La corrupción, el rayo que no cesa

Columna publicada en El Imparcial, el lunes 6 de marzo de 2023

En su libro de poemas titulado “El rayo que no cesa”, escribió Miguel Hernández los versos que decían: “Un carnicero cuchillo/de ala dulce y homicida/sostiene un vuelo y un brillo/alrededor de mi vida”. El cuchillo que aletea las existencias de los distintos regímenes políticos puede sin duda atender al nombre de corrupción. Afecta, insisto, a cualesquiera sistemas de organización del gobierno, pero se nota más en las democracias, en las que el silencio de los medios de comunicación es más complicado y subsisten algunos de los procedimientos de control externos a las administraciones públicas, muchas veces a pesar de lo que desearían éstos.

Con frecuencia se considera por el común de las gentes que los episodios de envilecimiento de las organizaciones institucionales deben tener por fuerza un componente económico. De esta manera, un “político corrupto” es el que saquea a la administración objeto de sus corruptelas con el fin de obtener un beneficio personal de la gestión realizada. No es el único de los escenarios posibles de este tipo de prácticas, aunque se trate del más común. El más generalizado, y además el más transversal de cuanto a las ideologías que dicen asumir los sujetos corrompidos. Se produce este fenómeno en todos los ámbitos del arco parlamentario, y como botón de muestra, ahí está la podredumbre situada en la derecha con el caso “Kitchen”, como en la izquierda con la reciente peripecia del asunto “Mediador”; lo están los nacionalistas vascos con el caso “De Miguel”, los independentistas catalanes malversadores de fondos o de Laura Borrás y su presunto troceamiento de contratos. Pero la corrupción no es sólo un problema que afecte a los políticos españoles, aunque en los últimos tiempos han demostrado éstos un consumado afán depredador; el caso Qatar o Moroccogate que ha afectado a la ex vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, y al ex miembro de esa misma institución, Pier Antonio Panzeri, entre otros, está socavando los niveles de confianza institucional y de transparencia política de que presumía esta institución comunitaria.

Y la tosquedad -la cutrez- de los procedimientos empleados tampoco sabe de fronteras. Las maletas repletas de billetes de curso legal se unen sin solución de continuidad con las obscenas afirmaciones de quienes presumen de dolerles los dedos de tanto contarlos. Quizás tenga un componente más carpetovetónico de la singular ostentación española por el dinero mal ganado su uso en burdeles o en consumo de drogas en tanto que se disfrutan los servicios de las profesionales del oficio; cuesta imaginar que nos encontremos con ese tipo de individuos en una subasta en Sotheby’s para pujar por uno de los selectos muebles de la mansión Ashdown House, sólo por poner un ejemplo.

El “caso Mediador” ha arrojado un elemento de no pequeña importancia en cuanto al ámbito espacial en el que se producen este tipo de comportamientos. El atraco producido en una dependencia gubernamental o de un recinto de la administración pública de las numerosas que en nuestro país existen, hay sobrados precedentes, desde los tiempos del hermano de Alfonso Guerra y su ocupación de un despacho en la delegación andaluza del gobierno central. De ese procedimiento de actuación aprendieron otros, como ocurriera en la Comunidad Valenciana con Ricardo Blasco -que hoy cumple condena de cárcel por el “caso Cooperacion”-; pero no se recuerda, que se sepa, antecedente a la utilización del palacio de las Cortes, sede de la ya un tanto menguada en estos tiempos soberanía nacional, para asombrar a unos incautos empresarios ante el poderío que el diputado, agente corruptor de sus extraviadas conciencias, podría exhibir ante ellos. Cabe afirmar que el hábito hace a veces al monje, lo mismo que los aledaños al hemiciclo demuestran que quienes allí sientan sus reales lo son, diputados, y no personas comunes y corrientes.

En el momento en el que se escriben estas líneas todos los partidos están exhibiendo sus estrategias con las que -aseguran- podrá llegarse al fondo del asunto. Tengo para mí que la menos adecuada para ese fin es la que propone la creación de una comisión parlamentaria de investigación. Más allá de apuntarse al circo mediático que sus comparaciones deparan, no se pretende en ellas obtener resultado alguno que lleve al ciudadano afectado por el latrocinio a una idea clara de dónde han ido los dineros que pagó con sus impuestos, quiénes fueron los estafadores y si es plausible o no que devuelvan lo sustraído. Lenta, garantista y procelosa hasta acercarse al aburrimiento es la acción de los tribunales de justicia: pero con todos sus defectos es la única que podrá arrojar la luz que se pretende. Las investigaciones internas de las administraciones presuntamente estafadas no serán creíbles si sus gestores pertenecen al mismo redil que los sometidos a escrutinio: en esta proto-mafia en la que se ha convertido la política española nada resulta más increíble que un miembro de un partido se investigue a sí mismo, otra cosa es la eliminación del disidente y que tal hecho -como decía Don Vito Corleone en la película de Ford Coppola-, “parezca un accidente”.

