California, un aviso para navegantes

Artículo publicado en El Imparcial, el viernes 22 de abril de 2022

El actual gobernador de California, Gavin Newsom, que fue alcalde de San Francisco y es miembro del partido demócrata, promulgó recientemente 770 proyectos de ley que habían sido aprobados con anterioridad por la legislatura del Estado en Sacramento. La que más llama la atención, y con razón, es una ley que ampliará el número de unidades edificables en solares unifamiliares y permitirá, por lo tanto, un impulso muy necesario en lo que se refiere a la oferta de vivienda. Algún comentario lo ha calificado como “el proyecto de ley de vivienda más importante de la última década”.

No ha sido tan notoria -y ha pasado prácticamente desapercibida en ese amplio paquete legislativo- una disposición que regula el juego de los niños. Sí, lector, no le han engañado sus ojos: regula el juego de los niños. A partir de 2024, las grandes superficies con más de 500 empleados ya no podrán ofrecer sólo secciones para "niño" y "niña" en lo relativo a juguetes y otros artículos dirigidos al público infantil en sus tiendas, deberán incorporar también una sección de "género neutro". Los partidarios de esta norma aseguran que ayudará a combatir los estereotipos de género, mientras que los que se oponen la consideran como una extralimitación del gobierno en su incursión en el ámbito privado de la economía. Exponer muñecas Barbie solamente en la sección destinada a las niñas y camiones sólo en la de niños está pasado de moda, por lo visto. Pero, ¿debería ser el papel del gobierno decirles a las empresas cómo organizar la exhibición de sus productos en los grandes comercios?

El aviso californiano es evidente que no se reduce a sus límites geográficos. En España aprendemos pronto de las malas políticas, por lo mismo que adoptamos las buenas arrastrando desganados los pies; el Ministerio de Consumo, dirigido por Alberto Garzón, ha editado una “Guía para la elección de juguetes sin estereotipos sexistas”; de modo que el destacado militante del partido comunista no tendría que hacer demasiados esfuerzos para emular al gobernador demócrata norteamericano.

Otro ejemplo de la intromisión del Estado -de California, también- en la acción del sector privado, igualmente promulgada hace escasos meses como ley, prohíbe a los restaurantes distribuir condimentos, como el ketchup y la salsa de soja, a los clientes, a menos que lo soliciten. El gobernador Newsom también firmó una nueva ley que requiere que las universidades y escuelas públicas ofrezcan compresas y otros productos similares en el campus.

Dado que los demócratas tienen una gran mayoría en el parlamento del Estado y el control de todos los cargos electos en esa institución, no sorprenderá que ese partido en ese Estado esté usando su poder para situar en la agenda pública los asuntos que preocupan a su formación política, como ocurre con la igualdad de género. La explicación podría estar en que Newsom, que superó una reciente campaña para destituirlo de su cargo por un amplio margen, está más preocupado por las críticas de su ala izquierda que por las que eventualmente pueda recibir de los republicanos.

Sin embargo, si bien la nueva “ley de juguetes” podría parecer meramente simbólica, señala en realidad cómo California se está involucrando más en la vida diaria de las empresas y las personas. Este paso quizás sólo sea el comienzo de un recorrido más largo. Según Bruce Cain, profesor de Ciencias Politicas en Stanford, citado por el semanario británico The Economist, a medida que el Estado avanza en sus esfuerzos para combatir el cambio climático, "probablemente no haya una dimensión de la vida que no se vea afectada por la agenda de descarbonización de California”. Por ejemplo, Newsom promulgó recientemente una ley que prohíbe la venta de nuevos sopladores de hojas y cortadoras de césped a gasolina. Algunas ciudades incluso hablan de prohibir el uso de gas natural en nuevos hogares y negocios, una medida que, en efecto, eliminaría las estufas alimentadas con este combustible.

California puede estar tomando las medidas más draconianas posibles en contra del cambio climático, pero no es la única que usa leyes para avanzar en una agenda cultural. Se podría establecer una conexión entre la ley de juguetes y las actuaciones de los gobernadores de algunos otros Estados -en este caso dirigidos por miembros del partido republicano-, como son los gobernadores Greg Abbott en Texas y Ron DeSantis en Florida, que prohíben a las empresas exigir a los empleados que usen máscaras y se vacunen. Al hacerlo, Texas y Florida están interfiriendo con la libertad de las empresas para decidir sus propias políticas. Los esfuerzos recientes en Texas para detener los abortos sirven como otro ejemplo de la interferencia del gobierno en nombre de una pretendida agenda social. Son partidos diferentes en su ideología y la masa de sus votantes, pero no en cuanto a su afán por inmiscuirse en la vida privada de los ciudadanos y las empresas. En definitiva, no se trata de que una de las partes esté a favor de la libertad y la otra no; ambas partes están a favor de diferentes formas de intrusión.

