El relato y la conducta

Pasados los fastos de la Diada, el catalanismo regionalista de sus orígenes ha devenido de manera definitiva en el programa máximo que ya le auguraban algunos, y que no es otra cosa sino el independentismo. Parecen fracasados, y de manera definitiva, todos los intentos que la historia y la política españolas han tenido en la atracción del nacionalismo en aquella tierra. Queda solo, a un lado, el independentismo, y al otro, las gentes silenciosas, desmovilizadas y sumidas en la atonía. Y, oteando el horizonte y sin voluntad ni capacidad de intervención, un gobierno silente -salvo quizás el Ministro de Exteriores, que parece irónicamente prefigurar en sus intervenciones su futura relación con un nuevo país soberano, en un mundo en el que, por supuesto, apenas si se contienen verdaderos países soberanos.

Ossorio y Gallardo -un político conservador español que tuvo la responsabilidad del gobierno civil de Barcelona en el Gobierno Largo de Maura entre los años 1907 y 1909-, escribía con frecuencia al presidente del Consejo explicando lo que veía en aquella provincia. El problema -venía a decir Ossorio- es aquí un 75% de conducta y un 25% de doctrina.

Una y otra se han intentado durante muchos años y con desigual fortuna respecto del contencioso catalán. Una y otra han estado sin embargo ausentes en la práctica política del actual gobierno. Y cuando la política es más necesaria que nunca, porque España está más débil que en buena parte de su historia, como justo después del Desastre del 98 y la pérdida de las colonias de ultramar, fue el momento en el que vino en nacer Lliga y empezó a ganar elecciones contra los republicanos de Lerroux y las fuerzas dinásticas -no olvidemos que los débiles se hacen siempre fuertes cuando los que un día fueron poderosos manifiestan hoy fragilidad. 

De modo que, ahora que tenemos una España rescatada -al menos desde el punto de vista financiero-, con unas tasas de paro insoportables, aplicando recortes sin cuento, atenazada por una corrupción que afecta a prácticamente todos los sectores de la política y sin voluntad para afrontar la imprescindible racionalización de su estructura institucional, el gobierno de ese país tampoco ha tenido respuesta al desafío independentista.

¿Dónde ha quedado el relato de lo que ha sido España en Cataluña? ¿Dónde las respuestas a la falsa tesis de Espanya ens roba? ¿Dónde la aseveración de la realidad histórica frente al mito de la soberanía originaria? En ningún lado. Solo ha existido en las comparecencias del gobierno el silencio, que parafraseando al poeta Neruda, ha sido toda una ausencia.

No ha habido relato, porque nadie ha gastado un euro en explicar a los catalanes de qué iban las cosas que nos afectan a todos, las consecuencias de las decisiones -más allá de un vago... "Fuera de España y de Europa se está condenado a la nada"-, las ventajas de sumar respecto a las locuras de la división en un mundo en el que la dimensión cuenta cada vez más o el artificio de la pretendida excelencia de que disfrutarían los catalanes como consecuencia de la independencia.

Pero tampoco ha existido conducta. Ninguna política se ha planteado respecto de la ofensiva independentista. Aparte de una difusa y ambigua manifestación de que El gobierno cumplirá la Ley, que es ambigua porque nadie sabe muy bien si este gobierno pusilánime y silente estaría dispuesto a cumplir de verdad las previsiones constitucionales en el caso de que la ofensiva soberanista pretenda recorrer en toda su extensión su particular hoja de ruta.

Y tampoco se ha intentado movilizar a los contrarios al independentismo. Carentes los catalanes de organizaciones como ¡Basta Ya! o la Fundación para la Libertad, que agrupaban a sociedad civil y gentes procedentes del arco político constitucionalista, nadie ha querido hacer nada de esto en este caso. Ninguna conducta se ha puesto en marcha para enfrentaste a la estrategia de los soberanistas.

