Traicionando la confianza (elperiodista.es)

Publicado originalmente en elperiodista.es, el día 29 de junio de 2015 

Era una noche cálida del verano apenas anunciado en Madrid. Ella prefería cenar en el interior, había pasado frío en una ocasión reciente, cuando caía la torrentera sobre las afueras de la ciudad y el ambiente se limpiaba, así como se rebajaban algunos grados las altas temperaturas de este junio en Madrid.

¿O se trataba de una friolera? No lo sabía muy bien. Apenas le había tratado en esos fines de manifestaciones pro-saharauis o actos públicos convocados por UPyD. Unas cañas en un bar cercano a la sede de Cedaceros -ahora cerrada, tras el desastre electoral- o en la tampoco lejana plaza de Santa Ana. “Soy de Bilbao, de Indauchu”, le decía, como para poner una cierta cercanía entre ellos. De Indauchu, ella; él de Abando: dos barrios limítrofes en la Villa, dos militantes por el Progreso y la Democracia.

Así que cuando su amigo y compañero en el Parlamento le decía que había hablado con ella, que su situación era económicamente muy comprometida después de la catástrofe electoral, él, le anunció que la llamaría. Y lo hizo: en una larga carrera entre el aeropuerto Charles De Gaulle de París hasta su hotelito en el centro de “la ciudad de la luz”, se produjo la comunicación. No hablaron mucho. Él le prometió que se encontrarían a su regreso a Madrid. Ella agradeció su prontitud y su promesa.

Y él cumplió. De modo que se veían en ese restaurante en el que cenaban, Asunción y Roldán, la noche anterior al día en que este realizaba una rocambolesca huida de España. Pero no se lo dijo. Ella decía no comer mucho y los nervios que se despertaban en ella ante su situación presente y futura reducían aún más su escaso apetito.

Vascos -bilbainos- al fin, cortos en palabras, fueron rápidamente al grano: ella pretendía alguna colocación en el partido emergente de la renovación en el centro político español. Él le preguntó sí en algún momento había ella participado en la reciente campaña de acoso y derribo orquestada por su partido en contra de aquel al que ahora ella pretendía encaramarse.

“No -contestó ella-. No he dicho nada”. Y agregaría: “Siempre he estado de acuerdo con un pacto con ese partido”.

Estaba claro. Se trataba de una de esas damnificadas por la mala gestión de una ejecutiva desnortada, que conducía a su partido a la irrelevancia y a sus gentes -algunas al menos- a la desesperación.

Aún así era un asunto difícil. A él le constaba que el partido emergente había planteado un ultimátum a los de UPyD: solo entrarían -y unos pocos- en las listas autonómicas y locales. Para esas procedencias habría en adelante una página que pasaba en su calendario político. Muy complicado, por lo tanto. Aunque a favor de ella quedaba su prudencia.

Se intercambiarían correos, definiendo posibilidades. Pero un comentario de él respecto de aquel encuentro produciría una investigación sumaria. De ella se pudo extraer una larga serie de tweets -¡Dios mío, que cantidad de escándalos provoca esa fábrica de gorjeos!

Eran muchos, tweets y retweets, pero bastaba un botón como muestra. Una basura que llevaba por título “Desmontando a Ciudadanos”. Una bazofia en que se contenían todos y cada uno de los argumentos -¿argumentos?- que UPyD había utilizado en contra de aquel partido. Un video, seguramente, realizado por el partido de los magentas.

No, no se trataba sólo de la campaña electoral y de las cosas que -con razón o sin ella- se decían en la contienda; era la mentira, el abuso de confianza, el hecho lamentable de jugar con su buena voluntad.

De modo que cuando le enviaba un sucinto correo con el enlace a su tweet y el anuncio de que el asunto quedaba cerrado para él, un gesto de contrariedad asqueada por lo peor de la condición humana viajaba con aquel mensaje.

Hacia una estrategia común de defensa en Europa (PolíticaExterior.es)

Publicado originalmente en Política Exterior, el 23 de junio de 2015

La situación geopolítica en las fronteras de la Unión Europea se ha agravado en los últimos tiempos, y buena parte de los conflictos mundiales están en los países vecinos. En 2003, la pretensión de los europeos era que estaban rodeados por un círculo de amigos. Hoy podríamos decir que nos rodea un círculo de fuego. Rusia está reescribiendo el mapa de Europa. Las guerras asuelan la vecindad sur, acrecentando el riesgo de Estados fallidos, al mismo tiempo que se extienden el extremismo y el terrorismo en las ciudades europeas. La diferencia entre la seguridad exterior y la interior se está haciendo cada vez más irrelevante con la intervención de los yihadistas.

Está en peligro el carácter liberal y abierto de nuestra sociedad. Para defenderlos, debemos fortalecer la posibilidad de anticipación de ataques contra el territorio europeo, del mismo modo que reforzar nuestra capacidad de estabilizar la vecindad. Ningún Estado miembro de la UE podría hacer frente en solitario a estos desafíos.

Sin embargo, mientras ocurre todo esto, la defensa del territorio de los Estados miembros de la UE depende en gran medida de Estados Unidos y de su papel en la OTAN. Si bien la reacción ante la crisis de Ucrania por parte de Washington ha demostrado su compromiso con la Alianza y la defensa de sus miembros en el Este, también ha quedado claro que se espera que los europeos asumamos una mayor responsabilidad en materia de seguridad, dado que EE UU se centrará de forma creciente en el Pacífico.

Es cierto que en el ámbito de las operaciones comunes, la UE ha tenido algunos casos de éxito, como ha ocurrido con la operación Atalanta y las misiones de estabilización posteriores a algunos conflictos. Pero en muchos otros escenarios el papel de la Unión podría ser calificado de escaso y tardío. El complejo de deficiencias estructurales es el principal obstáculo para la capacidad de actuación europea: la falta de cultura estratégica y una ausencia de definición común de las amenazas, la dificultad de intervenir de manera autónoma, una permanente falta de planificación militar, la inexistencia de un presupuesto disponible para financiar el despliegue de los grupos de combate –battlegroups– y otras muchas insuficiencias. Como se vio en Libia y Malí, en las situaciones de emergencia los Estados miembros –y no todos– acuden solos al teatro de operaciones.

