La próxima comparecencia del Presidente

La comparecencia parlamentaria que va a afrontar el Presidente del Gobierno el próximo día 1, viene precedida de un largo rosario de peticiones por parte de la oposición ante determinadas informaciones aparecidas en los medios de comunicación y que tienen su origen en una causa tramitada en los tribunales de justicia.

En algunas intervenciones de los responsables políticos del partido de gobierno se ha manifestado que «el Presidente vendrá al Parlamento cuando quiera», algo que produciría sonrojo en cualquier país que disponga de tradición democrática.

El Presidente del Gobierno lo es por causa de la elección del Parlamento y se debe a él. Ni de lejos debe producirse la sensación de que es él el que controla al Parlamento y sus tiempos, es el Parlamento quien debería controlar al Presidente del Gobierno, disponga o no su partido de mayoría parlamentaria.

Claro que, en el peculiar desarrollo constitucional que ha tenido nuestro parlamentarismo, por desgracia, es así como se producen las cosas. Pero al menos deberían algunos responsables políticos mantener una cierta vergüenza torera.

Sería conveniente, por lo tanto, abordar el asunto que ha puesto en evidencia la complicadísima tramitación de esta comparecencia: que no sea necesario tener que amenazar con la presentación de una moción de censura cuando se pida la presencia del Gobierno (del Presidente, en este caso, de cualquier ministro, en otros). Además que una moción de censura, que resulta un recurso que extralimita su funcionalidad y sus objetivos para este caso ni siquiera garantiza la explicación por el Presidente al Parlamento.

Una segunda cuestión en el debate se refiere a la práctica de la democracia que, en el caso de España, ha asociado la responsabilidad penal con la política, de tal forma que si los tribunales no estiman que exista la primera los políticos creen que no se produce la segunda.

Supuestos como la prescripción de un delito o la no aceptación de determinados medios de prueba (no la prueba en sí, sino los instrumentos probatorios de acuerdo con el procedimiento legal) por los tribunales, pueden, y en ocasiones han servido para ello, absolver de sus delitos a políticos prevaricadores.

No ocurre lo mismo en otros países europeos.

En Alemania, su ex-canciller Helmut Kohl, se encontró en los años 90 en una situación comparable a la que se enfrenta ahora el PP. La CDU gestionó 2.000.000 de marcos procedentes de donantes anónimos que no fiscalizó y, aunque Kohl no llegó a enriquecerse, el Parlamento le levantó su inmunidad y la Fiscalía le acusó de malversación de fondos.

En Francia, Michèlle Alliot-Marie, ministra de Exteriores, renunciaría a su cargo en verano de 2.011 por haber aceptado unas vacaciones pagadas por el régimen tunecino del luego depuesto presidente Ben Ali. Un año antes, el ministro de Trabajo de ese mismo país tuvo que dimitir por hallarse implicado en un caso de tráfico de influencias y de financiación ilegal de su partido, en el conocido como «caso L'Oreal».

Es también conocida la oleada de dimisiones producida en Reino Unido en 2009, debidas a pagos realizados a parlamentarios con dinero público con destino a gastos personales. El presidente de la Cámara de los Comunes, Michael Martin, usó 2.000.000 de euros para pagar la reforma de su vivienda.

Y en la, pretendidamente más corrupta que la española, democracia italiana, el ministro de Desarrollo Económico, Claudio Scajola, tuvo que dimitir cuando se supo que un empresario le había pagado su apartamento en Roma.

No se trata, por lo tanto, de asociar responsabilidad política con responsabilidad penal, sino de deslindar ambos conceptos. Y alguien debería empezar a educar con el ejemplo en este sentido.

Entro ahora a analizar el caso Bárcenas, verdadero motivo de la comparecencia.

Luis Bárcenas, imputado en febrero de 2009 en el «caso Gürtel», ha aparecido implicado en investigaciones judiciales —siquiera colaterales— desde poco después de la llegada de José María Aznar a la presidencia del Partido Popular en 1990. Me refiero al conocido como «caso Naseiro», exculpado finalmente porque las conversaciones telefónicas que implicarían a este último fueron obtenidas en el curso de una investigación por narcotráfico, y serian posteriormente anuladas por el juez.

