Publicado originalmente en "The Diplomat in Spain" el 3 de noviembre de 2017
En el cruce de caminos de los intereses comerciales y los derechos humanos, que constituye siempre una situación recurrente de la diplomacia, el Acuerdo Político y de Cooperación entre la UE y Cuba ha aterrizado de manera no por menos anunciada menos sorprendente. Después de casi 21 años manteniendo la llamada “Posición Común”, defendida por el ex-Presidente José María Aznar, los estados de Europa han modificado su estrategia respecto de Cuba.
Desde el 17 de diciembre de 2014, cuando el presidente estadounidense y el cubano, Raúl Castro, anunciaron la normalización de las relaciones entre sus países, se ha producido una verdadera carrera de diferentes líderes por tomar posiciones económicas y comerciales en la isla caribeña. Entre ellos, el presidente francés, François Hollande; pero también los de Panamá, Serbia, Vietnam, Colombia, Namibia y otros. Por parte del gobierno español lo hicieron, en mayo del pasado año, los ministros Pastor y Margallo y, más recientemente el responsable de Exteriores, Alfonso Dastis.
¿Se corresponde esta carrera con una apertura real de Cuba en los planos político y económico? La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (la “Ministra de Exteriores de la UE”), Federica Mogherini, ha afirmado respecto del acuerdo que con éste se “apoya el proceso de modernización económica y social de Cuba”.
Se trata de una declaración que podría en todo caso considerarse como un desideratum, una ingenua fe en las buenas intenciones del régimen de su actual dirigente, Raúl Castro. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha denunciado que durante el pasado mes de septiembre se produjeron 193 detenciones arbitrarias. Son arrestos, por lo general, que duran menos de 24 horas, pero que constituyen un permanente acoso para los afectados y la consiguiente inquietud en sus familias. El OCDH ha denunciado también la campaña represiva que el gobierno está realizando en contra de periodistas, realizadores y colaboradores de diversos proyectos audiovisuales y medios de comunicación independientes en Cuba. Algunos de ellos han sido detenidos de manera arbitraria y otros amenazados por cubrir la difícil situación de la población tras el paso del huracán Irma. Una represión que es continua, a lo largo del presente año 2017, se han producido 3.787 arrestos en Cuba.
En el plano de la liberalización de la economía, el proyecto de apertura (en el caso de que alguna vez lo hubiera) se ha detenido. Y el partido único, el PC, se vería obligado a reconocerlo en abril de 2016. Como resultado de esta autocrítica se han restablecido controles de precios a la actividad privada, incluyendo a la agricultura y al transporte. El cuentapropismo (sector de la economía privada, la que trabaja por su cuenta) no vive su mejor momento, Si bien no existen datos estadísticos fiables, la también recurrente acción policial y de La Oficina Nacional de la Administración Tributaria y la Contraloría General de la República, certifican la importancia de las medidas adoptadas por el partido. Sólo en un mes (octubre de 2016), el ayuntamiento de La Habana formuló advertencias a 129 de los 135 titulares de restaurantes privados inscritos en la capital. Las razones para hacerlo iban desde “el consumo y la expedición de drogas en sus locales, hasta el blanqueo de dinero”. Se derivaría de esa advertencia la suspensión del otorgamiento de nuevas licencias a nivel nacional.
Parece evidente, en consecuencia, que el proceso de modernización económica y social (y política, añadiría yo) de Cuba de que hablaba Mogherini no es tal.
Sobran los motivos para justificar la negativa de Ciudadanos a ratificar este Acuerdo.
