13. Los medios de comunicación

El chirriar de los grillos

Crónica de un viaje a Venezuela en 15 entregas

Noviembre de 2015

Regresábamos al hotel Pestana para acometer nuestros dos últimos actos de la jornada: una reunión con representantes de los medios de comunicación y una rueda de prensa.

La acumulación de retrasos producida a lo largo de la jornada nos hacía llegar tarde a ambas citas.

Los responsables de los medios nos hicieron un relato particularmente aterrador respecto de la situación de la libertad de información, clave para la existencia de una democracia.

En los últimos 12 años, el Estado ha diseñado de manera discrecional toda una normativa legal que restringe las garantías a la libertad de expresión y al acceso a la información pública.

Una sentencia del TS de agosto de 2014 resolvía que el derecho a la información «no puede ser abusivo». Y otra de diciembre de ese mismo año, que la información relacionada con las telecomunicaciones es un secreto de Estado y que su difusión pública podría atentar contra la seguridad de la nación. También ese año 2014 se pusieron en marcha el Centro Estratégico para la Seguridad y la Protección de la Patria (CESSPA) y la Brigada Especial contra las Actuaciones de los Grupos Generadores de Violencia (BEGV), en decretos por los que se legalizan las acciones de inteligencia policial y se establecen restricciones a la libertad de expresión y al derecho de acceso a la información pública. En 2012 se reformó el Código Orgánico Procesal Penal que estableció la supresión de la inviolabilidad de las comunicaciones personales., en abierta contradicción con el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El Estado venezolano emprendió entre los años 2002 y 2015 64 procesos judiciales contra activistas de DDHH, medios de comunicación, periodistas y trabajadores de la prensa. De ellos, 29 lo fueron por difamación o injuria y de estos, 25 bajo el gobierno de Maduro. Algunas de estas acciones se verían acompañadas por órdenes de censura que supusieron la prohibición de informar sobre cuestiones como la salud pública, la escasez, la criminalidad, la violencia o la corrupción.

La mayor de las demandas fue emprendida por Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, contra 22 periodistas, directivos o dueños de algunos medios, por haber replicado un reportaje publicado por ABC en España donde se relacionaba a ese dirigente con el narcotráfico. Estas acusaciones han aumentado en Venezuela y se acompañan con solicitud de multas, prohibiciones de salida del país y órdenes de traslado forzoso a tribunales. Se ha insistido en la necesidad de que el Estado elimine la normativa que avala los delitos penales por difamación e injuria, que son los instrumentos jurídicos que utilizan los altos funcionarios para castigar a los periodistas y medios que publican denuncias y hechos como la corrupción, la criminalidad o la violencia.

Existe un patrón de asedio a los medios muy similar al que se aplicó en los países del este de Europa para asfixiar a los medios y obligar a sus propietarios a venderlos. Una situación legal, sin embargo, los estándares internacionales requieren que los ciudadanos conozcan los nombres de sus propietarios. En menos de 5 años fueron vendidos 25 medios en condiciones poco transparentes. Nueve de ellos —el 36%— tienen vinculaciones con el gobierno y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). No se conoce quién es el propietario de El Universal , vendido en España por una empresa llamada Espalisticia, creada solo un año antes y con un capital de 3.500€. La venta se cerró por una cifra que ronda entre 90 y 140 millones de euros. Todos esos medios mantenían líneas editoriales críticas con el gobierno, pero una vez comprados han acatado sus órdenes de censura y han seguido los patrones informativos fieles a los sugeridos por la autoridad. Algunas de las medidas de presión contra los medios consisten en multas multimillonarias y en decomiso de equipos. La negativa a renovar las licencias de 32 emisoras de radio y restringir el acceso al papel prensa, que es importado exclusivamente por el Estado sería otro procedimiento de presión. 34 medios se han visto con dificultades produciendo cierres temporales o definitivos, migraciones a páginas web o reducción de la paginación y de la tirada.

