¿Se parece cada vez más la UE a España?

Artículo publicado originalmente en El Imparcial, el 4 de noviembre de 2021

España, esa nación en la que ocurre que el mismo concepto que la define es “discutido y discutible”, según el expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero, y que experimentó un embate sin precedentes en la democracia española reciente con la declaración de independencia del Parlamento de Cataluña el 27 de octubre de 2017, ha vivido todo tipo de agresiones a su integridad territorial. El antecedente de la citada declaración independentista se producía el 6 de octubre de 1934, en plena Segunda República, en la forma de una contestación a la victoria electoral de la fuerza política accidentalista CEDA en las elecciones anteriores, y coetánea de la insurrección de Asturias del mismo mes. Nacionalistas, socialistas y anarquistas se conjuraron entonces en contra de un régimen aún por estructurar -como lo era el republicano- lo mismo que los nacionalistas de hoy lo hacen junto con los populistas en relación con el sistema del ‘78, que creíamos consolidado pero que registra graves fallas evidenciadas ahora tras la denuncia ‘de facto’ del consenso constitucional por uno de sus firmantes, el PSOE de Sánchez.

Pero la UE no parece gozar de mejor salud. Tras la farragosa e interminable salida del Reino Unido -aún sin solucionar definitivamente-, se produce ahora la explosiva decisión del Tribunal Constitucional polaco respecto de la primacía de su jurisdicción sobre la europea, a la que convendría añadir las cautelas que viene planteando el órgano constitucional de Karlsruche en Alemania o el cuando menos deficiente funcionamiento de la euroorden -por citar un caso de particular interés para España-, se diría que las costuras de nuestra relación europea se van abriendo sin que observemos muy bien el procedimiento de cauterización de las mismas.

Por supuesto que no es lo mismo el Brexit que el “Polexit”, y que este último no es comparable con las decisiones del Tribunal Constitucional de Alemania o a la tantas veces fallida euroorden, aunque supongan un desafío a la organización, a los valores o a los procedimientos de la Unión; y que además tomen en cuenta -casi siempre para mal- las decisiones del Tribunal de Justicia europeo. Resulta también que el “Polexit” no es tal, porque Polonia no quiere marcharse, sino quedarse “a su manera”, que es incumpliendo las decisiones del TJUE.

Como ha afirmado el semanario británico The Economist, "si los tribunales de la UE no pueden confiar en los polacos, el sistema legal europeo comienza a deteriorarse. Una orden de arresto aquí no se cumple allí; una licencia bancaria otorgada en un país no es respetada en otro… con el tiempo, un área sobre la que las personas, los bienes, el capital y los servicios pueden fluir libremente se convierte en otra en la que sólo pueden moverse con problemas".

El caso es que, ante la ofensiva polaca, apoyada por Hungría, tiene la UE un elenco limitado de respuestas para que se reconduzca la actitud perniciosa por parte del país contestatario; solamente las sanciones económicas, que si bien eficaces para un Estado que recibe más de los fondos comunitarios de lo que les entrega, también podría rearmar el discurso nacionalista y encrespar a sus aliados, configurando un bloque de países que no están dispuestos a ceder soberanía en el ámbito judicial. La “Europa de las dos velocidades” que se explicitó desde la adopción del euro como moneda común, se extendería ahora al espacio jurisdiccional, con la particularidad de que este ámbito -el de los tribunales- forma parte del núcleo básico de los Tratados, a diferencia del área monetaria en la que no todos los países europeos están incluidos.

Sin perjuicio de lo que resulte del contencioso polaco, parece claro que, así como una crisis financiera en un país puede extenderse a otro, también puede hacerlo una crisis constitucional. De la misma manera que una crisis constitucional como la española está derivando en una crisis de proyecto de país, que cada vez resulta más difícil de resolver.

Pensar que el estado de derecho proclamado generalmente a lo largo de la UE es asunto resuelto, creer que la democracia subsistirá en España porque no existe otra alternativa, es incurrir en una locura peligrosa.

En el día de la Unidad en Alemania que se celebra el 3 de octubre, la Canciller en funciones, Angela Merkel, se expresaba de la siguiente manera:

“Hoy en día se ven ataques a la libertad de prensa en los cuales se fomentan las mentiras, la desinformación y los resentimientos. Estos son ataques a la democracia. La democracia no es algo sobreentendido, hay que trabajar entre todos por ella todos los días”.

Siguiendo lo que parece ser una especie de testamento político de la dirigente alemana, nada hay que dar por asegurado. La vida misma constituye siempre el escenario de la lucha por la supervivencia, y nuestro sistema de valores -entre los cuales se encuentra la democracia o la construcción de una UE anclada en los valores del liberalismo y la solidaridad- no podrían resultar ajenos a ese combate.

Basta con poner en cuestión los principios constituyentes -constitucionales- de una unión política para enmendar de raíz su propia existencia. Unidad, democracia, estado de derecho y gobierno, en última instancia de los jueces, son por lo tanto valores que tienen la misma profundidad e identidad, y que contaminan positivamente a todo el edificio construido en torno a esos principios, convirtiendo en indivisibles los unos respecto de los demás.

La desintegración, ya sea de los Estados constituidos, ya de las uniones entre estos, constituye antesala cierta de su desaparición.