domingo, 25 de agosto de 2013

Hablamos de Iberoamérica (y 2)



Rescato ahora nuevamente las notas tomadas durante la jornada que organizara la Fundación Iberoamericana para la Libertad en julio pasado en Madrid. 

Álvaro Vargas Llosa
Álvaro Vargas Llosa tuvo algunas importantes intervenciones en ese foro. Empezó su primera haciendo un análisis respecto del socialismo en esa región del mundo, un socialismo que Vargas Llosa distinguió entre el nuevo y el viejo. El nuevo, una suerte de socialdemocracia a la iberoamericana, que representaría el país más importante de ese elenco, Brasil; el viejo, el socialismo que con elevadas dosis de demagogia, patrioterismo y reivindicados de la lucha de clases que deriva hacia al autoritarismo, cuando no hacia la pura y simple dictadura, que estaría representado por la Venezuela de Maduro, la Bolivia de Morales o el Ecuador de Correa. Pero Brasil -según Alvaro Vargas Llosa- habría  abdicado de su papel como inspirador de ese socialismo moderno, dejando que el otro socialismo monopolizara los diferentes organismos internacionales.

Pero también fracasaría el socialismo moderado en su propio país, en Brasil. Como causas de esa situación señalaría la corrupción endémica, la creciente intervención del Estado en la economía y la disfuncionalidad del Estado federal.

Para Vargas Llosa, el liberalismo también acusó la carencia de legitimidad derivada de la práctica de la corrupción y la no sujeción de los países en los que esta ideología había gobernado a las reglas del Estado de Derecho. Pero ahora se abre una nueva oportunidad. 

Carlos Alberto Montaner
Habló a continuación el periodista y escritor cubano Carlos Alberto Montaner. Para él, la gravedad en la situación actual en Latinoamérica deriva de su carencia de estabilidad institucional. Algo así como el eterno retorno de los caudillos, de quienes las poblaciones esperan que surjan las soluciones más milagrosas a todos los problemas. Daría igual que a ese fenómeno se le titule de castrismo, priismo o peronismo -con o sin Perón.

Señaló también Montaner otras causas de los problemas que afectan a esa región: el desencuentro entre el Estado y la ciudadanía y la debilidad del tejido empresarial en ese espacio territorial. 

(Yo me quedaría pensando que muchos de esos problemas constituyen parte de la peor herencia colonial española, pues no pocas de las cuestiones que señalaba el escritor cubano han sido asuntos recurrentes en nuestra propia historia).

Y añadió una interesante reflexión para quien quiera entender algo más de la situación actual de los dirigentes de su país, los hermanos Castro. Para Montaner, la gran diferencia entre Fidel y Raúl no es desde luego la ideología, que ambos comparten, sino que el primero vive instalado en la irrealidad, cuando Raúl sabe que su país es un desastre.

Una jornada ciertamente importante para acercar al público de Madrid hacia la realidad siempre importante de unos países que poco a poco van recorriendo su camino hacia la libertad. A veces, demasiado lentamente, por desgracia.


