Artículo publicado originalmente en El Huffington Post, el martes 6 de septiembre de 2016
Apenas unos minutos después de celebrada la segunda votación de la investidura fallida de Mariano Rajoy, el Gobierno en funciones anunciaba el nombramiento del exministro dimisionario José Manuel Soria como alto directivo del Banco Mundial. Su antiguo compañero de Gabinete —y se dice que amigo personal del antiguo responsable de Industria— Luis De Guindos ha afirmado que se trata de un nombramiento de carácter administrativo, argumento que no es posible compartir teniendo en cuenta la representación de España que Soria asumiría en ese importante organismo, la causa de su dimisión como ministro —mentir a los españoles acerca de su implicación en un paraíso fiscal— y el hecho de convertirse en uno más de los abundantes casos de puertas giratorias que conocemos en nuestro país.
Pero hay más. El presidente del Gobierno en funciones demuestra con este nombramiento su evidente desprecio al pacto firmado con Ciudadanos y su nula voluntad de proceder a la regeneración democrática de políticas e instituciones en España. Alimentaría con ello el discurso de quienes no aceptan en ningún caso su presencia al frente de un nuevo Gobierno legitimado por el Parlamento y estaría afirmando de manera bastante evidente que no le importa acudir a terceras elecciones.
Instalado en la comodidad del Palacio de la Moncloa —¿para cuándo algún candidato podría anunciar que cerrará ese complejo monclovita y elegirá como sede el bastante más austero palacete de la Castellana?—, se diría que a Rajoy no le inquieta demasiado su situación. Desde ella puede nombrar a sus amigos en los diferentes cargos; de parecida manera a como autoriza a su ministro de Defensa, Pedro Morenés, a que nombre hasta seis altos cargos de su departamento desde las elecciones de diciembre.
Urge que el Parlamento asuma el papel que le corresponde como garante de la transparencia y adecuación de las decisiones del Gobierno en funciones.
La diferencia entre política y poder estaría en el eje de estas actuaciones. El poder, definido como el control de las instituciones correspondientes, habilita para su ejercicio en los términos en los que lo viene haciendo el Gobierno de Rajoy, se encuentre o no en funciones: nombramientos, adjudicaciones... Pero también ofrece el poder la posibilidad de hacer política. Y la política se podría definir como el conjunto de las decisiones que permiten las reformas que un país necesita. La política exige convencer a los propios y a otros de la adecuación de sus propuestas, sean también políticos o procedan de los diferentes sectores de la sociedad: profesionales, sindicatos, empresarios, medios de comunicación... El poder no, le basta con su ejercicio. Política es hacer, poder es estar,
Un poder legitimado puede no hacer política, puede no reformar, no establecer objetivos que permitan resolver los problemas más graves con los que se encuentran los Gobiernos cuando toman posesión. Pero es que un poder no legitimado, en funciones, como es el que padecemos en nuestra España de los últimos meses, también puede favorecer a los amigos a la vez que desdeña cualquier crítica que pudiera recibir por ese comportamiento.
Por eso, y con independencia de la salida más o menos inmediata que esta situación pudiera tener, urge que el Parlamento asuma el papel que le corresponde como garante de la transparencia y adecuación de las decisiones del Gobierno en funciones y el aval que este precisa para acometer algunas de las resoluciones que no deberían esperar ni siquiera a la celebración de unas elecciones repetidas por tres veces, más allá del fracaso colectivo que estas supondrían.
Algo así ya se hizo en la legislatura anterior, la que llegó a su fin con los comicios de junio. Una Comisión de Exteriores recibió la comparecencia del ministro en funciones García-Margallo y una Comisión Mixta UE pactó un compromiso para el Consejo Europeo de los refugiados.
Lo mismo cabría para el próximo Consejo de Bratislava o para conocer qué debe hacer España con su puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y... ¿por qué no?, para adecuar las pensiones, las nóminas de los funcionarios y un buen elenco de cuestiones más.
El Parlamento no está en funciones, aunque este dato apenas interesa al Gobierno que en la actualidad preside Rajoy, instalado en la peregrina idea de que él solo daba cuentas al Parlamento de la legislatura que lo eligió -por mayoría absoluta, por cierto- y a la espera de que un día el Tribunal Constitucional defina su ámbito estricto de responsabilidad.
Entretanto, Rajoy seguirá gobernando, ejerciendo el poder, sin necesidad de hacer política —entre otras cosas, porque eso no le interesa demasiado—, salvo esa mala política que consiste en hacer favores a los amigos.
El caso Soria se convierte así en un paradigma del peor ejercicio del poder y de la política. Y de la expresión de una más que deficiente concepción de la democracia.
Quedará, como tantas otras cosas, en el amplísimo debe del de Pontevedra.
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