Comienzo esta intervención saludando la iniciativa de los organizadores de poner en contacto al sector agroalimentario con el Parlamento con relación al proceso del Brexit. Una relación que debería mantenerse, de modo que el control que ejercemos sobre el Gobierno pueda contar con la referencia de los sectores afectados y sus prioridades en la negociación.
La intervención que puedo hacer en este momento del proceso es en todo caso genérica (aunque haré alguna especificación final). A pesar de que el Gobierno de Theresa May invocó el pasado 29 de marzo de este mismo año el artículo 50 del Tratado de la UE por el cual el Reino Unido anunciaba a sus socios su decisión de abandonar la Unión, 6 meses después todavía no está claro casi nada en el proceso de salida y, menos aún, cómo quedarán las relaciones futuras entre la UE y RU.
Lo único que parece claro es que los británicos carecían de un plan B para el caso de que las previsiones que planteaban las encuestas fallaran y este país abandonara la UE. La maniobra posterior al referéndum por parte de la Primer Ministro que sucedía al anterior, responsable del desaguisado, David Cameron, de adelantar las elecciones con el objeto de obtener una mayoría absoluta que le permitiera abordar con cierta comodidad y liderazgo el proceso, se saldaría con un fracaso. Las tensiones en su partido se avivan por momentos, los partidarios de un Brexit duro están a la expectativa de un nuevo fracaso de May para hacerse con el poder y la Primera Ministra debe negociar todas y cada una de las medidas que conduzcan a la salida de la UE con los diversos sectores de su partido y con sus socios norirlandeses.
La línea de comunicación por parte del Gobierno británico no es clara tampoco (difícilmente lo podría ser). RU ha iniciado el envío de algunos documentos sobre aspectos concretos del Brexit (Seguridad, cumplimiento de la ley y justicia; política exterior, Defensa y desarrollo; política aduanera...) que no aportan nada, salvo algo así como asegurar su buena voluntad de ser unos socios leales en lo que se acuerde en el futuro. Pero el futuro que quieren sigue sin estar claro, porque -a lo mejor- quienes no lo tienen claro son ellos mismos.
No obstante lo cual, el discurso de Theresa May en Florencia la semana pasada, su voluntad de mantener el compromiso presupuestario de RU respecto de las perspectivas financieras -el presupuesto de la UE- hasta su vencimiento en el año 2020 y la propuesta de un periodo transitorio de 2 años (diría más bien que, al menos, 2 años) parecen abonar la tesis de un Brexit blando.
En ese periodo transitorio, RU se mantendría dentro del mercado único y de la Unión Aduanera, hasta que se definan las condiciones de su futura relación con la UE. Esa sería la mejor solución para las dos partes. Primero, por el impacto -negativo- tanto en la industria y agricultura del RU y de la UE que supondría el restablecimiento de aranceles; y segundo, las consecuencias negativas para el RU de tener que negociar un sinfín de acuerdos comerciales bilaterales con una infinidad de países terceros en un período corto de tiempo.
Aún así, la posición Britanica respecto de los 2 asuntos previos a entrar en la negociación concreta por sectores (entre los que se encuentra el agroalimentario), que son la situación de los ciudadanos (los europeos en RU y los británicos en la UE) y el coste de la factura de salida están muy distantes. En todo caso, la cifra del cheque, 20.000 millones €, según el discurso de May en Florencia, aunque muy por debajo de las estimaciones que lo situaban en 100.000 millones, supone la aceptación por primera vez de algo que los euroescépticos británicos nunca dijeron: que la salida de la UE costaría dinero a su país.
A nuestro juicio, es fundamental que el esquema previsto por el Comisario Europeo Barnier y los negociadores de la UE (los ciudadanos y el cheque, primero, además de la frontera entre Irlanda y el Ulster) se mantenga: abordar en paralelo estos asuntos junto con la negociación sectorial favorecería a los intereses de RU y perjudicaría a los europeos, por cuanto entrarían en ella más elementos de discusión y la posibilidad para RU de ceder en algunos aspectos para ganar en otros.
Las alternativas que por el momento existen para el acuerdo futuro UE - RU serían: (a) Acuerdo del Espacio Económico Europeo (EEE) con la UE (actualmente en vigor para Noruega, Islandia y Liechtenstein); (b) Marco actual vigente con Suiza; (c) Unión Aduanera con Turquía; (d) Acuerdo de Libre Comercio similar a CETA o TTIP; (e) Aplicación de los aranceles de Nación Más Favorecida (NMF) dentro de la OMC.
