California, un aviso para navegantes

Artículo publicado en El Imparcial, el viernes 22 de abril de 2022

El actual gobernador de California, Gavin Newsom, que fue alcalde de San Francisco y es miembro del partido demócrata, promulgó recientemente 770 proyectos de ley que habían sido aprobados con anterioridad por la legislatura del Estado en Sacramento. La que más llama la atención, y con razón, es una ley que ampliará el número de unidades edificables en solares unifamiliares y permitirá, por lo tanto, un impulso muy necesario en lo que se refiere a la oferta de vivienda. Algún comentario lo ha calificado como “el proyecto de ley de vivienda más importante de la última década”.

No ha sido tan notoria -y ha pasado prácticamente desapercibida en ese amplio paquete legislativo- una disposición que regula el juego de los niños. Sí, lector, no le han engañado sus ojos: regula el juego de los niños. A partir de 2024, las grandes superficies con más de 500 empleados ya no podrán ofrecer sólo secciones para "niño" y "niña" en lo relativo a juguetes y otros artículos dirigidos al público infantil en sus tiendas, deberán incorporar también una sección de "género neutro". Los partidarios de esta norma aseguran que ayudará a combatir los estereotipos de género, mientras que los que se oponen la consideran como una extralimitación del gobierno en su incursión en el ámbito privado de la economía. Exponer muñecas Barbie solamente en la sección destinada a las niñas y camiones sólo en la de niños está pasado de moda, por lo visto. Pero, ¿debería ser el papel del gobierno decirles a las empresas cómo organizar la exhibición de sus productos en los grandes comercios?

El aviso californiano es evidente que no se reduce a sus límites geográficos. En España aprendemos pronto de las malas políticas, por lo mismo que adoptamos las buenas arrastrando desganados los pies; el Ministerio de Consumo, dirigido por Alberto Garzón, ha editado una “Guía para la elección de juguetes sin estereotipos sexistas”; de modo que el destacado militante del partido comunista no tendría que hacer demasiados esfuerzos para emular al gobernador demócrata norteamericano.

Otro ejemplo de la intromisión del Estado -de California, también- en la acción del sector privado, igualmente promulgada hace escasos meses como ley, prohíbe a los restaurantes distribuir condimentos, como el ketchup y la salsa de soja, a los clientes, a menos que lo soliciten. El gobernador Newsom también firmó una nueva ley que requiere que las universidades y escuelas públicas ofrezcan compresas y otros productos similares en el campus.

Dado que los demócratas tienen una gran mayoría en el parlamento del Estado y el control de todos los cargos electos en esa institución, no sorprenderá que ese partido en ese Estado esté usando su poder para situar en la agenda pública los asuntos que preocupan a su formación política, como ocurre con la igualdad de género. La explicación podría estar en que Newsom, que superó una reciente campaña para destituirlo de su cargo por un amplio margen, está más preocupado por las críticas de su ala izquierda que por las que eventualmente pueda recibir de los republicanos.

Sin embargo, si bien la nueva “ley de juguetes” podría parecer meramente simbólica, señala en realidad cómo California se está involucrando más en la vida diaria de las empresas y las personas. Este paso quizás sólo sea el comienzo de un recorrido más largo. Según Bruce Cain, profesor de Ciencias Politicas en Stanford, citado por el semanario británico The Economist, a medida que el Estado avanza en sus esfuerzos para combatir el cambio climático, "probablemente no haya una dimensión de la vida que no se vea afectada por la agenda de descarbonización de California”. Por ejemplo, Newsom promulgó recientemente una ley que prohíbe la venta de nuevos sopladores de hojas y cortadoras de césped a gasolina. Algunas ciudades incluso hablan de prohibir el uso de gas natural en nuevos hogares y negocios, una medida que, en efecto, eliminaría las estufas alimentadas con este combustible.

California puede estar tomando las medidas más draconianas posibles en contra del cambio climático, pero no es la única que usa leyes para avanzar en una agenda cultural. Se podría establecer una conexión entre la ley de juguetes y las actuaciones de los gobernadores de algunos otros Estados -en este caso dirigidos por miembros del partido republicano-, como son los gobernadores Greg Abbott en Texas y Ron DeSantis en Florida, que prohíben a las empresas exigir a los empleados que usen máscaras y se vacunen. Al hacerlo, Texas y Florida están interfiriendo con la libertad de las empresas para decidir sus propias políticas. Los esfuerzos recientes en Texas para detener los abortos sirven como otro ejemplo de la interferencia del gobierno en nombre de una pretendida agenda social. Son partidos diferentes en su ideología y la masa de sus votantes, pero no en cuanto a su afán por inmiscuirse en la vida privada de los ciudadanos y las empresas. En definitiva, no se trata de que una de las partes esté a favor de la libertad y la otra no; ambas partes están a favor de diferentes formas de intrusión.

California, Florida, Texas… aviso para navegantes precisados de información. Seguramente el mejor gobierno sea el que menos moleste a las personas, a las familias y a las empresas; pero eso no lo entienden muy bien “los socialistas de todos los partidos”, que señalara Hayek en su célebre obra “Camino de Servidumbre”.