domingo, 18 de agosto de 2013

Un baño de sangre


Como era de esperar, después del golpe de Estado perpetrado -¡cómo no!- por el ejército egipcio, el baño de sangre no ha tardado mucho en producirse. En realidad, las fuerzas armadas de ese país han tutelado durante décadas, cuando no han protagonizado directamente el poder, los destinos de la población. Pensar que un mandato democrático acabaría con el control militar y su sustitución por la sociedad civil no ha sido sino una ilusión vana, una quimera quizás alimentada más por nuestro afán porque las sociedades afectadas en su modo de vida por el Corán pudieran algún día parecerse a las occidentales, conjuntos de ciudadanos para los que la práctica religiosa -o la simple ausencia de ella- obedece más a su propia esfera privada que a los comportamientos públicos y políticos.
Pero una democracia es simplemente eso: la elección entre diferentes alternativas. Y eso habían hecho los egipcios al situar a Morsi a la cabeza de su Estado. Un apoyo que llegaba hasta el 25% de los electores y que permitió a los Hermanos Musulmanes de ese país establecer las medidas que les parecieron más oportunas. Claro que lo que su gobierno puso en práctica fue un proyecto de islamización de la sociedad egipcia, como por otra parte era de prever.
Recapitulando, lo que los ciudadanos que se manifestaban en la primavera de 2011 en la plaza Tahrir estaban exigiendo de sus gobiernos era, por una parte, el retorno a las libertades democráticas y la mejora de la calidad de vida para su población, por la otra. Muchas décadas de gobiernos dictatoriales habían dejado de lado los derechos civiles y políticos, además de los sociales, en beneficio prácticamente de la casta dirigente militar. Y los Hermanos Musulmanes quisieron asumir el segundo de los elementos que existían en las reclamaciones de los egipcios. Les dijeron: si nos votáis ampliaremos el llamado Estado del Bienestar. Esas promesas, unidas al factor de haberse mantenido como la única entidad política organizada les permitió ganar las elecciones.  
Obtuvieron un 25% de los votos y gobernaron solo para ellos. Pusieron en marcha una Constitución que elevaba los textos sagrados a principal guía interpretativa en la vida personal de la población, pero no se ocuparon de la economía y del crecimiento y el celebre Estado del Bienestar occidental no se vio aparecer por ningún lado. Y los manifestantes volvieron a la plaza Tahrir para reivindicar que la situación cambiara, lo mismo que habían hecho tres años atrás.
El ejercito cuajó entonces una complicada coalición de civiles y militares y estableció un sistema para reformar la Constitución y revertir el proceso política que Morsi y su partido habían puesto en práctica.
Dieron lo que la expresión castiza dice, la vuelta a la tortilla. Y, donde los Hermanos Musulmanes habían gobernado para el provecho de los suyos, el ejército decidió reprimir las protestas de aquellos que veían cómo su legitimidad para el desarrollo del gobierno caía hecha añicos. ¿Qué cabe esperar que hagan los desposeídos del poder que un día ocuparon con arreglo a las leyes? ¿Bajar la cabeza y aceptar sin protestar que gobiernen otros?
Y el baño de sangre ha empezado. Después del llamado Viernes de la ira comienzan a oírse voces para que se produzca la ilegalización del partido que gobernaba hasta hace pocas semanas y uno de los más significados miembros del gobierno situado por los militares, el premio Nobel de la paz, Mohamed el-Baradei, ha dimitido para no verse implicado en una deriva abiertamente antidemocrática cuando no dictatorial y totalitaria, protagonizada una vez más por las fuerzas armadas de su país.
¿Se puede ilegalizar a un 25% de la población? ¿Es razonable confiar en que el ejército se retirará a sus cuarteles en un país donde los militares han dirigido con mano de hierro sus destinos durante más de 50 años? ¿Logrará Egipto construir una democracia a la occidental en un futuro razonablemente próximo?
Son demasiadas las interrogantes. Y las respuestas más probables a la luz de los acontecimientos recientes nos conducen a través de las pantallas de televisión una vez más al dolor y al drama personal. Los núcleos urbanos de El Cairo y Alejandría se tiñen de sangre y la paz y la libertad son solo una quimera por el momento. Y no confiemos en que la solución llegará desde una UE fragmentada y endogámica o que la traigan los EEUU que tampoco han sabido o podido hacer nada útil en la guerra civil que lleva ya meses asolando Siria.
El poeta y cantante judio-canadiense, Leonard Cohen escribía algo así como que existe una grieta en todas partes. Pero así es como surge la luz.
Esperemos que sus versos sean, en esta ocasión, proféticos.

domingo, 11 de agosto de 2013

¿Tiene García Margallo un plan para Gibraltar?



