El Sáhara Occidental, el Congreso y el Gobierno en funciones

UN GOBIERNO EN FUNCIONES DEBERÍA ATENDER CIERTAS PETICIONES

Publicado originalmente en El Mundo Financiero, el 26 de abril de 2016

La constitución del intergrupo parlamentario Paz para el Sáhara, que tuvo lugar el 14 de abril en el Congreso, ha tenido lugar en uno de los momentos más difíciles en la historia de este contencioso. La reciente visita del Secretario General de la ONU a los territorios de la que fue provincia española numero 53 y la reacción de Marruecos ante la misma, no hacen sino augurar malos presagios para el futuro próximo en esa turbulenta zona geográfica, y que -no lo olvidemos- más allá de nuestras responsabilidades históricas es vecina de España. Ban «se apartó de su neutralidad, su objetividad y su imparcialidad, asumiendo abiertamente una indulgencia culpable con un estado fantoche desprovisto de atributos, sin territorio, población ni bandera reconocida», dijo el Gobierno marroquí después de su visita.

La acusación de «ceder al chantaje de otras partes», «violar los compromisos y garantías dados a Marruecos», «dejarse instrumentalizar para dar crédito a las pretensiones de otras partes» y usar términos «que constituyen un insulto al Gobierno y el pueblo marroquíes», por su alusión al «Sahara ocupado»... han sido otras de las expresiones utilizadas por el Gobierno de Mohamed VI contra el Secretario General de la ONU.

Marruecos une así su capacidad de envolverse en conflictos con el que ya le separa de la Unión Europea, como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, derogatoria del acuerdo firmado por esta con el reino alauita por causa de su aplicación a recursos correspondientes a un territorio no autónomo pendiente de descolonización, como es el Sahara.

Pero las consecuencias de la visita de Ban-Ki-Moon no se han agotado en ese durísimo comunicado. Como represalia a la organización de Naciones Unidas, Marruecos ha expulsado a 84 miembros de la Minurso (Mision de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental). Una organización que cuenta con competencias reducidas, ya que al contrario de otras similares, no entra en su ámbito velar por la situación de los derechos humanos en el territorio objeto de su trabajo.

El Consejo de Seguridad de la organización de Naciones Unidas, del que España es miembro ńo permanente, debatirá en los próximos días, y a puerta cerrada, el informe presentado por su Secretario General y las especulaciones respecto de su contenido y de las conclusiones que pueda adoptar este organismo no resultan en absoluto tranquilizadoras. La posibilidad de que la Minurso quede relevada de su condición de organizadora del referéndum, retirando la "r" de su denominación, podría constituir un hecho de una enorme trascendencia. No en vano, la organización del referéndum fue el instrumento fundamental del acuerdo para la cesación de hostilidades entre Marruecos y el Frente Polisario, que se prolongaría desde la retirada de España de su anterior provincia española en el año 1975 hasta 1991. Si la Minurso -que ya es un organismo de competencias reducidas- deja de tener como objeto el que le era propio no sólo reducirá su importancia a la más absoluta de las insignificancias, es que provocaría una situación de casus belli en esa región, de modo que la dimensión de un conflicto no resuelto como es el del Sahara podría dar un salto cualitativo de imprevisibles consecuencias.

Por esos motivos, los diferentes diputados que estamos comprometidos con la solución del contencioso, acordamos impulsar una declaración institucional de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, en la que decíamos tres cosas; que mostrábamos nuestro apoyo al pueblo saharaui, con la disposición de impulsar los esfuerzos necesarios en la búsqueda de una solución al conflicto, reiterando el reconocimiento de su derecho a la libre determinación en el marco de los principios y disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, y reconociendo los esfuerzos de su Secretario General en la búsqueda de una solución pacífica; instábamos, en segundo lugar, al gobierno en funciones, a asumir un papel más activo como miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para conseguir una solución urgente, justa y definitiva, siendo imprescindible la aplicación del plan de paz que culmine en la celebración del referéndum; y, por último, pedíamos al gobierno que vele por el respeto de los derechos humanos en el Sahara Occidental, a la vez que requeríamos que la Minurso obtenga un mandato para la supervisión de los mismos. Finalmente pedíamos la liberación de todos los presos políticos saharauis encarcelados por ejercer sus derechos y libertades fundamentales.