Hay sin duda una excepción a lo afirmado. Es ésta la posible indagación de las administraciones europeas, también presuntamente estafadas. No llega hasta allí la larga mano de nuestros corruptos locales. Quizás a sus superiores designios, como en otros tantos supuestos de nuestras insuficiencias patrias, debamos acogernos. Eso sí, reconociendo que ese rayo -como decía el poeta- es incesante y revoloteará siempre sobre nuestras cabezas.

La necesidad de que España funcione

Publicado en El Imparcial, el sábado 4 de febrero de 2023

Preguntado Felipe González en su condición de candidato a presidente del Gobierno en las elecciones de 1982 respecto de su proyecto para una próxima administración socialista, el abogado sevillano aseguraría de forma tajante: “Que España funcione”. Una afirmación tranquilizadora acerca de sus intenciones, alejadas, desde luego, de un cambio revolucionario. Habría que reseñar, sin embargo, que no existían en aquellos tiempos graves disfunciones en los servicios prestados por las administraciones públicas. Su problema principal consistía en una deficiente extensión y una escasa financiación, aunque los profesionales que trabajaban en ellas suplían con creces las deficiencias del sistema gracias a su entrega y preparación. España funcionaba asimismo en su guardia civil y policía nacional -dotadas también con medios deficientes y limpiadas progresivamente de las malas prácticas procedentes de la dictadura-, y no se podría aseverar, sin daño a la verdad, que la seguridad -más allá de la permanente acción del terrorismo- fuera entonces menor que la de ahora. Y el ejército, basado en la prestación obligatoria del servicio militar, actuaba de la mejor manera que podía, toda vez que la autoridad moral del Rey Juan Carlos devolvía la paz a algunos de sus encrespados cuarteles. Los empleados públicos despachaban las solicitudes de los ciudadanos en un tiempo razonable y el “vuelva usted mañana” de Larra no podría evocarse con la misma acritud que en los tiempos del glorioso periodista. No había llegado empero el momento de la aportación de los fondos europeos que poblaron de autopistas nuestras carreteras, de kilómetros de AVE para que rodaran por ellos unos flamantes y trepidantes convoyes o se construyeran en nuestro país incontables y muchas veces injustificados aeropuertos… eso vendría más tarde, con nuestra incorporación plena al proyecto europeo, que tampoco fue obra exclusiva del PSOE (recordemos que el instrumento de solicitud de acceso de España a las Comunidades Europeas fue depositado por el Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo).

No se podría asegurar lo mismo a la vista de lo que está ocurriendo hoy en día. En la administración española, en especial toda vez que la pandemia del COVID ha concluido y se ha insertado en el ámbito de las patologías habituales, la sustitución del trabajo presencial por el teletrabajo ha operado, entre otras causas del deterioro, un auténtico estrago en el funcionamiento de nuestros servicios públicos. Según el Ministerio de Sanidad, las listas de espera quirúrgicas marcaron un récord en junio de 2022: 742.518 personas aguardaban una operación quirúrgica. Según “El Independiente”, hace cuatro años éramos el país más seguro de Europa, sólo por detrás de Austria, en número de homicidios; nos decían los datos que era once veces más probable que un español muriera por suicidio, a que lo asesinaran; hoy hemos retrocedido a la octava posición por detrás de Austria, Noruega, Portugal, Luxemburgo, Suiza, Islandia y Países Bajos. En otro orden de cosas, las quejas recibidas por el Defensor del Pueblo reflejan las dificultades ciudadanas para obtener cita previa en cualquier provincia y conseguir atención alternativa a la comunicación telemática que ofrece la Seguridad Social; también denuncian que las gentes se ven obligadas a realizar múltiples llamadas telefónicas para tratar de conseguir cita o tienen que recurrir a internet, sin resultado positivo. En cuanto a la iniciativa del Ministerio de Cultura correspondiente al “Bono Cultural Joven”, que preveía una ayuda de 400€ a emplear en actividades culturales, le ha correspondido una difícil operativa para darse de alta, tanto para usuarios como para establecimientos adheridos. Ítem más, el ayuntamiento de Aranjuez aseguraba el 21 de septiembre de 2022 que “aún no hemos recibido ni un euro de las subvenciones del Gobierno de la nación por los daños surgidos en infraestructuras municipales por Filomena”. Y no cito más casos de una mejorable prestación de los servicios públicos por parte de la administración española para no abrumar al lector, pero podríamos extenderlos a las ayudas públicas a los estragos del volcán de la Palma o a la más que deficiente ejecución de los fondos del “Next Generation” europeo, sólo por referirme a otros supuestos de esta España que ha dejado de funcionar.