El ferragosto español de 2013 aparece, por primera vez en muchos años, cargado de noticias diferentes a las climatológicas y a las relativas a devastadores incendios. Después de la comparecencia del Presidente el primero del mes le seguirán en los próximos días las de tres secretarios generales del PP ante el juez Ruz, y el viaje de SM el Rey a Marruecos tuvo su continuidad con el indulto por Mohamed VI de determinados presos españoles en el vecino país, entre ellos el de un pederasta convicto, de trayectoria poco menos que dudosa.

Pero está teniendo un especial interés el nuevo auge tomado en esta canícula por el contencioso de Gibraltar, un asunto de largo recorrido nacional que el ministro García Margallo inauguraba muy poco después de tomar posesión, recordando a un eurodiputado británico el viejo slogan "¡Gibraltar español!"

No ha pasado mucho tiempo desde entonces para que el máximo representante de la diplomacia española vuelva sobre su afirmación y lo haga a través de diversas medidas que han tenido amplio eco en los medios de comunicación de nuestro país y en los del Reino Unido. 

Las largas colas en la frontera parecen ser la respuesta de nuestro gobierno al vertido de bloques de hormigón por parte del gobierno de Gibraltar en aguas jurisdiccionales españolas, que han perjudicado gravemente las posibilidades de faenar a los pescadores de la Línea. 

Los dos principales responsables de los ejecutivos británico y español han conversado por teléfono respecto del asunto y la respuesta del primero ha sido la de enviar a la zona nada menos que cuatro buques de la Marina de su país, en los que viajarán miles de marineros para unas maniobras anteriormente previstas que durarán cuatro meses.

Se trata en efecto de un asunto recurrente de la diplomacia española. 

En tiempos del general Franco, menudeaban las manifestaciones de entusiastas adictos al régimen frente a la Embajada del Reino Unido en Madrid. El entonces ministro de la Gobernación -que era como se denominaba entonces al de Interior- telefoneaba al embajador de SM británica para preguntarle si necesitaba de protección policial para defender la seguridad del recinto diplomático. El embajador le contestaba con flema que ya es tradicional en ese país: "No me envíe usted policías. Basta con que me envíe menos manifestantes".

Pero no cabe duda de que conviene separar el contencioso, que cumple este año tres siglos, del periodo histórico -siquiera prolongado en el tiempo- de la dictadura franquista. Es verdad que el irrenunciable derecho a la territorialidad española ha sido, por la causa señalada, contemplado como un producto nostálgico de los tiempos pasados. Pero eso nos ha ocurrido demasiadas veces y con demasiados asuntos, como los que afectan a la idea de España, de nuestra lengua común o de las cosas que nos unen. Se diría que todas ellas se explicarían con el brazo en alto y consignas descabelladas como las que algunas veces recuperamos en las hemerotecas de los tiempos más pretéritos, como la que decía, por ejemplo, "Por el imperio hacia Dios". 

No es así, como resulta lógico suponer. Una cosa es que los regímenes dictatoriales utilicen con mayor frecuencia de la necesaria los asuntos de la territorialidad para esconder sus problemas internos y otra es que el problema deje de existir por ello. Y algo de esto creo que está ocurriendo ahora. 

Y no es que piense que el gobierno español deba dejar de proteger los intereses de los pescadores de la Línea o que los vertidos de hormigón arrojados por las autoridades gibraltareñas puedan resultar en absoluto justificados, pero creo que se ha aprovechado la circunstancia para que el gobierno español ponga el foco de la atención en un contencioso que dura ya demasiado tiempo y cuya definitiva solución concita la simpatía de muchos españoles, entre otros la de quien escribe estas líneas, para desviar la preocupación de nuestros ciudadanos respecto de muchos de los problemas que nos atañen.

La cuestión, por lo tanto, no estriba en el contencioso en sí, tampoco en su utilización propagandística. En mi opinión se trataría más bien de saber si existe o no, y de manera resuelta y no coyuntural, una estrategia para recuperar o para revertir al menos el problema de Gibraltar de acuerdo con nuestros intereses. 

