Ciudadanos, ¿liberal-progresista o socialdemócrata?

Artículo original publicado el lunes 30 de enero de 2017 en El Español

Ocurrió en el mes de mayo de 1979. El PSOE celebraba su 28º Congreso y su entonces Secretario General, Felipe González, solicitaba a su partido el abandono del marxismo como principio inspirador de su ideología. La nostalgia de la peor historia revolucionaria de su partido, abanderada por dos dirigentes de la formación, Luis Gómez Llorente y Pablo Castellano, daría al traste con las pretensiones del entonces joven sevillano que renunciaría a liderar su partido. Atrapados por el vértigo, los marxistas no asumieron el relevo. Ellos querían las dos cosas a la vez: a Felipe y al marxismo, cuestiones ambas difíciles de casar. A consecuencia de ello, una Comisión Gestora asumiría el mando del socialismo español, antes de que un Congreso Extraordinario supusiera el apoteósico regreso de González y el definitivo arrumbamiento del marxismo. Tres años más tarde. ese PSOE abonado ya a la socialdemocracia obtenía una rotunda mayoría absoluta.

El próximo fin de semana Ciudadanos celebrará una Asamblea congresual. Sus órganos de dirección han propuesto a los compromisarios un documento que recoge la posición ideológica de este partido como liberal-progresista y algunas enmiendas al texto parecen sugerir que se mantenga una pretendida identidad socialdemócrata en el partido dirigido por Albert Rivera.

Los dos diputados de C's en la cámara de Estrasburgo pertenecen a la Alianza de Liberales y Demócratas Europeos

Con el máximo respeto a las opiniones de diferentes compañeros de partido, así como a las de otros participantes en el debate, esta decisión sería contradictoria con la estrategia seguida por Ciudadanos, al menos desde que la conozco a partir de las elecciones europeas de 2014. Yo mismo pude ser testigo de que los dos diputados de C's en la cámara de Estrasburgo -Javier Nart y Juan Carlos Girauta- se integraban en el Grupo Parlamentario ALDE, cuyas siglas es bien sabido que corresponden a Alianza de Liberales y Demócratas Europeos. En el caso de que los órganos del partido hubieran decidido servir a sus principios ideológicos estos diputados se deberían haber integrado en el grupo S&D que responde a la genuina denominación socialdemócrata -Socialistas y Demócratas-. No lo hicieron, sin embargo.

No conozco muy bien si esta decisión produjo muchas críticas en el interior del partido. Lo cierto es que Ciudadanos seguiría recorriendo ese mismo camino. Con carácter previo a las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 yo mismo ayudé a que C's celebrara en Madrid una cumbre de líderes liberales europeos bajo el slogan Another way for Spain. El pasado año, ALDE Party -el partido, no sólo el grupo parlamentario en la eurocámara- aprobaba el ingreso de este partido en su estructura interna, en la que por cierto es hoy en día la más importante organización nacional de entre las que lo componen. Y más recientemente un miembro de la ejecutiva de C's, el economista Luis Garicano, sería elegido como uno de los Vicepresidentes del partido ALDE.

La reafirmación de las tesis socialdemócratas debería conllevar un replanteamiento de estrategia

El retorno -o la reafirmación, si se prefiere- de las tesis socialdemócratas debería en buena lógica conllevar un replanteamiento de la estrategia que ha seguido Ciudadanos desde 2014. Nuestra salida del partido ALDE y de su grupo parlamentario, en el que por cierto Javier Nart acaba de ser elegido vicepresidente para la segunda parte de la legislatura. Y seguramente también pedir el ingreso en S&D y, ¿por qué no?, en la Internacional Socialista.

En todo caso, el liberalismo progresista, en las expresiones políticas de los LibDems británicos, una creación que conviene recordar fue fruto de una fusión entre el viejo partido Wig y el partido socialdemócrata o de los D66 de Holanda, mantiene un triángulo esencial que se define, en primer lugar, por una política basada en los valores -derechos humanos y libertades individuales-; en segundo, por el reconocimiento de la virtualidad de la sociedad abierta y, en ella, la economía de mercado y, en tercer lugar -lo último pero no lo menos importante- las políticas sociales y el mantenimiento de un sólido estado del bienestar, que es un proyecto común en la práctica totalidad de los países europeos.

La idea de Europa como un Estado de bienestar y la apuesta por el federalismo son la mejor garantía contra el populismo

Libertades y Estado del bienestar son los elementos que distinguen a Europa respecto de otros espacios políticos, económicos y sociales en otras zonas geográficas del resto del mundo. Estos principios, unidos a una apuesta inequívoca por la Europa federal que nos permita recuperar nuestra posición de actor con presencia y relevancia a nivel global son a mi juicio la mejor garantía contra los populismos de aquí y de allá, europeos o ejercientes en otros lugares.

