jueves, 31 de agosto de 2017

Intervención en la comparecencia del ministro de justicia

Intervención en la comparecencia del ministro de justicia respecto de los escritores de origen turco, opositores al régimen de Erdogan



 
Por seguir la preocupación que nuestro grupo ha mantenido en relación con el deterioro d las las libertades democráticas en Turquia, de la que la cuestión que analizamos ahora entiendo trae su causa, preocupación mantenida en diferentes iniciativas parlamentarias.

1º) La ONG, Amnistía Internacional, que lleva por título, "Journalism is not a crime", se afirma que, de acuerdo con la Unión de Periodistas de Turquía (TGS, en sus siglas en inglés), unos 2.500 periodistas y otros trabajadores en los medios de comunicación han perdido sus empleos como consecuencia del cierre de sus medios por decreto ejecutivo. Además, la Dirección General de Prensa e Información ha revocado las credenciales de prensa a 778 periodistas.

2º) Las leyes genéricas anti-terroristas, como las que prohíben hacer propaganda y formar parte de una organización terrorista se están usando para perseguir a periodistas y trabajadores de los medios. Se persigue al periodismo a pesar del derecho a la libertad de expresión.

3º) El Committee to Protect Journalists, ha descrito a Turquia como el mayor carcelero de periodistas del mundo.

4º) La mencionada ONG cree que la constante detención de periodistas y otros trabajadores de los medios en Turquía constituye un castigo sin juicio.

5º) Acusaciones de tortura y de otros malos tratos en la detención policial..

6º) Taner Kiliç, presidente de Amnistía Internacional en Turquía, ha sido detenido por falsas sospechas de pertenencia al movimiento de Fethullah Gülen, al que el gobierno turco responsabiliza del intento de golpe de Estado del año pasado.

7º) 8º) La gravedad de este hecho supuso la expresión de la preocupación de nuestro partido y de nuestro grupo ante el embajador de Turquía en España.

8º) Más de 100.000 personas del sector público han sido despedidas de sus puestos de trabajo.

9º) En la última semana 921 -la última del pasado mes de julio- sospechosos de “terrorismo” han sido capturados por la Policía y la Gendarmería tras 1.157 operaciones llevadas a cabo en todo el país, según informó ayer el Ministerio del Interior en un comunicado.
en todo julio han sido detenidas más de 4.500 personas por terrorismo.

10º) La etiqueta de “terrorista” se aplica con liberalidad no sólo a aquellos que realmente tratan de atentar contra el orden establecido —que los hay— sino también contra todos aquellos que se oponen al Ejecutivo islamista.

11º) 25 de julio, un tribunal turco juzga desde ayer por colaboración terrorista, entre otros delitos, a 19 periodistas de Cumhuriyet, uno de los pocos diarios independientes del país.

12º) “España actúa como si Turquía fuera una democracia” ('El País' - 2017-08-26. Dogan Akhanli, escritor)

"No entiendo por qué las autoridades españolas cooperan tan rápidamente con los requerimientos del Estado turco. España debe tener claro que este país usa los acuerdos internacionales de lucha contra la criminalidad contra su oposición.

'Quien conozca España piensa que es un país democrático. Piensa que va a tener en cuenta si un país actúa de forma arbitraria y ha dejado de ser un Estado de derecho. Por eso me asombra que España atienda tan rápidamente los requerimientos de Turquía, como si fuera una democracia. No puede ser casualidad que ocurra lo mismo con dos personas al mismo tiempo".

Parece evidente, por ello, que en especial a partir del golpe de estado del pasado año, el Gobierno de Erdogan está practicando una conculcación consciente y predeterminada de los DDHH, de modo singular en materia de libertad de expresión a través de la aplicación de la legislación antiterrorista al ámbito de la crítica y la disidencia política.

Y sin perjuicio de que los dos casos se encuentran en la situación que el Ministro nos ha relatado, y que sólo el Gobierno deberá autorizar en su caso la extradición cuando resuelvan los tribunales... ésta no es una cuestión solamente Juridica, sino política. Aún más, se trata de un previo a la política, se refiere a los DDHH, a la libertad de expresión.

Y, España, no lo olvidemos quiere formar parte del Consejo de DDHH de la ONU.

Mi pregunta es doble: ¿es consciente el Gobierno de la más que posible utilización torticera del régimen de Erdogan del procedimiento de Interpol para la persecución de disidentes políticos?

Y la que se desprende de esta: ¿a pesar de ello, el Gobierno está ayudando de manera consciente a Turquía en esas prácticas represivas? O, preguntado de otra manera, ¿porqué colabora la policía española con Turquía cuando no lo hacen los servicios de seguridad de otros países de la UE?
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