No resulta desde luego único responsable el gabinete de Pedro Sánchez de esta situación, pero sí que la misma contribuye poderosamente a la indignación del paciente que no se ve atendido por el mitificado servicio de salud, de la atemorizada víctima de malos tratos por su pareja que ve cómo ésta sale de la cárcel como consecuencia de una más que chapucera ley del gobierno de coalición, del joven que no obtiene su bono cultural o no sabe dónde emplearlo, de la corporación municipal que dos años después de la nevada no recibe las ayudas o de las empresas a las que parece que nunca llegarán los fondos europeos.

“Piove, porco governo”, es la expresión italiana por la que la culpa de los males -de todos ellos- procede de quien se encuentra a cargo de la gestión pública. España no va a funcionar necesariamente porque su ejecutivo cambie, entre otras cosas porque los problemas han adquirirlo ya un carácter endémico y sólo un esfuerzo más que denodado podría conducirnos a recuperar los niveles de eficacia que un día alcanzamos, pero no estaría de más que, 45 años después de la afirmación del candidato González, este discurso integrara también la oferta de la oposición a una ciudadanía desconcertada ante la suma de promesas incumplidas y de una administración que parece haber perdido el fuelle.

Las indeseables consecuencias de una campaña electoral interminable

Artículo publicado originalmente en El Imparcial, el 18 de enero de 2023

La idea que consiste en delimitar las campañas electorales en un periodo de tiempo tasado se corresponde, poco más o menos, con la necesaria contención de la amplia galería de promesas, las más de las veces de imposible cumplimiento, y del menudeo de pesadas descalificaciones del adversario, convertido, por obra y gracia del periodo electoral, en la peligrosa condición de enemigo a exterminar. Para los partidarios de la duración temporal de las campañas, ésta sería conveniente para poner el foco en la política solamente con carácter previo a la consulta electoral, lo cual serviría para proporcionar algún conocimiento en determinados sectores indecisos de la población. Sin embargo, resulta tan alto el volumen de la vocinglería que se desata en esos tiempos que apenas sí resulta fácil distinguir las voces de los ecos -que decía Machado-, cuando no a éstos de la cacofonía de los ruidos estridentes.

Pero este esquema argumental, cualquiera que sea la opinión que acerca de él podamos tener, ha quedado hecho añicos en la nueva política que experimentan las democracias. No cabe en estos tiempos referirse a la campaña electoral cuando ésta se desarrolla todos los días en una especie de circo que carece de descanso incluso en los fines de semana ordinarios y en las antaño sagradas fiestas de guardar de nuestros antepasados. Los parlamentos ya no debaten, gritan; los afiliados y simpatizantes aplauden en cualquier reunión, a condición de que sea televisada, cuando el orador levanta la voz y señala con su dedo acusador al contrario; las mesas petitorias de los partidos compiten con las de la lucha contra el cáncer en las calles de las ciudades y te ofrecen firmar cualquier tipo de iniciativa en contra de alguna medida catastrófica adoptada por el gobierno de turno. El coso mediático, los tertulianos, las crónicas periodísticas… han creado una especie de bazar ambulante en el que unos y otros, políticos y agentes de comunicación, desempeñan a la vez el papel de oferentes y demandantes de noticias que publicar y comentar.

Y en este contexto, un año electoral como el que estamos atravesando en España, podría considerarse como una especie de campaña agravada. En ella se antoja la más que previsible anticipación de los peores pronósticos; uno de cuyos ejemplos lo constituye la impostada refriega del gobierno central contra la junta de Castilla y León respecto de un pretendido protocolo de información a las mujeres embarazadas para que se lo piensen antes de proceder al aborto. Cuando se escriben estas líneas, algunos medios aseguran que el gobierno estaría buscando pruebas de la invasión que el plan castellano-leonés tiene previsto en la materia, lo que vendría a aseverar que, una vez culpable ese gobierno autonómico de una medida de tanta gravedad, sólo haría falta comprobar que así lo ha sido. Vendría antes, por lo tanto, la condena que el conocimiento de los hechos (como se ve, una gestión muy garantista en cuanto al procedimiento seguido). ¿Y qué decir de la inacción del gobierno respecto de los incumplimientos de las sentencias de los tribunales por la Generalitat respecto de la educación en el idioma común, una lengua que hablan 550 millones de personas en el mundo y que resulta perseguida en algunas de nuestras comunidades autónomas? Nada, por supuesto, a los socios se les pasa la mano por la espalda; a los enemigos se les aplica la legislación vigente, y en el caso de que fuera preciso, se crea una norma “ad hoc” o se retuerce la ley para que contemple el caso en cuestión.

Más aún, una de las razones para reducir en el tiempo las campañas electorales viene dada por las heridas que infligen éstas a los contendientes; unas heridas que luego es preciso coser, a veces con no pocas dificultades. En tiempos de polarización política, agravada por las contiendas que suponen estas convocatorias, el abismo que se produce entre los protagonistas de unos y otros partidos resulta tan profundo que ningún buen componedor sabría qué hacer con los restos del naufragio.

