¿Tiene García Margallo un plan para Gibraltar?

El ferragosto español de 2013 aparece, por primera vez en muchos años, cargado de noticias diferentes a las climatológicas y a las relativas a devastadores incendios. Después de la comparecencia del Presidente el primero del mes le seguirán en los próximos días las de tres secretarios generales del PP ante el juez Ruz, y el viaje de SM el Rey a Marruecos tuvo su continuidad con el indulto por Mohamed VI de determinados presos españoles en el vecino país, entre ellos el de un pederasta convicto, de trayectoria poco menos que dudosa.

Pero está teniendo un especial interés el nuevo auge tomado en esta canícula por el contencioso de Gibraltar, un asunto de largo recorrido nacional que el ministro García Margallo inauguraba muy poco después de tomar posesión, recordando a un eurodiputado británico el viejo slogan "¡Gibraltar español!"

No ha pasado mucho tiempo desde entonces para que el máximo representante de la diplomacia española vuelva sobre su afirmación y lo haga a través de diversas medidas que han tenido amplio eco en los medios de comunicación de nuestro país y en los del Reino Unido. 

Las largas colas en la frontera parecen ser la respuesta de nuestro gobierno al vertido de bloques de hormigón por parte del gobierno de Gibraltar en aguas jurisdiccionales españolas, que han perjudicado gravemente las posibilidades de faenar a los pescadores de la Línea. 

Los dos principales responsables de los ejecutivos británico y español han conversado por teléfono respecto del asunto y la respuesta del primero ha sido la de enviar a la zona nada menos que cuatro buques de la Marina de su país, en los que viajarán miles de marineros para unas maniobras anteriormente previstas que durarán cuatro meses.

Se trata en efecto de un asunto recurrente de la diplomacia española. 

En tiempos del general Franco, menudeaban las manifestaciones de entusiastas adictos al régimen frente a la Embajada del Reino Unido en Madrid. El entonces ministro de la Gobernación -que era como se denominaba entonces al de Interior- telefoneaba al embajador de SM británica para preguntarle si necesitaba de protección policial para defender la seguridad del recinto diplomático. El embajador le contestaba con flema que ya es tradicional en ese país: "No me envíe usted policías. Basta con que me envíe menos manifestantes".

Pero no cabe duda de que conviene separar el contencioso, que cumple este año tres siglos, del periodo histórico -siquiera prolongado en el tiempo- de la dictadura franquista. Es verdad que el irrenunciable derecho a la territorialidad española ha sido, por la causa señalada, contemplado como un producto nostálgico de los tiempos pasados. Pero eso nos ha ocurrido demasiadas veces y con demasiados asuntos, como los que afectan a la idea de España, de nuestra lengua común o de las cosas que nos unen. Se diría que todas ellas se explicarían con el brazo en alto y consignas descabelladas como las que algunas veces recuperamos en las hemerotecas de los tiempos más pretéritos, como la que decía, por ejemplo, "Por el imperio hacia Dios". 

No es así, como resulta lógico suponer. Una cosa es que los regímenes dictatoriales utilicen con mayor frecuencia de la necesaria los asuntos de la territorialidad para esconder sus problemas internos y otra es que el problema deje de existir por ello. Y algo de esto creo que está ocurriendo ahora. 

Y no es que piense que el gobierno español deba dejar de proteger los intereses de los pescadores de la Línea o que los vertidos de hormigón arrojados por las autoridades gibraltareñas puedan resultar en absoluto justificados, pero creo que se ha aprovechado la circunstancia para que el gobierno español ponga el foco de la atención en un contencioso que dura ya demasiado tiempo y cuya definitiva solución concita la simpatía de muchos españoles, entre otros la de quien escribe estas líneas, para desviar la preocupación de nuestros ciudadanos respecto de muchos de los problemas que nos atañen.

La cuestión, por lo tanto, no estriba en el contencioso en sí, tampoco en su utilización propagandística. En mi opinión se trataría más bien de saber si existe o no, y de manera resuelta y no coyuntural, una estrategia para recuperar o para revertir al menos el problema de Gibraltar de acuerdo con nuestros intereses. 

El semanario británico The Economist señala esta semana que la economía gibraltareña ha crecido un 40% desde el 2008. ¿Cómo es posible eso?, se preguntarán ustedes. Pues la respuesta es fácil: Gibraltar es un paraíso fiscal en un territorio de la Unión Europea. No se trata del único, la lista de estos se integra con Luxemburgo, la isla de Man o la de Jersey. Algo que no debería permitir España, el Reino Unido y el resto de los países de la UE, de acuerdo con los criterios expresados en algunos de los más recientes Consejos de los máximos responsables políticos de este espacio político y económico. Decisiones que ya se están impulsando por parte de la Comision Europea y que deberán tener algún resultado en un futuro próximo.

Parece lógico que la respuesta más directa y con mejor recorrido de las existentes consistiría en situar a los ciudadanos del Peñón ante las realidades que son simplemente normales para cualquier otro ciudadano de cualquier país de la UE.  

La duda que me cabe, en este complejo sistema de entrecruzados intereses que compone la democracia española, es si tienen nuestros principales dirigentes políticos -en unión con los más importantes grupos de presión económica y financiera de nuestro país- voluntad política para impulsar decisiones como estas. 

¿Hay, de verdad, interés en que Gibraltar deje de ser el paraíso fiscal que ahora es? Si existiera, bueno sería. Pero, si no se quiere atacar el asunto de raíz, faltaría la estrategia, y el futuro de nuestras reivindicaciones territoriales, al menos con este gobierno, quedaría tal y como está.