Fue Sanchís —vinculado al «caso Naseiro»— quien introdujo a Bárcenas en el PP. Sanchís entraría en AP en 1981, de la mano de Carlos Robles Piquer —cuñado de Fraga— y fue elegido diputado por ese partido en 1986 y 1989, con lo que el supuesto de tesorero-cargo público no es infrecuente en el PP. Rosendo Naseiro llegaría a AP más tarde, en 1986.

En 2002, Bárcenas y Naseiro empezarían a vincularse con algún negocio supuestamente ajeno a la tesorería de su partido. El primero pidió un crédito de 325.000 euros para dárselos al segundo para que este comprara obras de arte. Un préstamo que Bárcenas devolvería al cabo de unos días alegando que el dinero no había cambiado de manos. La sospecha, sin embargo, es que se trataba de un blanqueo de dinero procedente de la trama «Gürtel».

Más de una década después de estos hechos, parece lógico señalar una cierta responsabilidad política de las llamadas in eligendo e in vigilando respecto de Mariano Rajoy, que fuera presidente del PP desde el año 2004 y antes de eso, vicesecretario general y secretario general de ese partido.

Pero este no es sino un caso más de los que se están produciendo en la política española en estos últimos tiempos. Recientemente hemos conocido sentencias de los Tribunales que afectan a un ex ministro de Fomento (José Blanco), a un ex ministro y ex presidente de una Comunidad Autonoma (Jaume Matas), a una ex presidenta de la Cámara de las Baleares (María Antonia Munar).

A ello habría que añadir el asombroso caso de los ERE en Andalucía o los supuestos de corrupción que afectan a CiU en Cataluña (caso Millet o el de las ITV), entre otros. Por no hablar de la pieza separada del caso Palma Arena, el que afecta al Duque de Palma, el llamado «caso Nóos».

¿Diría Rajoy hoy lo que afirmó en un debate anterior, que la corrupción no es un fenómeno generalizado en este país?

Pero la oposición no debería aceptar que la defensa del compareciente se haga en base a aplicar «la turbina en la cloaca», como decía un gobernante español hace unos 100 años. Cada caso tiene su momento y cada «palo debe aguantar su vela» (como suele decir María Dolores de Cospedal).

Y este es el caso de una presunta responsabilidad política del actual ejecutivo español y de su principal titular, que no debería escaparse del hemiciclo sin ofrecer cumplida cuenta de ella.

En el aniversario de Oswaldo Payá

El pasado 22 de julio se producía el primer aniversario del fallecimiento de Oswaldo Payá y su familia, amigos y compañeros nos reunimos en una iglesia en el centro de Madrid, para honrar su memoria y la de Harold Cepero.

Allí pude saludar a Regis Iglesias, pendiente de noticias sobre su futuro político y personal inmediato, que me decía que todavía no habían encontrado un cura en Cuba que dijera la misa de salida por el dirigente del MCL. Quienes recordamos la complacencia de la jerarquía de la iglesia católica con el régimen de Franco no nos podemos sorprender ante semejante información, hay cosas que no cambian.

Estaban allí Tony Guedes y Vanessa Colmegna y otros tantos, pero en número corto, porque ya se ve que estos actos congregan a poca gente.

Me sorprendió la entrada de Angel Carromero al recinto de la iglesia. Apenas saludó a ninguno de los que esperábamos la hora del inicio del acto, y si lo hizo, su gesto emitía un no-sé-qué de compungido nerviosismo, natural, por otra parte, dadas las circunstancias no aclaradas aun del triste episodio.