Como ocurriera en 1979 con el PSOE, el debate ideológico en Ciudadanos no es baladí, ni debería separarse de su liderazgo. Pero tampoco de la percepción que la ciudadanía tiene de este partido. Y en el complejo panorama político español, creo yo al menos, nadie -o casi nadie- percibe a Ciudadanos como un partido socialdemócrata.

En la siempre difícil delimitación de las diferencias entre las familias ideológicas europeas, la liberal es la oferta centrada y reformista allá donde la derecha popular y la izquierda socialdemócrata se manifiestan en la práctica como conservadoras.

En el arranque de la era Trump

Artículo publicado originalmente en Diario16 el 23 de enero de 2017

Una larga carrera de obstáculos ha debido superar Donald Trump para llegar al juramento de su cargo el pasado viernes y entonar su discurso inaugural de una era que se presume tormentosa y por lo mismo interesante. Trump fue el outsider en el que apenas nadie creía, salvo aquellos americanos del profundo Estados Unidos, hartos de trabajar con esfuerzo -en ese país no hay apenas paro- a cambio de una retribución cada vez más escasa, en tanto que los grandes negocios y los empresarios de éxito florecían. Que el mismo Trump fuera uno de estos últimos parece no hacer al caso, él decidió ponerse al lado de ese imaginario marginal wasp (blancos, anglosajones y protestantes) y obtuvo su confianza. Era un pueblo a la busca de un líder y ambos se encontraron. Así de simple.

Paradigma de todos los obstáculos y ariete a la vez de sus primeras palabras como presidente lo ha sido su condición de líder populista enfrentado al establishment, a lo que en términos más castizos denominaríamos como vieja política, que proclamara Ortega en su discurso de mayo de 1915; donde lo viejo estaría magníficamente encarnado ahora por su rival electoral, Hillary Clinton y lo nuevo, como es natural, por Trump.

Pero que no se engañen demasiado, propios y extraños, decía el Eclesiastés que en rigor nada de lo que ocurre es de verdad nuevo, sino mera repetición de lo ocurrido en los siglos anteriores. También lo es el nacionalismo, ese reencuentro con la nostalgia de los tiempos en los que aparentemente éramos mejores porque nuestros enemigos de hoy no lo eran entonces. Estos elementos perversos que por lo visto los son hoy la globalización, los Estados que se dicen amigos pero que no aportan a su defensa y nos obligan a ocuparnos de ella a la vez que abandonamos a nuestras gentes y, enemigo entre los enemigos, la vieja clase política de Washington que medraba en medio del sufrimiento general.

Le ha bastado a Trump, como a cualquier populista, con señalar al adversario más cómodo y visible para galvanizar el apoyo de los suyos. No hay responsabilidad alguna en el presunto deterioro de la situación social y económica de su país en los poderes económicos, las grandes empresas o los sectores financieros. Trump es uno de ellos y su gabinete está compuesto por muchos de los mismos. Los casos de la multimillonaria Betsy Devos, Secretaria de Educación; Rex Tillerson, el flamante Secretario de Estado, presidente de una empresa petrolífera o el ejecutivo de Goldman Sachs, Steve Mnuchin, Secretario de Hacienda. Por eso su populismo es sólo nacionalista y derechista y no embiste contra los grandes empresarios.

Y como todo nacionalismo fundado en la exclusión, el desprecio y el refugio en el interior de las propias fronteras, por grandes que éstas sean, se trata de un error. Es cierto que las políticas anunciadas por Trump podrán mejorar la calidad retributiva de los empleos americanos, pero al precio de elevar el coste de la cesta de la compra de los hogares de esos mismos empleados. Y es que la globalización lo abarata todo, precios y salarios, de modo que lo que no se vaya en lágrimas seguramente se les irá en suspiros… Y a cambio habrá montado el presidente un buen jaleo en su escenario propio y el internacional.

Ese magnate que es el actual presidente, rodeado del apoyo principal de una de sus hijas y de su yerno, como acostumbran los empresarios familiares que sólo confían en su ámbito más cercano, ha pronunciado un discurso de investidura que es el cabo coherente con su campaña electoral. Como ha dicho recientemente el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, de reciente visita en España, al entonces candidato a presidente había quien decía que había que tomarlo literalmente pero no seriamente, en tanto que otros pensaban que habría de ser considerando seriamente pero no literalmente. El discurso inaugural nos señala que deberemos tomarlo de las dos maneras: literal y seriamente.