El semanario británico The Economist señala esta semana que la economía gibraltareña ha crecido un 40% desde el 2008. ¿Cómo es posible eso?, se preguntarán ustedes. Pues la respuesta es fácil: Gibraltar es un paraíso fiscal en un territorio de la Unión Europea. No se trata del único, la lista de estos se integra con Luxemburgo, la isla de Man o la de Jersey. Algo que no debería permitir España, el Reino Unido y el resto de los países de la UE, de acuerdo con los criterios expresados en algunos de los más recientes Consejos de los máximos responsables políticos de este espacio político y económico. Decisiones que ya se están impulsando por parte de la Comision Europea y que deberán tener algún resultado en un futuro próximo.

Parece lógico que la respuesta más directa y con mejor recorrido de las existentes consistiría en situar a los ciudadanos del Peñón ante las realidades que son simplemente normales para cualquier otro ciudadano de cualquier país de la UE.  

La duda que me cabe, en este complejo sistema de entrecruzados intereses que compone la democracia española, es si tienen nuestros principales dirigentes políticos -en unión con los más importantes grupos de presión económica y financiera de nuestro país- voluntad política para impulsar decisiones como estas. 

¿Hay, de verdad, interés en que Gibraltar deje de ser el paraíso fiscal que ahora es? Si existiera, bueno sería. Pero, si no se quiere atacar el asunto de raíz, faltaría la estrategia, y el futuro de nuestras reivindicaciones territoriales, al menos con este gobierno, quedaría tal y como está.

viernes, 2 de agosto de 2013

El camino hacia el Gólgota


Antes de dar comienzo a mi relato particular de la sesión parlamentaria del 1 de agosto, permítanme que les cuente una anécdota. Era un día a finales de la década de los 80, en esos tiempos, la  refundación de Alianza Popular en Partido Popular emprendida por Fraga, enfrentaba a la «vieja guardia» aliancista con quienes pretendíamos renovar ideas y equipos. 

Jaime Mayor, que había sido encargado por el «patrón» de dirigir esa tarea, volvía al País Vasco después de pasar un fin de semana en la localidad de la autonomía madrileña de su residencia. Me confesaría entonces:

- Estuve en misa y el sacerdote dio la comunión con el pan y el vino. Cuando yo llegué a recibirla, estaba a punto de consumirse este último y el cura me dijo: «Apura tú el cáliz».

Se trataba, para Mayor Oreja, de una especie de anuncio de las penurias que debería afrontar en el futuro del partido refundado: los vizcainos enfrentados a los guipuzcoanos, y los alaveses dispuestos a crear un nuevo partido —Unidad Alavesa— que rompiera la difícil unidad del centro derecha vasco. Y ahí estaba él, intentando componer las piezas de un mosaico roto: apurando el cáliz.

Quizás Mariano Rajoy se haya encontrado el pasado 1 de agosto en unas circunstancias similares. Creería tal vez que su célebre dominio de los tiempos —que no es otra cosa en realidad que no hacer nada, esperando a que la resistencia basta hasta que alguien te ayude— sería suficiente para alejarse de las malas consecuencias de su atávica práctica de esta política.

No otra cosa había hecho Rajoy en su tiempo de responsable político: confiar, pero —si me permiten esta reflexión— no confiar porque en realidad piense el ahora Presidente del Gobierno que esa confianza se deposita en su equipo por los méritos de ese mismo equipo, sino por la ausencia de la elección por su parte, por no asumir su responsabilidad de elegir o de cesar a su gente.

Decía Michel Rocard —que fuera Presidente del Gobierno de Francia— que son tres las responsabilidades de un político: trazar la estrategia, elegir a su equipo y gestionar las crisis. Seguramente que ninguna de las tres responsabilidades están entre los cumplimientos de Rajoy: carece de programa —salvo el de no irritar a los eurócratas y a Merkel—, no ha elegido bien a sus equipos —o no los ha vigilado adecuadamente— y no sabe gestionar las crisis —como bien estamos percibiendo con el caso Bárcenas.