El sistema político creado por la Constitución de 1978, al igual que el canovista de 1876, tiene su base en la existencia de dos grandes partidos situados en la izquierda y la derecha del tablero político, con la alta mediación de la magistratura del Rey, una organización que superaría los enfrentamientos civiles vividos por los españoles y la desgraciada dictadura de los 40 años franquistas. La Restauración pretendía también dejar atrás las guerras civiles carlistas y las inestabilidades de la primera República y otras de la época, y se articulaba en dos grandes partidos, llamado uno -el conservador- a evitar la tentación carlista de retornar a las armas, y el otro -el liberal- a atraer a los republicanos más templados para disuadirles de emprender la peligrosa deriva de una segunda República; cerraría el círculo virtuoso la figura de un Rey, intérprete de la voluntad popular y jefe último de un ejército tan levantisco que cuando en Europa se referían a un militar poco disciplinado con las órdenes civiles se le calificaba de “general español”.

Sustituido el Pacto del Pardo restauracionista por el constitucional de 1978, el sistema español no podría aguantar permanentemente una situación de tensión como la que estamos viviendo en estos momentos. Es urgente, antes de que sea demasiado tarde, un retorno a la lealtad constitucional y la recuperación de los valores que un día fueron modelo de comportamiento y objeto de respeto para buena parte del mundo.

VIVIR EN UN PUEBLO, MORIR EN LA CIUDAD

Pubicado en Iberian Style, el 10 de enero de 2023

Los pueblos son así. Ni mejores ni peores que las grandes ciudades. Y no es posible pretender que las deficiencias de unas y de las otras se resuelven en las urbes intermedias que son poco menos “un quiero y no puedo” en el que el anonimato se pierde lo mismo que el sentido de pertenencia a la colectividad. Vivir en un pueblo, morir en la ciudad.

Era el domingo que daba final al larguísimo puente que las fiestas de la Inmaculada y de la Constitución nos deparaba este año de 2022. Y era una iglesia de un pueblo del pirineo navarro cuyo censo no llega a los 300 habitantes. El avanzado otoño había depositado ya su ocre hojarasca sobre los paseos que conducen a Santiago de Compostela o regresan de la ciudad que lleva el nombre del apóstol. Un frío húmedo envuelve las mañanas y recorre las tardes como anticipo glacial de lo que pueda ser el invierno que suceda a esta estación, o no… porque en los tiempos actuales, en los que no existe nada que sea seguro, la climatología se ha instalado también en la incertidumbre.

Entramos en el recinto que se ha caldeado para la ocasión. Las Iglesias constituyen los mejores refugios donde refrescar los calores estivales, en especial cuando no existía el aire acondicionado, pero se convierten en trampas a veces mortales en los días del invierno, porque no hay calefactores suficientes para suavizar los rigores del frío, dado el ingente espacio que ocupan. Nos envuelve entonces una rara sensación de confort cuando avanzamos por entre las filas de bancos antes de decidir dónde ubicarnos para acometer el trance de la ceremonia.

“No se llenará”, piensas. Es demasiado oratorio para tan escasos devotos. Y eso que a la entrada habíamos observado a unos cuantos vecinos apostados junto a los gruesos muros del templo, que sin duda esperaban a la llegada del féretro. A un lado del altar se reconoce a un grupo de gentes del pueblo, formando una hilera, que departen animadamente: se trata del coro.

Salen el oficiante y los monaguillos del recinto. A los pocos minutos vuelven escoltando al ataúd que es introducido por los recios deudos navarros de la fallecida, que lo transportan como si se tratara de una pluma.

Da comienzo la ceremonia con la parroquia que, corrigiendo mis dudas, se encuentra repleta. Suenan los compases del órgano. Entona el orfeón de voluntarios una canción de iglesia. El sacerdote dirige unas palabras que proclaman al conjunto de los congregados que la muerta lo es de todos, de la feligresía, del pueblo en su conjunto. Un extraño halo de pertenencia comunitaria sobrevuela a los asistentes, como esa Paloma con la que los pintores representan al Espíritu Santo en algunos cuadros religiosos, junto al Padre y al Hijo.

Y la misa se produce como una cuerda que se va desenroscando con la naturalidad con que un ilusionista libera un cabo, engrasada con las melodías cantadas en español y en eusquera y con un chistu que toca el “Agur Jaunak” con el que los vascos reciben y despiden a los suyos.

UN PUEBLO, UNA CIUDAD

Un pueblo es la prolongación inherente a la condición social de sus integrantes. Aún las campanas de sus iglesias redoblan por nosotros: anuncian la muerte, el incendio o la primera comunión del niño y la boda de algún vecino. Y se hace cada uno del pueblo por nacimiento, emparejamiento o por el cariño que se intuye que profesas a la localidad y a sus gentes. Puedes carecer de certificado de empadronamiento y formar parte de él, porque tu condición de vecino está en el corazón, no en el papel.