Por qué me he dado de baja en Ciudadanos

Fernando Maura con Brahim Ghali

Artículo publicado en El Imparcial el viernes 8 de abril de 2022

Hace ya algún tiempo que no participo en las actividades internas del partido y que tampoco asisto a sus convocatorias públicas, que ahora se reanudan una vez relajadas las restricciones consecuentes a la pandemia. No obstante, soy de la opinión de que, como dice el refrán, “hay que estar a las duras y a las maduras”; y pese a que Ciudadanos no conseguía remontar en las encuestas, ni siquiera en el peor momento de crisis del PP -dimisión de su presidente después del aparatoso desencuentro con Ayuso- y con un PSOE acosado por un sinfín de turbulencias -Covid-19, invasión de Ucrania, alza de precios, huelga del transporte…-, el partido presidido por Inés Arrimadas se encuentra en una situación más que delicada y los errores de gestión que la dirección ha protagonizado -la moción de censura en Murcia entre ellos, pero no el único- acercan a esta formación política a una muy probable desaparición. A pesar de todo, he mantenido mi afiliación a este partido.

Consecuente con un proyecto que, desde el año 2014, ayudé a construir junto con mi amigo el profesor Sosa Wagner y los eurodiputados de Cs Javier Nart y Juan Carlos Girauta, tratando de establecer un entendimiento en el que confluyeran los dos partidos liberales presentes en el panorama político español de entonces: UPyD y Cs. No fueron pocas ni agradables las críticas que recibí por esta actuación que derivaría finalmente en mi expulsión del partido de Rosa Díez. También, junto con mi equipo del Parlamento Europeo, contribuí a la integración del partido, entonces presidido por Albert Rivera, en la estructura liberal europea de ALDE, antes de dimitir como eurodiputado para integrarme en las listas de Ciudadanos al Congreso, donde fui portavoz en la Comisión de Asuntos Exteriores, así como en la Comisión Mixta Congreso-Senado para el seguimiento de los asuntos de la Unión Europea. En esa condición asistí -previa conformidad del secretario general del partido, José Manuel Villegas- al congreso del Frente Polisario celebrado en julio de 2016 en los campamentos de Tinduf, que nombraría presidente a Brahim Galli. Posteriormente sería yo elegido miembro de la ejecutiva de Cs como responsable de política exterior.

Mi estrella, si alguna vez brilló, comenzaría a declinar a raíz de que confluyera mi criterio -y mi voto- con el de otros tres miembros de la ejecutiva en la solicitud de que el partido hiciera una oferta de acuerdo a Pedro Sánchez que podría haber evitado los trastornos que España viene padeciendo en los últimos años. Nuevamente pasé a formar parte del ejército de los apestados, a pesar de haber mantenido una prudente discreción cuando los medios de comunicación me pedían que les hiciera públicas las razones de mi voto.

Todo tiene, sin embargo, sus límites; y hay un momento en el que es preciso poner pie en pared. Y ese momento ha llegado. Cuando acepté el ofrecimiento de Albert Rivera para ser diputado y después miembro de la ejecutiva, tenía yo una agenda política que incorporaba tres dimensiones nunca contradictorias: el cumplimiento del Derecho Internacional, el respeto a los Derechos Humanos y la utilización de la lengua española como principal “soft power” de nuestra acción exterior.

Los tres ámbitos evocados quedaron ampliamente preteridos en la intervención del diputado de Cs Miguel Gutiérrez el pasado día 6 para justificar el criterio de su grupo parlamentario respecto de una iniciativa sobre el Sáhara. No parece haber tenido en cuenta Gutiérrez los criterios del Derecho Internacional relativos al proceso de descolonización -no sólo en relación con el Sáhara Occidental, sino con todos los procesos de este tipo, que deben concluir con un referéndum de autodeterminación-, tampoco con los derechos humanos de la población saharaui a ambos lados de la berma o muro que la separa, ni siquiera al idioma que tantos saharauis aún siguen utilizando en sus comunicaciones.

Afirmar que el Frente Polisario es un movimiento terrorista, adjudicando al legítimo representante del pueblo saharaui -de acuerdo con las Naciones Unidas- y vinculándolo con ETA, no es sólo un despropósito y un error, supone además una flagrante injusticia y evidencia una ocultación de la verdad que no cabe adjudicar a desconocimiento del ya bregado en tantas batallas representante de Cs.

El diagnóstico de equiparar el Polisario con ETA, no pasa de ser un brochazo de pintura gruesa que no soporta el más mínimo de los análisis. El País Vasco nunca fue una colonia española. El señorío de Vizcaya está ligado a la Corona de Castilla desde el siglo XIV, los vizcainos -o vascos- repoblaron las tierras de España en la reconquista y marinos y marineros vascos llevaron la lengua y los valores occidentales a una población sojuzgada por sus dirigentes tribales y sus bárbaras creencias. No, Euskadi carece del derecho de autodeterminación, como también de esa variante sólo en apariencia menos indigesta: el derecho a decidir.

Abonarse a la tesis de Gutiérrez es poco menos que afirmar que Ucrania debería rendirse ante la invasión rusa y aceptar su conversión en una autonomía sometida a los particulares designios de Putin. Supone negar el derecho de un país soberano a decidir sobre sus alianzas y su modo de vida.

En una de las reuniones virtuales celebradas en mi agrupación local del partido escuché la afirmación de una afiliada que, antes de abandonar Ciudadanos, aseguraba que no era capaz de militar en un partido al que ella no podía votar. Me parece una postura más que razonable y que ahora hago mía: yo no podría votar una lista en la que Miguel Gutiérrez esté presente, ni a un partido que haya perdido de tal manera sus valores que le presente como candidato.

Entrego -de manera simbólica, no lo he tenido nunca físicamente- mi carnet de Ciudadanos, pero sigo siendo un ciudadano liberal. Creo en el individuo y desconfío de la tribu y aún más de su sectarismo. Afirmo que el Estado debería ayudar a los débiles, sin estorbar a las personas y a las empresas, acompañándolas y nunca sustituyéndolas. Y espero contribuir a que algún día pueda existir en España un partido que aporte los valores en los que creo.