Lo que más ha cambiado en España

Artículo original publicado en El Imparcial, el 28 de diciembre de 2022

El tirón de orejas propinado por el Rey a nuestra clase política en su discurso de Navidad no debería pasar desapercibido para nadie. Su llamada al «ejercicio de la responsabilidad», en el que incluyó a todos los actores institucionales —sin excluir de esta tarea a la Corona— enfatiza, más que ningunas otras expresiones, la clave en la que se debería sustentar la respuesta a la actual crisis que estamos atravesando.

Es lógico que en ese «todos» no adjudicara Don Felipe los diferentes grados de culpabilidad que tienen los sectores involucrados en este desaguisado nacional, pero tampoco deja de ser cierto que como aseveraba Orwell, todos somos iguales, pero algunos resultan más iguales que otros.

En los casi 45 años de trayectoria constitucional, muchas cosas han cambiado en la España que alumbró el pacto de 1978, como oportunamente recordó Felipe VI. El crecimiento económico consecuente con nuestra incorporación a Europa, las características demográficas de la población española, el desarrollo del estado de las autonomías previsto en el Título VIII de la Carta Magna, el procedimiento de obtención de las mayorías de gobierno de los partidos turnantes basado en el concurso de las minorías nacionalistas… todo ello unido al profundo cambio que ha experimentado nuestra sociedad en lo que se refiere a su esquema de valores predominante y a la integración de fenómenos que en su día parecían reprobables además de marginales.

Somos, es cierto, un país diferente al que éramos en el final de la década de los 70 del pasado siglo; pero me atrevo a decir que uno de los protagonistas del escenario nacional en el que más se puede percibir la transformación se sitúa en el ámbito de la izquierda política, en sus percepciones de la realidad, en el abandono de la práctica del método del consenso como fórmula para resolver los problemas, incluso —no sería demasiado osado decir— en su deslealtad constitucional y su amenaza cada vez más evidente de modificar el texto de 1978 por la puerta de atrás, a través de su desnaturalización.

No será, sin embargo, necesario recordar aquí la modificación de criterio que, por ejemplo, acometieran los comunistas españoles Santiago Carrillo y Dolores Ibarruri aceptando la transición política —y la bandera nacional, abandonando la tricolor republicana— en aquellos años; porque lo cierto es que el proceso venía de tiempos muy anteriores, en concreto de junio de 1956, cuando esa formación política presentaba un manifiesto por la reconciliación nacional en el que había tomado parte muy activa el entonces dirigente del citado partido, Jorge Semprún —por cierto nieto del político conservador de la etapa restauracionista don Antonio Maura—. Resulta conveniente la relectura de ese documento que, en uno de cuyos párrafos, afirmaba:

«Crece en España una nueva generación que no vivió la guerra civil, que no comparte los odios y las pasiones de quienes en ella participamos. Y no podemos, sin incurrir en tremenda responsabilidad ante España y ante el futuro, hacer pesar sobre esta generación las consecuencias de hechos en los que no tomó parte».

Dos generaciones más adelante, los españoles de hoy se diría que ya no merecemos el beneficio de la paz interior que es producto del olvido de las viejas pendencias. Una nueva batalla se abre entonces en nuestros días. No se libra ésta con armas de fuego, pero sí con la desinformación y el insulto al contrario.

¿No ha cambiado la izquierda, esa izquierda, la comunista devenida en populista de izquierdas, y la socialista que cada día se mimetiza más con los planteamientos de la anterior?

El sistema del 78, al igual que el canovista expresado en la Constitución de 1876, obtiene su sustento en la existencia de dos grandes partidos que se suceden en el poder, y en un poder moderador que constituye su arco de bóveda representada por Su Majestad el Rey. Es verdad que, a diferencia con el texto apadrinado por el político malagueño, contiene el actual un elenco de elementos que subrayan su vocación democrática, integrando en ella los instrumentos de control de los poderes públicos entre sí y con las instituciones que aconsejan y asesoran a aquéllos. No es lo mismo una Constitución democrática como la de 1978 que una liberal como la de 1876; sin embargo, la quiebra en el cumplimiento de las funciones que le correspondientes a uno de los partidos deja al sistema inerme y al Rey expuesto a convertirse en el último valladar de un régimen que se ha vuelto defectuoso. Pensar que Europa y sus instituciones nos protegerán de hundirnos en el abismo es algo así como creer que un «diktat» de Bruselas acabará con el predominio de Orban en Hungría o de los Jarucelski en Polonia.

Somos por lo tanto nosotros mismos los llamados a cuidar de nuestro sistema, como también nos recordó oportunamente Don Felipe. Nada está escrito, ninguna predeterminación existe de que nuestra democracia se encuentre a salvo de los embates exteriores y, sobre todo, de los interiores. Porque, si es cierto que buena parte de la responsabilidad de lo que ocurra haya que atribuirla a los partidos, no son ellos los únicos que deberán salir al rescate de las instituciones y a la salvación de la democracia. Los partidos deberán obtener los votos que les resulten necesarios para encauzar la situación, pero somos los ciudadanos, la sociedad civil, quienes debemos señalarles el camino a seguir. Y no es posible que abdiquemos de ello, salvo grave responsabilidad por nuestra parte.

