Tribuna publicada originalmente en El Imparcial, el viernes 21 de mayo de 2021
Si las relaciones entre vecinos son asunto complicado, las de España con su país limítrofe en su frontera sur, Marruecos, se sitúan en un nivel de dificultad que se acerca a lo extraordinario. Aun antes de constituirse en Estado independiente (1956), las cabilas -tribus- bereberes, lideradas por sus jefes, proporcionaron, no sólo preocupación a las autoridades españolas, sino que serían corresponsables, junto con errores propios, de la caída del Gobierno Largo de Maura (1907-09); y, ya bajo el Protectorado, a partir de 1912, el gran desastre de Annual de 1921, que llevó consigo el balance de 11.500 víctimas mortales y la asunción del poder por quinta y última vez de don Antonio Maura. La llamada Marcha Verde de 1975, agonizante el dictador, y los alentados de marzo de 2004, con sus 191 asesinatos, que quedará sometida al veredicto de los historiadores en lo que se refiere a la responsabilidad del reino alauita, completan esta apretada relación de graves desencuentros, a la que habrá que sumar, sin duda, éste de mayo de 2021.
La conducta de la diplomacia española en relación con su vecino Marruecos ha sido la de dejar pasar cuantas provocaciones recibiera de éste, con el aguante de que hace uso una persona adulta respecto de un joven díscolo, en la idea de que es mejor aguantar que romper, y ceder a la pretensión que exigirle respeto. De esa forma se ha construido la consideración, falsaria de la realidad, que nos habla de “socio estratégico” o de país amigo; cuando lo que existe de verdad es un recelo mutuo poco menos que insuperable, en que el referido vecino nos tiene bien cogida la medida.
En las diversas categorías de los Estados es posible que no exista la de “país desaprensivo”; esto es, que carece de moral, escrúpulos o sensibilidad. Pero, en todo caso, Marruecos merecería por derecho propio figurar en el palmarés de este tipo de naciones. Ya sé que resulta harto difícil adjudicar a un Estado la consideración de respetuoso, prudente o comprensivo con relación a otros terceros, pero la presente crisis de Ceuta -y de Melilla- ha constatado la evidencia de un país que no duda en arrojar a sus niños a las heladas aguas del mar, conociendo perfectamente que podrían acabar ahogados y que, en todo, caso quedarán afectados de hipotermia y extenuados por el esfuerzo. Los desacuerdos políticos no deberían cernirse nunca en víctimas inocentes.
Causa inmediata de esta situación ha sido la acogida humanitaria española -mejor o peor gestionada diplomáticamente- - del líder del Frente Polisario, Brahim Galli, aquejado de Covid. Pero convendría ampliar el foco para comprender que el caso Galli no es sino un pretexto de la sobreactuación que viene practicando Marruecos desde que Trump dijera reconocer -en contra de todas las resoluciones de Naciones Unidas- la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental; reconocimiento que el reino alauita querría fuera compartido por España y por la UE, y que ya le ha llevado a un conflicto diplomático con Alemania.
España no es -a diferencia de otros países- un Estado que pueda ejercer su derecho por la fuerza, sino una nación que establece su fuerza en el derecho que le asiste. Y el Derecho dice que, en lo que se refiere al Sáhara Occidental, España es potencia administradora -siquiera de iure- de ese territorio no autónomo pendiente de descolonización; la salida a este asunto, que ya se ha convertido desde hace tiempo en un problema capital de nuestras relaciones exteriores -si no el principal de nuestros cuidados-, es proceder a un, complicado en su ejecución, referéndum de autodeterminación.
Hoy por hoy, lo que toca es contener el ataque marroquí, y en este punto el Gobierno debería contar con el apoyo incondicional de todo el arco parlamentario. Pero una vez controlado este asunto, debería España repensar su posición en cuanto a la salida que, acorde con el derecho, pueda ofrecer España al proceso de descolonización del territorio saharaui. El precedente de Portugal respecto de su ex-colonia. Timor Oriental, podría sin duda ser tenido en cuenta por nuestro país. Incapaz Portugal de organizar el referéndum correspondiente, cedería la titularidad de su condición de Estado administrador del territorio a Naciones Unidas, para que este organismo pusiera en marcha la consulta a la población afectada.
Lo más probable, sin embargo, es que, una vez controlada la situación, España regrese a ofrecer todo su “cariño” a Marruecos, “país hermano” y “socio estratégico”, en tanto que el reino alauí, que nos tiene por vecinos débiles e irresolutos, esperará otra ocasión para ponernos en graves dificultades.
Hay una coda que sirve para poner fin a esta reflexión: todos queremos llevarnos bien con nuestros vecinos, pero para ello es evidente que conviene no dejarse arrollar por ellos.
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