Una declaración que suscribimos todos los grupos parlamentarios... con la única excepción del popular, debido a la irreductible oposición del gobierno en funciones. Pero que sigue abierta a su incorporación, porque las cosas que son justas no pertenecen a nadie y es bueno que la acción internacional de España se produzca desde el consenso de la sociedad española y de sus representantes democráticamente elegidos.

Un gobierno en funciones debería atender estas peticiones.

¿Derecho a decidir?

Publicado originalmente en El Español, el día 15 de abril de 2016

El decidido apoyo que está ofreciendo Podemos a los nacionalistas respecto de la posibilidad de que los habitantes de las regiones o nacionalidades españolas puedan determinar unilateralmente su destino, merece una reflexión al respecto. Al contrario que los nacionalistas, para quienes tal derecho a decidir no sería sino la expresión camuflada del derecho de autodeterminación que las Naciones Unidas conceden a las antiguas colonias europeas o a las minorías oprimidas, para Podemos este derecho constituiría una forma de democracia aparentemente más pura, la democracia directa, que trascendería la intermediación espuria de unos partidos políticos supuestamente corruptos, dando la voz al pueblo que se pronunciaría sin intermediación alguna.

No ha ayudado mucho a aclarar este concepto del derecho a decidir el mismo Tribunal Constitucional en sus sentencias de 2008 y 2013 sobre los casos del País Vasco y de Cataluña, en las que el alto tribunal no negaría el huevo, sino el fuero. O, dicho en otros términos, que ese derecho existe, pero no les correspondería a vascos y catalanes por separado, sino a todos los ciudadanos españoles en su conjunto.

El artículo 92 de la Constitución, que es el que rige el procedimiento del referéndum, dice que "las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo". Y dice bien, porque son las decisiones las que pueden ser objeto de consulta popular.

Los defensores de la democracia directa persiguen el debilitamiento de la democracia representativa

Habrá que entender con eso que el derecho a decidir, debería en todo caso partir de una posición previamente acordada, pactada en un Parlamento. Lo que se somete a referéndum es el acuerdo entre los representantes de la ciudadanía, un acuerdo que ésta misma deberá ratificar o rechazar.

Los defensores de la democracia directa -Podemos, en este caso- persiguen en realidad el debilitamiento de la democracia representativa, que no sería otra cosa ya sino un fenómeno caduco, viciado e inservible para los nuevos tiempos que pretenden protagonizar. De ese modo, en el fondo, nos ofrecerían elegir entre Wilson o Lenin -como decía Hugo Preuss ya en 1919-, que es lo mismo que escoger entre la democracia representativa y la dictadura que pretende legitimarse a sí misma.

No en vano, no han sido las democracias las que han utilizado en mayor medida los referendos como procedimiento de apelación al pueblo, sino las dictaduras. Parecería ocioso señalar los casos en los que el general Franco utilizó este recurso a lo largo de sus cuatro décadas de gobierno. Las democracias apelan a sus ciudadanos a través del procedimiento de elecciones competitivas, basadas en el debate y la confrontación de ideas y de proyectos; no a través de referendos en los que con frecuencia, además, se acaba votando una cosa por la otra, como ocurrió en Francia, por ejemplo, cuando sus ciudadanos rechazaron la Constitución europea.

No conviene plantear procedimientos que eventualmente puedan conducir a respuestas imposibles

Un referéndum que no tenga comienzo en un acuerdo previo entre los representantes de los ciudadanos tiene muchas posibilidades de conducir a la exclusión de los ciudadanos que no coincidan con la fórmula adoptada finalmente. ¿Qué pasaría con los catalanes que votaran que no a la independencia de Cataluña, si una mayoría votara a favor de esa posibilidad? Perderían sin duda su derecho a ser catalanes y españoles, se les obligaría a abandonar Cataluña para ejercer su derecho a seguir siendo españoles. ¿Es esto más democrático? ¿Y qué ocurriría si el conjunto de los españoles decidiera que Cataluña dejara de formar parte de España? —como parece aceptar el Tribunal Constitucional—, ¿sería esa decisión más aceptable para los ciudadanos que quieran mantener su situación de españoles y catalanes, a la vez?