La gran ciudad es una creación artificiosa. Sus gentes no son de ningún lugar, acaso de un barrio, de una esquina de una calle, únicos lugares en los que se les reconoce. Nacen, se desarrollan y mueren entre la indiferencia y el desconocimiento, y sus referencias y amistades se encuentran entre la parentela y la frecuentación escolar, pandillera o profesional. Y en los cortejos fúnebres -aun los más concurridos- se desenvuelve la ficción del trato social. “Tengo que ir porque era el padre del marido de mi prima, asistiré porque era la madre de mi compañero de trabajo…”. De manera que en la iglesia echas un vistazo y no ves en los asistentes apenas a gentes que conozcas, ni el oficiante sabe del fallecido poco más que su nombre, sus palabras suenan por lo tanto huecas y es imposible que alivien el dolor de los más próximos allegados; para el resto forman apenas una cantilena, un rosario de cuentas que uno no reza, pero nublan la cabeza con sus cruces y calvarios, que decía el cantautor de la Pampa argentina José Larralde.

No haré sin embargo de este comentario la excesiva elegía del pueblo. No diré que en un pueblo se vive mejor y que entre sus gentes la existencia es tan agradable que no podrías existir siquiera en su distancia. Hay demasiada invasión de tu intimidad en las localidades pequeñas. Todos saben que has llegado y cuándo te has marchado. No haré sin embargo de este comentario la excesiva elegía del pueblo. No diré que en un pueblo se vive mejor y que entre sus gentes la existencia es tan agradable que no podrías existir siquiera en su distancia. 

Hay demasiada invasión de tu intimidad en las localidades pequeñas. Todos saben que has llegado y cuándo te has marchado. No eres libre en un pueblo salvo que te pongas al pueblo por montera, lo que sería por cierto un craso error, lo mismo que un soldado, que pierde el paso en un desfile y perjudica con su torpe marcha la formación, es acreedor de la amonestación o del arresto.

El medio es el mensaje… que decía McLuhan, y el ambiente es lo que te permite modular tu comportamiento. Y el anonimato de la ciudad no deja de constituir un manto protector contra la injerencia de los otros, contra la ominosa reprobación del qué dirán, contra el escrutinio permanente de tus palabras y tus actitudes y tus actos.

Pero el ser humano se resuelve en sus contradicciones permanentes. Y a veces, a base de tanto esponjamiento personal, de tanto no ser nada concreto entre quienes te rodean, de tanta soledad acumulada forjada de indiferencia y desconocimiento, decides salir del espacio protector que te proporciona el anonimato de la individualidad y te sumerges en el ámbito colectivo de ese pueblo que acompaña a un cadáver lo mismo que ayuda a extinguir un fuego o se alegra porque un chico hace la primera comunión. Y no hay nada necesariamente religioso en alguno de esos comportamientos, porque la fe no se constituye en el elemento definitorio de esas prácticas, la creencia en algo superior o en el más allá es apenas el marco en el que el pueblo se manifiesta y dice, por ejemplo, que ha muerto uno de los suyos, que es como si todo ese pueblo hubiera muerto un poco.

Nicolás Redondo, los tiempos y sus himnos

Artículo publicado en El Imparcial, el 6 de enero de 2023

Sonaba muy suave la “Internacional” en el salón de actos de la UGT el día en que los restos de Nicolás Redondo Urbieta (Baracaldo 1927 - Madrid 2023) reposaban en la capilla ardiente que los miembros de su sindicato habían dispuesto. Casi se podría decir que se trataba de una canción de cuna, de un arrullo, y no de un himno revolucionario.

En la vida hay siempre tiempos para el sosiego, como los hay para el sobresalto, y en la muerte, que es el descanso, todo invita a la quietud, hasta en esas proclamas que piden a los “pobres del mundo” -cuando no a los “parias de la tierra”- a “hacer del pasado añicos” y a que “todos nos agrupemos en la lucha final”.

Nicolás se ha ido y, en el momento de su ausencia, cabe evocar los tiempos pasados en aquel Bilbao, aquella Margen Izquierda de la ría, donde un día los industriales y los navieros y los financieros pusieron las fábricas en las que luego fueron a trabajar, primero las gentes de los caseríos de su entorno, después los hombres que llegaban de Extremadura, o de Andalucía, o de Galicia -esos a quienes los primeros nacionalistas calificaban de “maketos”-, poblando los barrios inhóspitos que sustituían a las insalubres viviendas para los proletarios, alquiladas por las mismas empresas que gestionaban las cantinas donde se dispensaba el vino barato con el que esas gentes olvidaban por algunas horas sus miserables vidas. Por esos andurriales pasaba el doctor Areilza, con nombre de calle céntrica para el inolvidable recuerdo de un liberal que no entendía una libertad desconectada de la preocupación social, como lo fue siempre el liberalismo de Bilbao, el de Gregorio Balparda, o el de ese socialista “a fuer de liberal” que era Indalecio Prieto.