¿Y ahora qué? ¿Quien arregla el entuerto, si es que tiene arreglo? No lo sé, sinceramente, y casi nada espero de nuestros actuales gobernantes. Quizás nada más que una oferta de pacto fiscal que ya se rechazó en su día y que los nacionalistas ya consideran insuficiente -y muchos constitucionalistas un nuevo agravio comparativo. Pero, aunque ya fuera tarde, habría que volver a lo que proponía Ossorio hace más de 100 años. Quizás así las gentes de la Cataluña dormida y expectante empezarían a desperezarse.

El debate sobre Siria: una manifestación más de nuestro déficit democrático

La política en España no va bien. Hubo un tiempo en que pudimos advertir que la crisis económica -una de las más profundas recesiones que ha conocido nuestra historia- ponía en evidencia la fragilidad de nuestra estructura democrática y de nuestras instituciones. Era lo de la historia del Rey desnudo. Y las dos crisis marcharon en paralelo, ambas in crescendo. Hoy, los responsables de nuestro gobierno, dispuestos a observar -como los dirigentes del anterior ejecutivo- brotes verdes en cualquier elemento que presente un aspecto cetrino, nos anuncian una recuperación económica en ciernes: el presidente promete que bajará los impuestos, el sector exportador mejora sus indicadores y la balanza comercial se equilibra -quizás porque también las importaciones se ven drásticamente reducidas como consecuencia de la profunda recesión- y el turismo se ha incrementado de manera espectacular -quizás también porque nuestros principales competidores en este terreno no ofrecen una perspectiva de estabilidad suficiente para no convertir las vacaciones de cualquier viajero en un episodio de agitación permanente-. Y si ahora -nos aseguran, aunque no nos apercibamos de ello-, la crisis económica ha tocado fondo y nos estamos recuperando, la crisis política avanza con la fuerza de un maremoto sobre el páramo español.

Tal vez a consecuencia de ello, el presidente del gobierno se ha puesto con frenesí a hacer las maletas en una locura de viajes que le sometan a una agenda internacional agobiante. De San Petersburgo a Buenos Aires, a los que añadir una serie de destinos adicionales que le mantendrán alejado de nuestras fronteras. Y es que los foros internacionales son desde luego más gratos que los interiores -claro que el resultado de la batalla olímpica no le habrá dejado precisamente un buen sabor de boca-. Y es que en otros pagos no hay oposición que te formule 20 preguntas para las que no tienes respuesta a una sola se ellas y a los medios se comunicación se los puede sortear con mayor facilidad que en casa.

¿Y qué hace el presidente en estos foros? Veamos el caso sirio, que tanta -y con tanta razón- polvareda está levantando. Y comparemos los debates que suscita la misma en algunos países de nuestro entorno. A finales del pasado mes de agosto, la Cámara británica de los Comunes propiciaba una discusión que suponía una histórica derrota de su gobierno respecto de una intervención del Reino Unido en la anunciada acción norteamericana en aquel país. Cameron debió batirse en retirada y esperar a mejor momento para convencer a sus díscolos parlamentarios. En Francia, un país donde el presidente cuenta con atribuciones constitucionales suficientes que le amparan a ofrecer su concurso en una opción bélica, ha debido ceder al clamor de la oposición -una oposición débil y fragmentada- y poner a debate parlamentario tan importante asunto. En España, sin embargo, hemos pasado, sin necesidad de debate alguno, de las posiciones ambiguas al respecto -ya veremos lo que dice el informe de los expertos de la ONU, venia a explicar el presidente- a una declaración de apoyo que ni siquiera Rajoy hizo explícita en su rueda de prensa y que el presidente Obama se llevó del G20 junto con el de otros cualificados miembros del grupo.

La triste historia de este gobierno se encuentra jalonada de amargos eslabones. Televisiones de plasma que evitan la presencia directa de los medios, comparecencias parlamentarias forzadas, mentiras y medias verdades superadas por los hechos, en tanto que a estos últimos se contesta diciendo que ya se dijo todo lo que se tenia que decir. Y ahora, este nuevo desaire a la democracia y el parlamento: no hace falta debate, el presidente de los EEUU me lo ha pedido, y con eso basta.