California, Florida, Texas… aviso para navegantes precisados de información. Seguramente el mejor gobierno sea el que menos moleste a las personas, a las familias y a las empresas; pero eso no lo entienden muy bien “los socialistas de todos los partidos”, que señalara Hayek en su célebre obra “Camino de Servidumbre”.

Por qué me he dado de baja en Ciudadanos

Fernando Maura con Brahim Ghali

Artículo publicado en El Imparcial el viernes 8 de abril de 2022

Hace ya algún tiempo que no participo en las actividades internas del partido y que tampoco asisto a sus convocatorias públicas, que ahora se reanudan una vez relajadas las restricciones consecuentes a la pandemia. No obstante, soy de la opinión de que, como dice el refrán, “hay que estar a las duras y a las maduras”; y pese a que Ciudadanos no conseguía remontar en las encuestas, ni siquiera en el peor momento de crisis del PP -dimisión de su presidente después del aparatoso desencuentro con Ayuso- y con un PSOE acosado por un sinfín de turbulencias -Covid-19, invasión de Ucrania, alza de precios, huelga del transporte…-, el partido presidido por Inés Arrimadas se encuentra en una situación más que delicada y los errores de gestión que la dirección ha protagonizado -la moción de censura en Murcia entre ellos, pero no el único- acercan a esta formación política a una muy probable desaparición. A pesar de todo, he mantenido mi afiliación a este partido.

Consecuente con un proyecto que, desde el año 2014, ayudé a construir junto con mi amigo el profesor Sosa Wagner y los eurodiputados de Cs Javier Nart y Juan Carlos Girauta, tratando de establecer un entendimiento en el que confluyeran los dos partidos liberales presentes en el panorama político español de entonces: UPyD y Cs. No fueron pocas ni agradables las críticas que recibí por esta actuación que derivaría finalmente en mi expulsión del partido de Rosa Díez. También, junto con mi equipo del Parlamento Europeo, contribuí a la integración del partido, entonces presidido por Albert Rivera, en la estructura liberal europea de ALDE, antes de dimitir como eurodiputado para integrarme en las listas de Ciudadanos al Congreso, donde fui portavoz en la Comisión de Asuntos Exteriores, así como en la Comisión Mixta Congreso-Senado para el seguimiento de los asuntos de la Unión Europea. En esa condición asistí -previa conformidad del secretario general del partido, José Manuel Villegas- al congreso del Frente Polisario celebrado en julio de 2016 en los campamentos de Tinduf, que nombraría presidente a Brahim Galli. Posteriormente sería yo elegido miembro de la ejecutiva de Cs como responsable de política exterior.

Mi estrella, si alguna vez brilló, comenzaría a declinar a raíz de que confluyera mi criterio -y mi voto- con el de otros tres miembros de la ejecutiva en la solicitud de que el partido hiciera una oferta de acuerdo a Pedro Sánchez que podría haber evitado los trastornos que España viene padeciendo en los últimos años. Nuevamente pasé a formar parte del ejército de los apestados, a pesar de haber mantenido una prudente discreción cuando los medios de comunicación me pedían que les hiciera públicas las razones de mi voto.

Todo tiene, sin embargo, sus límites; y hay un momento en el que es preciso poner pie en pared. Y ese momento ha llegado. Cuando acepté el ofrecimiento de Albert Rivera para ser diputado y después miembro de la ejecutiva, tenía yo una agenda política que incorporaba tres dimensiones nunca contradictorias: el cumplimiento del Derecho Internacional, el respeto a los Derechos Humanos y la utilización de la lengua española como principal “soft power” de nuestra acción exterior.

Los tres ámbitos evocados quedaron ampliamente preteridos en la intervención del diputado de Cs Miguel Gutiérrez el pasado día 6 para justificar el criterio de su grupo parlamentario respecto de una iniciativa sobre el Sáhara. No parece haber tenido en cuenta Gutiérrez los criterios del Derecho Internacional relativos al proceso de descolonización -no sólo en relación con el Sáhara Occidental, sino con todos los procesos de este tipo, que deben concluir con un referéndum de autodeterminación-, tampoco con los derechos humanos de la población saharaui a ambos lados de la berma o muro que la separa, ni siquiera al idioma que tantos saharauis aún siguen utilizando en sus comunicaciones.

Afirmar que el Frente Polisario es un movimiento terrorista, adjudicando al legítimo representante del pueblo saharaui -de acuerdo con las Naciones Unidas- y vinculándolo con ETA, no es sólo un despropósito y un error, supone además una flagrante injusticia y evidencia una ocultación de la verdad que no cabe adjudicar a desconocimiento del ya bregado en tantas batallas representante de Cs.

