, dotados de sus estructuras aparentemente obsoletas, de sus sedes y sus dirigentes locales o regionales, siguen, a pesar de su presunta obsolescencia, representando en su cercanía a grandes extractos de votantes; y los nuevos, con sus sedes virtuales, sus representantes mediáticos y sus mensajes de WhatsApp, rabiosamente actuales, conectan con unos y otros seguidores.

Puede parecer una integración complicada, pero ya todos -o casi todos- los partidos rinden tributo a ambos sistemas organizativos. Bien es cierto que, generalmente, los partidos antiguos han incorporado los nuevos procedimientos de manera un tanto adjetiva, artificial. En cuanto a los partidos -agrupaciones de electores o como quieran denominarse- que se han venido creando en los años más recientes, su tributo a las estructuras pesadas de las viejas organizaciones parece algo distante, cuando no indiferente, salvo cuando son llamados a activar esos procedimientos exigidos por las circunstancias electorales.

El modelo de partidos estadounidense, ligero de armazón organizativa, se convierte así en una referencia que podría integrar ambos modelos (el del siglo XX y el del XXI). Bien es cierto que los males de la polarización política, y su consecuencia en la ausencia de colaboración entre sus dos principales formaciones políticas, viene reclamando reiteradamente en diversos sectores de opinión la creación de un tercer partido.

No hay, desde luego, en este tiempo reencontrado de la vida de los partidos soluciones definitivas. En especial en este mundo posmoderno, de inmediatez en la respuesta, de la confusión y de lo difuso. Aunque lo más probable es que las estructuras sólidas, las certidumbres ideológicas y quienes se afanan en la recuperación del clasicismo, parecen efluvios de un parque jurásico en peligro cierto de extinción. ¿Por cuánto tiempo? Nadie lo sabe.

Cuba, los procesos de transformación política y social, en perspectiva

Artículo publicado originalmente en El Imparcial, el jueves 29 de julio de 2021

Han pasado poco más de dos semanas desde la movilización cívica del 11 de julio en Cuba, a la que ha seguido la habitual oleada represiva por parte del régimen castrista. ¿Constituirán estas protestas el preámbulo del fin de la llamada “revolución”?

Se trata de una pregunta de respuesta difícil. En todo caso, haré una reflexión que tenga en cuenta otros procesos de transformación política ocurridos en países como España (década de los ‘70), el desmoronamiento del régimen soviético (iniciado a finales de los ‘80) y las llamadas “primaveras árabes”, que daban inicio a principios de 2010). Se tratará, desde luego, de un relato breve: no es objeto de este comentario agotar asunto tan complejo.

Como punto de convergencia de los señalados procesos de transformación política, diré que situaban estos la doble reivindicación por la ciudadanía de las diferentes sociedades citadas del bienestar económico y las libertades políticas. Dos reclamaciones que, al cabo, eran una sola, porque la mejora económica individual y familiar (a la que se une ahora también, y ha sido una de las causas de las protestas cubanas, una gestión eficaz de la pandemia) se asociaba a un espacio de libertad en el que los ciudadanos pudieran condicionar en su favor las políticas de los gobiernos. Las democracias occidentales, corolarios del doble principio expresado, se convertían así en faro de referencia de esos objetivos a conquistar. El mundo globalizado es uno, a pesar del empeño de los dictadores que se obstinan en cerrar sus países a toda influencia exterior; y las antenas parabólicas de televisión y las más modernas redes sociales vienen encargándose de abrir los ojos de los ciudadanos más proclives a la ceguera. Es de señalar también la importancia que el relevo generacional tuvo en esos procesos y está teniendo también en Cuba: un nuevo contingente de ciudadanos absolutamente ajenos a los objetivos y a la mística de quienes muchos años atrás establecieron esos regímenes.

Conviene, sin embargo plantear dos excepciones a la regla descrita, que no obstante la confirman.

La primera es el caso español. Al contrario de lo ocurrido en el desastre del sistema soviético y con la irrupción de las primaveras árabes, el régimen presidido por el General Franco ya había emprendido un programa de apertura y de reformas económicas a finales de la década de los años ‘50, conocido éste con la denominación de “Plan de Estabilización”. Como consecuencia del mismo, España viviría un proceso de crecimiento económico y de convergencia con otras economías occidentales -especialmente las europeas- que harían inexcusable la transición a la democracia a la muerte del dictador. No debe olvidarse, en este último sentido, el imprescindible motor para ese proceso que fue el Rey Juan Carlos, sin el cual la reforma política se habría encaminado hacia una salida enormemente delicada.