La crisis financiera ha drenado los presupuestos públicos, con drásticos y descoordinados ajustes en los gastos de defensa de los Estados miembros. En la medida en que ahora algunos de ellos están reestructurando sus capacidades militares y contemplando incrementos presupuestarios, crece el riesgo de despilfarro, duplicidades, gasto ineficiente y la profundización del desajuste operativo entre los 28 países miembros.

Al mismo tiempo, el gasto acumulado en defensa de la UE no es tan bajo como se afirma en ocasiones: en 2014 superaba los 250.000 millones de euros, comparado con los más de 600.000 millones de dólares de EE UU, los más de 200.000 millones de dólares de China, o los más de 80.000 millones de dólares de Rusia. Y si el conjunto del gasto en defensa de los países de la UE supone el 45% del presupuesto de EE UU, algunos estudios sugieren que la capacidad operativa militar europea superaría entre un 10 y un 15% la estadounidense, en el supuesto de que se empleara dentro de un único marco de defensa y un solo mercado. La UE, pese a sus límites presupuestarios y respetando el compromiso señalado por la OTAN del 2% del PIB, mantendría una de las más poderosas fuerzas armadas en el mundo. Aunque la compleja estructura de la Unión lo hace difícil, el Tratado de Lisboa (artículo 42) proporciona un amplio espacio para el desarrollo de una defensa común. Esta es una de las principales conclusiones del informe A More Union in European Defense, publicado por el Center for European Policy Studies (CEPS). El estudio, elaborado por un grupo de trabajo con Javier Solana a la cabeza, propone acciones políticas dirigidas a incrementar la cooperación europea en materia de defensa, en cuanto a la definición de una estrategia, así como actuaciones en el campo de las instituciones, las capacidades y los recursos militares. Más integración en estos ámbitos redundaría en la creación de una Unión Europea de la Defensa.

Dado el empeoramiento de la situación geopolítica y las crecientes amenazas a la seguridad, es necesario modificar la actual dinámica, consistente en sostener unos ejércitos ineficientes, y orientarse a esta Unión Europea de la Defensa que, de manera progresiva, conduzca a unas fuerzas armadas europeas integradas y a un ejército europeo.

El grupo parlamentario ALDE considera que la integración de esas fuerzas armadas, como pilar europeo de la OTAN, se podría producir en el horizonte de 10 años, a condición de que tomemos las medidas adecuadas a partir de ahora mismo. Para ello, la UE debería:

– Reforzar la defensa en territorio europeo, de manera complementaria a la OTAN, una organización que debería continuar siendo el arco de bóveda de la arquitectura de seguridad europea.

– Permitir que la UE actúe de forma autónoma, proyectando su poder hacia el exterior y estabilizando su vecindad, a través de procedimientos civiles y militares, de acuerdo con el artículo 43 del Tratado de Lisboa. Precisamente, la posibilidad de actuar de manera autónoma constituye el pilar crítico perdido de una aproximación integrada a la idea de seguridad y un complemento vital al poder blando europeo.

La Unión Europea de la Defensa estaría basada en dos pilares. Por una parte, la adopción de un concepto estratégico, una agenda de seguridad. La definición de unos intereses comunes europeos, de las percepciones en cuanto a las amenazas y las prioridades son requisitos básicos para una Unión Europea de la Defensa. Por otra, la integración progresiva de las fuerzas armadas de los Estados miembros. El desarrollo de las capacidades militares europeas y de un mercado integrado de defensa. Cinco países (Alemania, Bélgica, España, Francia y Luxemburgo) están proporcionando personal y equipo, compartiendo gastos y tomando decisiones conjuntas sobre cuestiones de despliegue de Eurocorps. Está previsto que Polonia se integre en este grupo en enero de 2016, con lo cual Eurocorps representarán a la mitad de la población de la UE. La fuerza intrínseca de Eurocorps está en su capacidad de enviar una fuerza terrestre superior a 65.000 militares, consistente en la brigada franco-alemana y unidades europeas puestas a disposición de los otros países. Sus mandos superiores se ocupan sobre un esquema rotatorio entre los países miembros.

Para el grupo ALDE, Eurocorps con su modelo de fuerza integrada, es el punto de partida desde el que las fuerzas armadas europeas debería crecer, con el objetivo final de una fuerza militar supranacional. Un aspecto clave de esta hoja de ruta consistiría en un plan concreto de integración de otras naciones europeas de acuerdo con el modelo de Eurocorps en las fuerzas armadas europeas integradas, que deberían estar bajo órdenes de un mando único supranacional, que responda ante la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento.

Como principio irrenunciable, las contribuciones comprometidas por los Estados miembros serían obligatorias, de modo que se garantice su despliegue en el momento que se adopte una decisión común. Estas fuerzas armadas integradas europeas deberían disponer de distintivos europeos y utilizar uniformes europeos

Asimismo, partiendo del concepto estratégico, la hoja de ruta debería definir las capacidades y los activos con la ambición de poder hacer frente al conjunto de las amenazas a la seguridad, tanto para la defensa del territorio europeo –conjuntamente con la OTAN–, como para las operaciones en el exterior, de forma que aseguren una autonomía estratégica en la vecindad. En este marco deberían adoptarse decisiones conjuntas acerca de la armonización progresiva para la normalización de los equipamientos con el fin de garantizar la interoperatividad entre la OTAN y la UE. A la espera de que sea precisa una reforma de los tratados, deberán definirse los procedimientos para la toma de decisiones y un presupuesto común que financie las fuerzas armadas integradas de la UE.