Por el contrario, un acuerdo que incorpore a los actores políticos, las minorías incluidas, permitirá integrar el pluralismo existente en la sociedad.

No conviene plantear procedimientos que eventualmente puedan conducir a respuestas imposibles. Como dice el profesor Eloy García en su sugestivo Derecho a decidir y democracia: "Nuevas demandas políticas y sociales pueden abocar a la búsqueda de soluciones que se presenten como cualitativamente superiores, según los criterios de la identidad democrática. Nada tendría de extraño, entonces, que contraponiendo la simplicidad de la decisión popular al lento y puede ser que degradado sistema representativo, creyendo mejorarlo, estemos contribuyendo a poner las bases para destruir la democracia".

Y si la respuesta a esa degradación no cabe que provenga de esa democracia directa, de ese derecho a decidir, ¿de dónde puede llegar? Creo que no de otro lugar que la regeneración democrática, la transparencia, de instrumentos políticos -los partidos- que sean abiertos y practiquen de verdad la democracia interna. Y de la lucha contra la corrupción, que separe a los políticos corruptos del sistema de representación.

Y que pacten. La democracia es consenso y no otra cosa. A eso nos han abocado las elecciones del pasado 20 de diciembre. Y esa estela es más que previsible que nos acompañe durante mucho tiempo.

El derecho de los saharauis a la nacionalidad española

Publicado originalmente en El Mundo Financiero, el 11 de abril de 2016

LA HUMILLACIÓN DE HABER SIDO ESPAÑOL Y QUE NO TE RECONOZCAN

El artículo 22 del Código Civil —que hace referencia a la concesión de nacionalidad por el tiempo de residencia— establece: «Para la concesión de la nacionalidad por residencia se requiere que ésta haya durado diez años. Serán suficientes cinco años para los que hayan obtenido la condición de refugiado y dos años cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes». Se ha venido estableciendo una distinción que ha favorecido a los habitantes nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal y sefardíes. Para los solicitantes de este grupo se requiere para la concesión de la nacionalidad una residencia de dos años, muy reducida frente a los diez años que se exige, además de otras condiciones, a los candidatos del resto de nacionalidades. Lo que justifica la vía abreviada es la pertenencia o proximidad a la comunidad hispana. Resulta incomprensible que hayan sido excluidos de este grupo las personas originarias del Sáhara Occidental, un territorio que hasta 1975 fue la provincia española numero 53, con representación en las Cortes del General Franco y cuyos habitantes tenían DNI español.

No hay justificación que sostenga esta exclusión, más aún teniendo en cuenta el hecho de que España sigue siendo a fecha de hoy la potencia administradora legal, según establece la ONU, de este territorio no autónomo pendiente de descolonización.

La única justificación —si se puede considerar así— que sufren los saharauis no tiene más razón que la política que España arrastra desde 1975 ante la estrategia de Marruecos, reiterando la actitud con que España abandonó entonces al pueblo saharaui a su suerte. España privó a los saharauis que habían nacido españoles de su nacionalidad, en contra de lo que establece la propia legislación española (no se puede privar a un nacido español de la nacionalidad española), obligándoles así a optar por la nacionalidad de los marroquíes, pese a que, según confirmó el dictamen del Tribunal de La Haya de 1975, el Sáhara nunca había estado bajo soberanía marroquí.

Esta situación, que no deja de ser una discriminación sufrida por los originarios del Sáhara Occidental y sus descendientes, se acrecienta tras las medidas legales adoptadas en 2015 por el Gobierno a favor de la concesión automática de la nacionalidad a los sefardíes. Si antes no se comprendía que los saharauis tuviesen un trato distinto a los ecuatoguineanos que desde 1968 son un Estado soberano —por poner un ejemplo—, menos aún se justifica que no valgan para los saharauis los razonamientos que se han defendido para los descendientes de sefardíes que fueron expulsados hace más de 500 años de la península y a los que les fue arrebatada una ciudadanía a la que ahora podrán aspirar. Si estamos dispuestos a rectificar un error cometido en 1492 con más motivo deberíamos hacer lo mismo con otro con fecha mucho más reciente.