El diagnóstico de equiparar el Polisario con ETA, no pasa de ser un brochazo de pintura gruesa que no soporta el más mínimo de los análisis. El País Vasco nunca fue una colonia española. El señorío de Vizcaya está ligado a la Corona de Castilla desde el siglo XIV, los vizcainos -o vascos- repoblaron las tierras de España en la reconquista y marinos y marineros vascos llevaron la lengua y los valores occidentales a una población sojuzgada por sus dirigentes tribales y sus bárbaras creencias. No, Euskadi carece del derecho de autodeterminación, como también de esa variante sólo en apariencia menos indigesta: el derecho a decidir.

Abonarse a la tesis de Gutiérrez es poco menos que afirmar que Ucrania debería rendirse ante la invasión rusa y aceptar su conversión en una autonomía sometida a los particulares designios de Putin. Supone negar el derecho de un país soberano a decidir sobre sus alianzas y su modo de vida.

En una de las reuniones virtuales celebradas en mi agrupación local del partido escuché la afirmación de una afiliada que, antes de abandonar Ciudadanos, aseguraba que no era capaz de militar en un partido al que ella no podía votar. Me parece una postura más que razonable y que ahora hago mía: yo no podría votar una lista en la que Miguel Gutiérrez esté presente, ni a un partido que haya perdido de tal manera sus valores que le presente como candidato.

Entrego -de manera simbólica, no lo he tenido nunca físicamente- mi carnet de Ciudadanos, pero sigo siendo un ciudadano liberal. Creo en el individuo y desconfío de la tribu y aún más de su sectarismo. Afirmo que el Estado debería ayudar a los débiles, sin estorbar a las personas y a las empresas, acompañándolas y nunca sustituyéndolas. Y espero contribuir a que algún día pueda existir en España un partido que aporte los valores en los que creo.

La carta de Sánchez

Artículo publicado originalmente en El Imparcial, el domingo 27 de marzo de 2022

“Las naciones no mueren por débiles, sino por viles”, aseguraba don Antonio Maura en las campas cántabras de Beranga allá por el año 1916. Por fortuna, una nación no es un gobierno; ni siquiera un gobierno lo apoyan sólo 120 diputados de un total de 350 con que cuentan las Cortes, por mucho que su presidente enfatice que es él quien dirige la política internacional de nuestro país. 

La carta de Sánchez al rey Mohamed, sin embargo, expresa una confesión de debilidad que se hace al país del que provienen muchos de nuestros problemas exteriores: “Majestad. Nos está ahogando. No apriete, Señor, más la soga”, podría haber escrito, seguramente en un español más preciso que el resultante de un texto (mal) traducido, y peor expresado, del francés. 

La foto del Salón Constitucional del Congreso en el que tuvo lugar la comparecencia de Albares el pasado 23 de marzo resulta dramática, en efecto, y pone en evidencia la soledad de este Gobierno en el parlamento. Pero convendrá huir de la brocha gruesa y aplicar el pincel fino para colegir que no todas las críticas lo son de fondo. Es evidente que nacionalistas, separatistas y populistas de la extrema izquierda manifiestan una discrepancia en el fondo y en la forma; aunque será preciso advertir que no por unirse a la vocinglería de ese coro, y por otros desafectos recibidos del presidente, Podemos considera llegado el momento de abandonar el ejecutivo. ¿Cuántos más campamentos saharauis abandonados a su suerte, serán necesarios para evidenciar el enfado de las Díaz, Belarra, Montero…? Se admiten apuestas. 

Habiendo conocido a esos partidarios del derecho de autodeterminación, no como consecuencia de un proceso de descolonización, sino por aquello de arrimar el ascua a su sardina soberanista interna, sus críticas no precisan de mayor comentario, ni siquiera deberían importar a la estrategia exterior del Gobierno. Más conveniente sería, en cambio, analizar las razones en la oposición a esta carta de los partidos nacionales del ámbito del centro y de la derecha. En este punto, descontado que Ciudadanos no levanta cabeza y que la brújula náutica de Vox por los mares exteriores hace ya tiempo que les dejó de funcionar, queda sólo el referente del PP, que en muy pocos días dispondrá de flamante líder. 

Me gustaría equivocarme, pero no espero de Feijóo un viraje del rumbo hacia la “tradicional” posición española sobre el Sáhara. Conocedor experto de que buena parte de la política consiste en el dominio de los tiempos, el orensano procurará un cocimiento a fuego (más o menos) lento de su rival, para llegado su momento, recoger el testigo sin modificación alguna de la deriva. Haría bueno así a Sánchez, lo que no es cosa sorprendente, una vez constatado que estos lodos proceden de un tweet del generalmente considerado ominoso populista Donald Trump, que tampoco Biden enmendaría. 