La capacidad de defensa de los ciudadanos es el propósito fundamental de la soberanía. Europa ha postergado la idea de la defensa común durante más de 50 años. Es hora de hacer frente a unos hechos que están más allá de lo que puedan resolver los países miembros.

Por un buen Tratado de Libre Comercio Transatlántico (El Mundo Financiero)

Publicado originalmente en El Mundo Financiero, día 23 de junio de 2015

La Unión Europea debería trabajar en la preservación de su calidad de vida, en ofrecer prosperidad a sus ciudadanos y en adquirir un papel clave en el escenario global. El acuerdo para un tratado transatlántico (TTIP) debería ser la oportunidad de llevar a la práctica estos puntos. Un acuerdo ambicioso, en la medida en que desarrolle nuestra asociación estratégica con los EEUU, con la condición de que cumpla algún requisito previo.

El TTIP es un eslabón en una más amplia cadena de la estrategia consistente en generar empleos y crecimiento y fortalecer el papel de Europa en el ámbito global. Se trataría, por lo tanto, de trabajar por un buen TTIP, un acuerdo integral.

1. Un buen TTIP debería permitir el acceso a la contratación pública y a otros mercados para las empresas europeas.

El mercado americano no permite el acceso a la contratación pública a las empresas europeas, un mercado que supone más del 10% de la economía americana. La entrada en ese mercado debería ser la principal prioridad para el TTIP.

También existen otros límites en su acceso a los mercados, en especial en el sector del transporte y el de la energía. Esta situación debería cambiar, porque las empresas americanas disponen de una mayor entrada en la contratación pública europea. Sin que se produzcan cambios significativos en este ámbito es muy difícil contemplar una conclusión positiva del TTIP. Habría que exigir compromisos a los EEUU para que abran sus sectores aéreos y marítimos a las empresas europeas, en tanto que los americanos ya pueden operar en nuestros mercados; lo que no solo supondría una oportunidad para las empresas europeas, también sería una ventaja para los consumidores americanos, a través de una mejora tanto en precios como en una mejor calidad en el servicio. Por otra parte, a menudo, las empresas europeas se enfrentan a problemas con la burocracia aduanera, lo que se convierte en especialmente problemático en el caso de nuevos productos o servicios y en el de bienes perecederos. Los empresarios europeos se enfrentan a la falta de movilidad y de reconocimiento profesional, toda vez que pretenden cruzar el Atlántico. El TTIP también podría conducir al fortalecimiento de la seguridad energética de la UE, venciendo las restricciones a la exportación de energía procedente de los EEUU. Lo que podría llevar a la diversificación y a la reducción de costes en este ámbito.

2. Un buen TTIP debería apostar por las pymes.

El 99% de los negocios europeos está basado en las pymes y todas ellas juntas son responsables de 2 de cada 3 puestos de trabajo en nuestro sector privado. En las próximas décadas, buena parte de su crecimiento se producirá fuera de la UE. Resulta por lo tanto crucial que las pymes encuentren su propio camino hacia los nuevos mercados, nuevos socios comerciales y nuevo capital.

El TTIP no sólo debería ayudar a reducir tarifas, aunque eso mejoraría también la situación de las pymes, sino al mismo tiempo a asegurar la cooperación en la regulación, de forma que el comercio transatlántico sea más fácil, más barato, y menos burocrático para estas empresas. Un movimiento hacia un marco común de reglas y el acceso más fácil a la información permitiría a las pymes operar en los dos mercados.

Los negociadores han anunciado que se creará un capítulo especial para las pymes. Este capítulo debería concentrarse en un principio en permitir su acceso a la información, porque muchas veces las pymes carecen de la experiencia y la capacidad de conocer las reglas y regulaciones que les permitan operar en ese mercado. La UE y los EEUU deberían trabajar conjuntamente para acercar estas empresas a posibles socios comerciales y en estimular su acceso al capital.

3. Un buen TTIP debería establecer reglas generales y no perjudicar los valores europeos.

Las reglas y valores de los que disfrutamos en la UE no deberían quedar sacrificados en beneficio del comercio global o reducidos como consecuencia de un acuerdo comercial, que no debería decidir que los organismos modificados o los animales clonados sean permitidos dentro del mercado europeo. Servicios públicos como los de salud, educación o el abastecimiento de agua, no deberían quedar comprendidos en el acuerdo, lo mismo que ocurre con otros convenios firmados por la UE.

Un buen TTIP debería asegurar que principios fundamentales como los derechos humanos, la protección del consumidor, los derechos laborales y la protección del medio ambiente no queden afectados. Cualquier acuerdo final debería contener un sólido capítulo dedicado al desarrollo sostenible, en el que ambas partes se comprometan con este principio.

Un buen TTIP debería hacer más. Un acuerdo comercial entre las dos economías más abiertas y democráticas del mundo ofrece la oportunidad de sentar reglas globales conjuntas. En un mundo que cambia a gran velocidad, las economías emergentes como es el caso de la china persiguen el crecimiento a cualquier coste. Se puede estar de acuerdo con el crecimiento de esas economías, pero este debería ir de la mano con la adopción de reglas comunes. La forma en que China opera en África nos proporciona un ejemplo exacto de lo que el comercio sin reglas ni valores podría llegar a ser. A través de un buen TTIP, la UE y los EEUU pueden asegurarse de que reconocemos nuestros valores y ponemos más alto el listón. O bien aprovechamos la oportunidad de situar ahora las reglas o nos arriesgamos a no seguirlas en el futuro. Las consecuencias de ello no sólo serían negativas en términos económicos, sino que también irían en detrimento de los valores fundamentales que la UE debería defender en el espacio global.