Urge levantar la voz contra esta manera de hacer las cosas. Reclamar una vez más la centralidad del Parlamento y la celebración de los debates sobre las cuestiones que de una manera y otra nos atañen. En su Gobierno Largo de 1907-9, don Antonio Maura dijo, yo, para gobernar, solo necesito luz y taquígrafos, acuñando así una expresión que se ha hecho célebre en cuanto a que la transparencia y el debate son columnas vertebrales en cualquier democracia. Pues bien, deberíamos exigirlas una vez más.

¡Ah! Y que no se nos diga que no se trata de enviar soldados españoles a luchar en Siria. Por ahora eso no parece estar en cuestión. Pero también la historia nos dice que estas cosas se sabe cómo empiezan, pero nunca el desarrollo que después van a tener.

Consideraciones sobre una posible intervención militar en Siria

A pesar de que en dos años y medio de guerra civil hayan muerto más de 100.000 personas, el objetivo de la posible intervención de fuerzas occidentales en Siria viene determinado por el uso, por parte del régimen de El Assad, de armas químicas contra su población. No se pretende, al parecer, el derrocamiento inmediato de la actual dictadura protomonárquica de los Assad, más bien que este se siente a una mesa de negociaciones. Sin embargo, dado que los diferentes países de Occidente no han hecho apenas nada desde que se iniciara el conflicto para resolverlo, parece que se está a punto de abrir una nueva vía. 

El uso de armas químicas no se ha denunciado ahora por primera vez. Todo apunta a que ya lo haya hecho el régimen en otras ocasiones, quizás a menor escala, con la intención de probar la capacidad de respuesta de los EE UU y de sus aliados, pero el uso de este tipo de armas no habría provocado ninguna reacción en su día por parte de los aliados. Ahora se trataría de restaurar la credibilidad de estos. 

Sin embargo, en el debate no se plantean los posibles riesgos que la referida intervención pueda tener sobre una región del mundo tan polarizada e inestable como la del Oriente Medio. Si se tratara de evitar el sufrimiento de la población —menos de un 1% de las bajas producidas han muerto como consecuencia de la utilización de armas químicas—, dicha acción podría haberse planteado con independencia del empleo de este armamento. Por lo cual, cualquier acción en el conflicto debería integrar también en su análisis las posibles consecuencias en el conjunto del contencioso en Siria y su extensión a Iraq, Líbano, Irán e, incluso, las repercusiones que podría tener sobre el principal aliado de El Assad, Rusia. 

El control de las armas químicas —según informaciones recibidas por el propio presidente Obama— solo sería posible en el caso de que se pusieran en práctica medidas de prohibición del uso del espacio aéreo, la utilización de misiles y el empleo de fuerzas terrestres para «asaltar y asegurar emplazamientos locales». Y hasta allí no va a llegar esta iniciativa, por lo que parece. Cabe también la posibilidad de que estas armas puedan caer en manos de la rama siria de Al Qaeda, con imprevisibles consecuencias. 

El reciente debate producido en las Cámara de los Comunes británica, ha puesto sobre la mesa lo que podemos llamar el «síndrome iraquí» o, dicho de otro modo, ¿nos vamos a embarcar en una nueva aventura bélica sin haber testado previamente la veracidad de la utilización de las armas que se dice se están empleando?

Algunos piensan, en este sentido, que el plazo de cinco días para que los técnicos de la ONU investiguen sobre la utilización de este armamento es insuficiente. Por otra parte, en un momento en el que se pretende abrir un nuevo diálogo con el recientemente elegido presidente de Irán, no se deberían desestimar los efectos que esta intervención tendría respecto de ese proceso, apenas iniciado. 

Desde el importante punto de vista de la cobertura legal de esta intervención, y dado que es presumible la utilización del veto en la ONU por parte de Rusia y de China —lo han hecho en otras ocasiones respecto de este mismo conflicto—, la única opción para la intervención, descartada la legitima defensa, sería la de orden humanitario, como por ejemplo ocurriera en el caso de Kosovo. 

En lo que a duración de la intervención militar se refiere, se está asegurando que la acción sería corta, lo que no deja se ser fácil de expresar, aunque no siempre tan sencillo de cumplir. 

