La supuesta expulsión del PP facilitada por Ciudadanos

Publicado originalmente en El Español, el día 29 de marzo de 2016

En una entrevista que publicaba el diario ABC este 27 de marzo, el exministro, Jaime Mayor Oreja, afirmaba que «La izquierda ha expulsado al PP del terreno de juego con el apoyo de Ciudadanos».

Lamento discrepar de la opinión de mi amigo Jaime Mayor, con quien tantas batallas he compartido en épocas tan difíciles como las que vivimos para las ideas del centro-derecha, en particular y de la democracia y España, en general. Pero debo disentir porque creo que la afirmación que hace es injusta en lo que se refiere a Ciudadanos.

No solo Ciudadanos no ayuda a expulsar al Partido Popular de terreno de juego alguno, sino que lo que precisamente pretende es generar una coalición de gobierno en la que estén presentes el PP y el PSOE, además de Ciudadanos (en este último caso por responsabilidad, ya que aritméticamente no sería necesario su concurso). Un esfuerzo que se une al ya realizado por Ciudadanos como mediador entre dos partidos —PP y PSOE— que ni siquiera se dirigían la palabra y que propició la elección de la Mesa del Congreso.

Lo que ocurre más bien es que Jaime Mayor, al igual que los actuales dirigentes del PP, se olvida del relato de lo ocurrido hasta ahora, desde que el Presidente del Gobierno en funciones rechazara el ofrecimiento de S.M. el Rey de asumir el encargo de la investidura. Quizás Rajoy considerara entonces que don Felipe esperaría a que la cuestión se pudriera para repetir la petición. Pero no fue así, y el que la recibió fue el candidato socialista. Y con él había que negociar, porque no otro era quien debería defender su investidura ante el Parlamento. Ese es el relato y no otro. Nunca hubo la posibilidad real de negociar con el PP, porque Rajoy, insisto, no aceptó el encargo.

Claro que Sánchez tenía otra posibilidad diferente a la del acuerdo con Ciudadanos: la de pactar con Podemos y con los separatistas (una posibilidad que, cuando se escriben estas líneas, aún no ha quedado definitivamente despejada, por cierto). Un pacto para un gobierno social-populista con el apoyo independentista, que pondría en marcha una serie de referendos de autodeterminación en buena parte de la España periférica, además de un programa económico inasumible para la recuperación de nuestro país e impresentable en la UE.

Evitar esta posibilidad ha sido la principal estrategia en la que se ha empleado Ciudadanos, logrando para ello un pacto escrito que contiene 200 propuestas para el cambio. Una estrategia que ha sido falseada por los dirigentes del PP, presentándola como el eje de un supuesto acuerdo entre el partido de Rivera con el PSOE y Podemos, al que en ningún caso Ciudadanos estaría dispuesto a sumar sus votos.

Más cercano a la realidad sería considerar que ha sido el propio PP quien se ha autoexpulsado de todo acuerdo, negándose a aceptar la petición del Rey. Jaime Mayor asegura en esa misma entrevista —justificando el rechazo de Rajoy— que «el escenario estaba predeterminado», y que era «el aislamiento del PP».

No existe, sin embargo, mayor predeterminación que situar las reflexiones propias de forma que coincidan con el diagnóstico que uno mismo ha realizado con carácter previo. ¿O no es que el PP, y no Ciudadanos, ha sido quien se está expulsando a sí mismo del juego político dada su tibia —por llamarla de alguna manera— respuesta a su propia corrupción? Mayor responde en la entrevista en relación con este asunto de forma un tanto enigmática: «La corrupción —asegura el exministro— está en la sociedad, la crisis está en la persona. Y tiene su reflejo en la política».

