Artículo de Ana Camacho y Fernando Maura, publicado originalmente en El Confidencial el domingo 31 de enero de 2021
El reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental por el presidente Donald Trump obliga a España a mover ficha tras más de 43 años de inacción en el conflicto sin resolver de su antigua provincia en el África Occidental, situada a menos de 100 kilómetros de las islas Canarias. El paso dado por Trump ha creado una euforia y sensación de poderío sin límites en Rabat, que actúa en términos geopolíticos con esa actitud de peligrosa prepotencia, como ocurre con los vecinos abusones que, a base de gozar de la paciencia ajena, acaban creyendo que tienen bula para saltarse impunemente las normas básicas de convivencia.
La responsabilidad de esta situación no la tiene solo Trump. Desde 1975, sus antecesores en la Casa Blanca apoyaron la ocupación marroquí del Sáhara Occidental y reaccionaron a sus desenfrenos con una actitud complaciente que no tuvieron con la invasión iraquí de Kuwait. Más perjudicial aún ha sido la actitud de Francia, que ha utilizado su condición de miembro del Consejo de Seguridad con derecho a veto para ayudar a su aliado favorito en el norte de África a entorpecer a la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) que en 1991 desembarcó en el territorio para celebrar una consulta que, de acuerdo al pacto firmado por el propio Gobierno marroquí, debía dar al pueblo saharaui la posibilidad de decidir su futuro, incluyendo la opción de la independencia.
Para qué hablar de España, ahora principal víctima de lo que el embajador estadounidense Frank Ruddy, testigo de los hechos, definió como la "actitud delincuente de Marruecos". Empezó dando el mal ejemplo con un grave incumplimiento del derecho internacional en febrero de 1976, cuando anunció a la comunidad internacional que, además de abandonar al pueblo saharaui a su peor enemigo, renunciaba a sus responsabilidades jurídicas de potencia administradora. Teóricamente, este paso suponía el fin de las responsabilidades descritas claramente en el art.73 del capítulo XI de la Carta de la ONU donde se dice que las potencias administradoras tienen el "sagrado deber" de defender los intereses de los pueblos bajo su tutela y protegerlos contra todo abuso.
Se trata de una responsabilidad que jurídicamente no prescribe hasta que el pueblo tutelado alcanza su autodeterminación. Por eso, desde entonces, años tras año, la ONU ha seguido señalando que el Sáhara sigue siendo un Territorio No Autónomo (situando el conflicto como un problema de descolonización y no de secesión, como dicen en Rabat) y que España no ha dejado de ser, legalmente, su potencia administradora.
España creyó erróneamente que el gran favor que le hacía a Marruecos compraría la paz con tan problemático vecino
Todos los gobiernos españoles que siguieron a la entrega de la administración del Sáhara Occidental a Marruecos en virtud de los mal llamados 'acuerdos de Madrid' del 14 de noviembre de 1975, tuvieron muy claro que lo hecho el 26 de febrero en 1976 iba contra las normas del derecho internacional y, en especial, de la Carta de la ONU. Pero, en lugar de rectificar y hacer justicia al pueblo saharaui, todos prefirieron seguir con la simulación. Le dieron así al anexionismo marroquí una gran ventaja diplomática en la ONU, donde la representación de los pueblos de los Territorios No Autónomos debe estar a cargo de la potencia administradora. Los gobiernos españoles creyeron erróneamente que el gran favor que le hacían a Marruecos, a costa de dejar al pueblo saharaui sin voz ante la comunidad internacional, compraría la paz con tan problemático vecino. La actual espiral de crispación demuestra fehacientemente el fracaso de esta política.
Hay quien no quiere o prefiere no verlo. Son los que ahora piden al Gobierno de Pedro Sánchez que haga uso de la posición de preeminencia que España sigue teniendo jurídicamente en el conflicto para zanjar la cuestión a favor de Marruecos. Es verdad que la monarquía alauita ha sugerido en numerosas ocasiones que un reconocimiento español de la marroquinidad del Sáhara se vería recompensado con una buena relación bilateral. Pero el legado de la historia está plagado de incumplimientos marroquíes con sus compromisos internacionales con la ONU, sus vecinos magrebíes (también objeto de reclamaciones territoriales) y, en especial, con España. El mismo general Franco fue víctima de uno de ellos, cuando en 1958 entregó al reino marroquí Cabo Juby, un trozo del territorio ancestral del pueblo saharaui. Aprendió entonces el dictador que este tipo de transacciones están destinadas al fracaso por la incurable insatisfacción del Estado marroquí, marcada por la ideología expansionista del Gran Marruecos: al resto del Sáhara seguirían Ceuta y Melilla; y luego, por qué no, las islas Canarias (ya conocemos sobradamente por experiencia propia que a los nacionalistas no se les contenta por más concesiones que se les hagan). El actual presidente ya ha tenido una prueba de esta pauta marroquí porque, el pasado año, cuando Marruecos reclamó las aguas marítimas del sur de las Canarias para apropiarse de una enorme riqueza minera, lo hizo aprovechando precisamente su actual e ilegal posición en el Sáhara. ¿Qué no haría con una anexión 'legalizada'?