Y ha elegido en este caso no decir la verdad, lo que resulta lo mismo que mentir. No ha aclarado si el PP disponía o no de una contabilidad b, no ha dicho si los sobresueldos que cobraba eran o no contrarios a la ley de incompatibilidades... En suma, no contestó ni a una sola de las preguntas que le planteara Rosa Díez. No dijo toda la verdad, porque apenas si explicó nada.

Y encerrado en su negativa y en la excusa de su honradez y de su condición de registrador de la propiedad, amarraba Rajoy su destino político al de Bárcenas, como los viejos forzados de las naves romanas a sus cadenas y a sus remos. Es su sino, por elección o por no haber querido elegir la dación de cuentas y la transparencia antes que la ocultación. Rajoy ha decidido apurar su propio cáliz y emprender el ascenso hacia su Gólgota particular.

La negativa de Rajoy me recordaba poderosamente a las sucesivas negativas del otrora Presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, cuando quiso evitar el procedimiento del caso «Watergate», seguido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, a base de negativas, destrucción de pruebas y mentiras. Claro que Rajoy no es Nixon, me dirán seguramente ustedes. Y no les faltará razón. 

No, Rajoy no es un político forjado en la trampa y en la mentira como el famoso Dirty Dick. Pero hay una cosa que les une: su elección de la mentira como defensa. Y eso es el principio de una fatal cuenta atrás, es el cáliz que se apura en la cena de Pascua y que termina en el Gólgota.

Claro que Nixon no se llevaría por delante al viejo gran partido americano. Apenas cuatro años después de que Gerald Ford consumiera su mandato en sustitución del dimitido antecesor llegaría Reagan a la presidencia. El demócrata Jimmy Cárter consumió un solo mandato.

Puede ser diferente el caso del Partido Popular. Les narraba una anécdota al principio de este post. Ocurría, hace ahora, unos 25 años. El PP encaraba una refundación, porque la «vieja guardia» de AP sonaba demasiado a franquista y debía ser marginada al baúl de los recuerdos. Hoy, con toda su cúpula salpicada por el «caso Bárcenas», carente de ideas y de energías políticas, ha llegado, pienso, la hora de que el PP afronte su segunda refundación, lo mismo que en el principal partido de la oposición, desde luego.

El contador ha empezado a funcionar el 1 de agosto. El tiempo que tarden en ser conscientes y en poner en marcha la operación es cosa suya; pero cuanto más tarde empiecen, peor para ellos.

Y, si me permiten una última confesión: no tengo ninguna sensación de que vayan a hacerlo. Ya no está el «patrón» y nadie hay con autoridad moral y capacidad de influencia —Aznar tampoco, como es lógico— para indicar que haya llegado la hora.

lunes, 29 de julio de 2013

La próxima comparecencia del Presidente



La comparecencia parlamentaria que va a afrontar el Presidente del Gobierno el próximo día 1, viene precedida de un largo rosario de peticiones por parte de la oposición ante determinadas informaciones aparecidas en los medios de comunicación y que tienen su origen en una causa tramitada en los tribunales de justicia.

En algunas intervenciones de los responsables políticos del partido de gobierno se ha manifestado que «el Presidente vendrá al Parlamento cuando quiera», algo que produciría sonrojo en cualquier país que disponga de tradición democrática.

El Presidente del Gobierno lo es por causa de la elección del Parlamento y se debe a él. Ni de lejos debe producirse la sensación de que es él el que controla al Parlamento y sus tiempos, es el Parlamento quien debería controlar al Presidente del Gobierno, disponga o no su partido de mayoría parlamentaria.

Claro que, en el peculiar desarrollo constitucional que ha tenido nuestro parlamentarismo, por desgracia, es así como se producen las cosas. Pero al menos deberían algunos responsables políticos mantener una cierta vergüenza torera.