Fueron más tarde las calles de Bilbao que yo recorría, donde podías encontrarte al doblar por la Alameda de Recalde con Ramón Rubial que te contaba de las dificultades que había tenido que afrontar el socialismo para asentarse en aquellos tiempos difíciles en los que los espadones militares y las bombas de los etarras ponían en peligro la delicada operación política que era la transición; o si te llegabas a la Plaza de España -ahora rebautizada por el nacionalismo imperante como “Circular”- te encontrabas con mucha frecuencia con Juan Iglesias, que había sido Consejero del Gobierno Vasco en el exilio, y te colocaba sus diatribas muchas veces interminables; o el siempre sabio, circunspecto y grave que era Antón Saracíbar -compañero y amigo entrañable de Nicolás- y sus siempre agudas reflexiones que darían para un buen libro de aforismos.

Ése era el mundo en el que conocí a Nicolás y a sus gentes, a su hijo con quien compartí militancia y amigos en las Juventudes Socialistas, de una época que ya ha pasado de tal manera que ahora me parece un sueño de lo irreal que se me representa en estos tiempos que corren y nos cogen con el pie cambiado y sin capacidad -ni convicción tampoco- apenas para recuperar el paso que nos imponen los nuevos dirigentes de la improvisación, el poder por el poder y las encuestas como sustitutivo de los programas.

Porque se nos ha ido con este nuevo año un viejo y bueno ser auténtico. Una persona con un sentido de la responsabilidad y de sus limitaciones como es raro advertir en estos días. Quien vio a Felipe González como alguien más adecuado que él para liderar al socialismo español, en tanto que él, Nicolás, se dedicaría a la UGT. Y dicen que Felipe le espetó: “¿La UGT? ¡En España lo único que se conoce es a Comisiones Obreras!” Pero cuando ya fue presidente del Gobierno, González acabó conociendo a la UGT y a su dirigente, en forma de una huelga general, en el año 1988, y de una dimisión como diputado de un hombre que haría de su vida un paradigma de la dignidad.

“Se ha ido en dos días”, me decía su hijo y amigo, consciente hasta el último momento. Y cuando me desprendo de su abrazo y salgo del salón de actos de la sede ugetista, pienso que Nicolás -el padre- habrá observado durante estos largos años de distancia con la política y el sindicalismo activo, el devenir de los acontecimientos de nuestro país, desde la tristeza que es también patrimonio de las gentes que no saben despegarse de lo que es importante y lo que es cierto: que la vida es tolerancia y respeto, que las gentes somos personas y no objetos de las apetencias de otros, que las pretensiones de unos deben ser cohonestadas con los intereses de los demás, y que la democracia es el acuerdo, lo mismo que la libertad es un valor que se conquista día a día y que no constituye un hecho necesariamente establecido.

Y dejaba atrás la melodía, resuelta en un susurro de la “Internacional”, pensando que quizás sonaría ésta como el himno de los auxiliares del Bilbao sitiado por las fuerzas carlistas. Ése que decía: “Somos auxiliares/Sin color ni grito/Somos defensores/De este pueblo invicto/Somos liberales/Y derramaremos/Toda nuestra sangre/Por la libertad”.

Y si el PSOE ganó las elecciones de 1982 con el slogan de “socialismo es libertad”, el liberalismo, al menos el que yo conocí en Bilbao, resulta necesariamente compatible con el bienestar social y la defensa de las clases más desprotegidas. Claro que el socialismo de hoy abandona la igualdad en aras de la diferencia, y el liberalismo actual reclama a veces mas el estado mínimo y la indefensión de los más débiles.

Lo que más ha cambiado en España

Artículo original publicado en El Imparcial, el 28 de diciembre de 2022

El tirón de orejas propinado por el Rey a nuestra clase política en su discurso de Navidad no debería pasar desapercibido para nadie. Su llamada al «ejercicio de la responsabilidad», en el que incluyó a todos los actores institucionales —sin excluir de esta tarea a la Corona— enfatiza, más que ningunas otras expresiones, la clave en la que se debería sustentar la respuesta a la actual crisis que estamos atravesando.

Es lógico que en ese «todos» no adjudicara Don Felipe los diferentes grados de culpabilidad que tienen los sectores involucrados en este desaguisado nacional, pero tampoco deja de ser cierto que como aseveraba Orwell, todos somos iguales, pero algunos resultan más iguales que otros.

