Publicado en El Imparcial, el sábado 4 de febrero de 2023
Preguntado Felipe González en su condición de candidato a presidente del Gobierno en las elecciones de 1982 respecto de su proyecto para una próxima administración socialista, el abogado sevillano aseguraría de forma tajante: “Que España funcione”. Una afirmación tranquilizadora acerca de sus intenciones, alejadas, desde luego, de un cambio revolucionario. Habría que reseñar, sin embargo, que no existían en aquellos tiempos graves disfunciones en los servicios prestados por las administraciones públicas. Su problema principal consistía en una deficiente extensión y una escasa financiación, aunque los profesionales que trabajaban en ellas suplían con creces las deficiencias del sistema gracias a su entrega y preparación. España funcionaba asimismo en su guardia civil y policía nacional -dotadas también con medios deficientes y limpiadas progresivamente de las malas prácticas procedentes de la dictadura-, y no se podría aseverar, sin daño a la verdad, que la seguridad -más allá de la permanente acción del terrorismo- fuera entonces menor que la de ahora. Y el ejército, basado en la prestación obligatoria del servicio militar, actuaba de la mejor manera que podía, toda vez que la autoridad moral del Rey Juan Carlos devolvía la paz a algunos de sus encrespados cuarteles. Los empleados públicos despachaban las solicitudes de los ciudadanos en un tiempo razonable y el “vuelva usted mañana” de Larra no podría evocarse con la misma acritud que en los tiempos del glorioso periodista. No había llegado empero el momento de la aportación de los fondos europeos que poblaron de autopistas nuestras carreteras, de kilómetros de AVE para que rodaran por ellos unos flamantes y trepidantes convoyes o se construyeran en nuestro país incontables y muchas veces injustificados aeropuertos… eso vendría más tarde, con nuestra incorporación plena al proyecto europeo, que tampoco fue obra exclusiva del PSOE (recordemos que el instrumento de solicitud de acceso de España a las Comunidades Europeas fue depositado por el Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo).
No se podría asegurar lo mismo a la vista de lo que está ocurriendo hoy en día. En la administración española, en especial toda vez que la pandemia del COVID ha concluido y se ha insertado en el ámbito de las patologías habituales, la sustitución del trabajo presencial por el teletrabajo ha operado, entre otras causas del deterioro, un auténtico estrago en el funcionamiento de nuestros servicios públicos. Según el Ministerio de Sanidad, las listas de espera quirúrgicas marcaron un récord en junio de 2022: 742.518 personas aguardaban una operación quirúrgica. Según “El Independiente”, hace cuatro años éramos el país más seguro de Europa, sólo por detrás de Austria, en número de homicidios; nos decían los datos que era once veces más probable que un español muriera por suicidio, a que lo asesinaran; hoy hemos retrocedido a la octava posición por detrás de Austria, Noruega, Portugal, Luxemburgo, Suiza, Islandia y Países Bajos. En otro orden de cosas, las quejas recibidas por el Defensor del Pueblo reflejan las dificultades ciudadanas para obtener cita previa en cualquier provincia y conseguir atención alternativa a la comunicación telemática que ofrece la Seguridad Social; también denuncian que las gentes se ven obligadas a realizar múltiples llamadas telefónicas para tratar de conseguir cita o tienen que recurrir a internet, sin resultado positivo. En cuanto a la iniciativa del Ministerio de Cultura correspondiente al “Bono Cultural Joven”, que preveía una ayuda de 400€ a emplear en actividades culturales, le ha correspondido una difícil operativa para darse de alta, tanto para usuarios como para establecimientos adheridos. Ítem más, el ayuntamiento de Aranjuez aseguraba el 21 de septiembre de 2022 que “aún no hemos recibido ni un euro de las subvenciones del Gobierno de la nación por los daños surgidos en infraestructuras municipales por Filomena”. Y no cito más casos de una mejorable prestación de los servicios públicos por parte de la administración española para no abrumar al lector, pero podríamos extenderlos a las ayudas públicas a los estragos del volcán de la Palma o a la más que deficiente ejecución de los fondos del “Next Generation” europeo, sólo por referirme a otros supuestos de esta España que ha dejado de funcionar.
No resulta desde luego único responsable el gabinete de Pedro Sánchez de esta situación, pero sí que la misma contribuye poderosamente a la indignación del paciente que no se ve atendido por el mitificado servicio de salud, de la atemorizada víctima de malos tratos por su pareja que ve cómo ésta sale de la cárcel como consecuencia de una más que chapucera ley del gobierno de coalición, del joven que no obtiene su bono cultural o no sabe dónde emplearlo, de la corporación municipal que dos años después de la nevada no recibe las ayudas o de las empresas a las que parece que nunca llegarán los fondos europeos.
“Piove, porco governo”, es la expresión italiana por la que la culpa de los males -de todos ellos- procede de quien se encuentra a cargo de la gestión pública. España no va a funcionar necesariamente porque su ejecutivo cambie, entre otras cosas porque los problemas han adquirirlo ya un carácter endémico y sólo un esfuerzo más que denodado podría conducirnos a recuperar los niveles de eficacia que un día alcanzamos, pero no estaría de más que, 45 años después de la afirmación del candidato González, este discurso integrara también la oferta de la oposición a una ciudadanía desconcertada ante la suma de promesas incumplidas y de una administración que parece haber perdido el fuelle.