Sería conveniente, por lo tanto, abordar el asunto que ha puesto en evidencia la complicadísima tramitación de esta comparecencia: que no sea necesario tener que amenazar con la presentación de una moción de censura cuando se pida la presencia del Gobierno (del Presidente, en este caso, de cualquier ministro, en otros). Además que una moción de censura, que resulta un recurso que extralimita su funcionalidad y sus objetivos para este caso ni siquiera garantiza la explicación por el Presidente al Parlamento.

Una segunda cuestión en el debate se refiere a la práctica de la democracia que, en el caso de España, ha asociado la responsabilidad penal con la política, de tal forma que si los tribunales no estiman que exista la primera los políticos creen que no se produce la segunda.

Supuestos como la prescripción de un delito o la no aceptación de determinados medios de prueba (no la prueba en sí, sino los instrumentos probatorios de acuerdo con el procedimiento legal) por los tribunales, pueden, y en ocasiones han servido para ello, absolver de sus delitos a políticos prevaricadores.

No ocurre lo mismo en otros países europeos.

En Alemania, su ex-canciller Helmut Kohl, se encontró en los años 90 en una situación comparable a la que se enfrenta ahora el PP. La CDU gestionó 2.000.000 de marcos procedentes de donantes anónimos que no fiscalizó y, aunque Kohl no llegó a enriquecerse, el Parlamento le levantó su inmunidad y la Fiscalía le acusó de malversación de fondos.

En Francia, Michèlle Alliot-Marie, ministra de Exteriores, renunciaría a su cargo en verano de 2.011 por haber aceptado unas vacaciones pagadas por el régimen tunecino del luego depuesto presidente Ben Ali. Un año antes, el ministro de Trabajo de ese mismo país tuvo que dimitir por hallarse implicado en un caso de tráfico de influencias y de financiación ilegal de su partido, en el conocido como «caso L'Oreal».

Es también conocida la oleada de dimisiones producida en Reino Unido en 2009, debidas a pagos realizados a parlamentarios con dinero público con destino a gastos personales. El presidente de la Cámara de los Comunes, Michael Martin, usó 2.000.000 de euros para pagar la reforma de su vivienda.

Y en la, pretendidamente más corrupta que la española, democracia italiana, el ministro de Desarrollo Económico, Claudio Scajola, tuvo que dimitir cuando se supo que un empresario le había pagado su apartamento en Roma.

No se trata, por lo tanto, de asociar responsabilidad política con responsabilidad penal, sino de deslindar ambos conceptos. Y alguien debería empezar a educar con el ejemplo en este sentido.

Entro ahora a analizar el caso Bárcenas, verdadero motivo de la comparecencia.

Luis Bárcenas, imputado en febrero de 2009 en el «caso Gürtel», ha aparecido implicado en investigaciones judiciales —siquiera colaterales— desde poco después de la llegada de José María Aznar a la presidencia del Partido Popular en 1990. Me refiero al conocido como «caso Naseiro», exculpado finalmente porque las conversaciones telefónicas que implicarían a este último fueron obtenidas en el curso de una investigación por narcotráfico, y serian posteriormente anuladas por el juez.

Fue Sanchís —vinculado al «caso Naseiro»— quien introdujo a Bárcenas en el PP. Sanchís entraría en AP en 1981, de la mano de Carlos Robles Piquer —cuñado de Fraga— y fue elegido diputado por ese partido en 1986 y 1989, con lo que el supuesto de tesorero-cargo público no es infrecuente en el PP. Rosendo Naseiro llegaría a AP más tarde, en 1986.

En 2002, Bárcenas y Naseiro empezarían a vincularse con algún negocio supuestamente ajeno a la tesorería de su partido. El primero pidió un crédito de 325.000 euros para dárselos al segundo para que este comprara obras de arte. Un préstamo que Bárcenas devolvería al cabo de unos días alegando que el dinero no había cambiado de manos. La sospecha, sin embargo, es que se trataba de un blanqueo de dinero procedente de la trama «Gürtel».