4. Un buen TTIP debería asumir reglas para la protección de la inversión.

La inversión debería formar parte del TTIP. La UE se encuentra en crisis y uno de sus principales problemas estriba en el acceso a los capitales. Una creciente inversión extranjera podría estimular el crecimiento y el empleo, sin la necesidad del recurso a la inversión pública, lo que resulta particularmente necesario para las pymes. En este capítulo, es necesario adoptar un sistema para la resolución de las diferencias como instrumento de último nivel. Sin embargo, y a pesar de que instrumentos de este tipo han sido establecidos por cerca de 1.400 acuerdos bilaterales de inversión que los Estados miembros europeos han pactado en el pasado sobre una base individual, estos han quedado obsoletos.

Un buen TTIP debería reformar de manera radical la protección a la inversión. Es preciso garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la legitimación del arbitraje internacional. Es crucial que el derecho y la libertad de los parlamentos para legislar en interés de la ciudadanía quede garantizado.

Algunas reflexiones sobre la práctica de la tortura en Marruecos (elperiodista.es)

Publicado originalmente en ElPeriodista.es, el 20 de junio de 2015

Ya me he referido en algún comentario anterior a la reforma del Código Penal de Marruecos, pero es menos conocido el debate impulsado por el propio Gobierno en torno a las insuficiencias del anteproyecto para cumplir con el solemne compromiso de acabar con las «disfunciones» que según ellos son la causa de que Marruecos siga siendo un país asociado a graves violaciones de los derechos humanos. Desde el mismo Gobierno se ha resaltado como un gran logro la penalización de la desaparición forzosa y de la tortura: así como de otras disposiciones que van a permitir perseguir a todo responsable de cometer este tipo de actos, genocidios, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y trata de seres humanos. Desde las organizaciones de derechos humanos marroquíes también se ha recibido positivamente la reciente entrada en vigor de la reforma del Código de justicia militar que prevé que no se puedan juzgar civiles ante esta jurisdicción.

Las organizaciones internacionales de derechos humanos han coincidido en que esta reforma es una oportunidad única para que el Gobierno marroquí cumpla sus promesas de armonizar su sistema legal con los principios de las convenciones internacionales de protección de los derechos humanos a las que se ha adherido. Por eso están insistiendo en la derogación o reforma de las disposiciones que penalizan la «denuncia falsa» y la «denuncia difamatoria», para garantizar que no se presenten cargos contra quienes denuncien torturas, como ha ocurrido con los activistas marroquíes Oussama Housne y Wafae Charaf o el saharaui Mohamed Dihani. La criminalización de quienes denuncian ante los jueces haber sido objeto de torturas impide garantizar que ninguna persona, en Marruecos o en el Sáhara Occidental, sea condenada sobre la de una confesión extraída por medio de tratos inhumanos o vejatorios.

Asimismo, la legislación relativa a la lucha contra el terrorismo incorporada en el Código Penal debería modificarse para hacerla compatible con las obligaciones de Marruecos en materia de derecho internacional de los derechos humanos, dado que se emplea para alimentar la arbitrariedad, la tortura, y el abuso de la detención preventiva que produce —este último— la sobrepoblación de las cárceles, invocando la seguridad del Estado, algo especialmente frecuente en el Territorio No Autónomo del Sáhara Occidental.

También se insiste en que la reforma del código de justicia militar se debe completar con medidas que conduzcan a la liberación de los presos condenados por estas instancias cuyo caso más notorio es el de los 21 saharauis que están cumpliendo largas penas de cárcel dictadas por el Tribunal Militar de Rabat en 2013 por su presunta participación en los enfrentamientos con fuerzas policiales en el campamento de manifestantes Gdeim Izik, en el Sáhara Occidental, dos años antes. Quedó ampliamente documentado que los jueces no investigaron seriamente las alegaciones de los acusados de que sus confesiones habían sido obtenidas por medios ilegales, y las usaron como principal, si no único, fundamento para dictar condenas. Distintas organizaciones internacionales de juristas han recordado además la falta de competencia de los tribunales marroquíes para juzgar hechos ocurridos en un territorio que ocupan ilegalmente y en el que carecen de soberanía.

El fracaso cosechado por Marruecos en el 2014 —año que el Gobierno se había fijado para acabar con la tortura—, se debe en buena medida a la falta de aplicación de los criterios establecidos por la Constitución de 2011. En tanto que esos planteamientos no se lleven a las leyes ordinarias podrá repetirse el escenario descrito así por Sarah Leah Whitson, directora para Oriente Medio y Norte de África de Human Rights Watch: «Marruecos es como una gran obra de construcción, donde las autoridades anuncian grandes proyectos con mucha fanfarria, pero luego se estancan para terminar los cimientos».

Una visita polémica a la Asamblea francesa (Huffington Post)

Publicado originamente en Huffington Post, el 20 de junio de 2015

El pasado jueves 11 de junio, la asociación abertzale -"patriota" en euskera; o bien de la izquierda radical independentista vasca-, de nombre Bake Bidea, realizaba una visita a la Asamblea francesa, anunciada a través de los medios de comunicación.

La preocupación que esta visita suscitaba en la delegación de ALDE en el Parlamento Europeo en la que me integro con Ciudadanos Europeos nos llevó a mostrar nuestro malestar ante esta noticia y a dirigir la siguiente carta -que presento ahora traducida- a los diferentes eurodiputados franceses pertenecientes a nuestro grupo, y que decía en su parte central:

«Debido a una gran inquietud, queremos llamar su atención respecto del anuncio de la Conferencia humanitaria por la paz en el País Vasco, una iniciativa de la organización nacionalista vasca Bake Bidea, con el apoyo del mediador internacional, Brian Currin, en la Asamblea Nacional francesa, el próximo 11 de junio en París.

En realidad, se trata de la concreción de una tentativa posterior consistente en presentar a la banda terrorista ETA -que sería el verdadero objeto de la reivindicación en el curso de esta conferencia- como una víctima en los foros internacionales, utilizando el argumento falaz de que existe un conflicto no resuelto entre los Estados francés y español y ETA.