Sentado lo cual, la actitud de debilidad es evidente. En la medida en que Marruecos no dejará de reclamar para sí la soberanía de Ceuta y Melilla; podrá, por el momento, frenar su pretensión de extender las aguas territoriales en el ámbito marítimo correspondiente al Sáhara Occidental, sólo hasta que se produzca una nueva oportunidad de reclamarlo; y, sobre todo, dejará temporalmente de inundarnos de inmigrantes con origen marroquí y subsahariano hasta que se produzca una nueva crisis y nos veamos de nuevo obligados a plantear nuevas cesiones. ¿Y cuáles serían éstas? Queda señalado, si yo fuera ceutí o melillense abandonaría las sonrisas confiadas que observo en los informativos de televisión y me aprestaría a defender mi pertenencia a España y a Europa con uñas y dientes. Por cierto, creo que es oportuno recordar que nuestras dos ciudades autónomas no se encuentran amparadas por el paraguas de la OTAN. 

Ganar tiempo, sí; permitirnos respirar un poco mejor ahora que la soga no nos aprieta demasiado. Y tratar de alinearnos con otras naciones a pesar de que tengan éstas otros intereses y problemas que los nuestros respecto de Marruecos, como Alemania y Francia; y de Estados Unidos, que no parece contar en exceso con nosotros desde que concluyeron los gobiernos de Aznar. Y en esta nueva relación con el reino alauita, acumularemos además problemas que no teníamos, como el abierto con Argelia, cuyas consecuencias aún resulta prematuro aventurar. 

Existe además un debate acerca de si esta diferente relación con Marruecos resulta o no acorde con el derecho internacional. Parece lógico que una carta carece de valor jurídico alguno, y que las resoluciones de Naciones Unidas y el itinerario del proceso de descolonización que prevén no han quedado afectadas. Otra cosa es que nuestro presidente del Gobierno ha venido a reconocer algo que ya tenía un vergonzoso precedente en la peor parte de nuestra historia, fabricada de desistimientos, debilidades y aislamiento internacional: precisamente los acuerdos de Madrid de 1975, que pretendían legalizar la ignominiosa entrega del Sáhara Occidental a Marruecos y que serían tan poco legales que el Gobierno español de la época ni siquiera los publicó en el BOE. 

Era la oportunidad de España de corregir el rumbo de sus políticas exteriores erráticas; afianzar su europeísmo y su atlantismo -que una vez más se han vuelto necesariamente compatibles- y hacernos valer en esos ámbitos defendiendo nuestros intereses -y los del continente- en su vecindad sur. En lugar de eso hemos optado por una concesión sin contrapartidas, hemos otorgado valor jurídico a la ocupación ilegal de un territorio -subrayando al mismo tiempo el legítimo derecho de los ucranianos a la defensa del suyo- y hemos dejado un poco más solos a los saharauis en su tierra o en los campamentos de Tindouf. 

No, España no acabará por débil, tampoco en nosotros está la vileza. Otra cosa habrá que decir de quienes la gobiernan.

Las carreteras de Ucrania

Artículo publicado en El Imparcial, el jueves 10 de marzo de 2022

Volodymyr Melnyk conduce su Toyota por una carretera de Ucrania. Se dirige hacia Dorohusk, localidad fronteriza con Polonia. Su coche es blanco, como la nieve que inunda los campos que atraviesa en esta gélida mañana de marzo, pero sus pensamientos se tiñen de azul y amarillo -los colores de la bandera de su patria- y del rojo de la sangre que se está vertiendo de manera inútil: “siempre resulta inútil la muerte, el sufrimiento…”, se dice a sí mismo. A su lado se sienta su mujer, Aleksandra. Detrás viaja el hijo del matrimonio, Vasyl, que acaba de cumplir doce años. Hay un atasco de kilómetros y el retumbar de la artillería les encoge el corazón. Ninguno de los tres pronuncia una palabra.

Volodymyr es un joven arquitecto que levanta las casas que ahora están destruyendo los misiles de Putin. Quizás, en el futuro, en el caso de que Volodymyr siga con vida, su profesión será imprescindible para reedificar lo que hoy son ya sólo pedazos de cemento, hierros enredados en una escultura tétrica de guerra, tristes restos de cascotes para una población asediada y rota por la angustia de la ruptura familiar, a la que seguirá el dolor por la pérdida de los seres queridos y la incertidumbre del aprovisionamiento de víveres, de agua… A los Melnyk, esta guerra de barbarie les va a separar; una vez que Aleksandra y Vasyl se encuentren a salvo en tierra polaca, Volodymyr regresará al interior de Ucrania para recibir instrucción de combate -como tantos otros, carece de experiencia militar- e integrarse en alguna de las unidades del ejército de su país. Combatirá siguiendo el liderazgo de su presidente Zelensky, un cómico que aprendió el oficio de la política precisamente a través de la parodia de los políticos, y que hoy se ha convertido en la referencia de un país digno, que resiste al invasor.