¿Qué pasaría si se encuentran —según los mismos informes que se le han pasado al presidente Obama— evidencias de otros casos en que se produzca el empleo de armas químicas? No dejaría de resultar lógico que la oposición a El Assad, que siempre ha querido la intervención de los aliados, vuelva a presentar denuncias similares. El asunto podría no tener fin y llevarnos a una escalada permanente de la intervención en este escenario. ¿Y qué ocurriría si los aliados de El Assad —que también los tiene— se implicaran más decisivamente aún en el conflicto? ¿Qué deberíamos hacer? 

No parecen predecibles por el momento las consecuencias que una intervención de las características previstas tendría por parte del régimen de El Assad, las facciones rebeldes y los diversos actores regionales. Tampoco respecto de la población de Siria, especialmente si la intervención aliada produce nuevas víctimas civiles. Y el impacto de esta acción en el número de refugiados. (La ONG ACNUR informaba este mismo mes que ya hay 1.000.000 de niños sirios en esa situación). 

Según señalaba el editorial del semanario británico The Economist de esta misma semana, hace un año, el armamento por los países occidentales de las fuerzas rebeldes, la creación de corredores humanitarios, la imposición de zonas de exclusión aérea y —eventualmente— un ataque aéreo directo contra las fuerzas de El Assad, era todavía una operación más que factible, dado que aún no se había producido una excesiva radicalización en las primeras y la cuestión no se había salido todavía de las manos. Eso mismo —según el mismo medio de comunicación— le habrían aconsejado al presidente Obama algunos de sus asesores, pero introducido de lleno en la campaña electoral, este hizo caso omiso de estos consejos. 

Ahora la intervención, como se ve, tiene más riesgos. Pero, lejos de desaconsejarla, habría que evaluar de modo más amplio las perspectivas y consecuencias de la acción, procurando no engañarnos a nosotros mismos en cuanto a lo que muy bien podría llegar a ocurrir. Especialmente, como ya he señalado, en cuanto a su duración y efectos más allá de las fronteras sirias, sin olvidar lo que pueda llegar a ocurrir en el interior del país y a su población.

Hablamos de Iberoamérica (y 2)

Rescato ahora nuevamente las notas tomadas durante la jornada que organizara la Fundación Iberoamericana para la Libertad en julio pasado en Madrid. 

Álvaro Vargas Llosa

Álvaro Vargas Llosa tuvo algunas importantes intervenciones en ese foro. Empezó su primera haciendo un análisis respecto del socialismo en esa región del mundo, un socialismo que Vargas Llosa distinguió entre el nuevo y el viejo. El nuevo, una suerte de socialdemocracia a la iberoamericana, que representaría el país más importante de ese elenco, Brasil; el viejo, el socialismo que con elevadas dosis de demagogia, patrioterismo y reivindicados de la lucha de clases que deriva hacia al autoritarismo, cuando no hacia la pura y simple dictadura, que estaría representado por la Venezuela de Maduro, la Bolivia de Morales o el Ecuador de Correa. Pero Brasil -según Alvaro Vargas Llosa- habría  abdicado de su papel como inspirador de ese socialismo moderno, dejando que el otro socialismo monopolizara los diferentes organismos internacionales.

Pero también fracasaría el socialismo moderado en su propio país, en Brasil. Como causas de esa situación señalaría la corrupción endémica, la creciente intervención del Estado en la economía y la disfuncionalidad del Estado federal.

Para Vargas Llosa, el liberalismo también acusó la carencia de legitimidad derivada de la práctica de la corrupción y la no sujeción de los países en los que esta ideología había gobernado a las reglas del Estado de Derecho. Pero ahora se abre una nueva oportunidad. 

Carlos Alberto Montaner

Habló a continuación el periodista y escritor cubano Carlos Alberto Montaner. Para él, la gravedad en la situación actual en Latinoamérica deriva de su carencia de estabilidad institucional. Algo así como el eterno retorno de los caudillos, de quienes las poblaciones esperan que surjan las soluciones más milagrosas a todos los problemas. Daría igual que a ese fenómeno se le titule de castrismo, priismo o peronismo -con o sin Perón.