Más de una década después de estos hechos, parece lógico señalar una cierta responsabilidad política de las llamadas in eligendo e in vigilando respecto de Mariano Rajoy, que fuera presidente del PP desde el año 2004 y antes de eso, vicesecretario general y secretario general de ese partido.

Pero este no es sino un caso más de los que se están produciendo en la política española en estos últimos tiempos. Recientemente hemos conocido sentencias de los Tribunales que afectan a un ex ministro de Fomento (José Blanco), a un ex ministro y ex presidente de una Comunidad Autonoma (Jaume Matas), a una ex presidenta de la Cámara de las Baleares (María Antonia Munar).

A ello habría que añadir el asombroso caso de los ERE en Andalucía o los supuestos de corrupción que afectan a CiU en Cataluña (caso Millet o el de las ITV), entre otros. Por no hablar de la pieza separada del caso Palma Arena, el que afecta al Duque de Palma, el llamado «caso Nóos».

¿Diría Rajoy hoy lo que afirmó en un debate anterior, que la corrupción no es un fenómeno generalizado en este país?

Pero la oposición no debería aceptar que la defensa del compareciente se haga en base a aplicar «la turbina en la cloaca», como decía un gobernante español hace unos 100 años. Cada caso tiene su momento y cada «palo debe aguantar su vela» (como suele decir María Dolores de Cospedal).

Y este es el caso de una presunta responsabilidad política del actual ejecutivo español y de su principal titular, que no debería escaparse del hemiciclo sin ofrecer cumplida cuenta de ella.

martes, 23 de julio de 2013

En el aniversario de Oswaldo Payá


El pasado 22 de julio se producía el primer aniversario del fallecimiento de Oswaldo Payá y su familia, amigos y compañeros nos reunimos en una iglesia en el centro de Madrid, para honrar su memoria y la de Harold Cepero.
Allí pude saludar a Regis Iglesias, pendiente de noticias sobre su futuro político y personal inmediato, que me decía que todavía no habían encontrado un cura en Cuba que dijera la misa de salida por el dirigente del MCL. Quienes recordamos la complacencia de la jerarquía de la iglesia católica con el régimen de Franco no nos podemos sorprender ante semejante información, hay cosas que no cambian.
Estaban allí Tony Guedes y Vanessa Colmegna y otros tantos, pero en número corto, porque ya se ve que estos actos congregan a poca gente.
Me sorprendió la entrada de Angel Carromero al recinto de la iglesia. Apenas saludó a ninguno de los que esperábamos la hora del inicio del acto, y si lo hizo, su gesto emitía un no-sé-qué de compungido nerviosismo, natural, por otra parte, dadas las circunstancias no aclaradas aun del triste episodio.
Estaba, ¡cómo no!, Carlos Payá, hermano y portaestandarte en España durante tantos años de la causa a la que Oswaldo diera comienzo. La generosidad de una vida dedicada al combate a un régimen que ha tenido en nuestro país a tan principalísimos valedores. Una lucha que ha tropezado con la desconfianza de quienes han pensado siempre que el romanticismo de la «revolución» podía con la evidencia de un sistema que ha conculcado durante muchas décadas, y de manera permanente, los derechos humanos.
El recuerdo, sin embargo, permanece. No había demasiada gente en esa iglesia madrileña, insisto. Pero Oswaldo no ha caído en el olvido de quienes le conocimos. Y esa es la verdadera muerte, el olvido. Durante mucho tiempo, cuando un día Cuba recupere sus libertades, el testimonio de su vida y las circunstancias de su muerte --que algún día la historia sabrá aclarar-- estarán presentes en las conciencias de sus ciudadanos.
Y su empeño, el del Proyecto Varela, de utilizar el procedimiento legal y constitucional vigente para cambiar las cosas, se ha convertido desde hace mucho tiempo en un hito histórico, de una determinada manera de resolver los asuntos y de servir de cauce para los afanes de los cubanos libres de plantear de otro modo su futuro. Claro que los regímenes no se constituyen para cambiar sino tal vez para resistirse al cambio, especialmente las dictaduras, pero también otros sistemas políticos más o menos democráticos.
Cuba no ha sido una excepción a esa regla, aunque existe otra que no admite excepciones, y es que más temprano que tarde el hombre libre recupera la libertad que le ha sido negada.
Por eso, la vida de Oswaldo Payá que recordábamos los congregados de esa calurosa tarde de julio, no ha sido infructuosa y recogerá sin duda sus frutos.
La pena es que ya no estará él para disfrutarlo.