¿Cómo meter de nuevo la pasta de dientes en el tubo?

Artículo publicado originalmente en El Imparcial, el 5 de diciembre de 2022

La literatura anglosajona -la política, en especial- utiliza la expresión “to put the toothpaste back into the tube” para definir uno de los procesos más difíciles de la acción pública: el de revertir el rumbo de los acontecimientos hacia un ámbito del que nunca deberían haberse separado.

Caben pocas dudas acerca de la peligrosa deriva en la que se ha introducido nuestro país a partir de la moción de censura que llevó en el año 2018 a Sánchez a la presidencia del gobierno. Su doble pacto con la extrema izquierda populista y con el nacionalismo y el independentismo nos viene sumiendo en el desconcierto del mal gobierno (aplicación de la ley del “sólo sí es sí”), de las cesiones sin medida (blindaje del cupo vasco) y de reformas legislativas para la sola satisfacción de nacionalistas prevaricadores o de prevaricadores sin adjetivos. Se une a todo eso la absoluta ausencia de respeto de los procedimientos democráticos (la democracia no lo es tal cuando se violentan las formalidades procesales) a través del abuso de los reales decretos, la perversión de la técnica legislativa (con la introducción de normativas heterogéneas en las llamadas leyes “ómnibus” que sirven lo mismo para un fregado que para un barrido), o el abuso superlativo de utilizar el procedimiento de las proposiciones de ley -reservadas generalmente a las oposiciones- por los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno para evitar los controles externos y acelerar la tramitación de la disposición, como está ocurriendo ahora con la reforma del Código Penal que cancelará el delito de sedición. Cuando observo, perplejo, la imagen de Patxi López depositando en el Registro del Parlamento esta iniciativa recuerdo el anuncio que le hizo a este dirigente político la madre de Joseba Pagaza en el año 2005: “Patxi, dirás y harás muchas cosas que me helarán la sangre”.

No resulta, por lo tanto, extraño que nuestro país caiga en los rankings que miden la calidad democrática. Ocurre así en el informe “índice democrático” elaborado por el semanario británico “The Economist”, según el cual España ha pasado de ser una ‘democracia plena’ a una ‘democracia defectuosa’.

Los daños que este gobierno viene produciendo sobre la situación económica, social y política de nuestro país no son irrelevantes. A los males endémicos de nuestras cuentas públicas se le debe sumar el exceso de gasto (el déficit público estructural se aproximará al 5% este año, según “El Economista”, aunque se vea ayudada su reducción como consecuencia del aumento de los ingresos vía inflación, y la deuda pública ha alcanzado la cifra récord de los 1,5 billones de euros, según “Cinco días”). A los problemas sociales que ya teníamos cabría agregar el de una ciudadanía desconcertada por la ausencia de administración para resolver cualquiera de los trámites que le afectan y el desconcierto que las políticas de género, sólo en apariencia progresistas, están produciendo en nuestra sociedad. Y a los conflictos políticos heredados, y aún no resueltos, es preciso integrar los derivados de un gobierno decidido a ejecutar la disolución del Estado poniendo sus trozos en manos de quienes persiguen precisamente su desintegración, en una estrategia que no se detiene ni siquiera ante la más alta representación nacional, desactivando todo lo que le es posible al Rey.

Cada mes, cada semana, cada día que pasa… asistimos a una degradación que, en apariencia y en acto, no tiene fin. Las noticias de los medios de comunicación nos conducen al desaliento cuando no a la depresión, y el panorama que tenemos por delante no parece mejorar demasiado. Si el gobierno constituye junto con sus socios el mayor problema del país, la oposición no cautiva precisamente a la ciudadanía, dividida entre la derecha y la derecha más extrema, con un centro que ya emite estertores de muerte.

Aun así, en estas últimas opciones se encuentra una respuesta siquiera tímida e irresoluta, a este periodo de nuevo ciclo político que arranca revestido de los mismos ropajes con que lo hacía el de la crisis de 2008, con sus semejanzas y también con sus diferencias, que no son pocas. Y si el centro-derecha que quede es capaz en el año que resta hasta las próximas generales de ganar autonómicas y municipales y ratificar esa victoria hasta la presidencia del gobierno, le quedará una labor que no podrá realizar solo: la de revertir la situación política, cumpliendo la letra de la Constitución y el espíritu de la misma que no es sino la práctica del consenso. Para eso necesitará de un partido a la izquierda que renuncie a las prácticas divisorias, cancele la operación desintegradora que nos conduce a la confederalización de España y acepte una estrategia de alternancia política que no ponga en riesgo los intereses comunes.

Derecha e izquierda -centro-derecha y centro-izquierda- son hoy, como lo fueron en 1876- las dos patas en las que se asienta el sistema de la Constitución todavía nominalmente vigente. Suponiendo que en el lado derecho del espectro político -que es bastante suponer, por cierto- se cumplen las condiciones requeridas, nos faltaría una izquierda sensata, reformista y constitucional para que sirva a aquélla de contrapeso. Se trata de una opción sin duda imprescindible, ¿pero existe alguien dispuesto a crearla? Le confieso que me encantaría pensar que es posible, pero tengo mis serias dudas de que aún resulte factible introducir de nuevo la pasta dentífrica de un país en desintegración en el tubo de la normalidad.