Aunque no hay tampoco mal que por bien no venga. Los europeos nos hemos instalado históricamente en la cómoda seguridad de la protección americana que nos defendió de la intolerancia y las dictaduras en dos guerras fratricidas y hemos considerado por descontado que el apoyo americano seguiría vigente por los tiempos de los tiempos. Las advertencias de Trump nos señalan que esos días ya no son los actuales y que deberemos encarar una agenda de seguridad y defensa comunes propias que algunos consideramos antesala de un proyecto de integración federalista europea.

¿Quién sabe si la era Trump ayudará a los líderes europeos que a la vez son europeístas a asumir de una vez por todas que una Unión más integrada es la única solución en los tiempos convulsos a los que nos estamos enfrentando?

Con tal de que resolvamos nuestros propios contenciosos populistas, por supuesto.

El viaje del Rey a Arabia Saudí

Artículo publicado originalmente en diario16.com el 18 de enero de 2017

En su primera comparecencia parlamentaria, el Ministro Dastis aseguraba que para él intereses y valores eran dos cuestiones que no se podían disociar en la acción exterior de España. Fue un discurso prometedor, porque los responsables de internacional de nuestros gobiernos han preferido generalmente concentrase en los intereses nacionales olvidando la situación de los derechos humanos en los países en los que éstos se ven conculcados.

Y lo cierto es que el Ministro Dastis tiene razón en sus reflexiones: un Estado que lo sea de Derecho, que opere desde el respeto a una ley democráticamente decidida, es un Estado en el que las inversiones se sujetan a un escenario de estabilidad, con el que se puede establecer un comercio seguro.

Y Dastis lo volvió a repetir en el Senado este 11 de enero, al comprometer que el asunto de los derechos humanos sería “evocado” con ocasión del que iba a ser inminente viaje de SM el Rey a Arabia Saudí. Es cierto que el término utilizado por el Ministro peca en exceso de genérico. ¿Qué significa en realidad “evocar“? ¿Referirse tal vez a la difícil situación que éstos padecen en el mundo actual, como quien observa una escena de teatro desde el patio de butacas? ¿Encarecer al Rey de Arabia Saudí a que mejore algo -y tiene mucho recorrido por delante ciertamente- la situación de los derechos humanos en ese país? Por esa razón, algunos preferimos concretar algo más la referida “evocacion”. Y pedimos que los dignatarios españoles se interesaran por la situación del bloguero saudi Raif Badawi, que entre otros premios recibiría el Sajarov 2015 del Parlamento Europeo.

Badawi fue detenido en 2012 por la imputación de haber «insultado al Islam por medios electrónicos» y luego se enfrentó a varias imputaciones más, incluyendo la de apostasía. En 2013 se le condenó a siete años en la cárcel y 600 latigazos. En 2014 se aumentó su sentencia hasta 10 años, 1000 latigazos y una multa. Los latigazos se iban a producir durante un periodo de 20 semanas. Se administraron los 50 primeros el 9 de enero de 2015.

Su mujer Ensaf Haidar declararía, «Aprecio toda la atención que el caso de Raif ha conseguido. Ojalá que todos los gobiernos del mundo intensificasen sus esfuerzos para presionar a las autoridades a acabar con lo que intentan hacer a mi esposo. Creo que pueden hacerlo, si hablan directamente con el gobierno saudí»

Los latigazos posteriores fueron pospuestos, porque las heridas del primer castigo no se habían curado y su estado de salud había empeorado. Badawi es diabético y un hombre delgado.

En todo caso, ya se interesaran las autoridades españolas antes las saudíes por el caso Badawi, ya se “evocara” el asunto de los derechos humanos en el referido país, podríamos haber celebrado el cambio de actitud del gobierno español, no ya en las palabras sino en los hechos, que es lo que cuenta. Sin embargo, ha pasado el viaje y algunos medios de comunicación aseguran de manera expresa que este asunto no se ha planteado a lo largo de la visita.

Me queda por conocer la respuesta a la pregunta parlamentaria que he formulado al Ministro Dastis al respecto. Pero estoy convencido de que los profesionales de El País y ABC habrán informado de manera correcta sobre este asunto.

El último de los citados medios anunciaba una nueva y próxima misión internacional de Don Felipe, en este caso a Cuba. ¿Aprovechará Dastis para incorporar en la agenda oficial algún encuentro con la disidencia cubana? (Por cierto, más castigada que nunca en estos tiempos del post-fidelismo). ¿Preferirá más bien concentrarse el Ministro una vez más en los negocios, como si para España los derechos humanos fueran asunto de segunda o tercera índole?

Dastis y Rajoy deberían ser conscientes de que el solo apoyo de 137 diputados no es patente de corso para desoír la voz del Parlamento -dicho sea, ya que no atienden en este punto la opinión del socio parlamentario del Gobierno del PP, que es Ciudadanos-. Deben salir del síndrome de la mayoría absoluta e ingresar en la idea de la mayoría minoritaria si no quieren darse de bruces con la realidad.