martes, 16 de julio de 2013

Debatiendo sobre el Sahara (3)



Los ánimos estaban sin duda encrespados cuando el público vio llegar su momento de tomar la palabra. Fueron las suyas, intervenciones que abundaban en la idea según la cual los sucesivos gobiernos españoles no habían hecho nada en favor del pueblo saharaui. Palabras que, más que preguntas, constituían mítines y proclamas de alguno de los asistentes. Hubo quien inquirió sobre la posibilidad de que existiera un pacto de Estado en política exterior que establezca una estrategia de acción para el Sahara.

Y hubo quien, lisa y llanamente rechazaba a la clase política a la que juzgaba como un instrumento inútil.

En mi intervención, procuré realizar una defensa de la política. Como todos sabemos -dije- la naturaleza padece un permanente temor al vacío, de modo que toda situación que lo provoque tiende de forma inmediata a cubrirlo. La sustitución de la política (la democrática, por supuesto, la otra debe tener otro calificativo) pueden hacerla los caudillos, la tecnocracia o el populismo, o una especie de cóctel entre los tres (un dictador, apoyado por la democracia directa y que cree un gobierno de tecnócratas, por ejemplo).

Pero, junto con mi reivindicación de la política, también dije que es posible otra manera de hacer política, en la que los principios y los valores constituyan una guía de acción y no una mera posibilidad en función de la conveniencia.

Era llegado el turno de que contestara el representante en ese debate del PSOE, José Antonio Espejo. En esa intervención, el miembro del partido socialista, dijo de modo textual, refiriéndose por supuesto al caso saharaui: «Seguir apelando a la ficción será jurídico, pero no es fácil».

La verdad es que me reconozco incapaz de realizar una interpretación literal de esa afirmación, pero debo intentar acercarme al menos a su comprensión. Cuando Espejo llama ficción jurídica a algo, se debe estar refiriendo a las resoluciones de Naciones Unidas que determinan la necesidad del ejercicio de autodeterminación para el Sahara como procedimiento para que concluya el proceso de descolonización de ese territorio. Quizás le resulte ficticio a Espejo dicho proceso, en la medida en que el mismo es difícil, dada la actual correlación de fuerzas en presencia (por eso dice que no es fácil), pero una cosa es eso y otra que la normativa jurídica que ampara el procedimiento sea ficticia, porque simplemente no lo es. Se trata de un amparo jurídico claro y meridiano, cualquiera que sea el ánimo que tengan las partes para su ejecución.

 Era inevitable que alguien preguntara a la representante del PP sobre la actitud del gobierno en relación con el debate suscitado en Naciones Unidas sobre el papel de la Minurso y los derechos humanos. Y fue interesante la pregunta que hizo ese mismo asistente en relación con la diferencia de sensibilidades entre las autonomías y los gobiernos de España en este asunto. Otro interviniente señaló que la política francesa está subvencionada por el Reino de Marruecos.

Y llegaría el turno del representante del Frente Polisario en España, Bucharaya Beyun, que realizó un duro alegato en favor de la causa saharaui y en contra de las actuaciones de los diferentes responsables españoles en la materia. Empezó quejándose de que nunca ha habido -y posiblemente nunca habrá- gobierno español que haga nada respecto del Sahara. Continuó refiriéndose a los intereses de España como única referencia política en las relaciones internacionales de nuestro país. Y, para terminar, constató con amargura que, como consecuencia de la crisis, la ayuda de cooperación ha caído desde 2011 en un 48%. 
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