Dos han sido las negativas que ha obtenido este gobierno de mayorías menguantes en la exigua legislatura que lleva, uno se ha debido a la discrepancia de Podemos con la vicepresidenta Díaz, el otro a la pretensión de Junts de convertir a Puigdemont, no en sujeto amnistiable, sino en persona inviolable -según expresión feliz de Rubén Amón-; con lo que se pone en evidencia el singular monarquismo de la pretendida república catalana, un reino que debuta con los ropajes que otras formas de gobierno -o de estado, como se dice ahora- no ponen en cuestión en los sistemas democráticos, que todos, incluida la más alta magistratura del país, somos iguales ante la ley.
Tiene algo de kafkiana la sesión de impugnación en el Congreso de la amnistía. El partido que se desgañitaba asegurando que semejante propuesta era inconstitucional, vota a su favor; en tanto que el que había hecho de la iniciativa parlamentaria el principal motivo de su apoyo a la investidura, la repudia. Que ahora se devuelva a la comisión parlamentaria correspondiente formaría también parte de uno de los escritos del genial escritor de Praga. Toda vez que se impugna la iniciativa, o bien se entierra ésta definitivamente, o bien se reforma, o el gobierno presenta un proyecto de ley que cumpla con los informes preceptivos de los correspondientes órganos consultivos que la proposición ahora rehusada se encargó de soslayar. Doctores tiene la iglesia, y ya algunos juristas del Congreso -se supone que los que no están sometidos a los dicterios gubernativos- y el PP, han denunciado la supuesta irregularidad de la medida.
En todo caso, el paisaje que se presenta después de la votación fallida muestra a mi modo de ver los siguientes perfiles:
El primero, el de un Gobierno que, más allá de la contención en las cesiones a los partidos soberanistas exigida por las autonómicas gallegas, quizás no se avenga a ese permanente gólgota de negociar hasta la extenuación todas y cada una de las mayorías parlamentarias exigidas, en especial la ley de presupuestos, y su ley de acompañamiento, en la que, con viciada técnica legislativa, se cuelan todo tipo de reformas y de propuestas. Esta opinión, como todas las que se refieren al actual gobierno, está sujeta a revisión; pero la eventualidad de incorporar a los hechos amnistiables el terrorismo y aún la traición, conduciría seguramente a la anulación de la ley por los tribunales europeos. Por supuesto que ese hecho supondría un retraso añadido de unos tres años hasta que el TJUE dicte resolución, tiempo suficiente para que el presidente-domador intente amaestrar a sus fieras y les haga ver que es mejor entenderse con él que con un candidato del PP, mediante una improbable moción de censura. En todo caso, ya se ha anunciado que las posibles cesiones vendrán por el lado de reducir el tiempo empleado por los jueces para analizar los casos a ellos encomendados, por vía de una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Porque -y éste sería el segundo de los apuntes del paisaje- la perspectiva de una legislación gobernada por el PP con el apoyo de Vox, no parece convenir en absoluto a la insaciable voracidad soberanista de los nacionalistas e independentistas. Nunca han dispuesto de un objeto más propicio que esta España en deconstrucción para asestar sus dentelladas, ni un gobernante más dispuesto que el actual a considerar exentos de la autoridad del Estado a los territorios catalán y vasco. Ni la moción de censura, ni el exceso de presión que lleve a Sánchez a disolver el parlamento y convocar elecciones, parecen soluciones adecuadas para ellos, aunque en ocasiones se diría que los apremios a los que somete Junts al gobierno podrían muy bien conducir a alguna de esas posibilidades.
Deberá por lo tanto esperar el Partido Popular a que tan tortuosa legislatura concluya -y éste es el tercer boceto del horizonte a la vista-. Y debería también aprovechar este tiempo el partido de centro-derecha para reforzar su equipo y para ofrecer alguna alternativa en el ámbito de lo que se viene denominado como "batalla cultural" y en lo que se refiere al modelo territorial. No es suficiente, no puede serlo, reducir la propuesta a una rectificación del sanchismo y a una gestión más o menos aseada de la economía -como ha recordado recientemente el historiador González Cuevas-; la alternativa no sólo se afirma, es preciso demostrarla.
En tiempos convulsos como los actuales, se echa poderosamente en falta la voz de las élites intelectuales y económicas, otrora influyentes en el devenir de nuestro país. Recuérdese el papel que los pensadores nacionales desempeñaron en la caída de Alfonso XIII y el advenimiento de la Segunda República, o la influencia que tuvieron durante la transición posfranquista apuntalando la necesaria integración de los pares democracia y Europa. El mundillo de la cultura se divide hoy entre los paniaguados receptores de las dádivas gubernativas y los que aguardan su turno en la nómina de la oposición, o se han acogido a los favores de alguna administración autonómica. Del ámbito económico, más allá de algunas escasas expresiones disonantes, la complacencia, cuando no la resignación, preside el escenario.
¿Y la sociedad civil? Sería ésta la última pincelada aproximativa del nuevo "Jardín de las Delicias" que sin duda volvería a pintar El Bosco a la vista de lo que acontece en la España de Sánchez 'et ali'. Una sociedad que apenas sí toma la palabra, convencida de la media verdad según la cual el ejercicio de la ciudadanía empieza y termina con el voto. Algunos han comprendido que la democracia no es un regalo que se coloca en una vitrina para enseñar a las visitas, sino que es preciso luchar por ella todos los días. Pero se trata de una organización atomizada y heterogénea de siglas innumerables que traen su causa en el designio tan caro a los españoles de que cada lidercillo dispone de su chiringuito propio. Habrá que pensar que si el objetivo es el mismo -defender la vigencia y reclamar la eficacia de la Constitución de 1978-, bueno sería articular todas estas asociaciones en una sola y potente confederación, regida por los mismos estatutos y dirigida por un comité ejecutivo representativo de sus principales tendencias. Un desiderátum que seguramente es irrealizable en un país abonado al caos, cuando no al caudillismo de pequeño alcance.
¿Y nos sorprende entonces que Pedro Sánchez siga haciendo de la Moncloa su casa de alquiler durante tres años y medio más?
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