Señaló también Montaner otras causas de los problemas que afectan a esa región: el desencuentro entre el Estado y la ciudadanía y la debilidad del tejido empresarial en ese espacio territorial. 

(Yo me quedaría pensando que muchos de esos problemas constituyen parte de la peor herencia colonial española, pues no pocas de las cuestiones que señalaba el escritor cubano han sido asuntos recurrentes en nuestra propia historia).

Y añadió una interesante reflexión para quien quiera entender algo más de la situación actual de los dirigentes de su país, los hermanos Castro. Para Montaner, la gran diferencia entre Fidel y Raúl no es desde luego la ideología, que ambos comparten, sino que el primero vive instalado en la irrealidad, cuando Raúl sabe que su país es un desastre.

Una jornada ciertamente importante para acercar al público de Madrid hacia la realidad siempre importante de unos países que poco a poco van recorriendo su camino hacia la libertad. A veces, demasiado lentamente, por desgracia.

Un baño de sangre

Como era de esperar, después del golpe de Estado perpetrado -¡cómo no!- por el ejército egipcio, el baño de sangre no ha tardado mucho en producirse. En realidad, las fuerzas armadas de ese país han tutelado durante décadas, cuando no han protagonizado directamente el poder, los destinos de la población. Pensar que un mandato democrático acabaría con el control militar y su sustitución por la sociedad civil no ha sido sino una ilusión vana, una quimera quizás alimentada más por nuestro afán porque las sociedades afectadas en su modo de vida por el Corán pudieran algún día parecerse a las occidentales, conjuntos de ciudadanos para los que la práctica religiosa -o la simple ausencia de ella- obedece más a su propia esfera privada que a los comportamientos públicos y políticos.

Pero una democracia es simplemente eso: la elección entre diferentes alternativas. Y eso habían hecho los egipcios al situar a Morsi a la cabeza de su Estado. Un apoyo que llegaba hasta el 25% de los electores y que permitió a los Hermanos Musulmanes de ese país establecer las medidas que les parecieron más oportunas. Claro que lo que su gobierno puso en práctica fue un proyecto de islamización de la sociedad egipcia, como por otra parte era de prever.

Recapitulando, lo que los ciudadanos que se manifestaban en la primavera de 2011 en la plaza Tahrir estaban exigiendo de sus gobiernos era, por una parte, el retorno a las libertades democráticas y la mejora de la calidad de vida para su población, por la otra. Muchas décadas de gobiernos dictatoriales habían dejado de lado los derechos civiles y políticos, además de los sociales, en beneficio prácticamente de la casta dirigente militar. Y los Hermanos Musulmanes quisieron asumir el segundo de los elementos que existían en las reclamaciones de los egipcios. Les dijeron: si nos votáis ampliaremos el llamado Estado del Bienestar. Esas promesas, unidas al factor de haberse mantenido como la única entidad política organizada les permitió ganar las elecciones.  

Obtuvieron un 25% de los votos y gobernaron solo para ellos. Pusieron en marcha una Constitución que elevaba los textos sagrados a principal guía interpretativa en la vida personal de la población, pero no se ocuparon de la economía y del crecimiento y el celebre Estado del Bienestar occidental no se vio aparecer por ningún lado. Y los manifestantes volvieron a la plaza Tahrir para reivindicar que la situación cambiara, lo mismo que habían hecho tres años atrás.

El ejercito cuajó entonces una complicada coalición de civiles y militares y estableció un sistema para reformar la Constitución y revertir el proceso política que Morsi y su partido habían puesto en práctica.

Dieron lo que la expresión castiza dice, la vuelta a la tortilla. Y, donde los Hermanos Musulmanes habían gobernado para el provecho de los suyos, el ejército decidió reprimir las protestas de aquellos que veían cómo su legitimidad para el desarrollo del gobierno caía hecha añicos. ¿Qué cabe esperar que hagan los desposeídos del poder que un día ocuparon con arreglo a las leyes? ¿Bajar la cabeza y aceptar sin protestar que gobiernen otros?