No es aplicable el caso de España al de Cuba, ya que ha carecido éste de la política de reformas económicas que puso en marcha España; y también le falta la figura de un árbitro y promotor del cambio político como lo fue el Rey. De la vieja guardia -del generalato castrista- no se puede esperar grandes soluciones aperturistas.

La otra excepción, ésta referida a las primaveras árabes, la constituyen los regímenes monárquicos de algunos de los países del entorno en los que se produjeron. Dotadas las monarquías árabes de un cierto carácter teocrático (diríamos que medieval, en términos occidentales), la condición del monarca procede directamente de Dios (recuérdese, en este sentido, que el rey de Marruecos es también “comendador de los creyentes”, esto es, jefe religioso de su país), por lo cual resulta enormemente complicado que las banderas alzadas en contra de esos regímenes pudieran contar con el necesario respaldo popular.

Despejadas estas dos excepciones, sería el momento de analizar los dos procesos que más puedan servir para conocer el desenvolvimiento futuro de la crisis cubana.

El caso del derrumbamiento del régimen soviético, en primer lugar, tendría su origen en el atraso tecnológico de este sistema, que no se sustentaba en otro punto de apoyo que no fuera la incapacidad de las economías dirigidas por el Estado en la provisión de bienes y recursos a su ciudadanía. El edificio comunista estaba desarbolado internamente (como ciertamente también sucede en Cuba), pero quizás habría subsistido durante algún tiempo más de no ser por las políticas emprendidas por el Secretario General del Partido Comunista de la URSS, Mikhail Gorbachov, cuyas “perestroika” y “glásnost” pusieron en evidencia el agotamiento del sistema y abatieron los muros que separaban a los estados sujetos por su yugo de los occidentales europeos. No deja de resultar sintomático que uno de los reproches que ha formulado el Partido Comunista chino a su homólogo soviético ha sido precisamente el de no haber resistido lo suficiente.

La palabra “resistencia” viene a cuento en lo que se refiere a las primaveras árabes, y resulta también aplicable al caso cubano. No deja de ser evidente que los países que se han opuesto con éxito a los vientos de cambio que traían las “primaveras” lo han hecho a pesar de la contrariedad de sus poblaciones (el supuesto de Argelia, con el Hirak levantado en contra del régimen de Butefika, y la enorme abstención en los procesos electorales que han tenido lugar desde entonces), e incluso sometiendo al país a un despiadado baño de sangre (el caso de Siria con El Assad). La capacidad de aguante de los sistemas políticos ha tenido también su aspecto de ida y vuelta, como ha ocurrido en Egipto, donde a un gobierno de los “Hermanos Musulmanes” le ha sucedido de nuevo otra dictadura similar a la primitivamente sustituida por la “primavera” de ese país.

La estabilidad de los regímenes a clausurar por estas diferentes iniciativas políticas es un elemento, a mi juicio, clave para establecer un vaticinio respecto del desarrollo de lo que la sociedad cubana ha puesto en marcha el 11 de julio. Una estabilidad que no sólo -aunque también- se refiere al régimen en cuanto tal y al conjunto de fuerzas políticas, económicas y militares que lo apoyan, sino también respecto de los aliados que lo defienden. El caso de Siria no se explica si no se introduce en la ecuación a Rusia y la inacción de los Estados Unidos (a Europa, con su “soft policy” no se la espera en prácticamente ninguno de los conflictos que la afectan, incluso teniendo en cuenta la oleada de refugiados que ha supuesto la guerra civil siria sobre el viejo continente).

Cuba carece de aliados consistentes. Rusia y China sólo parecen estar interesados en los negocios que les pueda suministrar, en todo caso escasos; y Venezuela ya no puede aportar prácticamente nada. Nuevamente el papel de los Estados Unidos es sustancial en el desarrollo de esta crisis, y las primeras reacciones del presidente Biden resultan bastante dubitativas, carentes de estrategia y solamente basadas en el rédito electoral que les puedan proporcionar; no es extraño, su propia casa, la del partido demócrata, está ampliamente dividida entre un potente sector izquierdista y los más pragmáticos. El caso de Europa -en especial de España-, a pesar de haber jugado un papel irrelevante, cuando no abiertamente negativo, en los últimos tiempos, debería ser activado por los opositores cubanos y sus apoyos en Europa.

