¿Quo vadis Euskadi?

Publicado en El Imparcial, el 18 de marzo de 2024

Entramos en fase electoral, el próximo 21 de abril se celebrarán las correspondientes elecciones al Parlamento Vasco, vendrán luego las catalanas y después las europeas. En el caso de la primera, se trata de una convocatoria que se diría cierra un ciclo propio para abrir otro.

Constituye el final de la etapa de Íñigo Urkullu, quien en tándem con Andoni Ortúzar -éste al frente del PNV- recogían el testigo de Josu Jon Imaz, después de que el que fuera eurodiputado y consejero de Industria de Ibarretxe, evitara la deriva soberanista hacia los territorios de abierto enfrentamiento con el Estado que preconizara su rival Joseba Egíbar. Eran desde luego otros tiempos, en éstos es el mismo Estado el que se desprotege, y son sus aliados, los nacionalistas e independentistas, los que se alían con él en esa operación destructiva.

El tiempo que cierra Urkullu, pero que Ortuzar pretende estirar ahora con la ayuda de un candidato bisoño, de nombre Imanol Pradales, era el del clásico "ritornello" nacionalista. Fue primero Garaikoetxea en su lucha con Arzallus y sus desplantes a los gobiernos centrales. Aquel lehendakari, de origen navarro, acabaría fundando Eusko Alkartasuna, hoy partido miembro de la coalición Bildu. A éste le sucedería el más moderado Ardanza, que impulsaría el "pacto de Ajuria Enea" en contra del terrorismo; pero el péndulo vertiginoso del PNV le sustituiría después por el más radical Ibarretxe, que pondría en marcha su célebre "plan" que pasaba por dividir a los vascos con su estatus de "Estado Libre Asociado" con España y que fuera debatido y rechazado por el Congreso de los Diputados.

Ya digo que aquéllos eran otros tiempos. Los acuerdos suscritos entre el actual PNV y el sanchismo dibujan un escenario similar al pretendido por Ibarretxe, y el Estatuto propuesto por Urkullu, en su postrera aportación política, consagra la existencia de dos tipos de vascos: los que lo son sólo administrativamente y los que lo son por "vocación". De ese planteamiento se producirán efectos que sin duda poco tendrán que ver con el mandato constitucional de la igualdad entre los españoles.

De esta forma, y como consecuencia de la debilidad -de manera singular provocada también por el propio Gobierno de lo que quizás un día fuera la nación española-, esas dos almas del PNV han confluido en una sola. Ya no existen radicales y moderados, sólo los primeros, no importa la apariencia de mesura que presenten con el fin de atraer a indecisos y españoles que votan en las circunscripciones vascas.

En el nacionalismo vasco, además, la divisoria entre el comedimiento y el fanatismo apenas se advierte en algunas ocasiones. El mismo Urkullu -según me contaba en su día Joseba Arregui- “es una excelente persona, pero en cuanto rascas un poco le sale Sabino Arana”. Y el fundador del PNV, ya se sabe, era el compendio de todo lo que denostamos en nuestros días: xenofobia, oscurantismo y apelación a los tiempos medievales del Antiguo Régimen…

Y así, la competencia electoral del 21 de abril se reduce a PNV o Bildu, en lo que no deja de ser sino un pleito de familia iniciado en los años 60 del pasado siglo, cuando la nueva generación del PNV achacaba a la vieja su conformidad con el franquismo. Hoy, los descendientes de aquellos jóvenes reclaman su derecho hereditario a recibir el "altaren etxea" -la casa del padre-. Unos y otros hoy, comparten también la misma alma; más casposa una, más juvenil la otra, pero iguales en todo caso.

El PNV en su laberinto histórico ha optado, como siempre lo ha hecho, por el radicalismo en contra del orden. Ya lo hizo en 1936, cuando el que luego sería preclaro reclamo de HB-ETA, Telesforo Monzón, pidió armas a los franquistas para apoyar el alzamiento nacional, y eso que, en las elecciones de 1931, esos mismos nacionalistas acudían coaligados con los tradicionalistas.

