Los ánimos estaban sin duda encrespados
cuando el público vio llegar su momento de tomar la palabra. Fueron las suyas,
intervenciones que abundaban en la idea según la cual los sucesivos gobiernos
españoles no habían hecho nada en favor del pueblo saharaui. Palabras que, más
que preguntas, constituían mítines y proclamas de alguno de los asistentes.
Hubo quien inquirió sobre la posibilidad de que existiera un pacto de Estado en
política exterior que establezca una estrategia de acción para el Sahara.
Y hubo quien, lisa y llanamente rechazaba a
la clase política a la que juzgaba como un instrumento inútil.
En mi intervención, procuré realizar una
defensa de la política. Como todos sabemos -dije- la naturaleza padece un permanente
temor al vacío, de modo que toda situación que lo provoque tiende de forma
inmediata a cubrirlo. La sustitución de la política (la democrática, por
supuesto, la otra debe tener otro calificativo) pueden hacerla los caudillos,
la tecnocracia o el populismo, o una especie de cóctel entre los tres (un
dictador, apoyado por la democracia directa y que cree un gobierno de
tecnócratas, por ejemplo).
Pero, junto con mi reivindicación de la
política, también dije que es posible otra manera de hacer política, en la que
los principios y los valores constituyan una guía de acción y no una mera
posibilidad en función de la conveniencia.
Era llegado el turno de que contestara el
representante en ese debate del PSOE, José Antonio Espejo. En esa intervención,
el miembro del partido socialista, dijo de modo textual, refiriéndose por
supuesto al caso saharaui: «Seguir
apelando a la ficción será jurídico, pero no es fácil».
La verdad es que me reconozco incapaz de
realizar una interpretación literal de esa afirmación, pero debo intentar
acercarme al menos a su comprensión. Cuando Espejo llama ficción jurídica a algo, se debe estar refiriendo a las
resoluciones de Naciones Unidas que determinan la necesidad del ejercicio de
autodeterminación para el Sahara como procedimiento para que concluya el
proceso de descolonización de ese territorio. Quizás le resulte ficticio a Espejo dicho proceso, en la
medida en que el mismo es difícil, dada la actual correlación de fuerzas en
presencia (por eso dice que no es fácil),
pero una cosa es eso y otra que la normativa jurídica que ampara el
procedimiento sea ficticia, porque
simplemente no lo es. Se trata de un amparo jurídico claro y meridiano,
cualquiera que sea el ánimo que tengan las partes para su ejecución.
Era
inevitable que alguien preguntara a la representante del PP sobre la actitud
del gobierno en relación con el debate suscitado en Naciones Unidas sobre el
papel de la Minurso y los derechos humanos. Y fue interesante la pregunta que
hizo ese mismo asistente en relación con la diferencia de sensibilidades entre
las autonomías y los gobiernos de España en este asunto. Otro interviniente
señaló que la política francesa está subvencionada por el Reino de Marruecos.
Y
llegaría el turno del representante del Frente Polisario en España, Bucharaya
Beyun, que realizó un duro alegato en favor de la causa saharaui y en contra de
las actuaciones de los diferentes responsables españoles en la materia. Empezó
quejándose de que nunca ha habido -y posiblemente nunca habrá- gobierno español
que haga nada respecto del Sahara. Continuó refiriéndose a los intereses de
España como única referencia política en las relaciones internacionales de
nuestro país. Y, para terminar, constató con amargura que, como consecuencia de
la crisis, la ayuda de cooperación ha caído desde 2011 en un 48%.
Los intereses de España siempre han ido separados de los intereses del Sahara y puestos a elegir siempre hemos decidido abandonar a los más débiles (aunque tuvieran la razón), ésa posición siempre es más cómoda y menos conflictiva, a no ser que sea conflictiva la mala conciencia de algo mal hecho.
ResponderEliminarAsí es Sake. A eso precisamente me referiré en Mi próximo comentario.
ResponderEliminarEl problema del Sáhara Occidental estará en la ONU, pero según el derecho internacional, jurídicamente su soberanía y administración siguen en manos de España, por mucho que el Gobierno español (desde 1975) haga o no haga por que parezca lo contrario.
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