Estaba, ¡cómo no!, Carlos Payá, hermano y portaestandarte en España durante tantos años de la causa a la que Oswaldo diera comienzo. La generosidad de una vida dedicada al combate a un régimen que ha tenido en nuestro país a tan principalísimos valedores. Una lucha que ha tropezado con la desconfianza de quienes han pensado siempre que el romanticismo de la «revolución» podía con la evidencia de un sistema que ha conculcado durante muchas décadas, y de manera permanente, los derechos humanos.

El recuerdo, sin embargo, permanece. No había demasiada gente en esa iglesia madrileña, insisto. Pero Oswaldo no ha caído en el olvido de quienes le conocimos. Y esa es la verdadera muerte, el olvido. Durante mucho tiempo, cuando un día Cuba recupere sus libertades, el testimonio de su vida y las circunstancias de su muerte --que algún día la historia sabrá aclarar-- estarán presentes en las conciencias de sus ciudadanos.

Y su empeño, el del Proyecto Varela, de utilizar el procedimiento legal y constitucional vigente para cambiar las cosas, se ha convertido desde hace mucho tiempo en un hito histórico, de una determinada manera de resolver los asuntos y de servir de cauce para los afanes de los cubanos libres de plantear de otro modo su futuro. Claro que los regímenes no se constituyen para cambiar sino tal vez para resistirse al cambio, especialmente las dictaduras, pero también otros sistemas políticos más o menos democráticos.

Cuba no ha sido una excepción a esa regla, aunque existe otra que no admite excepciones, y es que más temprano que tarde el hombre libre recupera la libertad que le ha sido negada.

Por eso, la vida de Oswaldo Payá que recordábamos los congregados de esa calurosa tarde de julio, no ha sido infructuosa y recogerá sin duda sus frutos.

La pena es que ya no estará él para disfrutarlo.

Debatiendo sobre el Sahara (3)

Los ánimos estaban sin duda encrespados cuando el público vio llegar su momento de tomar la palabra. Fueron las suyas, intervenciones que abundaban en la idea según la cual los sucesivos gobiernos españoles no habían hecho nada en favor del pueblo saharaui. Palabras que, más que preguntas, constituían mítines y proclamas de alguno de los asistentes. Hubo quien inquirió sobre la posibilidad de que existiera un pacto de Estado en política exterior que establezca una estrategia de acción para el Sahara.

Y hubo quien, lisa y llanamente rechazaba a la clase política a la que juzgaba como un instrumento inútil.

En mi intervención, procuré realizar una defensa de la política. Como todos sabemos -dije- la naturaleza padece un permanente temor al vacío, de modo que toda situación que lo provoque tiende de forma inmediata a cubrirlo. La sustitución de la política (la democrática, por supuesto, la otra debe tener otro calificativo) pueden hacerla los caudillos, la tecnocracia o el populismo, o una especie de cóctel entre los tres (un dictador, apoyado por la democracia directa y que cree un gobierno de tecnócratas, por ejemplo).

Pero, junto con mi reivindicación de la política, también dije que es posible otra manera de hacer política, en la que los principios y los valores constituyan una guía de acción y no una mera posibilidad en función de la conveniencia.

Era llegado el turno de que contestara el representante en ese debate del PSOE, José Antonio Espejo. En esa intervención, el miembro del partido socialista, dijo de modo textual, refiriéndose por supuesto al caso saharaui: «Seguir apelando a la ficción será jurídico, pero no es fácil».

La verdad es que me reconozco incapaz de realizar una interpretación literal de esa afirmación, pero debo intentar acercarme al menos a su comprensión. Cuando Espejo llama ficción jurídica a algo, se debe estar refiriendo a las resoluciones de Naciones Unidas que determinan la necesidad del ejercicio de autodeterminación para el Sahara como procedimiento para que concluya el proceso de descolonización de ese territorio. Quizás le resulte ficticio a Espejo dicho proceso, en la medida en que el mismo es difícil, dada la actual correlación de fuerzas en presencia (por eso dice que no es fácil), pero una cosa es eso y otra que la normativa jurídica que ampara el procedimiento sea ficticia, porque simplemente no lo es. Se trata de un amparo jurídico claro y meridiano, cualquiera que sea el ánimo que tengan las partes para su ejecución.