¿Quo vadis, Euskadi? Cualquiera que sea el papel que pretendan jugar los socialistas, el PP o Vox, unos y otros, en mayor o menor medida, representarán un rol de comparsas en el escenario vasco. No importa que el "disputado voto del PSOE" pueda caer del lado peneuvista o bildutarra, que el PP abandone -por un tiempo al menos- la defensa de los valores constitucionales y se afane en contraatacar por el lado de la gestión, o que Vox quiera convertirse en paladín de la españolidad... los tiempos han cambiado, y ya los esfuerzos que en su día hicimos entre los socialistas de Nicolás Redondo y los populares de Jaime Mayor por enmendar la deriva nacionalista, forman parte de los sueños evanescentes de un pasado que quizás fuera mejor que éste. Pero la nostalgia no sirve de nada a efectos prácticos.

El País Vasco va -porque lo está ya- en esa dirección. Y el PNV no parece dispuesto a imitar el sistema que hizo fuerte a la CDU en Alemania y a la CSU en Baviera. Ese modelo tuvo también su oportunidad en los tiempos inmediatamente anteriores al ciclo que abrió Urkullu. Y no parece que la historia se repita, como no sea en forma de farsa, que decía Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Después de todo, pensar que un nacionalista en España siquiera dude en acometer cualquier política que mejore la integración y el progreso de nuestro país es algo más que una quimera, una España que avance no es sino de una de sus peores pesadillas.

Y en eso regresó el escándalo

Publicado en El Imparcial, el 5 de marzo de 2024

En realidad, nunca se había alejado del todo. Por más que la Unidad Central Operativa (UCO), la policía judicial de la Guardia Civil, y la judicatura investigan y sancionar a los delincuentes, la corrupción nos sale con frecuencia al encuentro, unida al deterioro correspondiente de nuestras instituciones y la sospecha ciudadana en torno de nuestra clase política. El hecho de que el último -sólo por el momento- episodio que estamos conociendo se haya producido aprovechando la crisis sanitaria del COVID‘19, la reducción de nuestro espacio de libertad por el confinamiento a que nos vimos sometidos y la pérdida de familiares y amigos, muchos de ellos fallecidos en la distancia y en soledad, supone un añadido a la insensibilidad de una conducta que no se comporta sólo como un robo al erario público, sino que pone en evidencia la más torpe sordidez que anida en la avaricia humana.

Habrá que advertir que el fenómeno de la corrupción ha recorrido nuestra historia desde muy antiguo. Los cronistas de la Segunda República nos recuerdan con insistencia el episodio conocido como “estraperlo” -por Strauss y Pearl, sus promotores- y que afectaba a Aurelio Lerroux, sobrino y protegido de don Alejandro; en la Restauración que daba comienzo en el año 1876, el caso conocido como “el millón de Larache”, revisitado oportunamente por Carlos Sánchez Tárrago en el telón de fondo del desastre de Annual y que se hacía como botín con las asignaciones oficiales para la intendencia del personal militar destinado a la campaña de África; aguas arriba, el historiador Carlos Dardé ha evocado en “La Corona y la Monarquía constitucional en la España liberal, 1834-1931” el caso de la implicación de la mujer de Sagasta en la construcción del ferrocarril en Cuba durante la Regencia de Doña María Cristina; o en el Antiguo Régimen, bajo el reinado de Felipe III, las acciones el duque de Lerma por las que haría negocio éste con terrenos en Valladolid y Madrid, especulando con la capitalidad de España en una y otra ubicaciones sucesivas; el régimen de Franco, pese a la opacidad a la que se veían confrontados los medios de comunicación, también tuvo su Matesa que se llevaría por delante a una buena parte del gobierno de entonces.

Y si la corrupción ha atravesado nuestra historia como una especie de mancha de aceite, tampoco entiende de color o ideología política. Ahí está el paradigmático caso de Rafael Blasco, consejero del PSOE valenciano salvado in extremis porque el juez no admitió como prueba inculpatoria unas cintas que así lo evidenciaban, y que sería finalmente condenado por el caso Cooperación, esta vez como consejero del PP de esa Comunidad Autónoma.