Volodymyr conduce en silencio. Quizás debería hablar, ahuyentando así unos pensamientos que vuelan solos. El recuerdo de las historias que les contaban sus abuelos del Holodomor, por ejemplo. Entre 1932 y 1933 murieron en Ucrania unos 3,3 millones de personas por inanición o por enfermedades relacionadas con el hambre. Supo que Stalin ordenó que se destruyeran los datos y se fusilara a los demógrafos implicados en la investigación de los hechos. Abundaron los casos de canibalismo. “Madre dice que si se muere nos la comamos”. Muchos niños ucranianos escucharon este terrible consejo. ¿Estaremos viviendo un nuevo Holodomor?, se pregunta.

Más de tres millones de personas, muy pronto equivalentes a los ciudadanos expulsados de su país en este nuevo exilio del siglo XXI. Y es que Ucrania es, una vez más, el patio trasero de Rusia. Comparte con ella fronteras, historia, religión e incluso idioma en una amplia zona del país. Los sabios políticos e intelectuales occidentales ya han sentenciado que a los ucranianos no les corresponde decidir su futuro, determinar sus alianzas económicas, políticas o defensivas. Sólo son el patio de atrás, y los patios son propiedad de quien sea titular del edificio. Habrá que convenir que hemos nacido en un país equivocado, concluye Volodymyr con amargura.

Las carreteras de Ucrania se hicieron para acercar a las gentes, para construir proyectos compartidos, para transportar bienes y posibilitar la prestación de servicios. Pero hoy parecen construidas para que circulen por ellas los coches de las familias que la guerra ya ha dividido, para que la expedición militar rusa se dirija al asedio de Kiev, para que vuelvan por ella los hombres hacia el frente, cualquiera que sea éste -la guerrilla, seguramente-. Las carreteras de Ucrania conducen al infierno, ellas mismas son ya un infierno.

En el silencio de su habitáculo, observando de reojo los labios apretados y los ojos de Aleksandra que parpadean para evitar que broten unas lagrimas calladas, e intuyendo que la infancia, incluso la adolescencia de Vasyl quedará atrás y que la madurez de un hijo que responde de sí mismo y de su madre suspenderá los juegos y las carreras que aún le son debidas, Volodymyr concentra la atención en el futuro de su país y se ve con fuerza suficiente para defender su libertad, su soberanía, su derecho a existir de una manera autónoma.

Ésta, lector, es una historia que quizás usted ha podido seguir a través de los informativos de televisión o de las páginas digitales de los periódicos. La familia Melnyk es una invención de este autor, pero usted sabe muy bien que la historia es real, que hay muchas familias Melnyk circulando por Ucrania y muchas Aleksandras y Vasyls que serán acogidos por familias europeas como las suyas o las de sus vecinos en Europa.

Quizás Volodymyr no haya descubierto que la libertad no es divisible y que la seguridad tampoco. Que detrás de Ucrania están los países bálticos, y Polonia, y nosotros mismos. Quizás no haya usted intuido que ciudadanos como Volodymyr están combatiendo también por nosotros, y que -parafraseando a lo que dicen que decía Brecht- “cuando finalmente vengan a buscarnos, no habrá nadie más que pueda protestar”.

No, ya no es sólo por Ucrania y su gente digna y valiente, es por usted y por mí. No les dejemos solos. Recuperemos para la libertad las carreteras de ese país. De lo contrario, vayámonos preparando…

Determinación

Artículo original publicado en El Imparcial, el jueves 24 de febrero de 2022

Anatoli Vasilievich Lunacharski, que fue un dramaturgo, crítico literario y político comunista ucraniano-soviético, decía que un Estado se defiende y consolida en tres frentes: el militar, del que depende el ser de ese Estado; el económico, a quien toca, no el ser, sino el vivir, el seguir siendo; y un frente cultural-pedagógico, que logra, no el ser ni el vivir, sino el perdurar.

No resulta extraño que, para un comunista, como lo era el aludido autor teatral, la palabra “libertad” no se encontrara en el vocabulario que describe las prioridades de un Estado. “¿Libertad, para qué?”, le preguntaría Lenin a un atónito Fernando de los Ríos en el viaje de éste a la Unión Soviética. Para los comunistas la libertad es sólo un estorbo, algo a evitar cuidadosamente.

Ser, vivir, perdurar… es, sin embargo, un buen triángulo virtuoso -aunque incompleto, como ya he advertido- que convendría tener claro para ser algo en la escena internacional; siempre a la manera de una elemental proyección de nuestra propia situación nacional, y es que por mucho que nos revistamos del ropaje de los magos y seamos capaces de practicar los mejores trucos, nuestra imagen exterior, en la debilidad y en la fortaleza, se deriva de nuestras características endógenas. En algunos casos es posible que vendamos mercancía deteriorada, pero eso no deja de constituir un mal negocio en el medio plazo: los países, a diferencia de las personas o las empresas, no son susceptibles de escape o de escondite.

