viernes, 3 de noviembre de 2017

Cuba: Una modernización inexistente


Publicado originalmente en "The Diplomat in Spain" el 3 de noviembre de 2017

En el cruce de caminos de los intereses comerciales y los derechos humanos, que constituye siempre una situación recurrente de la diplomacia, el Acuerdo Político y de Cooperación entre la UE y Cuba ha aterrizado de manera no por menos anunciada menos sorprendente. Después de casi 21 años manteniendo la llamada “Posición Común”, defendida por el ex-Presidente José María Aznar, los estados de Europa han modificado su estrategia respecto de Cuba.

Desde el 17 de diciembre de 2014, cuando el presidente estadounidense y el cubano, Raúl Castro, anunciaron la normalización de las relaciones entre sus países, se ha producido una verdadera carrera de diferentes líderes por tomar posiciones económicas y comerciales en la isla caribeña. Entre ellos, el presidente francés, François Hollande; pero también los de Panamá, Serbia, Vietnam, Colombia, Namibia y otros. Por parte del gobierno español lo hicieron, en mayo del pasado año, los ministros Pastor y Margallo y, más recientemente el responsable de Exteriores, Alfonso Dastis.

¿Se corresponde esta carrera con una apertura real de Cuba en los planos político y económico? La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (la “Ministra de Exteriores de la UE”), Federica Mogherini, ha afirmado respecto del acuerdo que con éste se “apoya el proceso de modernización económica y social de Cuba”.

Se trata de una declaración que podría en todo caso considerarse como un desideratum, una ingenua fe en las buenas intenciones del régimen de su actual dirigente, Raúl Castro. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha denunciado que durante el pasado mes de septiembre se produjeron 193 detenciones arbitrarias. Son arrestos, por lo general, que duran menos de 24 horas, pero que constituyen un permanente acoso para los afectados y la consiguiente inquietud en sus familias. El OCDH ha denunciado también la campaña represiva que el gobierno está realizando en contra de periodistas, realizadores y colaboradores de diversos proyectos audiovisuales y medios de comunicación independientes en Cuba. Algunos de ellos han sido detenidos de manera arbitraria y otros amenazados por cubrir la difícil situación de la población tras el paso del huracán Irma. Una represión que es continua, a lo largo del presente año 2017, se han producido 3.787 arrestos en Cuba.

En el plano de la liberalización de la economía, el proyecto de apertura (en el caso de que alguna vez lo hubiera) se ha detenido. Y el partido único, el PC, se vería obligado a reconocerlo en abril de 2016. Como resultado de esta autocrítica se han restablecido controles de precios a la actividad privada, incluyendo a la agricultura y al transporte. El cuentapropismo (sector de la economía privada, la que trabaja por su cuenta)  no vive su mejor momento, Si bien no existen datos estadísticos fiables, la también recurrente acción policial y de La Oficina Nacional de la Administración Tributaria y la Contraloría General de la República, certifican la importancia de las medidas adoptadas por el partido. Sólo en un mes (octubre de 2016), el ayuntamiento de La Habana formuló advertencias a 129 de los 135 titulares de restaurantes privados inscritos en la capital. Las razones para hacerlo iban desde “el consumo y la expedición de drogas en sus locales, hasta el blanqueo de dinero”. Se derivaría de esa advertencia la suspensión del otorgamiento de nuevas licencias a nivel nacional.

Parece evidente, en consecuencia, que el proceso de modernización económica y social (y política, añadiría yo) de Cuba de que hablaba Mogherini no es tal.

Sobran los motivos para justificar la negativa de Ciudadanos a ratificar este Acuerdo.



jueves, 26 de octubre de 2017

Intervención sobre Guinea Ecuatorial en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso


Intervención sobre Guinea Ecuatorial en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso


25 de octubre de 2017. Sobre las relaciones con la República de Guinea Ecuatorial

miércoles, 25 de octubre de 2017

Intervención sobre Cuba en sesión plenaria del Congreso: "no entendemos que el Gobierno de Cuba esté abandonando la política represiva, sino todo lo contrario"


Madrid, Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2017

"Me gustaría empezar mi intervención con un recuerdo.

Un recuerdo a las Damas de Blanco, acosadas cuando no arrestadas todos los domingos en La Habana; a mi amiga Joani Sánchez, valerosa periodista a quien se le dificulta permanentemente su trabajo de informar y de opinar; a mi amigo Regis Iglesias, exilado político; a mi amigo Dagoberto Valdés, líder de la sociedad civil; a mi amigo Elizardo Sánchez, presidente de la Comisión Cubana de DDHH y Reconciliación; a mi amigo José Daniel Ferrer, presidente de la Unión Patriótica Cubana; un recuerdo, emocionado, a Oswaldo Payá, premio Sajarov del PE y líder del MCL, presuntamente asesinado por el régimen castrista que no ha sido sino la historia de la opresión contra todo un pueblo durante casi 60 años.

Y un recuerdo a Eduardo Cardet, este sí, preso político, que cumple pena de prisión por afirmar que Fidel Castro había sido rechazado por el pueblo cubano.

Como todos ustedes saben nuestro grupo parlamentario y nuestro partido están a favor del libre comercio. Pero están también a favor de los DDHH y del estado de derecho, dos conceptos (libre comercio y DDHH) que deberían ir siempre de la mano, porque un estado de derecho que ampara y garantiza los DDHH es el mejor amparo y garantía del comercio.

