lunes, 19 de octubre de 2015

La Unión Europea debe presionar a Marruecos para que no negocie con lo que no es suyo


La opinión legal emitida recientemente por la Unión Africana ha vuelto a reafirmar que la explotación de los recursos del Sáhara Occidental por parte de Marruecos constituye una clara violación del derecho internacional. Pero, una vez más, Marruecos ha hecho oídos sordos al llamamiento de esta organización para que se abstenga de realizar acuerdos  “con cualquier otro Estado, grupo de Estados o empresas extranjeras para la exploración o explotación de los recursos naturales renovables o no renovables sobre el territorio del Sáhara Occidental".

Por  el contrario, su Gobierno ha seguido con la estrategia que pretende un reconocimiento implícito de su ocupación ilegal en el Sáhara Occidental con acuerdos con  grandes empresas de prestigio internacional. Es el caso de los planes del  Gobierno marroquí para la construcción  de cinco parques eólicos que, según el texto de la licitación, estarán situados en diversos lugares del Reino de Marruecos, lo que no es cierto ya que dos de las instalaciones incluidas en el proyecto, en las localidades de Tiskrad y Bojador, estarán situadas en el Territorio No Autónomo del Sáhara Occidental.

Respondiendo a un llamamiento de la organización Western Sahara Resource Watch he dirigido cartas a las multinacionales que fueron preseleccionadas para el proyecto y que han seguido en la licitación pese a las advertencias que les hizo esta ONG, para que no se hagan cómplices de la política marroquí que ignora la obligación de contar con los habitantes del territorio en litigio, los saharauis, a la hora de negociar con sus recursos naturales. La legislación internacional obliga a Marruecos a contar con la autorización  del interlocutor válido reconocido, el Frente Polisario, para iniciar la explotación de dichos recursos. Adicionalmente, los saharauis deben beneficiarse del resultado de las explotaciones. En este caso, no se cumple ninguna de estas dos condiciones. 

Resulta indignante que la mayoría de esas grandes empresas hagan gala de códigos de responsabilidad corporativa que pretenden convertir en elementos de su marca el compromiso a conductas empresariales íntegras, respetuosas con los derechos humanos, el desarrollo sostenible y otros elevados objetivos éticos con las poblaciones de los países donde operan. El colmo es que se escuden en los loables beneficios de la energía “verde”para justificar su asociación con un plan económico que apoya en la sistemática violación del derecho de los saharauis sobre sus recursos naturales. 

El respeto a los principios de la Carta de la ONU y el derecho internacional que deben ser el eje de la acción exterior europea, tal como establece el al art. 21 del Tratado de Lisboa, es incompatible con la actitud con que Marruecos, socio privilegiado de la Unión Europea, incentiva conductas empresariales que violan el derecho internacional y represalía a las empresas de países que, como Suecia, no aprueban su comportamiento de estado gamberro.

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