Los que a pesar de todo defienden la entente con Marruecos deberían tomar nota de los argumentos esgrimidos en Estados Unidos por James Baker o John Bolton para exigir al demócrata Biden la anulación oficial del reconocimiento de Trump. Ambos son personalidades de peso en política exterior del Partido Republicano y grandes conocedores de lo que ocurre en el Sáhara Occidental.
Baker, exsecretario de Estado durante la primera guerra del Golfo y representante especial del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental de 1997 a 2004, ha advertido que el paso dado por Trump a favor de Marruecos no tiene contrapartidas que compensen el desprestigio que este acto de "cinismo" origina con su violación de los principios básicos del derecho internacional y de la diplomacia. También ha advertido que mantener esta deriva va a contribuir a avivar la guerra en una zona ya de por sí bastante inestable. Pero donde Baker ha puesto especial énfasis es en el peligroso precedente de impunidad que el reconocimiento de Trump a favor de Marruecos crea para aquellos estados que aspiran a una extensión de sus fronteras al margen de la legalidad internacional. A la vista está la razón que tiene: Marruecos no ha tardado ni cinco minutos en cumplir las previsiones de Baker abriendo un nuevo frente de amenazas a España en relación a Ceuta y Melilla que, por cierto, nunca estuvieron incluidas en la lista de Territorios No Autónomos de la ONU.
La entrega definitiva del Sáhara a Marruecos no favorece a los intereses de España, sino todo lo contrario. En los foros internacionales, la dejación de responsabilidades con respecto al Sáhara ha perjudicado todos estos años al prestigio español. Con una guerra en ciernes en la zona, ahora tenemos todas las papeletas de cargar con las culpas a voz en grito. Además, está en juego la consistencia de nuestra compleja política de permanencia en la costa norteafricana y Canarias mientras que reclamamos a los británicos la colonia de Gibraltar. Solo el estricto respeto al derecho internacional y las resoluciones de la ONU mantienen esta situación que algunos consideran contradictoria.
En lugar de alinearse con Donald Trump, el Gobierno de Pedro Sánchez marcaría un nuevo rumbo que devolvería esa iniciativa a España
El Gobierno de Pedro Sánchez tiene otra opción, la de agarrar el toro por los cuernos y retomar el papel que le corresponde a España para regresar al alto el fuego, cancelando así toda posibilidad de conflicto bélico en el Sáhara que amenaza la estabilidad del norte de África y de las islas Canarias.
Tiene a su alcance el ejemplo de Portugal en Timor Oriental, la colonia lusa anexionada por Indonesia en 1975 que hoy ocupa un lugar en la ONU como Estado soberano. Lo que requiere este camino es reconocer la ausencia de validez jurídica de los acuerdos de Madrid, porque esta es una oportunidad para aclarar que nunca fueron legítimos, y revertir esta situación al orden internacional entregando a la ONU la administración del territorio para que, con su apoyo, por fin se celebre el referéndum de autodeterminación libre y transparente que debe poner fin a la descolonización del pueblo saharaui. España ya intentó esta vía en 1975 con el llamado 'plan Waldheim'. La sabotearon los partidarios en Madrid de hacerle un nuevo regalo a Marruecos imponiendo la firma de esos ya citados acuerdos de Madrid.
En lugar de alinearse con la acción de Donald Trump, el Gobierno de Pedro Sánchez marcaría un nuevo rumbo que devolvería esa iniciativa en el norte de África a España. Se convertiría, por fin, en el primer Gobierno democrático que mueve ficha para rectificar la grave injusticia cometida al pueblo saharaui, la única nación árabe hispano-hablante. Un cambio, sin duda estratégico, en nuestra política exterior que exigiría reacomodar nuestra política de alianzas, aprovechando la oportunidad que nos brinda la presencia de un nuevo y más fiable inquilino en la Casa Blanca.
*Ana Camacho es periodista y profesora de Relaciones Internacionales. Fernando Maura es abogado, político y escritor.
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