Artículo publicado en Expansión, el 3 de junio de 2015
Desde el 5 de mayo de 2010, Grecia ha recibido asistencia financiera en forma de préstamos de sus socios europeos y del FMI por un total de 245.700 millones de euros. A cambio de estos créditos, Grecia se comprometió a promover reformas estructurales (en el mercado de trabajo, privatizaciones, recapitalización del sector bancario, fiscal, sistema de pensiones, etc.) y a reducir el tamaño de su deuda, que en el momento presente alcanza el 177% del PIB, con la previsión de que llegue al 124% en el año 2020.
Ahora mismo, Grecia se encuentra en negociación con sus acreedores para liberar el último tramo de 7.200 millones de euros del segundo programa de asistencia financiera, que se está viendo dificultado debido a la no aplicación de las reformas acordadas en el programa de ajustes. Comparada con Irlanda, Portugal o la misma España, e incluso con Chipre, la recuperación en Grecia está siendo mucho más modesta y está teniendo muy escaso éxito. Mientras ninguno de los restantes países mencionados necesitará de ayuda financiera adicional, ocurre lo contrario con Grecia.
A diferencia de los otros Estados miembros, en los que un aumento de las exportaciones ha impulsado el crecimiento y la demanda inducida por los gobiernos decrecía a causa de los ajustes y de los incrementos en los impuestos para consolidar las finanzas públicas, Grecia sigue siendo una economía cerrada, con una tasa de exportaciones respecto de su PIB del 29%, comparado con el 46% de los países de la zona euro. Del mismo modo, atrae escasa inversión directa del exterior (sólo el 0,7% de su PIB, frente al 3,5% de media en la zona euro). No todas las cifras son negativas, sin embargo, en el informe del Banco Mundial Doing Business de 2015: Grecia pasaba del puesto 109 en 2011 al puesto 61. A finales de 2014 había conseguido equilibrar su competitividad en términos de costes laborales de 1995 en relación con el resto de la zona euro; su economía estaba creciendo por primera vez desde 2007 (un 0,8%); el desempleo decrecía un 1% (del 27,5% al 26,5, con la creación de 100.000 puestos de trabajo); el balance por cuenta corriente mejoraba del -2,3% al -2,2% del PIB y el equilibrio presupuestario pasaba del -12,3% al 3,5% del PIB.
Este positivo desarrollo podría haber resultado mucho mejor y más sostenido si Grecia no hubiera resultado afectada por la incertidumbre política desde las elecciones anticipadas del pasado diciembre. Esta situación se ha visto agravada por la ausencia de claridad en la política del nuevo Gobierno en relación con el cumplimiento de sus compromisos respecto a los programas de ayuda acordados con la UE y el FMI.
En peligro
La recuperada estabilidad financiera debida a la reestructuración, consolidación y la recapitalización de las instituciones financieras vuelve a encontrarse en un serio peligro. Cerca del 17% de los depósitos bancarios han desaparecido desde diciembre. Y en una capitalización adicional no será suficiente sólo con poner más dinero, lo que podría afectar negativamente a la sostenibilidad de su deuda pública y dañaría la confianza de los inversores. El nuevo Gobierno griego está volviendo atrás en las reformas emprendidas, congelando por ejemplo las privatizaciones, de cuyos activos resultantes necesitará para reducir la deuda pública; imponiendo un salario mínimo más elevado; aumentando las pensiones y manteniendo la edad de jubilación en los 59 años y contratando a nuevos trabajadores para la Administración pública. Estas medidas han producido un efecto negativo en la inversión, el crecimiento y la creación de empleo.
Sin embargo, el problema que más presiona a Grecia es la anunciada bancarrota. La incertidumbre política y económica ha llevado a la prima de riesgo de los bonos soberanos a crecer y a dificultar por consiguiente su acceso a los mercados, de manera que la refinanciación propia sin asistencia exterior, que se había restablecido hasta finales de 2014, se ha perdido de nuevo. Los pronósticos actuales del Gobierno griego sitúan su deuda pública en un 167% del PIB en 2020, cuando el programa acordado anteriormente la colocaba en un 124%. El país se quedará sin dinero a finales de mes. Hasta entonces, parece que podrá seguir haciendo frente a sus compromisos. Pero después de junio y hasta finales de septiembre, Grecia deberá pagar 10.000 millones de euros. En total, necesita 24.000 millones en 2015, 9.000 millones en 2016 y alrededor de 15.000 millones por año entre 2017 y 2020, lo que exigiría un tercer paquete de asistencia o simplemente la quiebra.
Después de un periodo de tiempo en que el ministro griego de Finanzas, Yanis Varufakis, intentaba jugar al escenario de una confrontación con sus socios europeos, dando por supuesto que antes de que Grecia cayese en quiebra vendría la zona euro a rescatarla, con o sin reformas por parte de aquella y garantizando, además, la liberación de la deuda, ahora es el primer ministro Alexis Tsiprs quien ha tomado el relevo. La pretensión actual de todas las partes es que Grecia se mantenga en el euro, lo que nos llevaría a un tercer programa de ayudas. Dicho programa incluiría alguna liberación de deuda para Grecia. Hasta que esto resulte posible se exigirá del país heleno un plan más ambicioso de reformas que eleve el crecimiento y reduzca la deuda; es decir, todo lo que el Gobierno griego ha estado retrasando durante estos meses.
Diputado de Ciudadanos Europeos.
Vicepresidente del grupo parlamentario europeo ALDE (Alianza de Liberales y Demócratas)
No hay comentarios:
Publicar un comentario