Y el baño de sangre ha empezado. Después del llamado Viernes de la ira comienzan a oírse voces para que se produzca la ilegalización del partido que gobernaba hasta hace pocas semanas y uno de los más significados miembros del gobierno situado por los militares, el premio Nobel de la paz, Mohamed el-Baradei, ha dimitido para no verse implicado en una deriva abiertamente antidemocrática cuando no dictatorial y totalitaria, protagonizada una vez más por las fuerzas armadas de su país.

¿Se puede ilegalizar a un 25% de la población? ¿Es razonable confiar en que el ejército se retirará a sus cuarteles en un país donde los militares han dirigido con mano de hierro sus destinos durante más de 50 años? ¿Logrará Egipto construir una democracia a la occidental en un futuro razonablemente próximo?

Son demasiadas las interrogantes. Y las respuestas más probables a la luz de los acontecimientos recientes nos conducen a través de las pantallas de televisión una vez más al dolor y al drama personal. Los núcleos urbanos de El Cairo y Alejandría se tiñen de sangre y la paz y la libertad son solo una quimera por el momento. Y no confiemos en que la solución llegará desde una UE fragmentada y endogámica o que la traigan los EEUU que tampoco han sabido o podido hacer nada útil en la guerra civil que lleva ya meses asolando Siria.

El poeta y cantante judio-canadiense, Leonard Cohen escribía algo así como que existe una grieta en todas partes. Pero así es como surge la luz.

Esperemos que sus versos sean, en esta ocasión, proféticos.

¿Tiene García Margallo un plan para Gibraltar?

El ferragosto español de 2013 aparece, por primera vez en muchos años, cargado de noticias diferentes a las climatológicas y a las relativas a devastadores incendios. Después de la comparecencia del Presidente el primero del mes le seguirán en los próximos días las de tres secretarios generales del PP ante el juez Ruz, y el viaje de SM el Rey a Marruecos tuvo su continuidad con el indulto por Mohamed VI de determinados presos españoles en el vecino país, entre ellos el de un pederasta convicto, de trayectoria poco menos que dudosa.

Pero está teniendo un especial interés el nuevo auge tomado en esta canícula por el contencioso de Gibraltar, un asunto de largo recorrido nacional que el ministro García Margallo inauguraba muy poco después de tomar posesión, recordando a un eurodiputado británico el viejo slogan "¡Gibraltar español!"

No ha pasado mucho tiempo desde entonces para que el máximo representante de la diplomacia española vuelva sobre su afirmación y lo haga a través de diversas medidas que han tenido amplio eco en los medios de comunicación de nuestro país y en los del Reino Unido. 

Las largas colas en la frontera parecen ser la respuesta de nuestro gobierno al vertido de bloques de hormigón por parte del gobierno de Gibraltar en aguas jurisdiccionales españolas, que han perjudicado gravemente las posibilidades de faenar a los pescadores de la Línea. 

Los dos principales responsables de los ejecutivos británico y español han conversado por teléfono respecto del asunto y la respuesta del primero ha sido la de enviar a la zona nada menos que cuatro buques de la Marina de su país, en los que viajarán miles de marineros para unas maniobras anteriormente previstas que durarán cuatro meses.

Se trata en efecto de un asunto recurrente de la diplomacia española. 

En tiempos del general Franco, menudeaban las manifestaciones de entusiastas adictos al régimen frente a la Embajada del Reino Unido en Madrid. El entonces ministro de la Gobernación -que era como se denominaba entonces al de Interior- telefoneaba al embajador de SM británica para preguntarle si necesitaba de protección policial para defender la seguridad del recinto diplomático. El embajador le contestaba con flema que ya es tradicional en ese país: "No me envíe usted policías. Basta con que me envíe menos manifestantes".

Pero no cabe duda de que conviene separar el contencioso, que cumple este año tres siglos, del periodo histórico -siquiera prolongado en el tiempo- de la dictadura franquista. Es verdad que el irrenunciable derecho a la territorialidad española ha sido, por la causa señalada, contemplado como un producto nostálgico de los tiempos pasados. Pero eso nos ha ocurrido demasiadas veces y con demasiados asuntos, como los que afectan a la idea de España, de nuestra lengua común o de las cosas que nos unen. Se diría que todas ellas se explicarían con el brazo en alto y consignas descabelladas como las que algunas veces recuperamos en las hemerotecas de los tiempos más pretéritos, como la que decía, por ejemplo, "Por el imperio hacia Dios". 