Y los DDHH no han avanzado un ápice en la isla de Cuba.

3.787 detenciones documentadas por la OCDH, a lo largo de este año. 3.787 losas que pesan sobre un régimen incapaz de cambiar, de abrirse, de aceptar que el disidente no es un delincuente sino un ciudadano.

Por eso, y de acuerdo con lo que defendió en su día la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, nuestro grupo se va abstener en esta votación. Porque no entendemos que el Gobierno de Cuba esté abandonando la política represiva, sino todo lo contrario. Y, debo decir también, que no es tampoco un país abierto a la economía privada, a la competencia, a la libertad de mercado.

Porque lo que ha afirmado la Alta Representante, Federica Mogherini, que con este acuerdo "se apoya el proceso de modernización económica y social de Cuba" no pasa de ser un desiderátum, una posibilidad que no está confirmada por la realidad.

Porque la realidad nos dice cosas muy distintas.

Porque en Cuba, las libertades económicas, junto con las libertades civiles y los DDHH están siendo permanentemente conculcadas.

Sirvan estas palabras para marcar una posición de distancia, de crítica, a un acuerdo que nos parece que no ha reparado lo suficiente en la dictadura económica y política que es Cuba,

Muchas gracias."

sábado, 21 de octubre de 2017

Notas para la comparecencia del secretario de estado de Asuntos europeos

Intervención en la comparecencia del secretario de estado de Asuntos europeos, 18 de octubre de 2017




Sobre el próximo Consejo Europeo

A diferencia de lo que afirma el Gobierno, se celebra este Consejo de octubre en el marco de una situación no excesivamente lejana al pesimismo en lo relativo al futuro de Europa. Después de un tiempo en que las noticias eran buenas para el proyecto común de la Unión... en Holanda se vencía al populismo y en Francia renacía el proyecto de una refundación de la mano de Macron, el presidente Juncker nos presentaba un papel con diversos escenarios de futuro... pero lo que nos trae de nuevo este otoño parece ser el retorno de la realidad que se define en términos bastante distintos:

  • El Brexit se encuentra estancado. Las divisiones en el Gobierno conservador británico, producto de la lucha por el poder entre los tories; una división política más o menos real o más bien una táctica para llevar las negociaciones al precipicio y así obtener un acuerdo in extremis, o las dos cosas a la vez. En todo caso, parece llevarnos por momentos a un Brexit duro, sin acuerdos, y en perjuicio de los ciudadanos, primero, y de las empresas después.

  • Las elecciones alemanas no han salido del todo bien, tampoco. El castigo a la Gran Coalición y la entrada en el Parlamento de la AfD obligan a un difícil pacto que no augura precisamente una dinámica que fortalezca a la UE en los términos previstos por el presidente francés.
  • Cerrado el plazo del acuerdo sobre integración de refugiados, las distorsiones entre los diversos países de la UE son absolutamente exageradas. Algunos se han negado a recibirlos, otros -caso de España- apenas han superado el triste porcentaje del 10%, en tanto que Alemania ha admitido a 1,000.000. ¿Dónde se encuentra una Europa igualitaria en su solidaridad?
  • Y, por si fuera poco, ahora es España la generadora de problemas. Los actuales gobernantes de Cataluña no sólo han declarado un golpe de estado a las instituciones españolas, lo han hecho también respecto de las instituciones europeas. Como todos ustedes ya conocen, en el artículo 4.2 de su Tratado se garantiza el respeto de la UE a la integridad territorial de sus estados. Y como ha dicho el presidente de la Comisión, detrás del independentismo catalan estaría la atomización -la balcanización- de Europa, 90 estados negociando en la misma mesa. En definitiva, el punto y final del proyecto europeo.
  • (Se supone que habrá algún debate al respecto, advertimos que hay algunos socios en la UE que no parecen demasiado bien informados. Me gustaría saber qué piensa y qué está haciendo el Gobierno al respecto).
  • Habrá que añadir a las malas noticias el resultado de las elecciones en Austria, en la que el populismo xenófobo ha empatado con los socialdemócratas y amenaza con entrar en el Gobierno de ese país.

Y nuestro Gobierno se apunta al optimismo "moderado"

¿Dónde estamos? ¿Cuál es realmente el estado de salud de Europa?

El Consejo se ocupará de algunos aspectos que forman parte de las preocupaciones más importantes.

1º. El Brexit, respecto del cual conviene a nuestro juicio mantener unida la negociación en cuanto a los ejes básicos que viene defendiendo la Comisión y el Comisario Barnier: no se negocia por los estados miembros y sí por la Comisión. Y los elementos previos a acordar entre las partes deben ser los referentes a la ciudadanía, el cheque a pagar por el RU y las fronteras Irlanda - Ulster.

En cuanto al.cheque que deba satisfacer el RU, que es motivo principal según ya nos consta de los negociadores británicos, debo decir que no se trata de un castigo de la Unión a quien nos abandona, una especie de sanción que se nos ha ocurrido a los 27 para disuadir a los que deciden irse, es la cifra que contendrá los términos económicos de los compromisos asumidos por RU a lo largo de su permanecía en la UE.

