El Sáhara Occidental, el Congreso y el Gobierno en funciones

UN GOBIERNO EN FUNCIONES DEBERÍA ATENDER CIERTAS PETICIONES

Publicado originalmente en El Mundo Financiero, el 26 de abril de 2016

La constitución del intergrupo parlamentario Paz para el Sáhara, que tuvo lugar el 14 de abril en el Congreso, ha tenido lugar en uno de los momentos más difíciles en la historia de este contencioso. La reciente visita del Secretario General de la ONU a los territorios de la que fue provincia española numero 53 y la reacción de Marruecos ante la misma, no hacen sino augurar malos presagios para el futuro próximo en esa turbulenta zona geográfica, y que -no lo olvidemos- más allá de nuestras responsabilidades históricas es vecina de España. Ban «se apartó de su neutralidad, su objetividad y su imparcialidad, asumiendo abiertamente una indulgencia culpable con un estado fantoche desprovisto de atributos, sin territorio, población ni bandera reconocida», dijo el Gobierno marroquí después de su visita.

La acusación de «ceder al chantaje de otras partes», «violar los compromisos y garantías dados a Marruecos», «dejarse instrumentalizar para dar crédito a las pretensiones de otras partes» y usar términos «que constituyen un insulto al Gobierno y el pueblo marroquíes», por su alusión al «Sahara ocupado»... han sido otras de las expresiones utilizadas por el Gobierno de Mohamed VI contra el Secretario General de la ONU.

Marruecos une así su capacidad de envolverse en conflictos con el que ya le separa de la Unión Europea, como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, derogatoria del acuerdo firmado por esta con el reino alauita por causa de su aplicación a recursos correspondientes a un territorio no autónomo pendiente de descolonización, como es el Sahara.

Pero las consecuencias de la visita de Ban-Ki-Moon no se han agotado en ese durísimo comunicado. Como represalia a la organización de Naciones Unidas, Marruecos ha expulsado a 84 miembros de la Minurso (Mision de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental). Una organización que cuenta con competencias reducidas, ya que al contrario de otras similares, no entra en su ámbito velar por la situación de los derechos humanos en el territorio objeto de su trabajo.

El Consejo de Seguridad de la organización de Naciones Unidas, del que España es miembro ńo permanente, debatirá en los próximos días, y a puerta cerrada, el informe presentado por su Secretario General y las especulaciones respecto de su contenido y de las conclusiones que pueda adoptar este organismo no resultan en absoluto tranquilizadoras. La posibilidad de que la Minurso quede relevada de su condición de organizadora del referéndum, retirando la "r" de su denominación, podría constituir un hecho de una enorme trascendencia. No en vano, la organización del referéndum fue el instrumento fundamental del acuerdo para la cesación de hostilidades entre Marruecos y el Frente Polisario, que se prolongaría desde la retirada de España de su anterior provincia española en el año 1975 hasta 1991. Si la Minurso -que ya es un organismo de competencias reducidas- deja de tener como objeto el que le era propio no sólo reducirá su importancia a la más absoluta de las insignificancias, es que provocaría una situación de casus belli en esa región, de modo que la dimensión de un conflicto no resuelto como es el del Sahara podría dar un salto cualitativo de imprevisibles consecuencias.

Por esos motivos, los diferentes diputados que estamos comprometidos con la solución del contencioso, acordamos impulsar una declaración institucional de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, en la que decíamos tres cosas; que mostrábamos nuestro apoyo al pueblo saharaui, con la disposición de impulsar los esfuerzos necesarios en la búsqueda de una solución al conflicto, reiterando el reconocimiento de su derecho a la libre determinación en el marco de los principios y disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, y reconociendo los esfuerzos de su Secretario General en la búsqueda de una solución pacífica; instábamos, en segundo lugar, al gobierno en funciones, a asumir un papel más activo como miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para conseguir una solución urgente, justa y definitiva, siendo imprescindible la aplicación del plan de paz que culmine en la celebración del referéndum; y, por último, pedíamos al gobierno que vele por el respeto de los derechos humanos en el Sahara Occidental, a la vez que requeríamos que la Minurso obtenga un mandato para la supervisión de los mismos. Finalmente pedíamos la liberación de todos los presos políticos saharauis encarcelados por ejercer sus derechos y libertades fundamentales.

Una declaración que suscribimos todos los grupos parlamentarios... con la única excepción del popular, debido a la irreductible oposición del gobierno en funciones. Pero que sigue abierta a su incorporación, porque las cosas que son justas no pertenecen a nadie y es bueno que la acción internacional de España se produzca desde el consenso de la sociedad española y de sus representantes democráticamente elegidos.

Un gobierno en funciones debería atender estas peticiones.