Publicado originalmente en elmundofinanciero.com, el 10 de junio de 2015
El lobby independentista catalán en Europa es fuerte como se sabe. El gobierno de la Generalitat dedica cuantiosos esfuerzos personales y financieros a cultivar a gobiernos, instituciones y grupos sociales para el apoyo de los mismos a su causa. Un trabajo que conseguía la presentación por el grupo rojiverde en el Parlamento de Dinamarca de una interpelación al gobierno de ese país respecto del llamado derecho de autodeterminación para Cataluña. Según el reglamento de ese parlamento, toda interpelación presentada debe por fuerza concluir en una resolución.
En este caso, y a pesar de lo asegurado por los interlocutores daneses con los que me he entrevistado estos días, en el sentido del empeño por rebajar las pretensiones del grupo interpelante, el pasado 13 de mayo, siete de las ocho formaciones políticas existentes en esa cámara aprobaban una propuesta que decía textualmente:
The Parliament of Denmark takes note of the explanations from the Government on the legal, historical and political aspects and international situation of Catalonia, and endorses the view that the question of independency of Catalonia is a matter of peaceful and democratic dialogue between Catalonia and the Spanish Government in Madrid.
No sabría muy bien cuáles son los «aspectos legales, históricos y políticos y la situación internacional de Cataluña», que evocaría el gobierno danés en el debate, aunque según me explicaba la embajadora de Dinamarca en España, el ministro evitaría entrar en el fondo del asunto. No en vano, el Reino de España es una nación asociada a aquel país en el proyecto común europeo, en cuyas decisiones internas no debería entrar ningún otro Estado vinculado con el nuestro por los Tratados que dan forma a la UE.
Que «la cuestión de la independencia de Cataluña», si la hubiera, sería un asunto de diálogo «pacífico y democrático» puede resultar asunto pacífico, salvo que se le quiera adjudicar a esa frase alguna connotación negativa (como algunos, de manera interesada, han pretendido). Esto es: se diría que ese diálogo «pacífico y democrático» no se produce en la democracia española, como si España no fuera una democracia (¿de qué otra forma definiríamos por el contrario a un régimen que no permita el "diálogo pacífico y democrático?). Es cierto que el texto aprobado por el parlamento danés nada dice de eso, pero otra cosa es lo que desde el 13 de mayo vienen contando los independentistas catalanes.
En cualquier caso, ese pretendido diálogo debería producirse —siempre de acuerdo con la resolución parlamentaria que comentamos— por Cataluña y el Gobierno de España en Madrid. Una mención que seguramente no supondría que los diputados de Dinamarca consideran que ambas instancias políticas deben situarse en el mismo nivel, pero que también puede —y lo ha sido de manera torticera— interpretarse como tal posición por parte de un país democrático de nuestro entorno.
Ya a toro pasado, desde la delegación española de Ciudadanos Europeos en el seno del grupo ALDE -Alianza de Liberales y Demócratas por Europa- nos dirigimos a los dos diputados daneses incorporados al citado grupo parlamentario, Ulla Tornaes y Morten Petersen, quienes —especialmente la primera— escucharon con mucha atención nuestras explicaciones y comprendieron la preocupación que se derivaba de la desafortunada resolución emitida por su parlamento nacional.
También tuve la oportunidad de conversar con mis colegas del PP y del PSOE en la cámara europea, que me prometieron hacer la misma gestión en sus grupos con parlamentarios de ese país nórdico y ya he dicho que tuve una muy grata reunión con la embajadora de Dinamarca.
Alentado por mi interlocutor del PP, preparamos una carta para su co-firma por parte de los eurodiputados españoles. Negociada con la oficina del parlamentario en cuestión, íbamos a proceder a remitir el texto para las adhesiones individuales a la misma, cuando fui advertido por gentes del PP y del mismo ministerio de exteriores que el párrafo octavo del escrito, por decirlo de manera suave, no gozaba de sus simpatías -se deslizarían insinuaciones que resultaría muy poco edificante repetir aquí y que me reservo por elemental discreción.
El párrafo al que me refiero decía:
«Pedimos a la representación diplomática española ante los demás países miembros de la UE que nos informe acerca de cuantas propuestas pudieran eventualmente afectar de cualquier manera al cumplimiento de la normativa constitucional española, en especial en cuestiones tan sensibles como la descrita».
¡Una mención que nos fue solicitada precisamente por la oficina de un relevante eurodiputado del PP!
Resultaba evidente que habíamos pisado un callo muy sensible: la resolución del parlamento danés habría puesto en evidencia el deficiente funcionamiento —al menos en este caso— de nuestros servicios diplomáticos. ¿Cómo se explicaría de lo contrario que ese párrafo escociera tanto al partido de gobierno y a su ministerio de exteriores? Aún más, ¿no parece que entre los cometidos de nuestras representaciones diplomáticas está el de mantener la atención respecto de las resoluciones a aprobar por los órganos políticos de los países en los que se encuentran y que se refieren al nuestro? Y, más aún, ¿no se ha distinguido precisamente el ministro Margallo en mantener una línea muy firme de defensa de la españolidad de Cataluña y de la insensatez de la deriva soberanista en esa región? ¿No se desprendería de ello que tuviera el ministro activas las embajadas españolas en asunto tan sensible para España y para él?
Aquí acaban las preguntas, que con toda probabilidad no obtendrán respuesta. En todo caso, estoy más que convencido de que desde el foro del Parlamento Europeo podríamos hacer un buen trabajo en ayudar a contrarrestar el lobby soberanista catalán en Europa.
A Ciudadanos Europeos, y seguro que a muchos más eurodiputados españoles, nos tendrán a su disposición en todo momento para coadyuvar a este objetivo. Para ello sólo convendría conocer de los problemas antes de que dejen de tener solución.
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