La determinación nacional es un resumen de los tres elementos: la defensa del país consiste en aprontar recursos y asumir alianzas que nos protejan de nuestros rivales, desoyendo los cantos de sirena de los bienpensantes pacifistas que prefieren la rendición sin condiciones a la lucha. Quienes confían siempre en la bondad originaria de los seres humanos deberían aplicar -al menos en alguna ocasión- el aserto hobbesiano del Estado Leviatán: “el hombre es lobo para el hombre”; y resulta conveniente subrayar que determinados hombres -como vemos ahora en el comportamiento de Putin- consiguen ser más dañinos que los animales de esa peligrosa especie.

Determinación también en el vivir del frente económico que decía el, sin embargo, sabio autor. Crear riqueza, existir de una manera austera (no incurrir en mayores dispendios de lo que ingresamos, salvo que el exceso se deba a inversión y no a gasto corriente). Y para eso, y para el resto de nuestra actividad privada ciudadana, disponer de gobiernos que no estorben demasiado a las gentes y que las ayuden de verdad cuando lo necesitan. La proverbial publicidad de las promesas de fondos por nuestros gobernantes en las situaciones de crisis que no han tenido adecuado curso (en el caso español, los apoyos a las familias afectadas por situaciones de pobreza energética o por la catástrofe de la erupción volcánica de Cumbre Vieja, sólo por poner dos ejemplos) constituyen la demostración de un postureo inacabable.

¿Y qué decir de la determinación en perdurar, de la pedagogía dirigida a las actuales y futuras generaciones? ¿O es que ya hemos dado por sentado que nos defendemos y que vivimos, de manera más que suficiente como para pensar que aún tenemos la pretensión adicional de perdurar? Todavía más, ¿qué relato de los que tenemos entre manos es el de más conveniente elección? ¿El de un país extenuado por la imposible polarización en la que ninguno de sus puntos de apoyo funciona ya? Un PSOE que se ha echado al monte en compañía de los aguerridos senderistas de la desarticulación social y territorial de nuestro país, y un PP que ha caído tan bajo como para construir una novela cutre de espías de guerra fría, sólo que en el interior de su casa. Y si el PSOE parece empeñado en convertirse en un partido no-nacional, el PP es ya un partido de barones autonómicos que le muestran a su presidente la puerta de salida. Por si al mapa le faltaban distorsiones, las recientes elecciones en Castilla y León nos muestran el auge, por lo visto imparable, de la desvertebración provincial.

Es indudable, al menos para quien esto firma, que el mejor, quizás el único, relato de éxito que podríamos evocar es el de la Constitución de 1978, de la que ya sólo el actual titular de la Corona, don Felipe, parece haber salido incólume, salvando todos los obstáculos que le ponen en su camino. Pero ya intuimos que no basta con eso; al igual que con la Carta Magna canovista de 1876, basada en la figura de un rey joven y despegado de los errores de sus ancestros (Alfonso XII), había dos partidos centrados que atraían a los de sus extremos (los conservadores a los tradicionalistas, los liberales a los republicanos), PP y PSOE serían llamados ahora a emular las tareas de aquéllos, pero ya parecen decididos a abandonar su fundamental tarea.

Un tanto desatendida, la determinación subsiste, sin embargo, en muy amplios sectores de la opinión española, no siempre representada por nuestros políticos, cada vez más coyunturales, fungibles y prescindibles. La evocación de los tiempos pasados de la transición democrática o de los proyectos fracasados en el centro liberal, con su doble referencia al consenso y a la moderación, se vienen reclamando por una sociedad que no acepta el fracaso del vacío y se resiste aún a la tentación de abstenerse como último refugio para llamar a la rectificación y a la sensatez de quienes nos gobiernan.

El suicidio del Estado

 Artículo original publicado en El Imparcial, el 14 de febrero de 2022

En el debate que tuvo lugar en las Cortes de la Segunda República española, el que fuera ministro de la Gobernación de su gobierno provisional, Miguel Maura, advirtió: “el Estado debe decir a las regiones autonómicas: yo estoy donde estoy y tú, la región autonómica, si quieres montar tu universidad, te autorizo a ello y te doy la facultad para que colaciones los grados. Pero yo no me voy. Y eso con carácter obligatorio. Porque el Estado que deserte de esa misión fundamental, que es formar la conciencia de las generaciones en los institutos y en las universidades, entrega a esos señores el porvenir entero de la región. Y un Estado que hace esto se suicida”.

Es evidente que, de acuerdo con la opinión del dirigente liberal-conservador republicano, la España que hemos construido a partir de la Constitución de 1978 se habría suicidado por el abandono de sus funciones básicas.