ETA es un grupo criminal, tal y como ha sido reconocido oficialmente también por Francia en 2009. Creemos que este gesto insulta profundamente a las víctimas, a sus familias y a todos los ciudadanos franceses y españoles que, durante decenios, han sufrido el terror de los ataques, de los asesinatos y de los secuestros cometidos por esa organización terrorista.

Consternados ante el conocimiento de esta noticia a través de los medios de comunicación, nos ponemos a su entera disposición para cualquier actuación que considere oportuno adoptar para prevenir esta iniciativa»

Y suscribíamos la carta Javier Nart, Juan Carlos Girauta y yo mismo.Una carta de parecido tenor le fue enviada al presidente de la misma cámara legislativa por los tres componentes de la delegación parlamentaria, a la que se unía nuestro compañero Enrique Calvet, quien haría también gestiones más directas con nuestros colegas franceses.

Al mismo tiempo, remitíamos esa carta a las delegaciones españolas de S&D -PSOE- y EPP -PP-, para que hicieran gestiones con sus homólogos franceses en sus respectivos grupos parlamentarios.

En las respuestas que recibimos, nos explicaban que la reunión no era un acto oficial del Parlamento, sino que se realizaba como consecuencia de una invitación formulada por algún diputado. Y que no había sido desautorizada para evitar de males mayores. Por parte de las delegaciones españolas de los grupos mayoritarios de la Eurocámara no hubo reacción.

Resulta un tanto penoso constatar la indiferencia, cuando no la cortedad de miras, que la conjunción de los servicios diplomáticos españoles, políticamente dependientes de nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores (junto con los -aún- grandes partidos) están tratando asuntos que tanta sensibilidad suponen a la dignidad de las víctimas del terrorismo y, por descontado, a la misma decencia de la sociedad española en su conjunto.

Ayer fue Dinamarca en relación con el proceso soberanista catalán, hoy Francia y con referencia al proceso de paz en el País Vasco. ¿Qué nos deparará el día de mañana?

Es preciso que trabajemos juntos, unidos más allá de las siglas, en los objetivos comunes; los que se refieren a la unidad y libertad de España y en España; dejando atrás los regates cortos y las actitudes partidistas. Eso sería la nueva política que contrasta con la vieja.

Claro que algunos no lo acaban de entender.

El Espacio Humanitario en Buenaventura, un nuevo ¡Basta Ya! (elPeriodista.es)

Publicado originalmente en elperiodista.es, el 11 de junio de 2015

Buenaventura es una ciudad situada en el suroeste de Colombia y su población es mayoritariamente afroamericana. Diversas organizaciones internacionales han dado testimonio de las pésimas condiciones socioeconómicas en que vive la ciudad así como de sus altos niveles de violencia, a manos de grupos armados ilegales.

Buenaventura es un puerto de mar. Por él circula aproximadamente el 50% del comercio exterior colombiano. Y ese tráfico se verá incrementado con la aplicación de un nuevo tratado multilateral de libre comercio.

A pesar de que Buenaventura tiene una posición privilegiada, el 80% de sus 500.000 habitantes vive en la pobreza y la tasa de paro alcanza el 63%. Como ha dicho el obispo Héctor Epalza, «vemos entrar y salir la riqueza, pero solo como espectadores».

La presencia de grupos paramilitares ha sido una constante en Buenaventura. Después de la negociación con unos grupos, otros tomaron su puesto, controlando el puerto a través de la práctica de la violencia que alcanza la cifra de 31 muertos con una tasa de 49,6 por 100.000 habitantes, por encima de la media nacional, de 31.

Buenaventura ha sido también una ciudad de desplazados: 13.000 en 2013.

El Gobierno Santos decidió militarizar la ciudad en 2014 y la violencia se redujo. Pero su práctica no se ha detenido: entre abril y diciembre fueron asesinadas 96 personas. También ha continuado la terrible acción de los grupos paramilitares consistente en desmembrar los cadáveres de las víctimas y arrojarlos al mar o enterrarlos en fosas comunes.

Ya en abril de 2014, los habitantes de la calle de Puente Nayero, crearon el llamado Espacio Humanitario, con la pretensión de construir un espacio libre de paramilitares en un contexto urbano. Está inspirado en las Zonas Humanitarias creadas en otras partes del país, iniciativas comunitarias que pretenden la continuidad de la vida a pesar del asedio paramilitar.

La comunidad de Puerto Nayero ha realizado un censo de las 302 familias y está delimitando los espacios para construir alternativas a la violencia, intentar romper el cerco del miedo y conseguir la autoprotección de la población civil respecto de los grupos armados.

Desde su formación, la comunidad ha podido recuperar una cierta normalidad. Sin embargo, el hostigamiento y las amenazas en contra de sus miembros han sido constantes.

La narración de los representantes de Espacio Humanitario me devuelve el recuerdo de los tiempos de ¡Basta Ya! en los peores años de la intimidación y el asesinato de los terroristas en el País Vasco. Su relato de cómo conseguían clausurar la casa de pique –local adonde los paramilitares se llevaban a las gentes para descuartizarlas, a veces vivas-, en una acción popular masiva y sin armamento, me reconcilia con la idea de que la tan vilipendiada condición humana todavía es capaz de alcanzar objetivos muy importantes.

La lucha de Espacio Humanitario no ha hecho más que empezar. Sus gentes, la sociedad civil el Gobierno colombianos deben proseguir en ese empeño. Pero no está de más que desde España y desde Europa les prestemos alguna atención. Si la libertad es indivisible, el derecho a la vida y a una vida en normalidad también lo son.