No es así, como resulta lógico suponer. Una cosa es que los regímenes dictatoriales utilicen con mayor frecuencia de la necesaria los asuntos de la territorialidad para esconder sus problemas internos y otra es que el problema deje de existir por ello. Y algo de esto creo que está ocurriendo ahora. 

Y no es que piense que el gobierno español deba dejar de proteger los intereses de los pescadores de la Línea o que los vertidos de hormigón arrojados por las autoridades gibraltareñas puedan resultar en absoluto justificados, pero creo que se ha aprovechado la circunstancia para que el gobierno español ponga el foco de la atención en un contencioso que dura ya demasiado tiempo y cuya definitiva solución concita la simpatía de muchos españoles, entre otros la de quien escribe estas líneas, para desviar la preocupación de nuestros ciudadanos respecto de muchos de los problemas que nos atañen.

La cuestión, por lo tanto, no estriba en el contencioso en sí, tampoco en su utilización propagandística. En mi opinión se trataría más bien de saber si existe o no, y de manera resuelta y no coyuntural, una estrategia para recuperar o para revertir al menos el problema de Gibraltar de acuerdo con nuestros intereses. 

El semanario británico The Economist señala esta semana que la economía gibraltareña ha crecido un 40% desde el 2008. ¿Cómo es posible eso?, se preguntarán ustedes. Pues la respuesta es fácil: Gibraltar es un paraíso fiscal en un territorio de la Unión Europea. No se trata del único, la lista de estos se integra con Luxemburgo, la isla de Man o la de Jersey. Algo que no debería permitir España, el Reino Unido y el resto de los países de la UE, de acuerdo con los criterios expresados en algunos de los más recientes Consejos de los máximos responsables políticos de este espacio político y económico. Decisiones que ya se están impulsando por parte de la Comision Europea y que deberán tener algún resultado en un futuro próximo.

Parece lógico que la respuesta más directa y con mejor recorrido de las existentes consistiría en situar a los ciudadanos del Peñón ante las realidades que son simplemente normales para cualquier otro ciudadano de cualquier país de la UE.  

La duda que me cabe, en este complejo sistema de entrecruzados intereses que compone la democracia española, es si tienen nuestros principales dirigentes políticos -en unión con los más importantes grupos de presión económica y financiera de nuestro país- voluntad política para impulsar decisiones como estas. 

¿Hay, de verdad, interés en que Gibraltar deje de ser el paraíso fiscal que ahora es? Si existiera, bueno sería. Pero, si no se quiere atacar el asunto de raíz, faltaría la estrategia, y el futuro de nuestras reivindicaciones territoriales, al menos con este gobierno, quedaría tal y como está.

El camino hacia el Gólgota

Antes de dar comienzo a mi relato particular de la sesión parlamentaria del 1 de agosto, permítanme que les cuente una anécdota. Era un día a finales de la década de los 80, en esos tiempos, la  refundación de Alianza Popular en Partido Popular emprendida por Fraga, enfrentaba a la «vieja guardia» aliancista con quienes pretendíamos renovar ideas y equipos. 

Jaime Mayor, que había sido encargado por el «patrón» de dirigir esa tarea, volvía al País Vasco después de pasar un fin de semana en la localidad de la autonomía madrileña de su residencia. Me confesaría entonces:

- Estuve en misa y el sacerdote dio la comunión con el pan y el vino. Cuando yo llegué a recibirla, estaba a punto de consumirse este último y el cura me dijo: «Apura tú el cáliz».

Se trataba, para Mayor Oreja, de una especie de anuncio de las penurias que debería afrontar en el futuro del partido refundado: los vizcainos enfrentados a los guipuzcoanos, y los alaveses dispuestos a crear un nuevo partido —Unidad Alavesa— que rompiera la difícil unidad del centro derecha vasco. Y ahí estaba él, intentando componer las piezas de un mosaico roto: apurando el cáliz.

