Europa se esconde

El Consejo Europeo de este mes de octubre ha venido enmarcado por la lógica derivada del proceso electoral alemán. Antes de esas elecciones no había posibilidad de tomar decisión alguna, después tampoco, hasta que no haya gobierno en firme.

En lo que se refiere a la chicha del Consejo, planteado en torno a la unión bancaria, tampoco se han producido demasiados resultados. Como decía al principio, nada saldrá adelante hasta que no se constituya nuevo gobierno en Alemania (es curioso cómo la UE se encuentra permanentemente condicionada por la situación política de uno solo de sus socios, pero con la que está cayendo en EE UU y el bloqueo de su administración por el desencuentro entre los dos principales partidos, parece que nos podríamos dar por consolados).

Por lo tanto, sólo cabría esperar alguna decisión de alcance técnico, mientras tanto. Sin embargo, lo que Alemania parece pretender es que la futura unión bancaria disponga de suficiente cobertura jurídica (una buena parte de los acuerdos derivados de la crisis del euro a nivel europeo lo han sido solamente por los gobiernos, de modo que podrían no soportar reclamaciones de terceros, en este caso de alguna entidad financiera afectada).

Eso exigiría una modificación del Tratado de la UE en este aspecto, lo que conduciría a su vez a la necesidad de su aceptación por los Estados signatarios. Una ratificación que no debería someterse a referéndum por aquello de los rechazos que el Tratado constitucional produjo en Francia o en Holanda, por lo que debería pasar exclusivamente por los parlamentos nacionales. Todo ello, como digo, siempre después de la formación del nuevo gobierno.

En cuanto a lo que pretendía el gobierno español de este Consejo, la posición ha gravitado en torno a la exigencia de que los tests de stress bancarios se adopten con carácter general y afecten a un porcentaje similar de bancos (un 80% en el caso de España, no más de un 2,5% en el de Alemania). Una postura que ni siquiera la delegación española ha presentado a debate debido a la fragilidad política de nuestra posición.

Pero, la pretensión del gobierno —más allá de la petición no formulada— es que la prueba de resistencia bancaria, prevista para el 15 de noviembre a la banca española, sea lo suficientemente suave para que la Comisión dictamine que se ha cerrado la situación de rescate bancario en España. Eso interesa al Gobierno, que está empeñado en vender que no sólo ha concluido la recesión sino la crisis misma, y a la Comisión, que quiere cerrar este capítulo cuanto antes.

Aunque dicho cierre se produzca en falso. Porque todo esto no es sino mirar hacia otro lado. Las necesidades de recapitalización de la banca española no estarían en los 5.000 millones de euros que dice De Guindos (y que saldrían del FROB), sino de unos 36.000 millones de euros, según algunas fuentes autorizadas. La causa de esta diferencia estaría en la consideración de algunos créditos bancarios a grandes empresas españolas que más bien serían fallidos, si no fuera porque semejante consideración llevaría a una nueva y profunda recesión (lo único que va relativamente bien en la economía española es el sector exportador, y en ese punto, las grandes empresas resultan claves).

No parece, sin embargo, que la negación de la realidad, unida a la notoria falsedad de que la crisis económica haya concluido, notablemente en su importantísima dimensión bancaria, constituya una buena manera de actuar, aunque lo cierto es que esta actitud se encuentra entre las características más acostumbradas de este gobierno que, por cierto, viene pareciéndose mucho al anterior en estos mismos parámetros (no hay crisis/hay brotes verdes y tenemos el mejor sistema bancario del mundo, decían).

En cuanto al asunto que más destaca la prensa, el relativo a las escuchas a móviles de dirigentes europeos por EE UU, se han producido grandes aspavientos, pero sin recorridos serios tampoco. La declaración final del Consejo ha sido calificada por el diario El País como la confesión de una impotencia. En todo caso, existe una cierta expectación en el ambiente respecto de posibles filtraciones concretas que bien pudieran embarrar aún más el terreno político.

El gobierno español, también como acostumbra, ha salido tarde y como un pálido reflejo de la actitud de otros.

La crisis humanitaria provocada por el fenómeno ocurrido en Lampedusa merece apunte aparte. Ha habido abundancia de palabras (parole, parole, parole...), como dice la canción. Y es que no hay fondos adicionales ni políticas novedosas. Un informe para diciembre y, quizás, alguna decisión de envergadura para junio de 2014.

Lo que resulta pasmoso. Una Europa que no toma decisiones y esconde la cabeza como las avestruces cuando algo va mal. ¿El signo de los tiempos? Desde luego, pero habrá que hacer algo para cambiarlo.