Mayor Oreja ha hecho desde —por lo menos— los finales de los 80 el discurso del error político consistente en el «vista a la izquierda» uno de sus paradigmas políticos más caracterizados. En ocasiones lo ha hecho desde el acierto, en otras no. Sin embargo, lo que está ocurriendo en España es que los viejos partidos creados durante la transición no están pasando el corte generacional. El partido en el que milita Jaime Mayor, por ejemplo, tiene una media de edad de votantes que se situaría en torno a los 65 años. Con el inconveniente adicional que, de los 200.000 fallecimientos anuales que se producen en España, una buena parte engrosa ese electorado del PP; un partido cada vez más rancio y con menores reflejos para entender a la sociedad española más joven que, con enormes dificultades, se va abriendo paso entre nosotros, y que quiere construir una segunda transición. Que no sea la recreación de las dos Españas —como también sugiere Mayor que está ocurriendo—, sino el paso de una democracia de partidos a otra de ciudadanos.

La vigilancia permanente

Publicación original en Libertad Digital, el 22 de marzo de 2016

Los terroristas se parecen a ellos mismos. No importa su denominación, sus pretensiones o su ideología, actúan siempre de forma similar. Como bandas asesinas que son, están siempre dispuestos a la venganza y preparados a pronunciar siempre la última palabra.

Y no toleran nunca los éxitos de la policía. Hagamos memoria del caso español, el de ETA, que algunos hemos conocido muy de cerca. Si José Antonio Ortega Lara fue liberado un 1 de julio de 1997 por la Guardia Civil, después de 532 días de secuestro; el joven concejal del Partido Popular en Ermua, Miguel Ángel Blanco, apenas 10 días después sería asesinado, a cámara lenta —según expresión que utilizaría el por aquel entonces director de El Mundo en el País Vasco, Melchor Miralles.

No ha sido seguramente muy diferente al inolvidable caso reseñado el del terrorista de DAESH Salah Abdeslam, que fue detenido por las fuerzas del orden de Bélgica como uno de los principales sospechosos de los atentados terroristas sufrido en el suburbio de Saint Denis en París en la noche del 13 de noviembre del pasado año y en los que perdieron sus vidas 147 personas. Cuando se escriben estas líneas son 34 las víctimas mortales que el terrorismo se ha cobrado en Bruselas.

Son diferentes los protagonistas, diferente el número de las personas que han sufrido estos atentados. Pero la crónica adquiere ese carácter mafioso que caracteriza a las bandas asesinas. Lo tienen muy claro: ellos deben ganar a la ley, aterrorizar a la sociedad, conseguir que vivamos amedrentados durante el resto de nuestros días... hasta que nos resignemos a su violencia asesina y les facilitemos la obtención de sus propósitos, cualesquiera que éstos puedan ser.

El terrorismo —el del DAESH o el que sea— sabe que tiene fácil su actuación. Que la nuestra es una sociedad abierta y libre que respeta los derechos individuales, aún los de los mismos asesinos; que nuestro modo de vida tiende a considerar como engorrosos, cuando no inútiles, los controles que se nos imponen; que nuestra existencia discurre muy deprisa y que olvidamos pronto, siempre propicios a prestar nuestra atención a los asuntos que nos resultan más cotidianos, familiares y profesionales... En suma, que nos defendemos mal y que a veces escuchamos muy bien los cantos de sirena que nos llaman a deponer nuestra resistencia.

Pero nuestras libertades, tan difícilmente conseguidas, desaparecerían en un abrir y cerrar de ojos si no las defendemos. Y, como decía uno de los Founding Fathers de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, «el precio de la libertad es la vigilancia permanente». Esta es, por desgracia, la advertencia de siempre. Y en particular de estos tiempos que nos está correspondiendo vivir.

Un acuerdo para el Consejo de los refugiados

 

 

Artículo publicado originalmente en El Mundo Financiero, el 18 de marzo de 2016

 

¿CONTRAVIENE LA UE LA CARTA DE DERECHOS HUMANOS?

 

El drama humano que los refugiados sufren se ha convertido en una de las más graves crisis por las que atraviesa la Unión Europea en nuestros días. Un proyecto de valores, de democracia y de libertades individuales, como es el europeo, ha convertido en la práctica a los refugiados en verdaderas pelotas que rebotan entre sus diferentes fronteras. Unos gobiernos de los países de la UE que no son capaces de resolver este gravísimo problema que tiene cara y ojos, que afecta a personas especialmente vulnerables y que -medido en peticiones de asilo- habría prácticamente alcanzado la cifra del 1,000.000 de seres humanos hasta diciembre de 2015. Unos países que endosarían su solución a un tercero como Turquía, en una especie de subarriendo político que no haría sino tapar las vergüenzas de Europa añadiendo otra.