Respecto de quienes consideran dificultoso el trámite de acreditación de la condición de saharauis, podríamos decir que esta no tiene por qué plantear más problemas que la de sefardí, ya que se cuenta con libros del Registro Civil correspondientes al antiguo territorio español del Sáhara que se conservan en la Dirección General de los Registros y del Notariado.

Se puede además contar con el censo elaborado por las propias autoridades coloniales españolas en 1974 y que fue actualizado en 1999 por la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO). Esta actualización dio un número de 84.251 saharauis mayores de edad, un número muy inferior al de los 150.000 sefardíes que se calcula van a acogerse a las facilidades dadas por el Gobierno para que recuperen la nacionalidad perdida hace 500 años.

Como dice el fiscal Fungairiño, lo mínimo para reparar la injusticia que dejó a los saharauis sin dignidad es que se modifique el art. 22.1 del Código Civil. Su texto debería incluir la mención «y saharauis». La reciente aprobación de una propuesta en el mismo sentido que el señalado en la comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados, por unanimidad, además, permitirá sin duda corregir este agravio histórico.

Rajoy, notario mayor del Consejo Europeo

 

 ¿RESUELVE EL TIEMPO NUESTROS PROBLEMAS?

Publicado originalmente en El Mundo Financiero, el 6 de abril de 2016

Llegó a un Congreso al que ya abiertamente desprecia el Presidente del Gobierno en funciones, y nos aburrió de manera solemne, igual que hacen los notarios —es el trabajo de estos— cuando nos advierten de las cautelas legales a aplicar a nuestros propósitos, cuando pretendemos que queden elevados a escritura pública. En eso ha quedado el Rajoy que se evade del Parlamento y que incluso instruye a sus ministros a que no comparezcan. Dos por el precio de una: tenía que haber comparecido dos veces, una por Consejo Europeo, pero lo ha hecho una y ha exigido a sus ministros que no lo hagan. Y es que Europa se mueve en tanto que la España oficial sestea. Y, mientras tanto, el presidente ejerce de notario de ese organismo comunitario.

Le va bien a Rajoy eso de haberse acogido al inexistente derecho a no comparecer, eso de decir que como este Parlamento no ha elegido a ese gobierno, nada tiene que demandarle. Le va bien para dormir, para no tomar decisiones y esperar a que el tiempo resuelva sus problemas, no nuestros problemas, los de todos los españoles. El más puro de los rajoys que hemos conocido y conoceremos, sin duda.

Decía que ejerce de Notario Mayor del Consejo Europeo, porque el presidente se afanaría en la sesión del 6 de abril en contarnos lo que acontece en esas reuniones, de forma acumulativa, desde luego —no hay por qué gastarse en demasía—, escondiéndose en la máxima que la regla de la unanimidad nos exige aprobar lo que se acuerde en el Consejo o, de lo contrario, saldríamos mal en la foto, apareceríamos como unos políticos irresponsables.

Eso sí, como esos notarios que, en cumplimiento de su obligación, nos imponen las reglas que se aplican, Rajoy nos aburría el miércoles 6 con una relación de hechos en los que, además del Brexit, incorporaría los acuerdos con Turquía (preacuerdo, acuerdo y postacuerdo), el Semestre Europeo y otras cosas que le dejarían caer otros portavoces. Mejor así, cuantos más asuntos, más proceloso, más cansino... Mejor, así nadie le volverá a pedir que comparezca.

Y eso que la comparecencia no es una opción, sino una obligación. El gobierno estará en funciones, pero el Parlamento no. Y los asuntos del mundo siguen en marcha, los europeos o los mundiales, porque España, además, es miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y también sigue viviendo la economía española, la sociedad española... Y el Parlamento debería convertirse en el eje democrático que adopte las decisiones que no deban esperar, las que cuenten con el consenso suficiente.