El caos de los visados

Artículo publicado originalmente en diario16.com el 16 de enero de 2017

El Gobierno en funciones de Mariano Rajoy, y dentro de éste el Ministerio de Asuntos Exteriores dirigido por José Manuel García Margallo, resolvía el contrato con la empresa VFS, a la que España externalizaba gran parte de sus servicios consulares en materia de visados, concediendo desde el pasado mes de diciembre de 2016 dicho encargo a la entidad india BLS International Services.

Se sabe poco de las causas que han motivado esta decisión. Quizás solamente que el precio de adjudicación supondría un abaratamiento del servicio prestado.

Pero es esta cuestión, el servicio, la que nos debería preocupar fundamentalmente. No en vano, el coste correspondiente a las gestiones de la empresa -se llame VFS, BLS o de cualquier otra forma- se paga por sus usuarios, los peticionarios de los visados.

Para empezar a analizar la cuestión, algunos medios de comunicación han señalado que la entidad india, BLS, se encuentra bajo sospecha, investigada su sede central por un presunto delito de comercio ilegal de datos personales de los abonados de las redes telefónicas.

Resulta además indicativo de su situación, que la embajada de la India en Washington canceló sus servicios de externalización de visados a BLS y que -ya en el caso de su adjudicación por el Gobierno de España- se están produciendo notables deficiencias en la prestación del servicio por parte de la empresa. Por ejemplo, en África no hay cobertura en 11 de los 33 centros contratados y en muchos de los efectivamente abiertos se producen manifiestas irregularidades; en cuanto a Rusia y Turquía, no existen centros y el servicio no se presta siquiera en Ankara; tampoco existen centros en Oriente Medio; hay deficiencias en Londres y Edimburgo, en lo que se refiere a Europa; en Asia el incumplimiento ascendería al 40%, dado que en cuatro localizaciones se carece de centros; en Latinoamérica y el Caribe este nivel de incumplimiento ascendería al 80%. Otras cuestiones, como el precio cobrado por la empresa, además de otras circunstancias tampoco parecen corresponderse con los términos comprometidos en la oferta de BLS.

Se une a estas circunstancias, el hecho por el que en la adjudicación del contrato pesaron también las recomendaciones de la empresa INDRA, la cual ostentaba una subcontrata con la adjudicataria india para ejecutar la parte tecnológica del proyecto.

España está siendo observada por sus socios europeos que, de acuerdo con el espacio Schengen, saben que una mala actuación española del servicio de visados repercutiría sin lugar a dudas en los mismos. Y además de que el prestigio internacional de España se pueda resentir, la gestión de los visados tiene una enorme importancia en la industria turística de nuestro país.

Por esos motivos, he presentado una batería de preguntas al Ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis —que recuerdo que no ha sido responsable en la toma de la decisión que analizo— al objeto de que, por el momento se sirva aclarar una serie de asuntos. Como los que siguen: la evaluación de la gestión de la empresa concesionaria anterior, VFS; el incumplimiento inicial de la empresa actualmente adjudicataria, BLS; la información de centros y personal puestos a disposición de la administración consular española por la empresa; el conocimiento por parte del Ministerio del escándalo en el que se ha visto envuelto BLS: el nombre del responsable de la decisión de adjudicar el contrato a la empresa; si conoce el Ministerio que BLS no fue capaz de iniciar su actividad con normalidad, una vez que se le adjudicaba el servicio; la opinión de otros países Schengen respecto de esa decisión; si han primado los motivos económicos sobre los técnicos; si se ha observado una reducción en el número de visados; cómo pretenden resolver desde el Ministerio los problemas generados; si se va a cancelar el contrato con BLS y si -muy importante en términos democráticos- se va a producir alguna dimisión o cese de quien haya sido responsable.

El Ministro Dastis deberá hacer frente a esta papeleta que le ha dejado su antecesor.

El cese de Trillo

El embajador en Londres, Federico Trillo, con la reina Isabel II. / AFP

Artículo publicado originalmente en El Español, el 10 de enero de 2017

El todavía embajador del Reino de España ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Federico Trillo, al que recientemente atribuía su responsabilidad el Consejo de Estado por el accidente acaecido por el avión Yakovlev 42 en Turquía, ocurrido en mayo de 2003, y en el que murieron 62 miembros del ejército español, 12 tripulantes ucranianos y un ciudadano bieloruso, ha sido considerado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación como susceptible de resultar cesado en su puesto en Londres como consecuencia del periodo de tiempo transcurrido en esa legación diplomática -cuatro años y nueve meses-, de semejante manera que los 70 diplomáticos españoles que deberán abandonar sus puestos toda vez que el gobierno está ya legitimado por el Parlamento para decidir acerca de estos nombramientos.