 Era inevitable que alguien preguntara a la representante del PP sobre la actitud del gobierno en relación con el debate suscitado en Naciones Unidas sobre el papel de la Minurso y los derechos humanos. Y fue interesante la pregunta que hizo ese mismo asistente en relación con la diferencia de sensibilidades entre las autonomías y los gobiernos de España en este asunto. Otro interviniente señaló que la política francesa está subvencionada por el Reino de Marruecos.

Y llegaría el turno del representante del Frente Polisario en España, Bucharaya Beyun, que realizó un duro alegato en favor de la causa saharaui y en contra de las actuaciones de los diferentes responsables españoles en la materia. Empezó quejándose de que nunca ha habido -y posiblemente nunca habrá- gobierno español que haga nada respecto del Sahara. Continuó refiriéndose a los intereses de España como única referencia política en las relaciones internacionales de nuestro país. Y, para terminar, constató con amargura que, como consecuencia de la crisis, la ayuda de cooperación ha caído desde 2011 en un 48%. 

Hablamos de Iberoamérica (1)

La Fundación Internacional para la Libertad organizaba la semana pasada en Madrid una imprescindible reunión. En ella se analizaría la situación que vive —o que en ocasiones sufre— la libertad de expresión y, por extensión, la democracia en los países iberoamericanos.

Mario Vargas Llosa, presidente de la FIL, hizo una presentación del asunto que coincidía con el diagnostico que realizara en su día con ocasión de un debate organizado por la Fundación Progreso y Democracia que yo mismo moderé. Según Mario, lo más importante es que las democracias avanzan y las dictaduras van clausurando su ciclo histórico, también en ese continente. «Hace 30 o 40 años —decía Vargas Llosa—, se podía decir que existían en América Latina más dictaduras que democracias. Pero hoy la situación se ha invertido de forma clara».

No obstante, Mario recordó los casos en que la libertad se encuentra amenazada. Nos habló, por supuesto, de Cuba, de Venezuela, Ecuador, Bolivia o Nicaragua. «Son los lastres», afirmó el premio Nobel.

Aun así, para Vargas Llosa, en los países en que la libertad de expresión está amenazada, «sigue viva la esperanza. Existen visibles manifestaciones de disconformidad».

Eran esas palabras el prólogo de una reunión que, sin embargo, se mostraría poco complaciente con el estado de la situación en ese continente. El panel que abría propiamente la reunión dio la bienvenida a la diputada de la Asamblea venezolana, Maria Corina Machado. Me sorprendió, de forma muy favorable, la fuerza y la energía de la oratoria de Machado.

Empezaría advirtiendo la responsable de la MUD venezolana que el aparato del Estado se encuentra confrontado con la ciudadanía y que el chavista es un régimen ilegítimo, ilegal e incompetente. Señaló Corina que Maduro había perdido las elecciones y que había impuesto ese pucherazo a la sociedad venezolana. Y que, además, el sistema gobernado ahora por Maduro era incapaz de abastecer los mercados de su país.

«Se está produciendo una criminalización de la protesta», señalaría Machado. Los ciudadanos, los grupos que se oponen carecen de derechos para manifestar sus posiciones. Y la libertad de expresión e información retroceden. Cada día hay más medios de comunicación que pasan al control del gobierno.

Además, se ha entregado la soberanía nacional a otro país, siendo nacionales de otro país quienes resuelven las cuestiones que afectan a los venezolanos. Y eso se ha financiado con el presupuesto nacional, dijo.

«Dicen que Chávez quería a los pobres, pero los quería muy pobres», ironizó la diputada venezolana.

Y afirmó también —en una de las expresiones más contundentes de un discurso firme— que no existe democracia en Venezuela. Y que el Estado ha invadido los espacios íntimos de los ciudadanos. Puso para ello como ejemplo la Ley de lactancia materna, por la que se impediría en el futuro la alimentación de los bebés por medio del biberón.