La unidad de las fuerzas políticas y civiles de la disidencia cubana (una unidad que tantas veces ha brillado por su ausencia), y la oferta generosa de un diálogo con las autoridades castristas para un cambio de régimen pactado (que eventualmente podría agrietar la ya un tanto deteriorada consistencia del mismo), pienso que tendrían que ser promovidas con urgencia. Y a ello habría que sumar una iniciativa internacional, apoyada por Estados Unidos y la Unión Europea, que debería intentar el amparo de Naciones Unidas.

¿Salvar al PSOE?

 Artículo publicado originalmente en El Imparcial, el jueves 15 de julio de 2021

Reflexiona García Venero en su “Madrid, julio de 1936” sobre las causas por las que el PSOE —y la UGT— no siguieran en el año 1930 en Madrid, pero sí en provincias, la consigna de huelga general decretada por el comité revolucionario que se constituía a raíz del Pacto de San Sebastián para el advenimiento de la II República. En este sentido, explica el citado periodista e historiador que, “tanto el PSOE como la UGT no quisieron dar el gran paso hasta que los militares actuaran de forma drástica, allanando el camino”. Y concluye el citado autor que “existió siempre un sentido patrimonial en los cargos supremos del partido y la UGT. ¡Salvar al partido, salvar a la UGT! He ahí la influencia de Pablo Iglesias”.

Ese “hay que salvar al PSOE” constituye pues elemento esencial en la historia del partido fundado por Pablo Iglesias Posse. Y tiene por cierto para esta formación política más importancia que la emancipación de la clase trabajadora de su “O” de “obrero” (cada día más alejada, tanto de la realidad social y económica, como de las preocupaciones de esta organización), o incluso de la obtención y aun mantenimiento de la democracia o del liberalismo (como demuestra la actitud colaboracionista de uno de sus líderes, Largo Caballero, en la Dictadura del General Primo de Rivera).

Heredero de esa historia, el PSOE ya no tiene necesariamente que ver con los intereses de los trabajadores, tampoco de las clases medias, fustigadas por los dos partidos que se turnan en el poder en España; ni con los jóvenes, a quienes se les niega en el presente la independencia que proporciona el puesto de trabajo y con él el futuro de una pensión digna; ni tampoco a las modernas tendencias de la igualdad sexual y el respeto a las minorías LGTBI, mera pantalla de un progresismo que hace mucho tiempo dejó de reconocerse a sí mismo como tal. Los ejemplos podrían eternizarse, si los extendiéramos al mundo de la educación, de la sanidad, de la cultura…

El PSOE no es ya -no sé si lo fue en algún momento de su larga y discontinua vida- un instrumento al servicio de la sociedad. Y con independencia de que alguno de los partidos del arco parlamentario pudiera resultar acreedor a esa condición, la formación política que lidera el actual presidente del Gobierno sólo sirve a sus propios intereses. Habrá que decir que a los intereses de su secretario general, ni siquiera a los de su partido, como la reciente crisis que ha propiciado Pedro Sánchez parece demostrar. Porque el actual inquilino de la Moncloa se diría que carece de amigos, de acreedores en su ascensión y mantenimiento en el poder, y también de equipo en el que reconocerse.

Salvar al partido sería —en la versión actual del sanchismo socialista— salvar a Sánchez. Un político prácticamente amortizado por los errores en la gestión de la crisis, la subasta de España entre quienes sólo pretenden acabar con ella y el ataque al estado de derecho y a su clave de bóveda que es la independencia del poder judicial.

La reciente remodelación del Gobierno huele a elecciones lo mismo que las bicicletas incorporaban cierto aroma a verano, como recordaba la pieza teatral de Fernán Gómez. No acaecerán los comicios sin embargo en breve plazo, porque aún debe lograrse la inmunidad de grupo (un tanto lejana, dados los recientes datos respecto de la incidencia de la pandemia), de un cierto efecto rebote de la economía (que también se retrasa, con un verano seguramente perdido, siquiera empatado en el mejor de los casos, en el turismo y la hostelería) y la llegada de los fondos europeos.

Es corto a mi juicio el espacio que tiene el presidente para convocar Generales. Debería producirse en el paréntesis que se abra entre una cierta recuperación económica y el momento en el que se cierre ésta, porque la inflación campe a sus anchas en la geografía económica internacional y los tipos de interés (incluyendo por supuesto los que afectan a la deuda pública, ya desmesurada en España) empiecen a crecer, poniendo punto y aparte a una fugaz mejoría de nuestras cuentas privadas y públicas.

