Un debate sobre un organismo en el que fundamentalmente se debate podría sonar bastante a tautología. Y por definición, la repetición de ideas no supone avance sino estancamiento en los conceptos. Sin embargo, debatir sobre el Parlamento, sus trabajos y funciones, su cercanía o lejanía respecto de los ciudadanos... constituye una tarea de una gran importancia. Y este foro universitario es un excelente escenario para hacerlo.
Empezaré diciendo que si tuviera que definir mi trayectoria política podría sin duda calificarla con el término «parlamentario». He sido parlamentario en el País Vasco (cámara autonómica) desde el año 1990 hasta el 2007 (aunque la primera de las 5 legislaturas y la última no las completé en ese puesto, la primera por razones profesionales, la segunda por contribuir a la fundación del partido UPYD), he sido parlamentario europeo (también en legislatura no concluida) y lo soy actualmente en el Congreso de los Diputados en dos legislaturas (una sin gobierno, la otra con un gobierno cuyo presidente accedió al poder en virtud de un pacto firmado con el grupo del que formo parte).
Como señala en el prólogo de la obra que comentamos Santiago Muñoz Machado, existe una interacción entre Gobierno y Parlamento. El primero —pienso— debería respetar al Parlamento, en tanto que el segundo debería afirmarse como la institución central en la que reside la soberanía del país.
Pero están los partidos políticos, para los cuales muchas veces el Parlamento no constituye sino una caja de resonancia, un escenario en el que proyectar sus posiciones tácticas; cuando no un instrumento para el acceso al poder o un reflejo de su mayoría. Los partidos —lo señala Astarloa— hacen grandes propuestas de reforma cuando se encuentran en la oposición y las olvidan cuando están en el gobierno.
Son los partidos, a través de los grupos parlamentarios, quienes protagonizan la vida parlamentaria; los representantes de los mismos —los diputados— quedan reducidos en los grupos más importantes a simples elementos que votan y aplauden y —cuando hay suerte— actúan siguiendo el guión previamente escrito por la dirección del grupo y del partido y de los expertos en comunicación. Y eso ocurre en el Pleno, pero en las Comisiones son los portavoces quienes ejercen esa misma función en ese ámbito más restringido, que como consecuencia de su menor nivel mediático dispone de un mayor nivel de tolerancia. En tanto que los grupos pequeños van literalmente con la lengua fuera, no pueden preparar los temas y repentizan intervenciones siguiendo el hilo de lo que se haya dicho previamente.
No ocurre así en todas partes. Si en España el centro del Parlamento lo constituyen los grupos, en el Parlamento Europeo son los parlamentarios su eje, de modo que los grupos se convierten en verdaderos escenarios de debate y los funcionarios de los grupos están siempre a la disposición de los diputados, que además cuentan con presupuesto propio para formar equipos y pedir informes.
El autor se refiere a la «huella legislativa» (por la cual se conozca quién estuvo involucrado en la preparación de una disposición normativa). En el PE hay una huella parlamentaria, por la que los dictámenes legislativos o políticos en general llevan la firma del diputado interviniente. Unos dictámenes en los que el ponente asignado (que en ocasiones asume también la paternidad de la iniciativa) convoca a los diputados que le asisten (uno por grupo) y examina generalmente sus enmiendas con ánimo positivo, incorporando las mismas en función de la sintonía con su criterio y de la posibilidad de que sea avalado por buena parte del grupo del diputado enmendante.
El Parlamento Europeo no solo no admite el mandato imperativo, sino que lo excluye de manera taxativa. Unas horas antes de la votación en el Pleno de Estrasburgo, conocida la lista de voto presentada por el Grupo, los eurodiputados deben cumplir con la cortesía de comunicar al Grupo el sentido de su voto cuando este va a ser diferente del propuesto. No hay expulsión ni sanciones, tampoco se relega al disidente ni se le impide su presencia en los dictámenes que le pudieran corresponder.
El Congreso podría avanzar también en su función de control del ejecutivo. Las comparecencias del Gobierno podrían celebrarse con regularidad tasada y no sujetarse a contingencias políticas. Los tiempos de intervención de los comparecientes deberían verse limitados. En las correspondientes a la Comisión de la Unión Europea, por ejemplo, se debería requerir un acuerdo genérico a otorgar al gobierno para su defensa en el Consejo Europeo y una posterior dación de cuentas a la misma (o al Pleno) de lo definitivamente acordado.
En cuanto a la actividad legislativa se refiere, además de las recomendaciones del autor —que comparto— añadiría la introducción del sistema anglosajón de sunset legislation en las mismas leyes, que establece un periodo de aplicación de las leyes que dispongan de contenidos finalistas, de modo que el legislador deberá comprobar la eficacia de las medidas emprendidas para, en su caso, aprobar unas nuevas basadas en la experiencia recibida de las antiguas; una medida que yo mismo defendí en el Parlamento Vasco, sin ningún éxito.
De modo coherente con lo anterior, entiendo que debería recuperarse el sistema del PB0, o Presupuesto Base Cero, por el que, presupuesto a presupuesto, el gobierno debe justificar la necesidad de cada una de las partidas y no establecer -como ocurre las más de las veces- un porcentaje de incremento basado, no en la necesidad del programa, sino en las posibilidades económicas del Presupuesto.
No es imposible que el Parlamento español no pueda mejorar en su dimensión central de la política española. Y el sentido de lo que debería hacer está ya de alguna manera expuesto:
- Ser respetado y hacerse respetar
- Reducir el protagonismo de los grupos en beneficio del diputado individual.
- Ampliación reglamentaria del espacio para la libertad de voto. Prohibición del mandato imperativo.
- Mayor dotación de medios para los diputados.
Por supuesto que eso nos llevaría a otro asunto que no corresponde al Parlamento y sus funciones, el de la modificación de la Ley Electoral en cuanto a las listas cerradas y bloqueadas. Pero este no es el objeto del debate.
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