Artículo publicado originalmente en Diario 16, el viernes 18 de noviembre de 2016
No hubo, apenas, la dosis de circo que estaba prevista en los escaños podemitas y sus alianzas varias. Acaso la ausencia de cordialidad en lo tocante a los gestos. No aplaudieron ni acudieron a saludar, lo que se puede considerar de mal gusto cuando un anfitrión recibe a cualquier invitado, y tan augusto además. En eso quedaría, en un gesto de mala educación. Tampoco podría sorprendernos, a la altura del tiempo en que llevábamos conociéndoles, que no se unieran al homenaje a las víctimas del terrorismo. Sus entretejidas compañías les han puesto en el lugar —una vez más equivocado— de la historia en el que se diría que todo lo ocurrido en los años de plomo ni siquiera ha pasado.
Por lo demás, el solemne acto de inauguración de la legislatura resultó irreprochable. La recepción al Rey y su familia con una larga ovación, el discurso de la Presidenta del Congreso y, finalmente, el más importante, el del Rey, quedan como recuerdo de la necesaria relación de estos tiempos con los vividos durante la Transición, como si el legado de ésta nos pudiera servir para acometer la actual.
En las palabras del Rey asomaría con rotundidad la mención a la regeneración democrática, que es una tarea pendiente en España desde muy antiguo, al menos desde la pérdida de las últimas colonias en 1898, y que sólo en otros periodos de tiempo quedaba absorbida por fenómenos convulsos y tristes de nuestra historia —la guerra civil, la dictadura franquista—. Y es que para exigir la regeneración primero debe existir una democracia, un régimen de libertades que nos permita su profundización.
Una difícil tarea, sin embargo en los tiempos actuales. Una carrera de obstáculos en la que deberemos acometer las causas de la crisis integral en la que todavía ahora nos vemos sumidos y en la que ninguno de los asuntos constituye mayor prioridad que los otros. Y si la crisis económica y los recortes y ajustes decididos para su solución supusieron el hundimiento de la clase media, está claro que sólo a través de una decidida apuesta por ella podríamos conjurar los efectos perniciosos que la provocaría, en especial el nacimiento del populismo.
Pero nos equivocaríamos si entendemos que basta con eso para recuperar un cierto aliento para la convulsa vida política española. Es trascendental esa tarea, pero no lo es menos la de dotar de una nueva legitimidad a la vida política española. Y en ese punto ni siquiera nos encontramos en la situación en la que estábamos en las elecciones europeas de 2014, cuando irrumpieron las nuevas fuerzas políticas que enterrarían el sistema bipartidista que habíamos conocido hasta ahora. Lo ha dicho el Rey en su discurso del 17-N: la repetición de elecciones, el largo periodo de tiempo transcurrido hasta la formación del gobierno, ha alejado aún más si cabía a los representantes de los representados.
Porque es bastante improbable que seamos capaces de inventar un sistema diferente al de la democracia representativa y que funcione adecuadamente. Las propuestas del populismo y su permanente llamada a los procedimientos referendarios no sólo no constituyen una solución a los problemas que supone el funcionamiento democrático sino que los agravan. La división política y social que suponen, al arrojar la patata caliente de las cuestiones no resueltas a los ciudadanos constituye un error de gravísimas consecuencias para el futuro de los países en los que se producen. Tomemos como ejemplo el reciente referéndum del Brexit y contestemos a la siguiente pregunta: ¿está hoy el Reino Unido más integrado ahora que antes del referéndum? Supongo que una contestación negativa a esta cuestión será pacífica. La ruptura social y política ha avanzado en ese país a todos los niveles. Los ciudadanos urbanos contra los rurales, los jóvenes contra los mayores, los ingleses contra los escoceses, los irlandeses del Ulster contra Irlanda… A lo que habría que añadir la siguiente pregunta: ¿no habría sido mejor que esa cuestión la hubieran resuelto los representantes británicos en la Cámara de los Comunes en una negociación con las autoridades europeas?
El fortalecimiento de la democracia representativa y la profundización de su autenticidad nos debería llevar a una relación más directa entre los ciudadanos y los miembros de las cámaras legislativas. Lo que ocurre, por cierto, a nivel municipal, donde un vecino sabe que puede disponer —y dispone, de hecho— del tiempo de los concejales, debería trasladarse al nivel autonómico y nacional. Para ello es preciso desterrar las viejas prácticas que han alejado a determinados niveles de representación de la ciudadanía, partiendo de un cambio de estilo en la relación entre ambos y ensayando otros procedimientos de elección que los acerquen, sin que por ello se pierdan por el camino los criterios de muchos ciudadanos como ocurre con los sistemas mayoritarios.
Una complicada tarea que esta legislatura debería asumir.
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