viernes, 2 de junio de 2017

Magreb-Sahel: intervención ante secretaria de Estado de exteriores en Comisión Exteriores


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Madrid, Congreso de los Diputadods, 1 de junio de 2017.

Empezaré refiriéndome a las protestas que daban comienzo en Alhucemas y que se han extendido en las últimas semanas por varios puntos de Marruecos. Creo que deben ser un recordatorio de la amenaza que supone para la estabilidad y seguridad de nuestras fronteras con el Magreb; ese cóctel explosivo que conforman la falta de libertades y la pobreza. Otro país, Libia, todavía sufre las dramáticas consecuencias del caos en el que puede degenerar un estallido de descontento popular en una zona en la que las fuerzas del terrorismo yihadista aprovechan cualquier oportunidad para extender el terror en la frontera meridional de la Unión Europea. El antídoto más eficaz para evitar que el terrorismo del ISIS intente repetir la estrategia con la que, desde Libia, en 2012 intentó abrirse camino a Mali, es intensificar nuestros vínculos con nuestros vecinos del sur, tanto en materia de seguridad como de cooperación económica y política, con una labor preventiva para evitar nuevos incendios de consecuencias imprevisibles.

En este marco, España debería tener una especial preocupación por la solución definitiva del conflicto del Sáhara Occidental que, como se ha demostrado recientemente con el incidente de El Guergerat, constituye una bomba de relojería que mina la estabilidad de la zona y sus posibilidades de crecimiento económico y político. España debe emplear las relaciones privilegiadas que el Gobierno mantiene con sus colegas marroquíes para que Rabat se encamine en la cuestión del Sáhara Occidental por la vía del respeto al derecho internacional que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reiterado en su sentencia de diciembre. La reacción marroquí ante esta sentencia, amenazando con represaliar a la Unión Europea cortando su cooperación en materia de seguridad y emigración, ha vuelto a poner sobre el tapete que los esfuerzos realizados por el Gobierno español para contentar al Gobierno de Marruecos no bastan para evitar que España -por su posición geográfica, legal e histórica- acabe siendo el país que pague las consecuencias de lo que no es otra cosa sino el cumplimiento de las sentencias de los Tribunales.

En este contexto regional tan complejo es de agradecer los gestos con los que el ministro Dastis está intentando dar un nuevo impulso a las relaciones con la vecina Argelia, el país más extenso de África y del mundo árabe y al que los indicadores de crecimiento señalan como la gran potencia económica de la región.

La buena vecindad de España debe continuar en esa línea de intensificación de las relaciones bilaterales con Argelia con la que el ministro Dastis se ha comprometido en su reciente viaje a Argel. Como el propio ministro ha reconocido, Argelia es un socio estratégico de España, tanto en el plano económico como en el político. Argelia es un país del que los españoles siempre solemos hablar por su vertiente de aliado estratégico en el sector energético o su importante papel en la acogida de los refugiados procedentes del Sáhara Occidental en los campos de Tindouf, pero menos por su inestimable, constante y leal colaboración en la contención del terrorismo yihadista, las mafias criminales o en materia de emigración. La opinión pública española tampoco suele asociar Argelia con el papel que este país desempeña con su gran peso político en el escenario regional y africano. Se suele desconocer que Argelia se ha convertido en un elemento decisivo para la estabilidad en el espacio africano y mediterráneo, especialmente en el Sahel, donde su mediación ha sido clave, por ejemplo, para el proceso de paz en Mali.

Es muy importante que el Gobierno no se aparte de ese rumbo de desarrollo de las relaciones bilaterales con el que se ha comprometido el ministro en Argel, apostando por mayores inversiones y mayor presencia de empresas españolas en Argelia y no sólo en el campo energético. No podemos decepcionar las expectativas creadas en el Gobierno argelino que cuenta y desea que España tenga un importante papel en los planes con los que se propone diversificar la economía y desea la ayuda de España para desarrollar sectores como el de las energías renovables o el turismo. Este es un buen camino para acabar con ese desequilibrio de la política magrebí española que el Gobierno argelino nos ha reprochado tradicionalmente, al sentir que la política practicada por Marruecos lograba un trato privilegiado en Madrid a costa de los intereses argelinos.