2º. En cuanto a la emigración y a la política de refugiados se refiere, ya hemos manifestado nuestras discrepancias respecto de la nefasta gestión realizada por el gobierno español en materia de refugiados.

Pero, y como quiera que este debate lo tendremos con el SEAE en su día, en base a la petición de comparecencia que le hemos formulado el GS y el GCs, sólo señalaré los aspectos siguientes:

  • Que la regulación de Dublin señalaba que el país en el que se presente la solicitud de asilo es responsable de la tramitación de la misma. Pero cuando Europa recibió a más de un millón de refugiados en sus fronteras, es el momento de innovar y apostar por la integración europea para encontrar las mejores soluciones.
  • Creemos que todos los países tienen que hacerse responsables y ofrecer una respuesta coordinada y que agilice los trámites de acogida.
  • Las instituciones europeas deben garantizar la aplicación de las mismas reglas en todos los Estados Miembros, y puedan -y deberían- recortar los fondos estructurales y de cohesión a aquellos estados que se nieguen a cambiar sus políticas migratorias. Los casos de Hungria y de Polonia deberían ponerse encima de la mesa, quizás no por España, precisamente, que dista mucho de honrar los compromisos en este ámbito.
  • Se deben, además, agilizar todos los trámites de acogida y de devolución de quienes no puedan acogerse, según el derecho internacional, a la demanda de asilo.
3º. En lo que respecta a la política en seguridad y defensa, debería señalar lo que sigue:

En el Consejo, se aprobarán las conclusiones sobre cooperación estructurada permanente, que es el "marco" legal de la Unión de Defensa.

Lo más novedoso es la propuesta del fondo Europeo de Defensa, que se centra en investigación y desarrollo, en dos áreas: investigación propiamente dicha (prototipos, tecnología y estándares) y capacidades (adquisiciones públicas, desarrollo industrial, tecnología compartida). La comisión financia parte de los proyectos de investigación mediante Horizon 2020 y tiene preferencia en que sea una pyme la que gestione los proyectos. Pero habrá que advertir que existe un cierto riesgo de que países que no tienen industria de defensa pongan dificultades.

En términos más generales, desde el Parlamento están pujando por una Unión de Defensa con una Dirección General propia, con un presupuesto financiado por la UE y una autonomía operacional, que no estratégica, de los contingentes militares comunes (se está hablando de ahondar en una mentalidad y cultura de defensa común). El líder de los liberales en el PE, Guy Verhofstaat, en su discurso del estado de la Union, se refirió al "Ejército Europeo ". Debo decir que estamos lejos de ello, pero, en todo caso, nuestra posición es cuanta más integración mejor, entre otras cosas porque así se ahorrarán costes.

4º. Se debatirá también sobre Turquía.

Desde el fallido golpe de Estado en julio de 2016, más de 100.000 funcionarios han sido despedidos de sus puestos de trabajo sin el debido proceso, más de 50.000 personas, incluidos periodistas, abogados, defensores de derechos humanos y académicos, han sido encarceladas a la espera de juicio, 150.000 personas están siendo investigadas en un contexto de represión masiva de los derechos humanos y de las libertades. Más de 180 canales de televisión y radio, revistas y editoriales han sido cerradas, y miles de periodistas y otros trabajadores de medios de comunicación se han quedado sin empleo.

El estado de emergencia declarado el 20 de julio de 2016 ha sido renovado en cuatro ocasiones, permitiendo al Ejecutivo gobernar por decreto eludiendo el control parlamentario. Las draconianas restricciones a los derechos de los detenidos bajo estado de emergencia incluyen la limitación de las visitas de los abogados a una hora por semana bajo vigilancia, minando el derecho a un juicio justo. Algunas personas detenidas en aplicación de leyes antiterroristas no pueden recibir cartas de sus seres queridos y sólo pueden recibir visitas de familiares en primer grado, también limitadas a una hora por semana. Los recursos para pedir su liberación mientras esperan juicio son rechazados de forma rutinaria sin ninguna razón. Existen alegaciones de tortura y de malos tratos por parte de la policía o en prisión.

Añadiré también que tampoco resulta Irán un adalid en cuanto a su standard de cumplimiento en materia de DDHH.

5º. Fuera de agenda, se debatirá sobre las eventuales sanciones a los responsables de la catastrófica situación que está atravesando Venezuela. Contra los responsables, insisto, no contra el pueblo de Venezuela. Desde nuestro partido, desde el grupo ALDE en el PE, la política de imposición sanciones ha sido una constante para poner de manifiesto nuestra solidaridad con la democracia y los demócratas venezolanos y en exigencia de responsabilidades a quienes han conducido a su país a ese desastre humanitario y dictatorial. Quiero felicitarme porque la avanzadilla liberal esté tomando cuerpo definitivamente en la UE.

Las elecciones regionales, celebradas el pasado domingo, arrojan más de un elemento de duda respecto de la limpieza del proceso. La deriva en Venezuela va hacia la plena conculcación de las libertades democráticas, el aislamiento de la posición y la condena a todo un país a la escasez y la penuria económica. La UE debe hacer algo por evitarlo.