De estas, la más probable es que el status final del RU podría ser perfectamente una FTA (Free Trade Area, o área de libre comercio) fundamentalmente de bienes pero que también podría incluir algunos sectores de servicios (esperando que los servicios financieros queden excluidos) sin formar parte de la Unión Aduanera ni tener acceso al Mercado Único. El status final con acceso al Mercado Único es evidente que sería muy difícil de "vender" políticamente dentro del propio RU, pues supondría una situación similar a la que actualmente tiene Noruega (pagando por su acceso al Mercado, pero sin posibilidad de influir en su conformación y regulación). En cuanto a seguir formando parte de la Unión Aduanera, supongo que tampoco sería una opción realista políticamente hablando, pues ello supondría que el RU debería seguir la política comercial de la UE, lo que supondría que no podría tener la suya propia (no podría firmar sus propios acuerdos comerciales aparte, y tendría que aplicar las decisiones que la UE tomara en aspectos de defensa comercial, etc).
Cuando me refiero a la Unión Aduanera (período transitorio que podría durar varios años) y FTA (status final), hablo fundamentalmente de circulación de mercancías, libres de aranceles, cuotas y prohibiciones. Asimismo, se podrían incluir aspectos de defensa comercial (cláusulas de salvaguarda comunes, reglas antidumping, etc.) que en el fondo forman el conjunto de una Unión Aduanera y FTA de bienes normalizada. Sin embargo, con toda probabilidad quedarían fuera los aspectos de normas y estándares industriales, las normas sanitarias y fitosanitarias aplicables tanto al sector industrial como, sobre todo, al agrícola (en sentido amplio, incluido el agroalimentario y de bebidas), normas de protección de los consumidores, denominaciones de origen, etc. A través de las cuales, por cierto, se podría impone una especie de segundo "arancel" encubierto. Aunque no es imposible llegar a acuerdos específicos en algunas de estas materias, pero, de nuevo, en ese caso el RU quedaría "sometido" a la regulación que saliera de la UE (como Noruega).
Por lo tanto, entiendo que podríamos hablar de dos posibles escenarios:
A) con Unión Aduanera (transitorio) y FTA (final), es decir sin aranceles, pero sin la parte "normativa". Como el RU tiene la intención de introducir en su legislación todas las regulaciones actuales de la UE, este hecho equivaldría, indirectamente, a tener acceso al Mercado Único, pues las reglas serían las mismas en un lado y otro del canal. Esto permitiría una fase de transición larga, más allá del período transitorio formal que se acuerde. Evidentemente, esta situación iría cambiando a medida que la UE introduzca cambios a su actual marco reglamentario y regulatorio (sin la intervención del RU), por lo que a largo plazo, el impacto para las dos partes sería significativo, ya que los operadores económicos deberían "ajustar" su producción a las normas y estándares (diferentes) de cada parte con lo que ello conlleva de sobrecostes.
B) sin Unión Aduanera ni FTA, es decir con aranceles. La situación sería mucho peor y de efectos inmediatos. En un principio, los aranceles aplicables serían los consolidados por parte de la UE en la OMC (es decir los que la UE aplica a países terceros con los que no tiene acuerdos específicos de libre comercio). Esta situación sería aplicable tanto por una parte (exportaciones de la UE al RU) como por la otra (exportaciones del RU a la UE), ya que supongo que el RU tomaría tales aranceles como propios, en base al principio de "Estado sucesor". Supongo que al RU no le queda otro remedio, pues en el caso de que intentara renegociar ex-novo todos los aranceles en el seno de la OMC, podría encontrarse con muchos problemas en particular con países importantes como China, India, Rusia, etc.
En este último escenario, la situación para la agricultura (en sentido amplio, no sólo productos agrícolas, sino también agroalimentarios y bebidas) de ambos lados sufriría especialmente y a corto plazo, una vez terminado el posible período transitorio o, en el peor de los casos en el escenario en el que no hubiera un acuerdo entre las partes. Efectivamente, el arancel consolidado (promedio simple) total es del 5,2%, pero el aplicable al sector agrícola se eleva al 13,5%, pero este promedio varía enormemente con picos arancelarios del 53,9% (promedio del sector) en los productos lácteos, del 30,6% en el sector del azúcar y artículos de confitería o del 23,2% en los productos de origen animal o del 21,2% en el sector de bebidas y tabaco. Todo un cambio radical en el comercio de estos productos, con efectos negativos importantes en muchos sectores. Además, sufrirían enormemente (llegando incluso hasta poner en riesgo su propia existencia) las cadenas de valor que incorporan productos intermedios de una y otra parte para la fabricación de un producto final.
Para terminar, y como quiera que desde la organización de este acto se nos pedía una valoración de la actuación del Gobierno español en este epígrafe, yo la definiría como que se encuentra a la expectativa. A la expectativa tanto del escenario que escoja RU después de culminado el primero (ciudadanos, cheque y frontera Irlanda-Ulster), como de las posiciones que mantengan los 27. No obstante, y en la medida en que cada vez parece más clara la aplicación de un relativamente largo periodo transitorio, no seremos nosotros quienes critiquemos esta actitud, siempre que en todo caso el Gobierno maneje todos los escenarios (incluyendo, desde luego, los más negativos, que afectan al sector).
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