Tampoco la corrupción distingue de países: el diputado Nikolas Lôbel, de la CDU, reconoció haber cobrado una comisión por mediar a favor de una empresa para la compra de mascarillas por parte de la administración pública. El expresidente de la República francesa, Nicolás Sarkozy, fue condenado a un año de prisión por la financiación ilegal de la campaña electoral de 2012. En el Reino Unido, el gobierno de Boris Johnson estuvo plagado de una serie de escándalos, desde acusaciones por su desprecio de las reglas y revelaciones de fiestas ilegales para romper el confinamiento celebradas en Downing Street, hasta el punto de recibir denuncias por irregularidades y abusos por parte de diputados de su partido. Hasta una institución poco propicia al envilecimiento, como es el Parlamento Europeo, está viviendo el “Qatargate” o “Moroccogate”, que aún sigue dando coletazos.

En el caso de que otorguemos credibilidad al Índice de Corrupción correspondiente al pasado año 2023, publicado por Transparencia Internacional, España figura en el puesto 36 sobre 180 casos analizados. En países de nuestro entorno, y por debajo, figura Italia (42); y por encima, Portugal 34), Reino Unido y Francia (20) o Alemania (9).

Interesa a mi juicio más que los índices -por muy bien realizados que estén- el funcionamiento de las instituciones en las que se asientan los sistemas políticos, y en especial el respeto que respecto de ellas tenga nuestra clase política. El profesor Eloy García ha escrito que “cuando reina la corrupción de las instituciones o el abandono de la ciudadanía, la respuesta es muy simple: en ese caso el poder impera e impone su ley como fenómeno al margen de cualquier esencia política”.

Sin perjuicio del carácter genérico de la cita, podría el señalado catedrático de Derecho Constitucional haber indicado que ése es precisamente el caso español. El acoso a la judicatura, la cautividad del parlamento respecto del poder ejecutivo, el correspondiente debilitamiento de la separación de poderes y del estado de derecho, la colonización de empresas públicas e instituciones a través de afines políticos y aún de amigos… ilustran un cuadro de ejercicio de poder incontrolado por parte del actual principal responsable del gobierno.

Un sistema político, por muy bien definido que se encuentre desde su Constitución, no puede sobrevivir si no es por el aliento de la ciudadanía y el apoyo cotidiano de los agentes políticos. Ya es vieja la distinción entre las Cartas Magnas semánticas respecto de las efectivas, y en España vamos desgraciadamente recorriendo a gran velocidad el camino que conduce de las segundas a las primeras.

Y no, tampoco resulta Pedro Sánchez el único responsable de esta situación. No fue él quien proclamó que “Montesquieu ha muerto”, sino Alfonso Guerra cuando era vicepresidente de Felipe González; y no fue el PP de Aznar ni el de Rajoy -ambos con mayorías absolutas- el que abogaba por que fueran los jueces quienes eligieran al CGPJ, como ahora hace, con fervor digno de apoyo y consideración, Feijoó. Pero será preciso conceder que el actual inquilino de la Moncloa está marcando un récord en el avance del deterioro institucional que ahora padecemos.

En eso que estamos, ha llegado el “caso Koldo” que ya va siendo más el “caso Ábalos”. Y algunos se dan a la ensoñación de confundir deseos con realidades, en la idea de que el tropezón con esta piedra hará caer al presidente. El hecho de que vayan dimitiendo progresivamente -como sería de prever-, a la manera de un castillo de naipes, los principales colaboradores de Sánchez, sólo significa que se irá desprendiendo de su equipo inicial, el que se agrupó en torno de él cuando olía a cadáver político y nadie se le acercaba. Hoy, el presidente, aunque débil, está en La Moncloa, y los apoyos parlamentarios con los que cuenta le prefieren así, débil, antes que a un Feijoó derogatorio de la gestión de aquél. En eso consiste su resistencia de manual: “Conmigo disponéis de un caos bajo vuestro control; con mi alternativa, seréis quizás vosotros los que entréis en la vorágine”.