No deberá esperar Sánchez tampoco que la inminente mesa de negociación con el independentismo catalán vaya a proporcionarle más réditos que disgustos, si bien los dineros de Europa conseguirán aquietar la concreción de las amenazas de los diferentes sectores del nacionalismo de esa tierra, azuzados los unos por los otros en una imparable contienda. Parece cada vez más demostrado que esa ideología política se mueve más por el vil metal que por los sacrosantos principios, sean o no estos compartibles. Y en tanto que los recursos fluyan desde el resto de España a esa región —incluida la vergüenza de que también les debamos pagar sus responsabilidades pecuniarias como perpetradores de la malversación de fondos que supuso el ‘procés’ soberanista— no parece que estén dispuestos a nuevas aventuras secesionistas.

Pero aunque éste es un gobierno agotado, sin proyectos y sin excesiva capacidad de subsistencia, el PSOE sigue siendo la única maquinaria partidaria —y partidista— que permanece en el deteriorado solar político de España. Profesionales del poder, los socialistas siempre han sabido cómo obtenerlo y de qué manera perpetuarse en él. Por eso, no debería confiarse la oposición —en especial el primer partido de la misma— de que la organización liderada por Sánchez esté ya liquidada para el porvenir más o menos inmediato. El juego de la política es muy duro y el contrincante que tienen practica el juego que puede, incluyendo el que pueda parezca más sucio. No les van a regalar nada y, por el contrario, les pondrán todas las trampas de que sean capaces.

Debería el PP, y su presidente, mantener a raya a sus trepidantes barones —y baronesa— y establecer a su vez estrategias novedosas que puedan romper la del partido en el poder. Alguna —¿algunas?— iniciativa que oponga a la mera salvación del PSOE, la liberación de España de las malas prácticas socialistas y de las peores de sus socios.

Los fondos europeos y la sociedad civil controlada por el Gobierno

Tribuna publicada originalmente en El Imparcial, el sábado 3 de julio de 2021 

Agotado el episodio de la tramitación gubernamental de los indultos, presentados estos como un medio para obtener la finalidad de la normalización política, los ciudadanos españoles asistimos con perplejidad a un nuevo espectáculo de la timba a la que Pedro Sánchez da comienzo, una vez aprobada por la Comisión Europea la primera partida de los fondos que integran el Plan Europeo de Recuperación (‘Next Generation’), con motivo de la pandemia. 

No es singular que instituciones regionales y empresas se apresten a sumarse a la convocatoria del sorteo de recursos. Con independencia, por supuesto, de que los efectos sufridos durante la sequía económica provocada por el Covid’19 hayan tenido una particular gravedad sobre ellas o que sus proyectos de futuro tengan relación con la pretendida oportunidad de crear un nuevo paradigma para España o la recuperación de nuestro tejido productivo. Afectados por l la pandemia o dispuestos a cambiar la estructura económica del país… es igual. Se trata de dinero fresco que llega, que se diría caerá simplemente de las ramas de los árboles y que, cuando se acerque el momento de devolver la cuantía que no es objeto de subvención, ya habrá compensado las arcas de los organismos públicos y engordado las cuentas de resultados de las empresas.

Esta reflexión como se enmarca en los debates puntuales que han venido produciéndose en las últimas semanas. Por ejemplo, el doble juego de la Generalitat -no lo calificaré de nuevo porque es tan viejo como lo es el nacionalismo- del victimismo y la arrogancia de unos, junto con la complacencia de otros, o las dos a la vez, en relación con las medidas de gracia. ¿Qué se pretende con esas actitudes? Por supuesto, beneficiarse de los indultos, pero también tender la mano para que los recursos muníficos de Bruselas no se queden en cualesquiera otras Comunidades Autónomas. No será suficiente, se pretende otra cosa, aseguran, pero se trata de un partido al que todos quieren jugar, y no conviene que el árbitro se lleve el balón a otro campo. Y queda la inevitable pregunta: ¿generarán la habitual dosis de corrupción para los predios catalanes -y otros- esos nuevos recursos? Los tribunales -los de Cuentas y los otros- deberán prestar su atención a estos extremos, sin perjuicio también de la en apariencia inevitable propensión del Gobierno Sánchez de disputarle terreno a la justicia. 