Se diría entonces que el Ministerio de Exteriores resuelve así la patata caliente que el conjunto de la oposición le había endosado debido a la atribución de responsabilidades al exministro de Defensa por el Consejo de Estado. "¿No queríais su cabeza? -podría preguntar Dastis-, pues ahí la tenéis".

Trillo no debería ser destituido sólo por el transcurso del tiempo en el ejercicio de sus funciones sino por sus responsabilidades

Y sin embargo esta decisión, con resultar similar en cuanto a su conclusión -el cese-, no lo es en lo que refiere a su causalidad: Trillo no debería ser cesado sólo por el transcurso del tiempo en el ejercicio de sus funciones sino por las responsabilidades que el alto organismo que es el Consejo de Estado le ha atribuido. Toda vez conocido el dictamen, un gobierno y un ministerio celosos cumplidores de los procedimientos democráticos debieran haberlo cesado con carácter fulminante en lugar de acudir al expediente de diluir el final de su mandato entre los 70 servidores diplomáticos que deben hacerlo como consecuencia del plazo transcurrido. Si yo mismo estuviera entre esos legatarios me incomodaría sobremanera encontrar la causa de mi cese unida a la de un dirigente del PP cuya gestión -que ya ha sido calificada por el Consejo de Estado- fuera además "premiada" con una embajada de primer orden.

Un gobierno en funciones como el que este país ha soportado durante diez largos meses ha podido tomar medidas contra embajadores sometidos a sospecha. Así, Gustavo de Arístegui dimitiría -antes de que lo cesaran- como embajador en la India, debido a unos supuestos cobros de comisiones ilegales por su intermediación en determinados negocios e Ignacio Matellanes, embajador en Bélgica, sería cesado en marzo de 2016, debido a su absentismo y abuso de autoridad -según informe del Ministerio-. El nombre de Federico Trillo bien debería haberse asociado a estos dos.

El 'popular' no pagó responsabilidad política personal alguna por su actuación en el siniestro, sino que fue premiado

Trillo ha declarado que su voluntad es la de abandonar su destino en Londres, sin embargo esta manifestación no guarda relación con su desastrosa gestión de la catástrofe del Yak 42. El exministro nunca ha asumido responsabilidad alguna acerca del siniestro del que hemos vuelto a recordar aspectos de singular desasosiego para los familiares de las víctimas, como que las identidades de 30 de los cadáveres eran falsas, que en algún ataúd había restos de hasta tres personas, que de los 149.000 euros que pagó Defensa por el alquiler del avión sólo unos 36.500 serían cobrados por la operadora del Yak, que dada la condición ucraniana del avión la OTAN debía haber autorizado de manera expresa el vuelo, que la caja negra no funcionaba desde hacía 45 días que nunca se suscribió el seguro obligatorio...

Tampoco deja de resultar sorprendente que para el máximo responsable del Gobierno, Mariano Rajoy, el sólo transcurso del tiempo corrija tan lamentable gestión, previa y posterior, del siniestro. "Ocurrió hace muchísimos años", ha declarado el presidente desde su retiro en Pontevedra. Se trata de una novedosa concepción de la depuración de las responsabilidades políticas. Trillo permaneció al frente de Defensa hasta casi un año después del accidente y sería sustituido por Bono, ya en el Gobierno socialista de Zapatero y no pagó por lo tanto responsabilidad política personal alguna por su actuación en el siniestro. Antes bien, llegado Rajoy al gobierno, se le ofrecería la embajada en Londres incluso ante la supuesta reticencia del titular del Ministerio, García Margallo, que pretendía que todos los embajadores pertenecieran a la Carrera Diplomatica, lo que no es el caso de Trillo.

Parece claro por lo tanto que si Trillo no debió ser nombrado embajador en el Reino Unido al menos debería resultar cesado con carácter inmediato en este preciso momento. La solución de enterrar su destitución junto a la de otros 70 diplomáticos contaminaría con el oprobio la presumible buena gestión de estos. Y supondría el primer borrón en la acción del flamante Ministro Dastis a quien se le supone ajeno al mercadeo de favores tan habitual en el partido que preside Rajoy.