Porque también hay detrás de esta acción europea, eso que la antigua comisaria europea y líder del Partido Radical Italiano, Emma Bonino, llamaba «la admiración por las personas fuertes», por los regímenes fuertes.

En este sentido, la cumbre de la UE con Turquía celebrada en este país el pasado 7 de marzo, aprobaba una declaración mas que dudosa, jurídicamente más. Podría contravenir la Carta de Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales y la Convención del Estatuto de Refugiados.

Suponía que Turquía es un «tercer país seguro». Por lo tanto, que respeta de manera razonable los Derechos Humanos, que asiste de manera humanitaria y social de manera suficiente a los refugiados. Se supone que con los 3.000m€ y los otros 3.000m€ que se les daría a Turquía, en 2018, podrían acometer esta tarea de forma digna.

Y se compraba la ayuda turca por una doble vía: la de otorgar a sus ciudadanos el visado para su entrada en la UE, lo que constituiría un nuevo problema, en este caso no de refugiados políticos, sino de inmigración económica; además de acelerar en lo posible el acceso de Turquía a la Unión,

Un país que actúa en el conflicto que está padeciendo Siria y de una forma que no podría asegurar que colabora a resolver el conflicto o que no pretenda solamente resolver su propio conflicto con la minoría kurda.

Se trata de un reflejo más, no el único por desgracia, que pone de manifiesto la crisis de valores que está atravesando la UE. Vamos a crisis de valores por Consejo. El anterior, de febrero, el Brexit; este, los refugiados. ¿Qué nos traerá el próximo?

Además, ¡qué está haciendo la UE en ese conflicto?, ¿qué se está haciendo por la UE en los diversos conflictos bélicos que asolan el Oriente Medio?

¿Y dónde quedaban en esta declaración los esfuerzos por la integración de los inmigrantes?

Una verdadera oleada de críticas, a nivel europeo y nacional, de partidos, de ONGs, de sindicatos, de sectores de opinión... en las que se ha exigido la modificación del principio de acuerdo con Turquía, llevaría a los gobiernos -entre ellos, al español- a modificar su criterio previo.

Un cambio de política que, en un gobierno en funciones, en todo caso exigía de un mandato del Congreso. Que fuera expreso, por escrito... A diferencia de lo que ocurriera con el Consejo de febrero, el del Brexit, en el que el Gobierno prefirió asistir a la reunión después de oír la opinión, diversa y heterogénea, de los grupos parlamentarios. Sin un mandato, por lo tanto. Pensábamos desde luego en un mandato que no fuera cerrado, que impida la negociación que todo Consejo supone y aún exige.

Y lo que hizo la Comisión Mixta -Congreso-Senado- el pasado 16 de marzo fue ofrecer cobertura al gobierno en funciones, además de establecer el criterio del viraje político que deberían acometer los paises de la Unión respecto del problema de los refugiados.

Los refugiados no son mercancías que puedan ser expulsadas de territorio europeo, son personas que cuentan con sus derechos y que deben ser tratados de manera individual. Las expulsiones en caliente no son admisibles.

Turquía no sería aún, en términos jurídicos, un tercer país seguro. Sin perjuicio de que su trabajo por incorporar a su derecho interno la legislación que le habilitaría acceder a esa condición, debería quedar apoyada por los Estados miembros de la UE.

No conseguiríamos algunos grupos introducir en la resolución la idea por la que no habría moneda de cambio con Turquía respecto de los visados a conceder por la UE a sus nacionales; ello producirá problemas de futuro en este mismo ámbito de integración de colectivos procedentes de terceros países, sin perjuicio de que en este caso nos referimos a un país que pretende ingresar en nuestro club.

Aún así, hay que señalar la novedad de que hayamos podido construir un acuerdo de todos los grupos. En un país tan fragmentado políticamente y tan necesitado de consensos es una excelente noticia.