Y terminó dedicando Machado un comentario a la vergüenza internacional. Algunos dignatarios americanos se han negado a recibir al candidato electo Capriles, con la excusa de que ya habían reconocido la victoria de Maduro, como ha ocurrido en México.

Una ovación muy prolongada seguiría a la conclusión de sus palabras.

Debatiendo sobre el Sahara (2)

Vuelvo ahora sobre la crónica del debate que las universidades madrileñas realizaban sobre la situación del Sahara Occidental en el momento presente.

Una vez que había tenido lugar la ya reseñada intervención del representante del PSOE, le correspondió --eso sí, tras de la que correspondía al BNG-- hablar a Gemma Conde, diputada del PP. Ya se ha dicho en mi anterior crónica que los partidos de gobierno, conocedores del varapalo que con seguridad van a recibir en el correspondiente debate de partidos políticos, no acuden al mismo. Y no sé muy bien si fue la valentía o el desconocimiento --o el simple encargo de que, con perdón de la expresión, "se comiera el marrón"-- lo que hizo a la dama presentarse a ese debate. No lo tendrá para olvidar, seguramente.

Empezaría la señora Conde con una frase que merece inscribiese en el Gotha de las sentencias políticas:

«El gobierno es el gobierno, el grupo parlamentario es el grupo parlamentario. Hay división de poderes».  

Ni que decir tiene que yo enmendaría la mayor en mi intervención posterior en el curso del debate. Y es que hace falta mucha ingenuidad en este país donde la democracia partidista ha arruinado buena parte de los esfuerzos ciudadanos y ha convertido esta especie --la ciudadanía-- en una suerte de rara avis, que aquí exista un grupo parlamentario que da la mayoría a un ejecutivo y que sea independiente de ese gobierno. ¿O es que la señora Conde pretende hacernos comulgar con ruedas de molino? Seguramente alguien le habrá hablado a la representante popular de la democracia británica y del poder de los grupos parlamentarios en el acoso y derribo de los gobiernos que ellos mismos sustentan. 

En España es otra cosa muy diferente, aquí son las cúspides de los partidos quienes --salvo honrosas excepciones-- condicionan las listas electorales y de ese modo convierten en cautivos a los sedicentes representes del pueblo. En España no hay división de poderes, y no solo en lo que al legislativo se refiere, sino al judicial también. Pero este asunto me desviaría de mi comentario principal.

El PP, por boca de esta representante, dijo situarse en una «neutralidad activa», promoviendo el dialogo entre las partes. Se trata sin duda de una loable intención. Claro que se refiere a una «neutralidad» no tan activa que pueda llegar a impulsar de forma determinante el ejercicio del derecho de autodeterminación que como potencia administradora de iure en el territorio saharaui le corresponde. Su «actividad» parece en realidad limitarse a formar parte del llamado Grupo de Amigos del Sahara, formado en el seno de Naciones Unidas y que tantas veces ha servido como marco de desactivación de medidas positivas, como la recientemente recomendada por EEUU para que la misión Minurso velara por el cumplimiento de los derechos humanos en esa área.

Estaba --siempre según la señora Conde-- expectante ante el próximo informe de Ross al Consejo de Seguridad y apoyaba la supervisión de la Minurso en el terreno de los DDHH, que tanto debate ha supuesto en los últimos meses.

Y terminó doña Gemma con otra verdadera perla, cultivada. no se sabe en qué afamado perlario, refiriéndose a la cooperación:

«Las personas que lo necesitan son iguales, pero España privilegia al pueblo saharaui».  

Es posible que la señora Conde no haya recibido información o dispuesto de tiempo suficiente pata conocer que, en buena medida, la situación de los refugiados saharauis en Tindouf es responsabilidad de nuestro país, que abandonara a su suerte a una población con la que estaba comprometido a realizar el correspondiente referéndum de autodeterminación. Los derechos a recibir asistencia son sin duda iguales, pero las obligaciones a prestarla dependen de los compromisos asumidos por las  partes, aunque nunca cumplidos.