6º. Aunque no vaya en la agenda del Consejo, me gustaría referirme a la noticia que hemos conocido en el día de hoy del nuevo posible escollo en la aprobación del acuerdo Mercosur. Ayer mismo esta Comisión aprobaba a propuesta de mi grupo una PNL que ratifica el apoyo del Parlamento al acuerdo. Creo que España debería insistir en que no se bloquee otra vez. Debemos ser nosotros, nuestro Gobierno, quien lidere el Mercosur.

Porque el acuerdo Mercosur no es sólo un acuerdo económico y comercial más, un elemento político de primer orden, ya que cuando la primera economía del mundo se encierra sobre sí mismo Europa -España- debe avanzar y cerrar el primer acuerdo con éste grupo de países.

Termino ya.

España, el Gobierno y el Parlamento -seguramente a través de esta comisión- debería reflexionar sobre el auténtico estado de la Unión, pasar de un "optimismo moderado" que sólo nos conduce a la habitual ausencia de accion por parte del Gobierno, ausencia de accion del que se instala en la comodidad de los que piensan que vamos por el buen camino y que apenas si hay algo más que hacer, y pasar a un cierto pesimismo (el pesimismo no como la negación de la accion, sino como la condición que asumen los optimistas bien informados), una actitud que nos lleve al trabajo, desde la construcción de un proyecto sugestivo para España a integrar un proyecto de futuro europeo. Algo así como les ocurría a los intelectuales del '98, que llamaron a la regeneración de nuestro país.

Como nos lo demuestra el presidente Macron, no es posible fiar a la solución europea todas las insuficiencias de los Estados. Por lo tanto, si no somos capaces de crear una España sugestiva para todos los españoles no seremos capaces de crear esa Europa fuerte, unida, solidaria y capaz de afrontar su futuro.

martes, 26 de septiembre de 2017

Intervención ante el sector agroalimentario español sobre el Brexit.


Comienzo esta intervención saludando la iniciativa de los organizadores de poner en contacto al sector agroalimentario con el Parlamento con relación al proceso del Brexit. Una relación que debería mantenerse, de modo que el control que ejercemos sobre el Gobierno pueda contar con la referencia de los sectores afectados y sus prioridades en la negociación.

La intervención que puedo hacer en este momento del proceso es en todo caso genérica (aunque haré alguna especificación final). A pesar de que el Gobierno de Theresa May invocó el pasado 29 de marzo de este mismo año el artículo 50 del Tratado de la UE por el cual el Reino Unido anunciaba a sus socios su decisión de abandonar la Unión, 6 meses después todavía no está claro casi nada en el proceso de salida y, menos aún, cómo quedarán las relaciones futuras entre la UE y RU.

Lo único que parece claro es que los británicos carecían de un plan B para el caso de que las previsiones que planteaban las encuestas fallaran y este país abandonara la UE. La maniobra posterior al referéndum por parte de la Primer Ministro que sucedía al anterior, responsable del desaguisado, David Cameron, de adelantar las elecciones con el objeto de obtener una mayoría absoluta que le permitiera abordar con cierta comodidad y liderazgo el proceso, se saldaría con un fracaso. Las tensiones en su partido se avivan por momentos, los partidarios de un Brexit duro están a la expectativa de un nuevo fracaso de May para hacerse con el poder y la Primera Ministra debe negociar todas y cada una de las medidas que conduzcan a la salida de la UE con los diversos sectores de su partido y con sus socios norirlandeses.

La línea de comunicación por parte del Gobierno británico no es clara tampoco (difícilmente lo podría ser). RU ha iniciado el envío de algunos documentos sobre aspectos concretos del Brexit (Seguridad, cumplimiento de la ley y justicia; política exterior, Defensa y desarrollo; política aduanera...) que no aportan nada, salvo algo así como asegurar su buena voluntad de ser unos socios leales en lo que se acuerde en el futuro. Pero el futuro que quieren sigue sin estar claro, porque -a lo mejor- quienes no lo tienen claro son ellos mismos.

No obstante lo cual, el discurso de Theresa May en Florencia la semana pasada, su voluntad de mantener el compromiso presupuestario de RU respecto de las perspectivas financieras -el presupuesto de la UE- hasta su vencimiento en el año 2020 y la propuesta de un periodo transitorio de 2 años (diría más bien que, al menos, 2 años) parecen abonar la tesis de un Brexit blando.

En ese periodo transitorio, RU se mantendría dentro del mercado único y de la Unión Aduanera, hasta que se definan las condiciones de su futura relación con la UE. Esa sería la mejor solución para las dos partes. Primero, por el impacto -negativo- tanto en la industria y agricultura del RU y de la UE que supondría el restablecimiento de aranceles; y segundo, las consecuencias negativas para el RU de tener que negociar un sinfín de acuerdos comerciales bilaterales con una infinidad de países terceros en un período corto de tiempo.

Aún así, la posición Britanica respecto de los 2 asuntos previos a entrar en la negociación concreta por sectores (entre los que se encuentra el agroalimentario), que son la situación de los ciudadanos (los europeos en RU y los británicos en la UE) y el coste de la factura de salida están muy distantes. En todo caso, la cifra del cheque, 20.000 millones €, según el discurso de May en Florencia, aunque muy por debajo de las estimaciones que lo situaban en 100.000 millones, supone la aceptación por primera vez de algo que los euroescépticos británicos nunca dijeron: que la salida de la UE costaría dinero a su país.