Quizás Mariano Rajoy se haya encontrado el pasado 1 de agosto en unas circunstancias similares. Creería tal vez que su célebre dominio de los tiempos —que no es otra cosa en realidad que no hacer nada, esperando a que la resistencia basta hasta que alguien te ayude— sería suficiente para alejarse de las malas consecuencias de su atávica práctica de esta política.

No otra cosa había hecho Rajoy en su tiempo de responsable político: confiar, pero —si me permiten esta reflexión— no confiar porque en realidad piense el ahora Presidente del Gobierno que esa confianza se deposita en su equipo por los méritos de ese mismo equipo, sino por la ausencia de la elección por su parte, por no asumir su responsabilidad de elegir o de cesar a su gente.

Decía Michel Rocard —que fuera Presidente del Gobierno de Francia— que son tres las responsabilidades de un político: trazar la estrategia, elegir a su equipo y gestionar las crisis. Seguramente que ninguna de las tres responsabilidades están entre los cumplimientos de Rajoy: carece de programa —salvo el de no irritar a los eurócratas y a Merkel—, no ha elegido bien a sus equipos —o no los ha vigilado adecuadamente— y no sabe gestionar las crisis —como bien estamos percibiendo con el caso Bárcenas.

Y ha elegido en este caso no decir la verdad, lo que resulta lo mismo que mentir. No ha aclarado si el PP disponía o no de una contabilidad b, no ha dicho si los sobresueldos que cobraba eran o no contrarios a la ley de incompatibilidades... En suma, no contestó ni a una sola de las preguntas que le planteara Rosa Díez. No dijo toda la verdad, porque apenas si explicó nada.

Y encerrado en su negativa y en la excusa de su honradez y de su condición de registrador de la propiedad, amarraba Rajoy su destino político al de Bárcenas, como los viejos forzados de las naves romanas a sus cadenas y a sus remos. Es su sino, por elección o por no haber querido elegir la dación de cuentas y la transparencia antes que la ocultación. Rajoy ha decidido apurar su propio cáliz y emprender el ascenso hacia su Gólgota particular.

La negativa de Rajoy me recordaba poderosamente a las sucesivas negativas del otrora Presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, cuando quiso evitar el procedimiento del caso «Watergate», seguido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, a base de negativas, destrucción de pruebas y mentiras. Claro que Rajoy no es Nixon, me dirán seguramente ustedes. Y no les faltará razón. 

No, Rajoy no es un político forjado en la trampa y en la mentira como el famoso Dirty Dick. Pero hay una cosa que les une: su elección de la mentira como defensa. Y eso es el principio de una fatal cuenta atrás, es el cáliz que se apura en la cena de Pascua y que termina en el Gólgota.

Claro que Nixon no se llevaría por delante al viejo gran partido americano. Apenas cuatro años después de que Gerald Ford consumiera su mandato en sustitución del dimitido antecesor llegaría Reagan a la presidencia. El demócrata Jimmy Cárter consumió un solo mandato.

Puede ser diferente el caso del Partido Popular. Les narraba una anécdota al principio de este post. Ocurría, hace ahora, unos 25 años. El PP encaraba una refundación, porque la «vieja guardia» de AP sonaba demasiado a franquista y debía ser marginada al baúl de los recuerdos. Hoy, con toda su cúpula salpicada por el «caso Bárcenas», carente de ideas y de energías políticas, ha llegado, pienso, la hora de que el PP afronte su segunda refundación, lo mismo que en el principal partido de la oposición, desde luego.

El contador ha empezado a funcionar el 1 de agosto. El tiempo que tarden en ser conscientes y en poner en marcha la operación es cosa suya; pero cuanto más tarde empiecen, peor para ellos.

Y, si me permiten una última confesión: no tengo ninguna sensación de que vayan a hacerlo. Ya no está el «patrón» y nadie hay con autoridad moral y capacidad de influencia —Aznar tampoco, como es lógico— para indicar que haya llegado la hora.