El PP abandona a sus mejores gentes

Artículo publicado originalmente en Diario16.com el 9 de enero de 2017

Corría la primavera de 1996, cuando José María Aznar conseguía una corta victoria sobre el socialismo de Felipe González. Para conseguir la investidura como presidente no tenía más remedio que recurrir a los escaños del nacionalismo catalán, entonces abierto a los pactos, al cual había vituperado de forma incansable por su cerrado apoyo al PSOE. Ese acuerdo se produjo y fue bautizado como el “pacto del Majestic”, por el hotel en el que se celebrarían las reuniones entre populares y convergentes. Buena parte de las condiciones del pacto fueron conocidas en tiempo real y se asomaron después a las páginas del Boletín del Estado. Pero hubo alguna cláusula no escrita aunque no menos perentoria que acometería el flamante presidente del Gobierno popular sin apenas tardanza: en septiembre de ese mismo año, el máximo dirigente de su partido en Cataluña, Alejo Vidal-Quadras, verdadero azote de los nacionalistas catalanes, no presentaba su candidatura a la reelección y sería sustituido por Alberto Fernández.

Veinte años después, el PP de Mariano Rajoy, investido con dificultad como presidente del Gobierno y después de diez meses en funciones, se está viendo con problemas para la aprobación de los Presupuestos de 2017 que serán debatidos en los próximos meses. La colaboración de los socialistas para que pasara el techo de gasto no es previsible con las cuentas del Estado y resulta más que probable que el PSOE presente enmienda de totalidad a las mismas. El Gobierno necesitaría entonces, además de su socio Ciudadanos, al menos otros seis votos parlamentarios, cinco de los cuales previsiblemente provendrían del nacionalismo vasco.

Dos parecen ser las condiciones de este acuerdo entre el PP y el PNV. Una de ellas tendría que ver con la fórmula de cálculo de las cantidades a pagar por las Haciendas Forales al Estado para el mantenimiento de los servicios que éste presta en los territorios vascos y que viene siendo conocido como “Cupo“, de acuerdo con las previsiones de la singularidad fiscal vasca -y navarra- del sistema independiente conocido como Concierto Económico.

La segunda seria la retirada del ingente número de recursos presentados por el Estado respecto de diversas actuaciones de las instituciones vascas en abierto incumplimiento de la ley. Muchas de las cuales impulsadas por el entonces Delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo.

Pues bien, hace muy pocos días, el treinta de diciembre de 2016, el Consejo de Ministros acordaba el nombramiento del popular Javier de Andrés como nuevo Delegado del Gobierno en Euskadi, procediendo en consecuencia al cese de Urquijo.

Carlos Urquijo ha sido un celoso defensor de las competencias del Estado en el País Vasco; ha defendido el principio de legalidad y el cumplimiento del Estado de Derecho y se ha encontrado siempre del lado de las víctimas del terrorismo, tantas veces abandonadas a su ingrata suerte por partidos y gobiernos más allá de las proclamas verbales y de los llantos de las plañideras. Urquijo era un oasis de compromiso allí donde las dejaciones de todo signo ocuparon su lugar.

Ahora como antes el Partido Popular ha abandonado a una de sus mejores gentes. Hace diez años lo hacía con Vidal-Quadras abriendo con ello una herida de muerte al centro-derecha español en Cataluña del que no se ha podido recuperar desde entonces. Con Urquijo no ocurrirá lo mismo porque ese abandono ya se había producido en julio de 2008, cuando María San Gil dejaba su puesto al frente del PP Vasco. A partir de entonces este partido ha mantenido un comportamiento electoral en permanente retroceso que lo ha llevado a la práctica irrelevancia en que se encuentra ahora.

La dejación popular respecto del nacionalismo en las dos Comunidades Autónomas más reivindicativas de España -Cataluña y Euskadi- ha tenido tiempos diferentes y protagonistas distintos, pero todos ellos se han basado en la misma razón de existencia: el cambio de cromos, unos votos nacionalistas como justificación para la pérdida de identidad del centro-derecha en esas regiones.

Con Alejo Vidal-Quadras iniciaría Aznar el viaje al desdibujamiento del PP en Cataluña, con Urquijo concluye Rajoy esa misma operación en Euskadi. Lejos ya de sus puestos, los nombres del catalán y del vasco encarnan la dignidad y son objeto del respeto de correligionarios y adversarios. Los de quienes los cesaron, a pesar de sus aparentes discrepancias, nos dejarán al contrario el recuerdo del oprobio.

Las murallas y “los otros”

Descargar el artículo publicado originalmente en El Siglo de Europa, suplemento especial del 19 de diciembre de 2016 al 8 de enero de 2017

Es ciertamente oportuna la idea de este medio de dedicar un número a la idea de las fronteras, porque vivimos tiempos en los que se construyen fronteras allá donde antaño se derribaban. Las sociedades de hoy en día, configuradas de forma mayoritaria por las clases medias, se encuentran literalmente aterrorizadas. Pensaban que la política y la economía, instrumentos solventes dirigidos por personas sensatas, les conducirían hacia un futuro en el que su vida sería predecible y que con su trabajo podrían garantizar un bienestar social para ellos y para sus hijos. En algunos casos –de forma notable
en Europa– todo ello venía de la mano con un Estado que protegía al ser humano desde la cuna hasta la tumba.

