La próxima comparecencia del Presidente

La comparecencia parlamentaria que va a afrontar el Presidente del Gobierno el próximo día 1, viene precedida de un largo rosario de peticiones por parte de la oposición ante determinadas informaciones aparecidas en los medios de comunicación y que tienen su origen en una causa tramitada en los tribunales de justicia.

En algunas intervenciones de los responsables políticos del partido de gobierno se ha manifestado que «el Presidente vendrá al Parlamento cuando quiera», algo que produciría sonrojo en cualquier país que disponga de tradición democrática.

El Presidente del Gobierno lo es por causa de la elección del Parlamento y se debe a él. Ni de lejos debe producirse la sensación de que es él el que controla al Parlamento y sus tiempos, es el Parlamento quien debería controlar al Presidente del Gobierno, disponga o no su partido de mayoría parlamentaria.

Claro que, en el peculiar desarrollo constitucional que ha tenido nuestro parlamentarismo, por desgracia, es así como se producen las cosas. Pero al menos deberían algunos responsables políticos mantener una cierta vergüenza torera.

Sería conveniente, por lo tanto, abordar el asunto que ha puesto en evidencia la complicadísima tramitación de esta comparecencia: que no sea necesario tener que amenazar con la presentación de una moción de censura cuando se pida la presencia del Gobierno (del Presidente, en este caso, de cualquier ministro, en otros). Además que una moción de censura, que resulta un recurso que extralimita su funcionalidad y sus objetivos para este caso ni siquiera garantiza la explicación por el Presidente al Parlamento.

Una segunda cuestión en el debate se refiere a la práctica de la democracia que, en el caso de España, ha asociado la responsabilidad penal con la política, de tal forma que si los tribunales no estiman que exista la primera los políticos creen que no se produce la segunda.

Supuestos como la prescripción de un delito o la no aceptación de determinados medios de prueba (no la prueba en sí, sino los instrumentos probatorios de acuerdo con el procedimiento legal) por los tribunales, pueden, y en ocasiones han servido para ello, absolver de sus delitos a políticos prevaricadores.

No ocurre lo mismo en otros países europeos.

En Alemania, su ex-canciller Helmut Kohl, se encontró en los años 90 en una situación comparable a la que se enfrenta ahora el PP. La CDU gestionó 2.000.000 de marcos procedentes de donantes anónimos que no fiscalizó y, aunque Kohl no llegó a enriquecerse, el Parlamento le levantó su inmunidad y la Fiscalía le acusó de malversación de fondos.

En Francia, Michèlle Alliot-Marie, ministra de Exteriores, renunciaría a su cargo en verano de 2.011 por haber aceptado unas vacaciones pagadas por el régimen tunecino del luego depuesto presidente Ben Ali. Un año antes, el ministro de Trabajo de ese mismo país tuvo que dimitir por hallarse implicado en un caso de tráfico de influencias y de financiación ilegal de su partido, en el conocido como «caso L'Oreal».

Es también conocida la oleada de dimisiones producida en Reino Unido en 2009, debidas a pagos realizados a parlamentarios con dinero público con destino a gastos personales. El presidente de la Cámara de los Comunes, Michael Martin, usó 2.000.000 de euros para pagar la reforma de su vivienda.

Y en la, pretendidamente más corrupta que la española, democracia italiana, el ministro de Desarrollo Económico, Claudio Scajola, tuvo que dimitir cuando se supo que un empresario le había pagado su apartamento en Roma.

No se trata, por lo tanto, de asociar responsabilidad política con responsabilidad penal, sino de deslindar ambos conceptos. Y alguien debería empezar a educar con el ejemplo en este sentido.

Entro ahora a analizar el caso Bárcenas, verdadero motivo de la comparecencia.

Luis Bárcenas, imputado en febrero de 2009 en el «caso Gürtel», ha aparecido implicado en investigaciones judiciales —siquiera colaterales— desde poco después de la llegada de José María Aznar a la presidencia del Partido Popular en 1990. Me refiero al conocido como «caso Naseiro», exculpado finalmente porque las conversaciones telefónicas que implicarían a este último fueron obtenidas en el curso de una investigación por narcotráfico, y serian posteriormente anuladas por el juez.

Fue Sanchís —vinculado al «caso Naseiro»— quien introdujo a Bárcenas en el PP. Sanchís entraría en AP en 1981, de la mano de Carlos Robles Piquer —cuñado de Fraga— y fue elegido diputado por ese partido en 1986 y 1989, con lo que el supuesto de tesorero-cargo público no es infrecuente en el PP. Rosendo Naseiro llegaría a AP más tarde, en 1986.

En 2002, Bárcenas y Naseiro empezarían a vincularse con algún negocio supuestamente ajeno a la tesorería de su partido. El primero pidió un crédito de 325.000 euros para dárselos al segundo para que este comprara obras de arte. Un préstamo que Bárcenas devolvería al cabo de unos días alegando que el dinero no había cambiado de manos. La sospecha, sin embargo, es que se trataba de un blanqueo de dinero procedente de la trama «Gürtel».

Más de una década después de estos hechos, parece lógico señalar una cierta responsabilidad política de las llamadas in eligendo e in vigilando respecto de Mariano Rajoy, que fuera presidente del PP desde el año 2004 y antes de eso, vicesecretario general y secretario general de ese partido.

Pero este no es sino un caso más de los que se están produciendo en la política española en estos últimos tiempos. Recientemente hemos conocido sentencias de los Tribunales que afectan a un ex ministro de Fomento (José Blanco), a un ex ministro y ex presidente de una Comunidad Autonoma (Jaume Matas), a una ex presidenta de la Cámara de las Baleares (María Antonia Munar).

A ello habría que añadir el asombroso caso de los ERE en Andalucía o los supuestos de corrupción que afectan a CiU en Cataluña (caso Millet o el de las ITV), entre otros. Por no hablar de la pieza separada del caso Palma Arena, el que afecta al Duque de Palma, el llamado «caso Nóos».

¿Diría Rajoy hoy lo que afirmó en un debate anterior, que la corrupción no es un fenómeno generalizado en este país?

Pero la oposición no debería aceptar que la defensa del compareciente se haga en base a aplicar «la turbina en la cloaca», como decía un gobernante español hace unos 100 años. Cada caso tiene su momento y cada «palo debe aguantar su vela» (como suele decir María Dolores de Cospedal).

Y este es el caso de una presunta responsabilidad política del actual ejecutivo español y de su principal titular, que no debería escaparse del hemiciclo sin ofrecer cumplida cuenta de ella.