Se podrá objetar a esta aseveración que, en el año 1985, se crearon los Servicios de la Alta inspección del Estado, que representan a éste ante la Administración autonómica. Esta área se encarga de garantizar el cumplimiento de las facultades atribuidas al Estado en materia de enseñanza, así como la aplicación en las comunidades autónomas de la ordenación general del sistema educativo y de las enseñanzas mínimas cuya fijación corresponde al Estado. Pero el cometido de la Alta Inspección no se ha cubierto. Sobran los ejemplos en este sentido, pero como muestra sirva la información que ha sido ampliamente difundida por los medios de comunicación, según la cual, Cataluña adoctrinará a los alumnos de la ESO en "identidades", "resistencia a la opresión" y "emancipación nacional".

Nada queda en su actividad real de las funciones cohonestadoras de la fijación de un determinado curriculum básico a ser respetado por las autonomías. No cabe esperar de ellas la aplicación de esta tarea de control y de racionalización educativa. En la práctica, los funcionarios de la Alta Inspección sólo dedican su tiempo a convalidar los títulos académicos emitidos por otros países. Escasamente dotadas -un solo funcionario por cada comunidad autónoma y un segundo empleado público a su cargo-, se diría que apenas existen. Se da incluso el supuesto de que en el País Vasco quedara vacante este puesto y que no sería sustituido durante un largo periodo de tiempo.

Convendría conocer si existe alguna voluntad política en los partidos de la oposición a los que nos gobiernan ahora -y sus socios- de reforzar este servicio, de tan escaso desarrollo, pero de gran importancia, en la práctica. Esperar que, en el paupérrimo estado parlamentario actual, las Cámaras legislativas y de control se respeten a sí mismas y sean capaces de elevar la calidad de los debates, parece tan de ficción e imposible misión como el serial de películas que llevan ese nombre.

En las Cámaras representativas nacionales parece imposible una mayor degradación, toda vez que el Tribunal Constitucional resolvía que el Congreso renunció a ejercer sus funciones de control, tanto en lo relativo a la larga duración del estado de alarma como en cuanto a las medidas concretas de restricción de derechos que ha supuesto. El texto consideró reprochable que el decreto del segundo estado de alarma diera luz verde a una delegación de competencias a las comunidades autónomas para adoptar medidas de limitación de derechos fundamentales sin que las Cámaras tuvieran conocimiento previo de su naturaleza y duración. Una actitud aceptada por buena parte del Parlamento carente de autocrítica y voluntad de corrección que avala el esperpento -digno del mejor Valle Inclán- que ha seguido al probable error en la emisión del voto de un diputado extremeño del Partido Popular.

“Yo no me voy”, decía enfáticamente don Miguel, pero lo cierto es que España se ha ido. Y no sólo en el ámbito de la educación, que forma parte del elemento esencial que pretende explicar quiénes somos y de dónde venimos, y sin el cual resulta más que difícil discernir a dónde nos dirigimos. Y es que el Estado no existe tampoco en la lengua -en las comunidades autonómicas que poseen idiomas propios diferentes del español-, ni en la cultura; carece de política industrial; y ha renunciado a la sanidad, como se evidencia también en la fragmentada, dispersa e incoherente a veces respuesta a los embates de la pandemia.

Reinventada -¿reaparecida?- España tras de su suicidio, nos asemejaríamos a unos zombies que arrastran sus pasos en la oscuridad crepuscular. Unos simpáticos -eso sí- muertos vivientes que acogen a los turistas con buen jamón y buen vino, con sol y playas, transidos en permanente fiesta una vez que deserte la pandemia y regresemos todos a nuestros quehaceres habituales.

El médico forense francés, Philippe Charlier, que ha estudiado el fenómeno zombi en Haití, asegura que éste no es sólo un producto de ficción hollywoodiense. Se trata, en realidad, de un supuesto de sometimiento a la esclavitud de personas a quienes se les conduce a ese estado a través de la administración de determinados barbitúricos durante alguna práctica ritual de brujería, antes de ser enterrados en estado catatónico. Una vez desenterrados, se les somete a una dieta carente de sal que les produce un edema en el cerebro y bastantes desórdenes que amplifican la pérdida del libre albedrío.

Convendría entonces administrar sal a nuestro muerto por suicidio. La pregunta, para la que quien esto firma carece aún de respuesta, sería la de conocer quién podrá adjudicar la dosis de este esencial condimento.

¿Un nuevo orden internacional basado en la democracia?