La resolución del parlamento de Dinamarca sobre Cataluña (El Munto Financiero)

Publicado originalmente en elmundofinanciero.com, el 10 de junio de 2015

El lobby independentista catalán en Europa es fuerte como se sabe. El gobierno de la Generalitat dedica cuantiosos esfuerzos personales y financieros a cultivar a gobiernos, instituciones y grupos sociales para el apoyo de los mismos a su causa. Un trabajo que conseguía la presentación por el grupo rojiverde en el Parlamento de Dinamarca de una interpelación al gobierno de ese país respecto del llamado derecho de autodeterminación para Cataluña. Según el reglamento de ese parlamento, toda interpelación presentada debe por fuerza concluir en una resolución.

En este caso, y a pesar de lo asegurado por los interlocutores daneses con los que me he entrevistado estos días, en el sentido del empeño por rebajar las pretensiones del grupo interpelante, el pasado 13 de mayo, siete de las ocho formaciones políticas existentes en esa cámara aprobaban una propuesta que decía textualmente:

The Parliament of Denmark takes note of the explanations from the Government on the legal, historical and political aspects and international situation of Catalonia, and endorses the view that the question of independency of Catalonia is a matter of peaceful and democratic dialogue between Catalonia and the Spanish Government in Madrid.

No sabría muy bien cuáles son los «aspectos legales, históricos y políticos y la situación internacional de Cataluña», que evocaría el gobierno danés en el debate, aunque según me explicaba la embajadora de Dinamarca en España, el ministro evitaría entrar en el fondo del asunto. No en vano, el Reino de España es una nación asociada a aquel país en el proyecto común europeo, en cuyas decisiones internas no debería entrar ningún otro Estado vinculado con el nuestro por los Tratados que dan forma a la UE.

Que «la cuestión de la independencia de Cataluña», si la hubiera, sería un asunto de diálogo «pacífico y democrático» puede resultar asunto pacífico, salvo que se le quiera adjudicar a esa frase alguna connotación negativa (como algunos, de manera interesada, han pretendido). Esto es: se diría que ese diálogo «pacífico y democrático» no se produce en la democracia española, como si España no fuera una democracia (¿de qué otra forma definiríamos por el contrario a un régimen que no permita el "diálogo pacífico y democrático?). Es cierto que el texto aprobado por el parlamento danés nada dice de eso, pero otra cosa es lo que desde el 13 de mayo vienen contando los independentistas catalanes.

En cualquier caso, ese pretendido diálogo debería producirse —siempre de acuerdo con la resolución parlamentaria que comentamos— por Cataluña y el Gobierno de España en Madrid. Una mención que seguramente no supondría que los diputados de Dinamarca consideran que ambas instancias políticas deben situarse en el mismo nivel, pero que también puede —y lo ha sido de manera torticera— interpretarse como tal posición por parte de un país democrático de nuestro entorno.

Ya a toro pasado, desde la delegación española de Ciudadanos Europeos en el seno del grupo ALDE -Alianza de Liberales y Demócratas por Europa- nos dirigimos a los dos diputados daneses incorporados al citado grupo parlamentario, Ulla Tornaes y Morten Petersen, quienes —especialmente la primera— escucharon con mucha atención nuestras explicaciones y comprendieron la preocupación que se derivaba de la desafortunada resolución emitida por su parlamento nacional.

También tuve la oportunidad de conversar con mis colegas del PP y del PSOE en la cámara europea, que me prometieron hacer la misma gestión en sus grupos con parlamentarios de ese país nórdico y ya he dicho que tuve una muy grata reunión con la embajadora de Dinamarca.

Alentado por mi interlocutor del PP, preparamos una carta para su co-firma por parte de los eurodiputados españoles. Negociada con la oficina del parlamentario en cuestión, íbamos a proceder a remitir el texto para las adhesiones individuales a la misma, cuando fui advertido por gentes del PP y del mismo ministerio de exteriores que el párrafo octavo del escrito, por decirlo de manera suave, no gozaba de sus simpatías -se deslizarían insinuaciones que resultaría muy poco edificante repetir aquí y que me reservo por elemental discreción.

El párrafo al que me refiero decía:

«Pedimos a la representación diplomática española ante los demás países miembros de la UE que nos informe acerca de cuantas propuestas pudieran eventualmente afectar de cualquier manera al cumplimiento de la normativa constitucional española, en especial en cuestiones tan sensibles como la descrita».

¡Una mención que nos fue solicitada precisamente por la oficina de un relevante eurodiputado del PP!

Resultaba evidente que habíamos pisado un callo muy sensible: la resolución del parlamento danés habría puesto en evidencia el deficiente funcionamiento —al menos en este caso— de nuestros servicios diplomáticos. ¿Cómo se explicaría de lo contrario que ese párrafo escociera tanto al partido de gobierno y a su ministerio de exteriores? Aún más, ¿no parece que entre los cometidos de nuestras representaciones diplomáticas está el de mantener la atención respecto de las resoluciones a aprobar por los órganos políticos de los países en los que se encuentran y que se refieren al nuestro? Y, más aún, ¿no se ha distinguido precisamente el ministro Margallo en mantener una línea muy firme de defensa de la españolidad de Cataluña y de la insensatez de la deriva soberanista en esa región? ¿No se desprendería de ello que tuviera el ministro activas las embajadas españolas en asunto tan sensible para España y para él?

Aquí acaban las preguntas, que con toda probabilidad no obtendrán respuesta. En todo caso, estoy más que convencido de que desde el foro del Parlamento Europeo podríamos hacer un buen trabajo en ayudar a contrarrestar el lobby soberanista catalán en Europa.

A Ciudadanos Europeos, y seguro que a muchos más eurodiputados españoles, nos tendrán a su disposición en todo momento para coadyuvar a este objetivo. Para ello sólo convendría conocer de los problemas antes de que dejen de tener solución.