A nuestro juicio, es fundamental que el esquema previsto por el Comisario Europeo Barnier y los negociadores de la UE (los ciudadanos y el cheque, primero, además de la frontera entre Irlanda y el Ulster) se mantenga: abordar en paralelo estos asuntos junto con la negociación sectorial favorecería a los intereses de RU y perjudicaría a los europeos, por cuanto entrarían en ella más elementos de discusión y la posibilidad para RU de ceder en algunos aspectos para ganar en otros.

Las alternativas que por el momento existen para el acuerdo futuro UE - RU serían: (a) Acuerdo del Espacio Económico Europeo (EEE) con la UE (actualmente en vigor para Noruega, Islandia y Liechtenstein); (b) Marco actual vigente con Suiza; (c) Unión Aduanera con Turquía; (d) Acuerdo de Libre Comercio similar a CETA o TTIP; (e) Aplicación de los aranceles de Nación Más Favorecida (NMF) dentro de la OMC.

De estas, la más probable es que el status final del RU podría ser perfectamente una FTA (Free Trade Area, o área de libre comercio) fundamentalmente de bienes pero que también podría incluir algunos sectores de servicios (esperando que los servicios financieros queden excluidos) sin formar parte de la Unión Aduanera ni tener acceso al Mercado Único. El status final con acceso al Mercado Único es evidente que sería muy difícil de "vender" políticamente dentro del propio RU, pues supondría una situación similar a la que actualmente tiene Noruega (pagando por su acceso al Mercado, pero sin posibilidad de influir en su conformación y regulación). En cuanto a seguir formando parte de la Unión Aduanera, supongo que tampoco sería una opción realista políticamente hablando, pues ello supondría que el RU debería seguir la política comercial de la UE, lo que supondría que no podría tener la suya propia (no podría firmar sus propios acuerdos comerciales aparte, y tendría que aplicar las decisiones que la UE tomara en aspectos de defensa comercial, etc).

Cuando me refiero a la Unión Aduanera (período transitorio que podría durar varios años) y FTA (status final), hablo fundamentalmente de circulación de mercancías, libres de aranceles, cuotas y prohibiciones. Asimismo, se podrían incluir aspectos de defensa comercial (cláusulas de salvaguarda comunes, reglas antidumping, etc.) que en el fondo forman el conjunto de una Unión Aduanera y FTA de bienes normalizada. Sin embargo, con toda probabilidad quedarían fuera los aspectos de normas y estándares industriales, las normas sanitarias y fitosanitarias aplicables tanto al sector industrial como, sobre todo, al agrícola (en sentido amplio, incluido el agroalimentario y de bebidas), normas de protección de los consumidores, denominaciones de origen, etc. A través de las cuales, por cierto, se podría impone una especie de segundo "arancel" encubierto. Aunque no es imposible llegar a acuerdos específicos en algunas de estas materias, pero, de nuevo, en ese caso el RU quedaría "sometido" a la regulación que saliera de la UE (como Noruega).

Por lo tanto, entiendo que podríamos hablar de dos posibles escenarios:

A) con Unión Aduanera (transitorio) y FTA (final), es decir sin aranceles, pero sin la parte "normativa". Como el RU tiene la intención de introducir en su legislación todas las regulaciones actuales de la UE, este hecho equivaldría, indirectamente, a tener acceso al Mercado Único, pues las reglas serían las mismas en un lado y otro del canal. Esto permitiría una fase de transición larga, más allá del período transitorio formal que se acuerde. Evidentemente, esta situación iría cambiando a medida que la UE introduzca cambios a su actual marco reglamentario y regulatorio (sin la intervención del RU), por lo que a largo plazo, el impacto para las dos partes sería significativo, ya que los operadores económicos deberían "ajustar" su producción a las normas y estándares (diferentes) de cada parte con lo que ello conlleva de sobrecostes.

B) sin Unión Aduanera ni FTA, es decir con aranceles. La situación sería mucho peor y de efectos inmediatos. En un principio, los aranceles aplicables serían los consolidados por parte de la UE en la OMC (es decir los que la UE aplica a países terceros con los que no tiene acuerdos específicos de libre comercio). Esta situación sería aplicable tanto por una parte (exportaciones de la UE al RU) como por la otra (exportaciones del RU a la UE), ya que supongo que el RU tomaría tales aranceles como propios, en base al principio de "Estado sucesor". Supongo que al RU no le queda otro remedio, pues en el caso de que intentara renegociar ex-novo todos los aranceles en el seno de la OMC, podría encontrarse con muchos problemas en particular con países importantes como China, India, Rusia, etc.

En este último escenario, la situación para la agricultura (en sentido amplio, no sólo productos agrícolas, sino también agroalimentarios y bebidas) de ambos lados sufriría especialmente y a corto plazo, una vez terminado el posible período transitorio o, en el peor de los casos en el escenario en el que no hubiera un acuerdo entre las partes. Efectivamente, el arancel consolidado (promedio simple) total es del 5,2%, pero el aplicable al sector agrícola se eleva al 13,5%, pero este promedio varía enormemente con picos arancelarios del 53,9% (promedio del sector) en los productos lácteos, del 30,6% en el sector del azúcar y artículos de confitería o del 23,2% en los productos de origen animal o del 21,2% en el sector de bebidas y tabaco. Todo un cambio radical en el comercio de estos productos, con efectos negativos importantes en muchos sectores. Además, sufrirían enormemente (llegando incluso hasta poner en riesgo su propia existencia) las cadenas de valor que incorporan productos intermedios de una y otra parte para la fabricación de un producto final.