Pero hoy ya las sombras se ciernen de manera dramática sobre el halagüeño panorama de entonces. El poder adquisitivo se reduce, se trabajan más horas para recibir el mismo o menor salario, los ajustes reducen las prestaciones sanitarias y educativas, las pensiones de jubilación están en peligro a pesar de que sus beneficiarios hayan cotizado durante toda la vida y el ascensor social generacional ya no es cierto –además que muchos jóvenes no encuentran tampoco un puesto de trabajo y cuando lo encuentran no está bien remunerado. Y si las guerras, producto de un mundo en la actualidad multipolar, han sustituido la vieja seguridad de un planeta dividido en dos referencias antagónicas, las oleadas de refugiados atestan nuestras costas y nos sitúan enfrente de nuestros viejos criterios solidarios para toparnos de nuevo con el descubrimiento de otros seres. Y la corrupción unida a la creciente desertización provocada por el cambio climático y las luchas tribales arrojan también a cientos de miles de personas hacia nuestros países, conduciendo a un nuevo temor a nuestros conciudadanos, temor por la inseguridad, por la pérdida de los puestos de trabajo ante la perspectiva de unos salarios más bajos, ante la dificultad de su integración entre nosotros.

“Renacionalizar significa practicar fronteras allá donde otros nos empeñábamos en restringirlas”

Y el temor busca respuestas convincentes aunque al cabo no sean respuestas. Surgen entonces los charlatanes de feria, mero remedo de aquellos que nos vendían los crecepelos instantáneos o los remedios infalibles contra todos los males. Unos charlatanes que nos ofrecen ahora la respuesta de las renacionalizaciones que significa exactamente practicar fronteras allá donde otros nos empeñábamos en restringirlas.

Así Trump prometió una muralla entre los Estados Unidos y México y los europeos expulsan a los irregulares a Turquía cuando no los abandonan en Grecia o en Italia. Y los británicos deciden salir de Europa, lo mismo que promete Marine Le Pen hacerlo con Francia si ganara las próximas elecciones.
Surgen dirigentes renacionalizadores –fronteristas–en Hungría y en Polonia, en Holanda la mayoría democrática deberá defenderse de Geert Wilders y Merkel de la Alternative für Deutschland. Y en España, Podemos critica la globalización y los tratados comerciales como la esencia de casi todos los problemas que nos acucian.

Malos tiempos por lo tanto para quienes pensamos que las fronteras del siglo XIX hacia atrás debían quedar para la historia. Claro que hay una cierta inexorabilidad en cuanto a lo que viene por delante. Una mayoría se puede obstinar por entrar en la máquina del tiempo y viajar instalado en ella hacia el pasado pero no por ello volverá el pasado. Es verdad que el poder adquisitivo de muchos cientos de
miles, quizás millones, de votantes de Trump se ha visto reducido en los últimos años a pesar de haber trabajado muy duro pero no es menos cierto que con sus dólares depreciados compraban mercancías chinas que a lo mejor una vez que se produzcan las decisiones previstas por su nuevo presidente ya no podrán adquirir, viéndose obligados a acceder al único mercado de los productos estadounidenses, sin duda más caro que aquél. ¿Será entonces mejor el remedio que la enfermedad? Quizás sería más atinado que no se hubieran embarcado en esa historia que sólo servirá para ofrecer mayores ganancias a las grandes empresas de Wall Street. Pero ésa es ya una cuestión resuelta, lamentablemente, al menos por cuatro años.

Ese reloj de la historia que nos conduciría además a lo peor de lo que fuimos. Porque no sólo se trata de crear fronteras, sino de descubrir más allá de ellas a “los otros”. Esos seres que al parecer son diferentes de nosotros, porque tienen un color de la piel diferente, una religión distinta, una lengua que no comprendemos, unas costumbres que están aparentemente lejos de las nuestras. Los otros y nosotros, que es la definición que ha causado tantas guerras, razias, colonizaciones, genocidios, devastaciones... porque detrás de los otros y nosotros late un concepto de superioridad que exige de un correspondiente de inferioridad. Y con éste un sacrosanto derecho al servilismo cuando no a la anulación del contrario.

“Malos tiempos para quienes pensamos que las fronteras del siglo XIX debían quedar para la historia”

La vida no es fácil, nadie ha dicho que lo fuera. Pero las decisiones que se toman desde el miedo a los cambios no prejuzgan nada bueno, sino al contrario. Siempre llega el nuevo día y con él los problemas de antaño emergen con la misma fuerza que tenían el día anterior. Podrán alumbrar
nuevos fantasmas producto de sus pesadillas, pero no cambiarán el mundo.