En los casi 45 años de trayectoria constitucional, muchas cosas han cambiado en la España que alumbró el pacto de 1978, como oportunamente recordó Felipe VI. El crecimiento económico consecuente con nuestra incorporación a Europa, las características demográficas de la población española, el desarrollo del estado de las autonomías previsto en el Título VIII de la Carta Magna, el procedimiento de obtención de las mayorías de gobierno de los partidos turnantes basado en el concurso de las minorías nacionalistas… todo ello unido al profundo cambio que ha experimentado nuestra sociedad en lo que se refiere a su esquema de valores predominante y a la integración de fenómenos que en su día parecían reprobables además de marginales.

Somos, es cierto, un país diferente al que éramos en el final de la década de los 70 del pasado siglo; pero me atrevo a decir que uno de los protagonistas del escenario nacional en el que más se puede percibir la transformación se sitúa en el ámbito de la izquierda política, en sus percepciones de la realidad, en el abandono de la práctica del método del consenso como fórmula para resolver los problemas, incluso —no sería demasiado osado decir— en su deslealtad constitucional y su amenaza cada vez más evidente de modificar el texto de 1978 por la puerta de atrás, a través de su desnaturalización.

No será, sin embargo, necesario recordar aquí la modificación de criterio que, por ejemplo, acometieran los comunistas españoles Santiago Carrillo y Dolores Ibarruri aceptando la transición política —y la bandera nacional, abandonando la tricolor republicana— en aquellos años; porque lo cierto es que el proceso venía de tiempos muy anteriores, en concreto de junio de 1956, cuando esa formación política presentaba un manifiesto por la reconciliación nacional en el que había tomado parte muy activa el entonces dirigente del citado partido, Jorge Semprún —por cierto nieto del político conservador de la etapa restauracionista don Antonio Maura—. Resulta conveniente la relectura de ese documento que, en uno de cuyos párrafos, afirmaba:

«Crece en España una nueva generación que no vivió la guerra civil, que no comparte los odios y las pasiones de quienes en ella participamos. Y no podemos, sin incurrir en tremenda responsabilidad ante España y ante el futuro, hacer pesar sobre esta generación las consecuencias de hechos en los que no tomó parte».

Dos generaciones más adelante, los españoles de hoy se diría que ya no merecemos el beneficio de la paz interior que es producto del olvido de las viejas pendencias. Una nueva batalla se abre entonces en nuestros días. No se libra ésta con armas de fuego, pero sí con la desinformación y el insulto al contrario.

¿No ha cambiado la izquierda, esa izquierda, la comunista devenida en populista de izquierdas, y la socialista que cada día se mimetiza más con los planteamientos de la anterior?

El sistema del 78, al igual que el canovista expresado en la Constitución de 1876, obtiene su sustento en la existencia de dos grandes partidos que se suceden en el poder, y en un poder moderador que constituye su arco de bóveda representada por Su Majestad el Rey. Es verdad que, a diferencia con el texto apadrinado por el político malagueño, contiene el actual un elenco de elementos que subrayan su vocación democrática, integrando en ella los instrumentos de control de los poderes públicos entre sí y con las instituciones que aconsejan y asesoran a aquéllos. No es lo mismo una Constitución democrática como la de 1978 que una liberal como la de 1876; sin embargo, la quiebra en el cumplimiento de las funciones que le correspondientes a uno de los partidos deja al sistema inerme y al Rey expuesto a convertirse en el último valladar de un régimen que se ha vuelto defectuoso. Pensar que Europa y sus instituciones nos protegerán de hundirnos en el abismo es algo así como creer que un «diktat» de Bruselas acabará con el predominio de Orban en Hungría o de los Jarucelski en Polonia.

Somos por lo tanto nosotros mismos los llamados a cuidar de nuestro sistema, como también nos recordó oportunamente Don Felipe. Nada está escrito, ninguna predeterminación existe de que nuestra democracia se encuentre a salvo de los embates exteriores y, sobre todo, de los interiores. Porque, si es cierto que buena parte de la responsabilidad de lo que ocurra haya que atribuirla a los partidos, no son ellos los únicos que deberán salir al rescate de las instituciones y a la salvación de la democracia. Los partidos deberán obtener los votos que les resulten necesarios para encauzar la situación, pero somos los ciudadanos, la sociedad civil, quienes debemos señalarles el camino a seguir. Y no es posible que abdiquemos de ello, salvo grave responsabilidad por nuestra parte.

¿Cómo meter de nuevo la pasta de dientes en el tubo?

Artículo publicado originalmente en El Imparcial, el 5 de diciembre de 2022

La literatura anglosajona -la política, en especial- utiliza la expresión “to put the toothpaste back into the tube” para definir uno de los procesos más difíciles de la acción pública: el de revertir el rumbo de los acontecimientos hacia un ámbito del que nunca deberían haberse separado.