Para terminar, y como quiera que desde la organización de este acto se nos pedía una valoración de la actuación del Gobierno español en este epígrafe, yo la definiría como que se encuentra a la expectativa. A la expectativa tanto del escenario que escoja RU después de culminado el primero (ciudadanos, cheque y frontera Irlanda-Ulster), como de las posiciones que mantengan los 27. No obstante, y en la medida en que cada vez parece más clara la aplicación de un relativamente largo periodo transitorio, no seremos nosotros quienes critiquemos esta actitud, siempre que en todo caso el Gobierno maneje todos los escenarios (incluyendo, desde luego, los más negativos, que afectan al sector).

miércoles, 6 de septiembre de 2017

Intervención en la comparecencia del ministro de exteriores, Alfonso Dastis en comisión


4 de septiembre de 2017






Comparece usted hoy aquí, y quiero subrayarlo, a petición de la Comisión, es decir, de los grupos parlamentarios y de modo muy singular del nuestro, de Cs, y no a petición propia. Fue nombrado usted ministro, si no recuerdo mal, el 4 de noviembre del pasado año y hoy se cumplen exactamente diez meses desde su llegada al cargo.

Diez meses en los que apenas sí hemos podido verle en esta Comisión, salvo —creo— para la tradicional presentación de los objetivos de su Departamento, como les ha ocurrido a todos sus compañeros del Gobierno; o en ocasión de los presupuestos para este año 2017, igualmente que el resto del gabinete; o su comparecencia puntual sobre el Brexit en marzo de este año.

Se advierte, por lo tanto, Sr. Ministro una muy escasa actitud de cercanía, diría yo, incluso, que una cierta vocación de distancia de SS con el Parlamento. Una actitud que no se atiene con un régimen de democracia parlamentaria como es el español y menos aún cuando se forma parte de un Gobierno que no dispone del apoyo de la mayoría absoluta del Parlamento.

Una actitud que convendría que revisara SS y que en todo caso ya le anuncio que mi grupo va a intentar que se modifique, presentando con carácter trimestral una petición de comparecencia de SS en esta Comisión. Aunque le recomendaría, y lo hago ahora todo lo amablemente que pueda, que se anticipe usted a esta petición.

En cualquier caso, diez son meses suficientes para hacer balance de lo acometido por su Departamento, un balance en el que nuestro grupo no ha podido advertir apenas nada, ni frío ni caliente, una gestión en la que quizás por aquello que la diplomacia se practica a veces de modo prudente y sin estridencias, todas o casi todas las gestiones emprendidas se realizan por debajo del radar, de modo que la luz y los taquígrafos de los Parlamentos no tengan noticia de lo que acontece.

¿O es que, por el contrario, lo que hay es que no hay nada?

Se gestione o no, lo que hacemos aquí es política, Sr. Ministro. Y la política no es algo que haya que intuir, descifrar o resolver como un enredo, un crucigrama o un enigma... Algo así como preguntarnos, ¿qué piensa el Gobierno?, ¿qué hace el Gobierno?, ¿qué ha previsto hacer si se presentan determinadas circunstancias que están más que previstas?

Y le pongo dos ejemplos.

Venezuela. El deterioro evidente de un país en el ámbito político y humanitario, tan evidente el deterioro que apenas nadie se podía llamar a engaño respecto de la evolución previsible de los acontecimientos. ¿Qué han hecho ustedes? ¿Qué piensan hacer? ¿Cuándo va la UE a imponer sanciones a los responsables de la dictadura, y digo dictadura, porque en eso se ha transformado Venezuela, o siguen abonados a la mediación del expresidente Zapatero que, permítame que se lo diga, Sr. Ministro, es algo así como mirar para otro lado? ¿Considera el Gobierno replicable a escala Europea la prohibición norteamericana de comprar deuda venezolana y de su petrolera? En definitiva, ¿tenemos una estrategia o vamos a remolque de otros? O peor que eso, ¿nada de nada?

Por cierto, apoyo total a Lilian Tintori y su derecho a viajar fuera de su país para recabar apoyos y narrarnos sus experiencias.

Segundo ejemplo, Guinea Ecuatorial. En las últimas semanas se ha especulado sobre un eventual estado terminal en la salud del dictador durante 37 años de ese país. Es cierto que en repetidas ocasiones se ha producido el mismo rumor respecto de la salud de Obiang Nguema. En cualquier caso, ¿tiene España un plan para apoyar un proceso de transición democrática en ese país? ¿Lo ha coordinado con otras cancillerías? ¿O no tiene nada que presentar?