Y ya que hablamos de fronteras. ¿Por qué no recordar lo que anunciara Jack Kennedy y su “nueva frontera”, la que apostaría por la libertad, la solidaridad y pondría las bases para que el hombre llegara a la Luna?

A esa frontera sí que me apunto.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no legitima la ocupación por Marruecos del Sáhara

Artículo publicado originalmente en diario16.com, el martes 3 de enero de 2017

La Unión Europea y Marruecos celebraron en 2012 un acuerdo que establecía medidas de liberalización recíprocas en materia de productos agrícolas, productos agrícolas transformados, pescado y productos pesqueros, que fuera denominado como “Acuerdo de Liberalización“. Este acuerdo, cuyo ámbito de aplicación territorial es el mismo que el del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos, fue aprobado por la Unión Europea mediante una Decisión del Consejo.

Dado que el Acuerdo de Liberalización afectaba al territorio del Reino de Marruecos, sin especificar la ocupación por éste país del territorio del Sáhara Occidental, el Frente Polisario lo recurrió. El Tribunal General declaró, en esencia, que el Consejo había incumplido su obligación de examinar, antes de celebrar el Acuerdo de Liberalización, si existían indicios de una explotación de los recursos naturales del territorio del Sáhara Occidental bajo control marroquí que pudiera llevarse a cabo en detrimento de la población de dicho territorio y vulnerando sus derechos fundamentales. Al no estar satisfecho con esa sentencia, el Consejo interpuso un recurso ante el Tribunal de Justicia al objeto de obtener su anulación.

Lo que viene a decir la nueva sentencia del pasado día 21, es que quien se equivocó fue el Tribunal General por considerar que los Acuerdos de Asociación y Liberalización no dejan lugar a dudas de que el acuerdo no se puede aplicar al Sáhara Occidental por como se establece en particular en su artículo 94, su ámbito territorial, es el “territorio del Reino de Marruecos”. Le sobra al tribunal la afirmación del juez del Tribunal General que sostenía que en Bruselas se había firmado el acuerdo económico con Marruecos silenciando la situación del Sáhara Occidental para favorecer implícitamente la posición alauita.

La sentencia viene a recalcar que es imposible que pudiese ocurrir tal cosa porque el Sáhara Occidental no está bajo la soberanía de Marruecos. Por lo tanto, no es necesario decir nada en relación al territorio no autónomo porque se trata de un “tercero” y, en virtud del efecto relativo de los tratados, éstos “no deben perjudicar ni beneficiar a terceros sin su consentimiento”.

Por lo tanto, concluye que “el Acuerdo de Liberalización no se aplica al territorio del Sáhara Occidental”.

La sentencia por lo tanto viene a confirmar la doctrina de la ONU a favor de la autodeterminación del Sáhara Occidental que repasa al describir el marco jurídico en el que también se recuerdan las razones por las que el Frente Polisario es el legítimo representante del pueblo saharaui de acuerdo a lo que establece Naciones Unidas. Es interesante que no sólo cita los elementos de derecho internacional habituales a la hora de recordar el derecho inalienable que el pueblo saharaui tiene a la autodeterminación sino también el el capítulo XI de la Carta de las Naciones Unidas, titulado «Declaración relativa a territorios no autónomos». Dicho texto incluye el artículo 73, que alude a los sagrados deberes de la potencia administradora, aunque en el resto de la sentencia no se vuelve a decir nada. Sólo se recuerda que el art.73 establece lo siguiente:

“Los Miembros de las Naciones Unidas que tengan o asuman la responsabilidad de administrar territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio, reconocen el principio de que los intereses de los habitantes de esos territorios están por encima de todo, aceptan como un encargo sagrado la obligación de promover en todo lo posible, dentro del sistema de paz y de seguridad internacionales establecido por esta Carta”

También llama la atención que se hace un exhaustivo resumen histórico sobre los orígenes del conflicto y se alude, entre otros asuntos, a la comunicación con la que España puso fin a su presencia y responsabilidades de potencia administradora en el territorio el 26 de febrero de 1976, pero no a los ilegales acuerdos de Madrid ni las dos resoluciones de Naciones Unidas motivadas por la batalla de la legalización de este acuerdo.

El tribunal da por hecho que, como dijo Hans Corell, ex-subsecretario general para Asuntos Legales y Consejero Legal de las Naciones Unidas, Marruecos no es en el Sáhara Occidental más que una potencia de ocupación, porque la ocupación de facto y la dejación española no ha logrado siquiera darle el título de potencia administradora que, por otra parte, le obligaría a descolonizar el territorio.