Interview with: Fernando Maura Barandiarán MEP (Liberal Bulletin)

Publicado en la revista impresa del partido ALDE

El nuevo código penal de Marruecos (elPeriodista.es)

Publicado originalmente en elperiodista.es, el 4 de junio de 2015

El anteproyecto para la reforma del Código Penal de Marruecos que estaba vigente desde 1963 ha suscitado una fuerte controversia entre los activistas de los derechos humanos. Estos se han movilizado, especialmente a través de las redes sociales , en un movimiento para exigir la modificación de varios artículos que consideran atentatorios contra las libertades individuales. La polémica ha cobrado especial intensidad en asuntos que tienen carácter social y político, y los argumentos de los opositores subrayan su rechazo a disposiciones que no cumplen, ni con las promesas de modernización realizadas por el Gobierno y el monarca, ni con los objetivos de la reforma del Código Penal de adaptar el sistema legal marroquí a los principios liberales -no democráticos- de la nueva Constitución de julio de 2011.

Es el caso, por ejemplo, del artículo 16 del anteproyecto que mantiene la pena de muerte tras limitar de 33 a 11 los crímenes castigados con la pena máxima. (Hay que tomar nota de que ningún condenado a muerte ha sido ejecutado desde 1994). Para el movimiento de #lareformanopasará, en particular, y para la sensibilidad occidental, en general, la pena de muerte es una sanción inhumana que viola la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (de la que Marruecos es signatario) y que, además, debe ser rectificada en este caso por entrar en colisión con el artículo 20 de la Constitución que consagra el derecho a la vida.

Otro ejemplo de incumplimiento constitucional sería el del proyectado artículo 219 que castiga la blasfemia y el 222 que castiga con penas de entre uno y seis meses de cárcel la interrupción pública del ayuno musulmán. Los activistas recuerdan que el artículo 25 de la Constitución de 2011 consagra la libertad de pensamiento y expresión y, por lo tanto, de forma implícita, la libertad de credo. Muchas voces han recordado que obligar a respetar las obligaciones religiosas a todo un país constituye un atentado a la libertad de conciencia. Ello sin contar con que plantea una difícil situación a la hora de verificar que el sospechoso sea en efecto un musulmán.

La persecución de la blasfemia suscita también una gran inquietud por la vaguedad de los criterios con los que se pretende castigar con penas de entre uno y cinco años de cárcel todo insulto o falta de respeto, hacia «las religiones, Dios y los profetas» durante reuniones, o por medios escritos, dibujos, caricaturas o canciones.

Otro frente de crítica al anteproyecto procede de las organizaciones de derechos de la mujer. El gran logro que en este plano ha supuesto el fin a la aberrante alternativa que tenían los violadores de evitar la prisión casándose con sus víctimas, se ha visto empañado por las atenuantes que ofrecen los artículos 418 y 420 a los asesinos de uno de los miembros de un matrimonio sorprendido en flagrante adulterio. Ello supone que, pese a que el asesinato puede ser castigado con la pena de muerte o de cadena perpetua, en los casos en los que la víctima ha sido sorprendida en flagrante adulterio, el asesino verá limitado su castigo a una pena de entre uno y cinco años de prisión. Para las organizaciones de mujeres el hecho de que el nuevo código beneficia con esta atenuante a cualquier miembro de familia —además del marido— facilita el asesinato de mujeres adúlteras.

También es punto de debate el proyecto de artículo 490, que sigue criminalizando las relaciones sexuales extramatrimoniales, como si constituyeran una amenaza a la paz social. Se castigan con penas de entre uno y tres meses de cárcel y multas que pueden agravarse con castigos de entre seis meses y dos años de cárcel si se comprueba que uno de los implicados ha recibido dinero por mantener esa relación. Los activistas de derechos humanos se oponen a que el Estado siga dictando el comportamiento sexual de los marroquíes cuando en cambio los propios miembros del Gobierno islamista practican la poligamia que el nuevo código consiente.

Otro motivo de crítica es que la homosexualidad siga estando penada por el artículo 489 con entre seis meses y tres años de cárcel y una cuantiosa multa.

En el plano político, la campaña de oposición se ha dirigido contra el artículo 266 por la ambigüedad con la que establece como un atentado a la seguridad interna del Estado —penado con entre uno y diez años de cárcel—, una actividad o una propaganda susceptible de «quebrar la adhesión de los ciudadanos al Estado y a las instituciones del pueblo marroquí».

El ministro de la Justicia y de las Libertades Mustapha Ramid ha declarado que todavía pueden introducirse cambios pero que hay una línea roja que no está dispuesto a cruzar para discutir disposiciones que son relativas al orden público y a los fundamentos del islam. Se refería a la criminalización de las relaciones extramatrimoniales y la ruptura pública del ayuno durante el Ramadán.

En otro plano, esta reforma del Código penal es considerada por el propio Gobierno como uno de los dos ejes de la reforma del sistema judicial con los que se propone acabar con las «disfunciones» que son el origen de graves violaciones de los derechos humanos y la impunidad de los responsables de la comisión de torturas y de malos tratos. De hecho, las grandes organizaciones de derechos humanos han insistido en la conveniencia de que la reforma incluya las recomendaciones formuladas por el Relator Especial sobre la Tortura en febrero de 2013, como es la derogación o reforma de las disposiciones que penalizan la «denuncia falsa» y la «denuncia difamatoria» (artículos 264 y 445 del Código Penal) para garantizar que no se presentan cargos contra quienes denuncien torturas.

Numerosas organizaciones de derechos humanos han recibido positivamente la voluntad mostrada por el Gobierno marroquí para acabar con las lagunas legales en materia de salvaguarda de los derechos humanos durante las detenciones y los procesos penales, por ejemplo, para acabar con la superpoblación carcelaria provocada por un excesivo recurso a la detención preventiva. Pero también han señalado que el fracaso obtenido en el 2014, año que el Gobierno se había fijado para acabar con la tortura, se debe en buena medida a la falta de aplicación de las reformas ya realizadas por la Constitución de 2011. Por ello se ha puesto mucho énfasis en que para que las nuevas modificaciones tengan éxito deberán ir acompañadas de compromisos y de decisiones políticas firmes por parte del Gobierno en relación a la protección de las libertades públicas que incluyen la persecución y castigo de los responsables de violaciones de los derechos humanos. Solo así, añaden, se podrá pasar de las palabras a los hechos.