Las amenazas que se ciernen respecto del modo de convivencia occidental basado en normas y en principios liberales son ciertas, y la solución no podría ser otra sino una refundación de este mismo orden desde los países que sostienen valores democráticos

Tribuna original publicada en El Debate, el sábado 12 de febrero de 2022

Según el escritor estadounidense, Robert Kagan, que fue asesor del expresidente estadounidense George W. Bush, y también del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos en 2008, John McCain, muchos norteamericanos mantienen la psicología de un pueblo que vive separado en un vasto y agitado continente. Sin embargo –piensa el citado ensayista– los estadounidenses no han sido necesariamente intervencionistas. En tiempos de emergencia, se les puede persuadir para que realicen esfuerzos extraordinarios en lugares lejanos, pero las consideran respuestas excepcionales a circunstancias también excepcionales. No se ven a sí mismos como los principales defensores de cierto tipo de orden mundial; nunca han aceptado ese papel 'indispensable'. 

Quizá esa visión aislacionista, reforzada por el 'America First' de Trump, esté presidiendo también –siquiera de forma más moderada– las actuaciones de la Administración Biden, una de cuyas manifestaciones más dolorosas, en términos de imagen para los Estados Unidos y de cohesión del pacto con sus aliados, haya sido el abandono de Afganistán y de sus ciudadanos en manos de los talibanes.

Y ahora que los Estados Unidos dan comienzo a un cierto retorno de sus posiciones aislacionistas, se diría que se produce en todo el orbe democrático occidental una cierta nostalgia de los tiempos en que vivimos cómodamente instalados bajo su protector paraguas. Era perfectible desde luego el orden mundial estadounidense, seguramente sujeto a contradicciones y contrasentidos, pero existían normas y referencias, y un acuerdo general acerca de cómo afrontar los desafíos que nos afectaban basado en un criterio –común y compartido– de un orden liberal. 

El nuevo orden mundial que lo sustituya no será ya un mundo de leyes e instituciones internacionales ni el triunfo de las ideas de la Ilustración ni el fin de la historia. Será –según Kagan– un mundo de vacío de poder. 

Pero ese no es un escenario inevitable. De acuerdo con lo expresado por la exsecretaria de Estado norteamericana, Madelaine Albright, –nacida en Praga poco antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial– Estados Unidos tiene la oportunidad de liderar la lucha contra el autoritarismo. 

Sin embargo, si el país concluyera lo contrario y decidiera ausentarse de la lucha democrática, decepcionaría a sus amigos, ayudaría a sus enemigos, magnificaría los riesgos futuros para sus ciudadanos, impediría el progreso humano y comprometería su capacidad de liderazgo en cualquier asunto. Es más, los líderes estadounidenses estarían haciendo sonar la llamada a la retirada precisamente en el momento en que ha surgido la oportunidad de provocar un resurgimiento democrático. 

Seguramente, en ese contexto, habrá que situar la reunión celebrada los días 9 y 10 de diciembre del pasado año, que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantuvo, con el nombre de Cumbre para la Democracia, que agrupó a líderes mundiales, de la sociedad civil y el sector privado. Esta cumbre es parte de la promesa de campaña de Biden de fortalecer la democracia en todo el mundo en un momento de auge de gobiernos autoritarios y totalitarios, valga decir de dictaduras. 

La iniciativa, que ha sido calificada como poco importante en términos de resultados concretos, se sitúa, sin embargo, en la buena dirección. Las amenazas que se ciernen respecto del modo de convivencia occidental basado en normas y en principios liberales son ciertas, y la solución no podría ser otra sino una refundación de este mismo orden desde los países que sostienen valores democráticos.

Pero no se trata de un camino de tránsito fácil. Por poner un ejemplo de la complejidad de esta iniciativa, cabe evocar la diferencia de proyectos políticos que mantienen algunos de los aliados norteamericanos –no necesariamente democráticos– con los países partidarios de la libertad y la tolerancia. 

Como ha señalado el miembro del Council of Foreign Relations, Martin Indyk, si el presidente Biden pretendiera en algún momento de su mandato poner en práctica alguna iniciativa para resolver el conflicto en Oriente Medio, necesitará trabajar con actores dispuestos a desempeñar papeles constructivos en la estabilización del orden en Oriente Medio. Eso creará algunos compañeros de cama extraños e incómodos, ya que implicará cooperar con el Egipto de Abdelfattah El-Sisi, en Gaza; con el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, en Siria; con el príncipe heredero de Arabia Saudí Mohamed Salman, en el Golfo y con todos ellos para contener las ambiciones hegemónicas de Irán y el avance del programa nuclear. Es decir, deberá contar con países que forman lo más granado del paisaje del autoritarismo internacional. 

Aun así, Estados Unidos tendrá que distinguir entre los aliados permanentes, con los que comparte valores democráticos y los compañeros puntuales de viaje, con los que tejer relaciones ocasionales. Y establecer una política transparente y acordada con los primeros –al contrario de lo que hizo en Afganistán– en tanto que establezca una cierta distancia en sus relaciones con los segundos. La pertenencia a un orden internacional basado en la democracia debe servir de algo en la diferenciación positiva de los que seguimos apostando por esa vía para resolver nuestros conflictos.