Caben pocas dudas acerca de la peligrosa deriva en la que se ha introducido nuestro país a partir de la moción de censura que llevó en el año 2018 a Sánchez a la presidencia del gobierno. Su doble pacto con la extrema izquierda populista y con el nacionalismo y el independentismo nos viene sumiendo en el desconcierto del mal gobierno (aplicación de la ley del “sólo sí es sí”), de las cesiones sin medida (blindaje del cupo vasco) y de reformas legislativas para la sola satisfacción de nacionalistas prevaricadores o de prevaricadores sin adjetivos. Se une a todo eso la absoluta ausencia de respeto de los procedimientos democráticos (la democracia no lo es tal cuando se violentan las formalidades procesales) a través del abuso de los reales decretos, la perversión de la técnica legislativa (con la introducción de normativas heterogéneas en las llamadas leyes “ómnibus” que sirven lo mismo para un fregado que para un barrido), o el abuso superlativo de utilizar el procedimiento de las proposiciones de ley -reservadas generalmente a las oposiciones- por los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno para evitar los controles externos y acelerar la tramitación de la disposición, como está ocurriendo ahora con la reforma del Código Penal que cancelará el delito de sedición. Cuando observo, perplejo, la imagen de Patxi López depositando en el Registro del Parlamento esta iniciativa recuerdo el anuncio que le hizo a este dirigente político la madre de Joseba Pagaza en el año 2005: “Patxi, dirás y harás muchas cosas que me helarán la sangre”.

No resulta, por lo tanto, extraño que nuestro país caiga en los rankings que miden la calidad democrática. Ocurre así en el informe “índice democrático” elaborado por el semanario británico “The Economist”, según el cual España ha pasado de ser una ‘democracia plena’ a una ‘democracia defectuosa’.

Los daños que este gobierno viene produciendo sobre la situación económica, social y política de nuestro país no son irrelevantes. A los males endémicos de nuestras cuentas públicas se le debe sumar el exceso de gasto (el déficit público estructural se aproximará al 5% este año, según “El Economista”, aunque se vea ayudada su reducción como consecuencia del aumento de los ingresos vía inflación, y la deuda pública ha alcanzado la cifra récord de los 1,5 billones de euros, según “Cinco días”). A los problemas sociales que ya teníamos cabría agregar el de una ciudadanía desconcertada por la ausencia de administración para resolver cualquiera de los trámites que le afectan y el desconcierto que las políticas de género, sólo en apariencia progresistas, están produciendo en nuestra sociedad. Y a los conflictos políticos heredados, y aún no resueltos, es preciso integrar los derivados de un gobierno decidido a ejecutar la disolución del Estado poniendo sus trozos en manos de quienes persiguen precisamente su desintegración, en una estrategia que no se detiene ni siquiera ante la más alta representación nacional, desactivando todo lo que le es posible al Rey.

Cada mes, cada semana, cada día que pasa… asistimos a una degradación que, en apariencia y en acto, no tiene fin. Las noticias de los medios de comunicación nos conducen al desaliento cuando no a la depresión, y el panorama que tenemos por delante no parece mejorar demasiado. Si el gobierno constituye junto con sus socios el mayor problema del país, la oposición no cautiva precisamente a la ciudadanía, dividida entre la derecha y la derecha más extrema, con un centro que ya emite estertores de muerte.

Aun así, en estas últimas opciones se encuentra una respuesta siquiera tímida e irresoluta, a este periodo de nuevo ciclo político que arranca revestido de los mismos ropajes con que lo hacía el de la crisis de 2008, con sus semejanzas y también con sus diferencias, que no son pocas. Y si el centro-derecha que quede es capaz en el año que resta hasta las próximas generales de ganar autonómicas y municipales y ratificar esa victoria hasta la presidencia del gobierno, le quedará una labor que no podrá realizar solo: la de revertir la situación política, cumpliendo la letra de la Constitución y el espíritu de la misma que no es sino la práctica del consenso. Para eso necesitará de un partido a la izquierda que renuncie a las prácticas divisorias, cancele la operación desintegradora que nos conduce a la confederalización de España y acepte una estrategia de alternancia política que no ponga en riesgo los intereses comunes.

Derecha e izquierda -centro-derecha y centro-izquierda- son hoy, como lo fueron en 1876- las dos patas en las que se asienta el sistema de la Constitución todavía nominalmente vigente. Suponiendo que en el lado derecho del espectro político -que es bastante suponer, por cierto- se cumplen las condiciones requeridas, nos faltaría una izquierda sensata, reformista y constitucional para que sirva a aquélla de contrapeso. Se trata de una opción sin duda imprescindible, ¿pero existe alguien dispuesto a crearla? Le confieso que me encantaría pensar que es posible, pero tengo mis serias dudas de que aún resulte factible introducir de nuevo la pasta dentífrica de un país en desintegración en el tubo de la normalidad.