Ocurre algo similar en el mundo de la empresa. En la medida en que el Gobierno no ha previsto un sistema independiente y transparente de distribución de los fondos, el procedimiento se parecerá una vez más -¿para cuándo su modificación?- al “capitalismo de amígueles” que ya ha desvirtuado de forma notable la economía de mercado prevista en nuestra Constitución. Habrá quien piense que, desaparecida con la pandemia la asistencia a los espectáculos deportivos, el papel distribuidor de prebendas y de arreglos bajo mano de jugosos contratos había desaparecido de los palcos de algunos estadios de fútbol. No hay nada nuevo bajo el sol, decía el poeta, ni platea reservada para Vip’s que vaya a desaparecer después de que la pandemia quede únicamente en el recuerdo.. Buena parte de eso mismo les pasa a las organizaciones empresariales y, por extensión, a los sindicatos: que les es muy difícil mantener posiciones de independencia respecto de los sucesivos gobiernos. Les va en su dependencia respecto de las primeras, el preservar algunas de sus posiciones económicas y la capacidad de influir en las políticas de las administraciones. Respecto de los sindicatos poco más se puede añadir, ya que dependen prácticamente en absoluto de los ingresos públicos. Valdría la pena conjeturar un futuro marco de relaciones laborales basado en la existencia de organizaciones plenamente autónomas y con un Estado que actúe con una estricta aceptación respecto de esa autonomía, lo mismo que un sistema de atribución de los contratos públicos que no reparta entre unos pocos, y siempre los mismos.

Lo cierto es que la realidad económica española es claramente dual: hay quienes apechugan con todas las crisis, pagan la mayoría de los impuestos y contratan a buena parte de los empleados, sin recibir apoyos ni ayudas: son los que “cardan la lana”, y se llaman pymes; y otros, que no dejarán de hacer bien su tarea, pero que de manera indefectible reciben casi todos los recursos: que son los que “se llevan la fama”. 

Hay una sociedad civil española intervenida y colonizada por el Estado. Por lo mismo que una empresa privada que sufre del abrazo del oso a cambio de prebendas; existen unos poderes autonómicos dispuestos a jugar al victimismo con una mano y a poner la otra para hacer caja. Y hasta una Conferencia Episcopal que prefiere aceptar los criterios de los obispos catalanes que los del resto, quizás porque también el omnipresente poder público les mantenga atenazados por otras posibles actuaciones. 

La verdadera revolución que necesita España tal vez no sea ni socialista ni conservadora; centralista, federa o confederal; de género o de transgénero… sino la de crear una verdadera sociedad civil independiente de los gobiernos que permanezca alerta a los abusos de éste. Una tarea que no corresponde a partidos ni a instituciones, que deberían autolimitar y no sobrepasarse en sus funciones, sino al conjunto de las gentes, porque la democracia no se defiende sólo con el voto.

El mantel de nuestra Constitución

 Artículo publicado originalmente en El Imparcial, el viernes 18 de junio de 2021

En contra del viento de la prevención legal del Tribunal Supremo y de la marea popular de la concentración madrileña de la plaza de Colón, el Gobierno sigue decidido a promover los indultos a los condenados por impulsar el proceso independentista. Afirma que así será posible iniciar un reencuentro con Cataluña y, por boca de otros voceros socialistas, dibuja un escenario final con un referéndum en esa región para aprobar un nuevo Estatuto; una disposición normativa que, hoy por hoy, nadie parece querer. 

Se trata al cabo de la escenificación de una ya muy antigua farsa en la reciente historia de la España democrática. No se cerró en su día el modelo autonómico -quizás porque los constituyentes tuvieron pánico a la sola mención del término “federalismo” y su evocación de cantonalismos fragmentadores- . Y esa no definida situación se ha convertido en una grieta cada vez más amplia por donde se pierde a chorros la unidad de España y se engordan los cacicatos que algunos, ingenuamente, creían superados.

Es la farsa que reside en creer en la afirmación de que un retazo más de transferencias de las nuevas competencias otorgadas servirá para contentar a los nacionalistas. Pero ya sabemos que no es así, lo decía Leopoldo Calvo Sotelo (“los nacionalistas, como los sindicatos, siempre piden más”). Tampoco ayudará a este Gobierno en la solución definitiva del asunto, porque no parece que la pretenda, sino más bien mantenerse en el poder por el tiempo que pueda hasta que las encuestas -las de verdad, no las de Tezanos- le animen a convocar elecciones.

Grave y alto precio que retribuye algo tan precario como la continuidad del poder sanchista. Un poder fabricado de concesiones y falsedades que no parecen tener conclusión, y que amenaza con poner un floripondio final con lazo dorado al nuevo asalto a un Estado irreconocible ya de 17 naciones y dos ciudades, por cierto, asediadas por el levantisco vecino del sur.