Una vez que se decidió la no renovación de la señal concedida a Radio Caracas Televisión —RCTV— , el canal privado más antiguo del país y que mantenía una actitud crítica respecto del gobierno, siguió un cese de condiciones de emisión y el mantenimiento de amenazas al espacio radioeléctrico. El caso RCTV es también un patrón de procedimientos administrativos realizados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), que incluyen incautaciones de equipos, retiro de licencias para operar y cierre de espacios informativos y de opinión que entre 2005 y 2014 han incluido a 52 medios. Medidas que se extendieron a portales web y proveedores de Internet y TV por supuestos delitos técnicos de contenido. Solo entre enero y julio de 2015 se han registrado 8 procedimientos de Conatel contra medios y periodistas. En el caso de RCTV sería tildado de «enemigo del gobierno», «golpista», «fascista» y de «causar un gravísimo daño psicológico al pueblo venezolano», para justificar su cierre. En este sentido, la Comisión Interamericana de DDHH resolvía en septiembre de 2015 que hubo «desviación de poder» en esa decisión y ordenó al Estado abrir un proceso para asignar una frecuencia de TV abierta en la que RCTV pueda participar en igualdad de oportunidades.

Las órdenes y presiones, directas e indirectas, se han hecho cada vez más frecuentes. En una encuesta entre 225 periodistas en 13 Estados del país se pondría de manifiesto que las acciones coercitivas se han convertido en lugares comunes. La criminalización y el desprestigio del oficio del periodismo están desvalorizando su función. El 34% percibe una actuación directa del Estado en materia de censura, el 17% señala como censores a representantes del poder judicial, 14% al poder legislativo, 7% al «poder moral» y el 6% al poder electoral. Recibirían también órdenes de censura directas por parte de grupos económicos privados (16%), de grupos políticos (8%), de grupos de delincuencia organizada (6%), de agrupaciones sociales independientes (3%) y de organizaciones de la sociedad civil (1%). También se produce el cierre de las fuentes de información, según el 79% de los consultados. El 29% manifestó que se había autocensurado.

Diosdado Cabello, en su programa "Con el mazo dando"

Desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2014, se han contabilizado 8.460 minutos —14 horas— de programación dirigida por el Estado. 1.116 medios transmiten simultáneamente en señal abierta durante las cadenas obligatorias, lo que se hace de manera discrecional. Gran parte de los medios estatales está agrupado en el «Sistema Bolivariano de Información y Comunicación», también definido como «Ejército comunicacional de toda la revolución bolivariana».

El Estado se vale asimismo de la publicidad para discriminar a la prensa privada crítica, fomentar la dependencia y crear un periodismo cada vez más complaciente con el poder. El Estado ha incrementado de forma sostenida y exponencial su gasto en publicidad. En 2015 se incrementó en 4 veces la partida en relación con la de 2012. El día 11 de febrero de 2014, el 90% de los 76 anuncios estatales se concentró en dos medios oficiales y en 11 con tendencia oficialista. El más favorecido fue Últimas Noticias, uno de los medios que cambió recientemente de propietario, un diario que abrió ese mismo día con la respuesta de Cabello a las acusaciones de corrupción vertidas en su contra.

Desde su tribuna, Con el mazo dando, Cabello realizó acusaciones arbitrarias contra periodistas, medios de comunicación, ONG y activistas de DDHH.

Por otra parte, entre junio y noviembre de 2014 se contabilizaron 691 tuits con agravios, un 99'5% de los cuales lo fueron por representantes públicos y líderes del PSUV. Contenían amenazas contra medios de comunicación y periodistas.

A continuación tiene lugar una abigarrada rueda de prensa en la que interviene Ramón Jáuregui en nombre de la misión parlamentaria. Su discurso se corresponde con mis sugerencias. Lo tardío de la hora reduce a dos o tres el número de las preguntas.