Los diez primeros meses de gestión en su ministerio se han caracterizado por la pasividad y la falta de un enfoque estratégico para mejorar la defensa de los intereses de los españoles en el mundo. Esta inactividad se refleja tanto en la vertiente política como en la institucional. No hay iniciativas que hayan impulsado nuevas políticas europeas en sectores clave para España como el medioambiente, el empleo, el consumo o la ciudadanía europea y un proyecto ambicioso para el futuro de Europa. Ni siquiera con el fin de iniciar el debate necesario para crearlas. La crisis de Libia y su impacto migratorio tampoco ha merecido el interés de su ministerio a pesar de su efecto en una región estratégica para nuestros intereses. Un ejemplo de ello es la falta de propuestas concretas en la reciente cumbre de París del llamado G-4. En el aspecto institucional no hay ningún indicio de voluntad de acometer la necesaria reforma de la AECID, el Cervantes o los servicios consulares con el fin de promover la transparencia, la eficiencia y la eficacia, y acabar con el amiguismo y el despilfarro. Seguimos todavía sin nuevo plan director de la cooperación española, una herramienta imprescindible. En una escena internacional cada vez más compleja y con desafíos más peligrosos para la seguridad y el bienestar de los españoles, esta inactividad es si cabe más grave. Necesitamos liderazgo y propuestas, necesitamos una visión que genere entusiasmo y consenso.

Y es que en el plano Europeo, con excepción de lo que se refiere al importante capítulo del Brexit, respecto del que nuestro grupo se encuentra suficientemente informado, podríamos situar muy poco en el activo del gobierno: ¿cumpliremos nuestros compromisos en materia de refugiados? Desde luego no parece que lo haremos en reubicación. Quizás pudiéramos hacer un esfuerzo suplementario en reasentamiento, como se lo pedimos al Secretario de Estado... pero éste no quiso considerar esa idea.

Con demasiada frecuencia hemos oído hablar (matizo, no a usted, porque a usted le oímos hablar bastante poco), pero sí que se ha expresado que la política exterior española es la que corresponde a un país de tamaño medio, con lo cual se diría que nos resignáramos a considerarnos poco menos que irrelevantes en el escenario internacional. No hay ambición de país.

Y no debería ser así. España cuenta con una situación geopolítica privilegiada y una historia y un potencial cultural aún por explotar.

Estamos situados en el vértice en el que coinciden la Unión Europea (recordemos el lema orteguiano, "España es el problema, Europa es la solución") y nuestra vecindad sur, el Magreb, un escenario de retos y oportunidades.

Una vecindad sur en la que, por cierto, sin dejar de atender a nuestro socio estratégico que es Marruecos, deberíamos reequilibrar nuestras relaciones en la región, prestando una mayor atención a Argelia (nuestro principal proveedor de gas), y actuando de manera más activa en la solución del contencioso del Sáhara. Por cierto, ¿tenemos algún plan para todo esto? ¿Vamos a remolque o nada de nada?

Y contamos también con lo que para nosotros debería constituir el principal activo e instrumento de nuestra política exterior, el español, y que sin embargo guardamos en el arcón de los objetos poco menos que olvidados. Un idioma hablado por más de 550 millones de personas y que se está extendiendo sin apenas ayudas institucionales en lugares como EEUU.

No tendría porqué este portavoz expresarle una alternativa a la política exterior española, aunque de alguna manera ya se la estoy contando; pero sí puedo ofrecerle alguna idea que creo importante: ¿No podríamos trabajar el español con otros países que se comunican en el mismo idioma para ampliar su conocimiento en otros ámbitos, incluyendo de modo singular en los que se haya perdido? Recordemos que con el idioma va la cultura, pero también la economía y un modo de vivir y entender las cosas. Un modo, ¿por qué no decirlo, español, iberoamericano? ¿Algún plan, Sr. Ministro? ¿O nada tampoco?

Va usted a Cuba mañana mismo. Cuba, casi 60 años de dictadura. Un país en el que no se ha producido ningún avance en el plano del respeto a los DDHH y sí algún retroceso en lo que se refiere a la apertura económica. ¿Va usted a entrevistarse con la disidencia, (por lo que informa la prensa sí que se va a reunir con empresarios)? Por cierto, Cuba es aliado principal y Consejero estratégico de primer orden de la dictadura de Maduro. ¿No cree que es una ingenuidad pretender que Cuba influya en que Venezuela recupere su democracia perdida?

Llegaremos previsiblemente a formar parte del Consejo de DDHH de la ONU. ¿En qué va a afectar esa situación a nuestra defensa de los DDHH en el mundo? ¿Hay alguna idea concreta o ya veremos? Por cierto también, sabe usted que Cuba estuvo en ese Consejo y eso no le supuso precisamente mejorar en ese ámbito.

Sr. Ministro no hay planes, no hay estrategias... lo que pone de relieve algo que es bastante peor, que no existe ambición de pais; aún más, que no han comprendido ustedes lo que España es y podría protagonizar en el siglo XXI en un mundo en cambio, hoy más que nunca necesitado de referencias. Pero es evidente, ¿cómo vamos a proyectar ambición exterior (que eso sí que es Marca España) cuando no la tenemos en el interior? De manera inevitable la acción exterior supone una proyección de la interna. Y si no hay un proyecto ambicioso para España no lo habrá tampoco en el ámbito internacional. Busquen esa ambición, pero ya se lo digo de antemano, no la encontrarán en este Gobierno.

Dicho todo lo cual, y con la excepción de los Asuntos de Estado, donde la seguridad o los intereses de España se encuentren en peligro o simplemente cuestionados, en los que siempre podrá contar con nuestro grupo, la distancia entre su gestión y nuestra consideración de lo que deba producirse, Sr. Ministro, no es sólo cuantitativa, de hacer más, que también: sino que es cualitativa, porque significa nada menos que hacer política, poner la política, con letras mayúsculas, al servicio de la proyección exterior, de la accion exterior española. La buena política, no el vuelo raso, la carencia de ambición y la absoluta ausencia de planes.