En lugar de eso quizás convendría volver a la tesis de Kepa Aulestia, líder de ese partido que fue Euskadiko Ezkerra, formación política que acabaría desintegrándose, pasando algunos de sus miembros al PSOE -Mario Onaindia, Teo Uriarte…-, y resultando otros engullidos por la sacrosanta maquinaria nacionalista. Aulestia se refería a la teoría del “mantel”, por la cual, en democracia todos los ciudadanos estamos invitados a sentarnos en la mesa para tomar parte de la comida que se nos servirá. El único problema es que el mantel que cubre esa mesa no es lo suficientemente amplio para que todos los platos reposen sobre él. Colocado el mantel para que se extienda sobre los espacios centrales de la mesa, quienes decidan situarse en los extremos podrán comer, eso sí -a nadie se le niega el pan ni el agua-, pero deberán aceptar las circunstancias de su posición.

La democracia se sostiene en el principio de libertad e igualdad. E incluso, en la España constitucional de 1978, en el de autonomía. La nuestra -lo recordaba recientemente Felipe González- no es una Constitución militante como otras, esto es, no está escrita en contra de nadie. Pero es evidente que no puede dar plena satisfacción a todos los españoles: a los que queremos serlo y a quienes no, a los que estamos decididos a vivir en un espacio de libertad política, social y económica y a quienes pretenden crear un sistema basado en el populismo revolucionario. Son libres para aventurarse en esos objetivos, podrán defender sus proyectos en pie de igualdad con el resto, pero no podrán aspirar a imponerlos salvo que consigan modificar el texto fundamental y establezcan un sistema que pudiera contentar a independentistas todos y revolucionarios de un pueblo seguramente inexistente, ante el beneplácito conformismo del resto de los españoles que sí queramos serlo, libres e iguales a los demás.

Queda, por lo tanto, servir la mejor comida posible a todos los comensales, sin distinción de origen geográfico o social; lo que quiere decir: gobernar bien, establecer objetivos integradores y que estimulen e ilusionen a los ciudadanos… a su gran mayoría, al menos. Porque luego la minoría seguramente se apuntará con gusto a disfrutar del menú.

El Rey, pieza clave de nuestro sistema constitucional

 Artículo publicado originalmente en El Debate de Hoy, el lunes 14 de junio de 2021

La institución monárquica, que ha dejado de inmiscuirse en la política cotidiana, se ha convertido, paradójicamente, en el valor nuclear de nuestra vida en común; en la pieza clave de nuestro sistema constitucional

El edificio constitucional de 1978, que podríamos asegurar hoy en día solo como vigente en apariencia, dados los constantes daños estructurales a los que se ve sometido, está basado en el consenso y este es producto de una suma de insuficiencias y debilidades: la de un franquismo sin Franco, incapaz de someter a una sociedad, que ya había sufrido importantes cambios, un sistema político sin el dictador que lo había creado, y de una oposición ineficaz para imponer un proyecto político de ruptura con el régimen anterior. Árbitro privilegiado de la situación, Don Juan Carlos, como impulsor del cambio político, era consciente de que preservaba a la institución monárquica de un debate concreto entre los partidos políticos respecto de la futura forma de gobierno, ¿cómo se podía -pensarían los constituyentes, aun los más partidarios de la república- poner en tela de juicio a la monarquía cuando precisamente el titular de esta había sido el máximo promotor de la democracia? 

Esta restauración de la institución monárquica en la historia de la España, más o menos reciente, tiene desde luego sus diferencias con la acaecida en España de la mano de Antonio Cánovas del Castillo, que se plasmaría en la Constitución de 1876. Y es que esta era una Carta Magna liberal, en la que la soberanía nacional correspondía -a partes más o menos iguales- al Parlamento con el Rey, en tanto que la actual resulta plenamente democrática, asumiendo las Cortes la soberanía nacional y el Rey, una función moderadora de las instituciones. Si las diferencias entre un sistema constitucional y el otro resultan notables, no existen tantas en cuanto a lo que significa el elemento consustancial de lo que supone la monarquía en España: una institución que es, a la vez, y con idénticas connotaciones, española y antirrevolucionaria. 

Y, sin duda, por las dos razones resulta atacada en nuestros días, en los que el viejo dilema entre «la España roja» y la «España rota» ha quedado resuelto cuando una y otra se han integrado en la misma, diremos que, «no España». Una vez aprobada la Constitución de 1978, España renunciaba a todas las revoluciones, cualesquiera que fueran, y resolvía integrar en el corazón del sistema la práctica de la reforma como método de trabajo único que resulta factible transitar, cualquiera otro acabaría con la Constitución y con la institución titular de la Jefatura del Estado. Resuelta la democracia en un régimen de monarquía parlamentaria, el Rey dejaría de aparecer como depositario de la soberanía nacional, compartida con las Cortes, y pasaría, desde 1978, a convertirse en una fuerza moderadora e inerte en la toma de decisiones políticas que solo se activa en situaciones de crisis, como ocurriera en el año 1981, cuando Don Juan Carlos desactivaba el golpe de Estado del 23F, o en el año 2017, cuando Don Felipe afirmara también la vigencia de la Constitución, toda vez que el separatismo catalán pretendía consumar su operación secesionista. 