Y eso que también los asuntos que planteaba la comparecencia de ese notario de los acuerdos políticos europeos tenía su importancia. El Brexit y el acuerdo con Turquía sobre los refugiados. Nada menos, porque se trata de dos puntos definitorios de la nueva vergüenza europea. El primero, porque nos lleva a una Europa a la carta, que podrán seguir los euroescépticos y eurófobos que infestan nuestros países. Un pasaje por el que discurran los Marine Le Pen, Geert Wilders, Viktor Orban y tantos otros más. Una Europa a la carta que transforme la máxima de «una Europa cada vez más estrecha», que dice el Tratado, en papel mojado.

Y el acuerdo con Turquía que podría cumplir en la forma el mandato recibido por el Gobierno en funciones del Parlamento constituido, pero que no ha despejado nuestras dudas, antes al contrario. ¿Es Turquía un tercer país seguro, en el que se respetan los derechos humanos y se garantiza una acogida digna de los refugiados? Las imágenes que nos devuelven los telediarios, de policías turcos disparando contra personas que pretenden arribar a ese país, matando a adultos y niños, no nos permite ser en exceso optimistas. ¿Se respetará el mandato que exige que no existan devoluciones en caliente? Nada permite pensarlo: más allá de un examen rápido y sin derecho a recurrir, todo parece que la fórmula consiste sólo en una subcontratación a Turquía de un problema europeo. ¿Cumplirá España con los cupos asumidos por nuestro país en reasentamiento y reubicación? Nada de eso tampoco parece que se vaya a producir: ya Rajoy nos daba fe de que ningún país europeo cumple —quizás con la excepción de Alemania, claro—, ¿por qué España había de resultar diferente?

¿Y qué iniciativas ha adoptado el Gobierno español en esos Consejos? Rajoy afirma que muchas. Pero él es el único notario de eso.

Veremos así cómo se reproducen en las imágenes de nuestras televisiones los testimonios de un espanto. Imágenes que un presidente en funciones no ha querido contarnos, porque tampoco las han visto ellos en los Consejos Europeos, no fuera que les amargara la cena a destiempo que en esas reuniones siempre se celebran.

Por un sí de Holanda al acuerdo con Ucrania

 

Publicado originalmente en El Mundo Financiero, el día 6 de abril de 2016

OPORTUNIDADES DE SEGURIDAD Y CONCORDIA PARA EUROPA

La Unión Europea de la actualidad, como recordó Albert Rivera al Presidente del Gobierno en funciones, está dando cuatro pasos hacia atrás y uno hacia adelante, o ninguno. Al acuerdo con Reino Unido de febrero, en una concesión no exenta de vergüenza de medidas para que ese país permanezca en la UE, le ha seguido en marzo un acuerdo vergonzante con Turquía, para que ese país nos resuelva a los europeos nuestra ausencia de capacidad en adoptar acuerdos sobre el lamentable tratamiento que nuestro continente ofrece a los refugiados. Mañana, los holandeses votarán en un referéndum sobre el Acuerdo de Asociación de la UE con Ucrania. Comparto, como digo, la opinión de que hay muchos motivos para la insatisfacción con la UE de hoy. La ausencia de una respuesta común ante la crisis de los refugiados, la forma en que abordamos la crisis griega, la carencia de una gobernanza real... Pero este voto de Holanda no es una elección del Si o No a la UE. O a la UE tal y como es hoy en día.

El voto de mañana lo es acerca de un futuro europeo para Ucrania, una vía hacia la reforma y la democracia. Una cooperación más fuerte entre Europa y Ucrania es en nuestro interés, en la medida en que eso acrecentará nuestra estabilidad y la seguridad de las fronteras exteriores de Europa. La estabilidad política de las fronteras exteriores de Europa es vital para nuestra seguridad interior. La cooperación entre Europa y Ucrania es también importante para el pueblo ucraniano. Un acuerdo sólido respecto de la aproximación al problema de la corrupción y la protección de los derechos humanos reforzará la democracia de ese país. Eso ofrece a los ucranianos la oportunidad de un mejor futuro. Lejos de la política de reprensión y corrupción de Putin, lejos de su sistema de capitalismo de amigos.

Por fin, una colaboración mejorada entre Europa y Ucrania significa oportunidades de negocio. Con un mercado de 45 millones de consumidores, Ucrania puede ser un interesante socio comercial.

Por eso pido a los votantes de Holanda a que voten mañana que SÍ.