La cooperación cultural podría contribuir también a este reequilibrio aportando los medios apropiados para acabar con el desconocimiento mutuo pese a una historia plagada de episodios compartidos.

La misma política de intensificación en las relaciones bilaterales debe perseguirse con Mauritania, otro país clave para España por su importantes relaciones económicas con las islas Canarias que no se limitan a los intereses pesqueros. Mauritania, con su proximidad a las islas Canarias es un país clave para España con su intensa cooperación en materia de seguridad contra el terrorismo yihadista y en las políticas de contención de la emigración ilegal subsahariana a través del Atlántico, con destino a las islas. Sin embargo, la ya citada reciente crisis de El Guerguerat en el Sáhara Occidental, a escasos kilómetros de la frontera mauritana ha puesto en evidencia cómo el conflicto del Sáhara Occidental pone en juego la seguridad regional, tensando las relaciones entre Marruecos y Mauritania.
Por otra parte, España aspira a ocupar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos (CDH), el principal órgano de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos durante el periodo 2018-2020. La campaña con la que el Gobierno ha promovido esta candidatura tiene como uno de sus lemas “la firme voluntad de contribuir a la defensa y promoción de los derechos humanos en el mundo” y destaca que “España es un país profundamente comprometido con los derechos humanos, tanto en el plano interno como en el de la acción exterior del Estado”. El propio ministro de Exteriores ha subrayado en sus eventos de promoción de la candidatura que la importancia de la prevención y de la lucha contra la impunidad en los casos de violaciones de derechos humanos como requisito indispensable para asegurar la paz y la seguridad y que si el próximo otoño el Gobierno logra el triunfo en esta difícil carrera frente, se compromete a trabajar por la libertad, la justicia y el estado de derecho.

No se puede estar más de acuerdo con estos argumentos y propósitos. Por ello, en caso de que el próximo otoño España logre triunfar en este complicado objetivo en el que se enfrenta a competidores tan duros como Francia y Australia, España debería empezar por actuar de manera más activa en el ámbito, tanto geográfico como de responsabilidad más próximo, como es el caso del Sáhara Occidental, del que la ONU sigue considerando a España su tutor legal. Se trata del único conflicto del mundo en el que España tiene un papel que cumplir por estricto cumplimiento del derecho internacional, vínculos históricos y esa solidaridad y sensibilidad con los derechos humanos que, como muy bien ha dicho en reiteradas ocasiones el ministro, está muy arraigada en el sentir de los españoles con todas las víctimas de los derechos humanos, pero más aún con este pueblo que ocupa un lugar muy especial en el corazón español por historia, cultura, lengua y proximidad geográfica. España, aún potencia administradora de iure, debería ser la primera nación en luchar por la libertad, justicia y respeto de los derechos humanos para el pueblo saharaui, activando la solución de un proceso que desde 1991 permanece enquistado; denunciando las repetidas violaciones de los DDHH que se practican en Marruecos especialmente en contra de la población saharaui bajo su control o, por ejemplo, velando por el cumplimiento de la sentencia europea que el pasado mes de diciembre confirmó que la explotación y comercio de los recursos y productos del Sáhara Occidental por parte de Marruecos es ilegal.

Hay además una acción de prevención de esa impunidad que el ministro ha señalado con acierto que es clave para asegurar la paz y la seguridad internacional que España debería afrontar de inmediato si lograse, como esperamos, triunfar en esa carrera por ocupar un asiento del Consejo de Derechos Humanos: trabajar para que los cascos azules de la Misión para el Referéndum del Sáhara Occidental de la ONU (MINURSO) deje de ser la única misión de mantenimiento de la paz moderna de la ONU que carece de mandato en materia de derechos humanos.

En definitiva, reequilibrar nuestras relaciones en la región y hacerlo desde el consenso, que debería presidir a ésta como política de Estado con mayúsculas, al que ofrezco como siempre el concurso de nuestro grupo.

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