Será inerte y activable la monarquía para momentos críticos, pero todos conocemos que España se ha convertido -por obra y gracia de un Estado de las Autonomías, que el constituyente de 1978 no quiso definir en términos federales, esto es, delimitando un modelo cerrado de competencias del Estado y de las comunidades autónomas- en un sistema que tiende a la centrifugación territorial, acrecentada esta, más allá del modelo constitucional, por las transferencias acordadas por los partidos de gobierno con los partidos nacionalistas para la obtención por aquellos del poder, políticas que han sido seguidas por otros partidos en las demás autonomías, con independencia de que sus formaciones políticas de referencia fueran nacionalistas, regionalistas o aun nacionales. 

Es en este contexto cuando la institución monárquica adquiere una función de principal orden. Su actuación se convierte en símbolo de referencia común atemporal y de estabilidad, superador de territorios y de partidos políticos, integrándolos todos; icono de los valores democráticos percibidos como tales por la sociedad española con el transcurso de los tiempos; eje de estabilidad de la vida nacional y núcleo de su propia nacionalidad: es el cimiento orgánico nacional y social, como fundamento inconmovible de nuestra vida en común.

La inmensa mayoría del pueblo español no sabe concebir la nacionalidad, no entiende la nacionalidad, no se explica el vínculo que hace común al andaluz y al gallego, al aragonés y al castellano sin la persona del monarca, porque él es viviente la patria misma

—Antonio Maura

La inercia de la institución monárquica en una Constitución democrática se transforma, de esa manera, en el aceite del guiso nacional. Un sabor no siempre adivinable, pero que aglutina todos los aromas presentes en los territorios y en los grupos sociales desde la cercanía del Rey respecto de su conjunto. Desaparecido el Monarca de la política micro -la de 1876-, cobraría toda su importancia en la macro -la de 1978-. 

Si la institución monárquica, heredera de los siglos anteriores, era la de una monarquía de súbditos, hoy lo es una monarquía de ciudadanos -aunque la ciudadanía, resultado de una potente sociedad civil, no se encuentra aún lo suficientemente desarrollada en nuestros días en España-. La Constitución de 1978 reclama, al igual que un retroceso en la representación soberana del Rey y un acrecentamiento de su función simbólica, una ciudadanía consciente y capaz de reivindicar sus posiciones más allá de los partidos políticos que recaban sus votos cada cierto tiempo para olvidar las más de las veces los compromisos con ella contraídos cuando se cierran las urnas. 

Decía don Antonio Maura, en junio de 1907, que «la inmensa mayoría del pueblo español no sabe concebir la nacionalidad, no entiende la nacionalidad, no se explica el vínculo que hace común al andaluz y al gallego, al aragonés y al castellano sin la persona del monarca, porque él es viviente la patria misma». De esta manera, la propia idea de nación se ve conectada de manera icónica con la de un Rey trascendente a cualquier localismo, a cualquier partidismo, a no importa cuál clase social, profesión o género. 

La institución monárquica, que ha dejado de inmiscuirse en la política cotidiana, se ha convertido, paradójicamente, en el valor nuclear de nuestra vida en común; en la pieza clave de nuestro sistema constitucional. Nuestra función principal, como ciudadanos conscientes, consiste en defenderla para hacer posible su imprescindible permanencia.

España, un país viejo y fatigado

 Artículo original publicado en El Imparcial, el viernes 4 de junio de 2021

En sus “Recuerdos de la Revolución de 1848”, y después de hacer un repaso de los cambios de sistemas políticos acaecidos en Francia desde el final del Antiguo Régimen hasta aquella fecha, Alexis de Tocqueville, afirmaba que la revolución no había culminado su obra y que seguía siendo la misma. Y concluía así su reflexión: “la anarquía, esa bien conocida enfermedad crónica e incurable de los pueblos viejos”.