La estrategia fallida de Grecia (Expansión)

Artículo publicado en Expansión, el 3 de junio de 2015

Desde el 5 de mayo de 2010, Grecia ha recibido asistencia financiera en forma de préstamos de sus socios europeos y del FMI por un total de 245.700 millones de euros. A cambio de estos créditos, Grecia se comprometió a promover reformas estructurales (en el mercado de trabajo, privatizaciones, recapitalización del sector bancario, fiscal, sistema de pensiones, etc.) y a reducir el tamaño de su deuda, que en el momento presente alcanza el 177% del PIB, con la previsión de que llegue al 124% en el año 2020.

Ahora mismo, Grecia se encuentra en negociación con sus acreedores para liberar el último tramo de 7.200 millones de euros del segundo programa de asistencia financiera, que se está viendo dificultado debido a la no aplicación de las reformas acordadas en el programa de ajustes. Comparada con Irlanda, Portugal o la misma España, e incluso con Chipre, la recuperación en Grecia está siendo mucho más modesta y está teniendo muy escaso éxito. Mientras ninguno de los restantes países mencionados necesitará de ayuda financiera adicional, ocurre lo contrario con Grecia.

A diferencia de los otros Estados miembros, en los que un aumento de las exportaciones ha impulsado el crecimiento y la demanda inducida por los gobiernos decrecía a causa de los ajustes y de los incrementos en los impuestos para consolidar las finanzas públicas, Grecia sigue siendo una economía cerrada, con una tasa de exportaciones respecto de su PIB del 29%, comparado con el 46% de los países de la zona euro. Del mismo modo, atrae escasa inversión directa del exterior (sólo el 0,7% de su PIB, frente al 3,5% de media en la zona euro). No todas las cifras son negativas, sin embargo, en el informe del Banco Mundial Doing Business de 2015: Grecia pasaba del puesto 109 en 2011 al puesto 61. A finales de 2014 había conseguido equilibrar su competitividad en términos de costes laborales de 1995 en relación con el resto de la zona euro; su economía estaba creciendo por primera vez desde 2007 (un 0,8%); el desempleo decrecía un 1% (del 27,5% al 26,5, con la creación de 100.000 puestos de trabajo); el balance por cuenta corriente mejoraba del -2,3% al -2,2% del PIB y el equilibrio presupuestario pasaba del -12,3% al 3,5% del PIB.

Este positivo desarrollo podría haber resultado mucho mejor y más sostenido si Grecia no hubiera resultado afectada por la incertidumbre política desde las elecciones anticipadas del pasado diciembre. Esta situación se ha visto agravada por la ausencia de claridad en la política del nuevo Gobierno en relación con el cumplimiento de sus compromisos respecto a los programas de ayuda acordados con la UE y el FMI.

En peligro

La recuperada estabilidad financiera debida a la reestructuración, consolidación y la recapitalización de las instituciones financieras vuelve a encontrarse en un serio peligro. Cerca del 17% de los depósitos bancarios han desaparecido desde diciembre. Y en una capitalización adicional no será suficiente sólo con poner más dinero, lo que podría afectar negativamente a la sostenibilidad de su deuda pública y dañaría la confianza de los inversores. El nuevo Gobierno griego está volviendo atrás en las reformas emprendidas, congelando por ejemplo las privatizaciones, de cuyos activos resultantes necesitará para reducir la deuda pública; imponiendo un salario mínimo más elevado; aumentando las pensiones y manteniendo la edad de jubilación en los 59 años y contratando a nuevos trabajadores para la Administración pública. Estas medidas han producido un efecto negativo en la inversión, el crecimiento y la creación de empleo.

Sin embargo, el problema que más presiona a Grecia es la anunciada bancarrota. La incertidumbre política y económica ha llevado a la prima de riesgo de los bonos soberanos a crecer y a dificultar por consiguiente su acceso a los mercados, de manera que la refinanciación propia sin asistencia exterior, que se había restablecido hasta finales de 2014, se ha perdido de nuevo. Los pronósticos actuales del Gobierno griego sitúan su deuda pública en un 167% del PIB en 2020, cuando el programa acordado anteriormente la colocaba en un 124%. El país se quedará sin dinero a finales de mes. Hasta entonces, parece que podrá seguir haciendo frente a sus compromisos. Pero después de junio y hasta finales de septiembre, Grecia deberá pagar 10.000 millones de euros. En total, necesita 24.000 millones en 2015, 9.000 millones en 2016 y alrededor de 15.000 millones por año entre 2017 y 2020, lo que exigiría un tercer paquete de asistencia o simplemente la quiebra.

Después de un periodo de tiempo en que el ministro griego de Finanzas, Yanis Varufakis, intentaba jugar al escenario de una confrontación con sus socios europeos, dando por supuesto que antes de que Grecia cayese en quiebra vendría la zona euro a rescatarla, con o sin reformas por parte de aquella y garantizando, además, la liberación de la deuda, ahora es el primer ministro Alexis Tsiprs quien ha tomado el relevo. La pretensión actual de todas las partes es que Grecia se mantenga en el euro, lo que nos llevaría a un tercer programa de ayudas. Dicho programa incluiría alguna liberación de deuda para Grecia. Hasta que esto resulte posible se exigirá del país heleno un plan más ambicioso de reformas que eleve el crecimiento y reduzca la deuda; es decir, todo lo que el Gobierno griego ha estado retrasando durante estos meses.

Diputado de Ciudadanos Europeos.
Vicepresidente del grupo parlamentario europeo ALDE (Alianza de Liberales y Demócratas)