Nuestro grupo, Sr. Ministro es de la opinión que la política internacional es una cuestión de Estado, de imprescindible acuerdo. Pero es que la acción exterior española carece de una referencia previa, la política, y sin ese material nada se podrá concluir.

Cuenta usted con los apoyos parlamentarios que tiene, Sr. Ministro. Usted sabrá si le son suficientes,

jueves, 31 de agosto de 2017

Intervención en la comparecencia del ministro de justicia

Intervención en la comparecencia del ministro de justicia respecto de los escritores de origen turco, opositores al régimen de Erdogan



 
Por seguir la preocupación que nuestro grupo ha mantenido en relación con el deterioro d las las libertades democráticas en Turquia, de la que la cuestión que analizamos ahora entiendo trae su causa, preocupación mantenida en diferentes iniciativas parlamentarias.

1º) La ONG, Amnistía Internacional, que lleva por título, "Journalism is not a crime", se afirma que, de acuerdo con la Unión de Periodistas de Turquía (TGS, en sus siglas en inglés), unos 2.500 periodistas y otros trabajadores en los medios de comunicación han perdido sus empleos como consecuencia del cierre de sus medios por decreto ejecutivo. Además, la Dirección General de Prensa e Información ha revocado las credenciales de prensa a 778 periodistas.

2º) Las leyes genéricas anti-terroristas, como las que prohíben hacer propaganda y formar parte de una organización terrorista se están usando para perseguir a periodistas y trabajadores de los medios. Se persigue al periodismo a pesar del derecho a la libertad de expresión.

3º) El Committee to Protect Journalists, ha descrito a Turquia como el mayor carcelero de periodistas del mundo.

4º) La mencionada ONG cree que la constante detención de periodistas y otros trabajadores de los medios en Turquía constituye un castigo sin juicio.

5º) Acusaciones de tortura y de otros malos tratos en la detención policial..

6º) Taner Kiliç, presidente de Amnistía Internacional en Turquía, ha sido detenido por falsas sospechas de pertenencia al movimiento de Fethullah Gülen, al que el gobierno turco responsabiliza del intento de golpe de Estado del año pasado.

7º) 8º) La gravedad de este hecho supuso la expresión de la preocupación de nuestro partido y de nuestro grupo ante el embajador de Turquía en España.

8º) Más de 100.000 personas del sector público han sido despedidas de sus puestos de trabajo.

9º) En la última semana 921 -la última del pasado mes de julio- sospechosos de “terrorismo” han sido capturados por la Policía y la Gendarmería tras 1.157 operaciones llevadas a cabo en todo el país, según informó ayer el Ministerio del Interior en un comunicado.
en todo julio han sido detenidas más de 4.500 personas por terrorismo.

10º) La etiqueta de “terrorista” se aplica con liberalidad no sólo a aquellos que realmente tratan de atentar contra el orden establecido —que los hay— sino también contra todos aquellos que se oponen al Ejecutivo islamista.

11º) 25 de julio, un tribunal turco juzga desde ayer por colaboración terrorista, entre otros delitos, a 19 periodistas de Cumhuriyet, uno de los pocos diarios independientes del país.

12º) “España actúa como si Turquía fuera una democracia” ('El País' - 2017-08-26. Dogan Akhanli, escritor)

"No entiendo por qué las autoridades españolas cooperan tan rápidamente con los requerimientos del Estado turco. España debe tener claro que este país usa los acuerdos internacionales de lucha contra la criminalidad contra su oposición.

'Quien conozca España piensa que es un país democrático. Piensa que va a tener en cuenta si un país actúa de forma arbitraria y ha dejado de ser un Estado de derecho. Por eso me asombra que España atienda tan rápidamente los requerimientos de Turquía, como si fuera una democracia. No puede ser casualidad que ocurra lo mismo con dos personas al mismo tiempo".

Parece evidente, por ello, que en especial a partir del golpe de estado del pasado año, el Gobierno de Erdogan está practicando una conculcación consciente y predeterminada de los DDHH, de modo singular en materia de libertad de expresión a través de la aplicación de la legislación antiterrorista al ámbito de la crítica y la disidencia política.

Y sin perjuicio de que los dos casos se encuentran en la situación que el Ministro nos ha relatado, y que sólo el Gobierno deberá autorizar en su caso la extradición cuando resuelvan los tribunales... ésta no es una cuestión solamente Juridica, sino política. Aún más, se trata de un previo a la política, se refiere a los DDHH, a la libertad de expresión.

Y, España, no lo olvidemos quiere formar parte del Consejo de DDHH de la ONU.

Mi pregunta es doble: ¿es consciente el Gobierno de la más que posible utilización torticera del régimen de Erdogan del procedimiento de Interpol para la persecución de disidentes políticos?

Y la que se desprende de esta: ¿a pesar de ello, el Gobierno está ayudando de manera consciente a Turquía en esas prácticas represivas? O, preguntado de otra manera, ¿porqué colabora la policía española con Turquía cuando no lo hacen los servicios de seguridad de otros países de la UE?
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