Pero ambas características -anarquía y vejez- no han sido desde luego patrimonio exclusivo de la historia de Francia. Sin necesidad de viajar muy lejos, en nuestro país, tomando como punto de partida la breve -y tumultuosa- experiencia de la Primera República (1873-74); a ésta le seguiría el periodo de la Restauración, auspiciada por Cánovas y presidido por la Constitución de 1876, que concluiría con la Segunda República, si bien desde 1923 hasta las elecciones municipales de 1931, España vivió bajo la dictadura del general Primo de Rivera: total, 47 años de régimen constitucional; la segunda de nuestras experiencias republicanas finalizaba de facto con la guerra civil de 1936-39, dando paso al régimen del general Franco, esto es, unos 40 años de dictadura; una vez realizada la transición democrática, en 1978, España aprobaba una Constitución y este régimen se ha mantenido durante 43 años. Una historia reciente, compuesta de breves periodos de inestabilidad (Primera República, parte de la Segunda República y Guerra Civil) y un tránsito de éxito hasta la democracia entre los años 1975 y 1978; combinados con espacios situados en la cuarentena de años de estabilidad (liberal, dictatorial o democrática; pero estables, al cabo).

No parece, sin embargo, que la historia de España deba acomodarse necesariamente a una teoría de los ciclos temporales, según la cual nuestro país se encontrará ahora al borde de caer en el precipicio de un nuevo periodo de inestabilidad más o menos revolucionaria. Los tiempos han cambiado -lo anunciaba Bob Dylan en 1963-, España está inmersa en un proyecto de construcción europea, que tiene sus reglas y no permite -especialmente en materia económica- que, por vía de la moneda común, las frivolidades “revolucionarias” de uno de sus Estados miembros contagien al resto.

Eso está muy bien, pero es preciso advertir que en política -como en ingeniería- la rotura de los materiales bajo cargas dinámicas cíclicas se produce más fácilmente que con cargas estáticas. Es lo que se conoce como “fatiga de materiales”. España se nos presenta, cada vez de forma más real, como un organismo político aburrido, cansado, viejo... a causa de los embates que recibe desde dentro y desde fuera, que mantiene sin resolver los viejos problemas y al que se le presentan nuevas inquietudes, que nadie explica -seguramente porque lo desconoce- cómo resolverlos.

La lista es inagotable. Pero por empezar por lo más actual, ahí está el problema catalán y la eterna cuestión: ¿conviene hacer nuevas concesiones para aquietar al independentismo de esa región, o es preciso dar ese capítulo por cerrado?, y lo mismo con el vasco; o el contencioso de nuestra vecindad sur con Marruecos y la pregunta que siempre se formula a continuación: ¿debe ser el apaciguamiento del Reino Alauita nuestra única política?, (nacionalismo interior y exterior, y las mismas respuestas hasta ahora en ambos casos); y, sin perder el hilo internacional, ¿no convendría reforzar de una vez por todas nuestras relaciones con los Estados Unidos como socio creíble y estable?

Sumemos asuntos: crisis del coronavirus, crisis sanitaria pero también crisis de recursos públicos (déficit superior al 10% en 2020), y su gestión (deuda pública por encima del 125% del producto bruto en el primer trimestre de 2021), si la inflación que seguirá al riego de recursos económicos generado por la Reserva Federal y el BCE afecta a la elevación de los tipos y endurece nuestras obligaciones económicas con el exterior, será inevitable trasladar la carga vía impuestos a la ya maltratada clase media; el modelo productivo español, y cómo transitar desde el turismo hacia una economía industrial y de servicios asociados a ésta sin perder nuestro predominio en aquel sector; el mercado laboral; la natalidad, cómo mejorarla; la inmigración, qué tipo de inmigrantes y de dónde; las pensiones y la tercera y cuarta edades; la sanidad; la educación; la juventud...

Y dejo para el final el problema de los políticos. ¿Quién será capaz de generar un marco de credibilidad para resolver estos y otros problemas que ya han caído sobre nosotros o anuncian su presurosa llegada? La clase política española, seguramente una de las más pobres de nuestra historia, obcecada en la descalificación y unida indefectiblemente al juego de la polaridad, se asocia al blanco o negro y es incapaz de advertir tonos grises donde todos los españoles son capaces de verlos. Una política que es incapaz de levantar la vista más allá de los intereses inmediatos de los partidos y proyectarla al bien común, una entelequia de imposible adquisición.

Ahí están apuntados los fatigados materiales listos para una nueva revolución -dicho sea este último término como similar al de cambio-. Por eso, el ciudadano español deberá estar atento, vigilante y capaz de integrar la sociedad civil con sus esfuerzos. Que considere que el futuro de España no depende sólo de votar cuando se le ofrezca la ocasión.