El chirriar de los grillos
Crónica de un viaje a Venezuela en 15 entregas
Noviembre de 2015
La sociedad civil venezolana que se congrega en la sala del hotel Pestana ocupa la mesa de reuniones con al menos dos decenas de personas. Jáuregui introduce la abigarrada sesión animando a que los diferentes ponentes intervengan sin más límite que el tiempo que puedan dedicarle.
PRISIONES
El primer interviniente aborda el asunto de las prisiones. Según él, Venezuela está calificada como uno de los países más violentos, también en materia carcelaria. Hacinamiento y muertes en prisión. A pesar de la inseguridad del país, las gentes mueren con mayor facilidad en las cárceles, y por armas de fuego además.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), nos informa de que gran parte de las edificaciones que se usan como prisiones son viejas construcciones escolares, familiares, hospitalarias o militares, adaptadas para servir como centros penitenciarios. La mayoría cuentan con anexos para aumentar la acogida de reclusos. Pero eso no soluciona el hacinamiento.
No hay preparación en el personal de custodia, hay pocos condenados pero crecen los procesados, los tribunales no son diligentes, los juicios se dilatan innecesariamente, tampoco hay interés en los jueces o los fiscales o los abogados.
Hay 8 centros penitenciarios sobre los que existen medidas provisionales de la Corte Interamericana de DDHH.
La organización en cuestión destaca que se vulnera el derecho a la salud como consecuencia del hacinamiento, la mala alimentación, falta de agua potable y casos de enfermedades dermatológicas provocadas por la insalubridad de las prisiones.
Esta situación ha obligado a muchos reclusos a recurrir a medidas de protesta, como las huelgas de hambre, de sangre o cosimiento de los labios.
Venezuela es el país con las cárceles más violentas de la región, con más de 6.500 asesinatos y más de 16.000 heridos entre 1999 y el primer semestre de 2015.
A la violencia derivada del uso de armas, se unen situaciones como los malos tratos de los custodios a los reclusos, cobros y manejo de dinero indebidos, pagos por protección o chantaje, trato vejatorio de los familiares que visitan a los reclusos...
Los así llamados pranes, cobran por proporcionar un lugar para dormir, protección, comida, medicinas, agua...
El Comité contra la Tortura de las NNUU instaba al Estado a «reforzar de forma urgente los recursos destinados a la provisión de alimentos, agua, saneamiento y atención médica y sanitaria de los reclusos».
Como no podría ocurrir de otra manera, esta situación se produce también en los calabozos policiales.
CONFLICTIVIDAD SOCIAL
En cuanto a la situación referida a la conflictividad social, se constata que es altísima, más que previsible para el año 2016.
Cualquier observación la considera el régimen una injerencia
¿Qué va a pasar después del 6D? Prevé algún truco del gobierno.
Nuestros informantes constatan un aumento preocupante de la pobreza. Se están acercando a las cifras que tenía Venezuela antes de Chávez.
Utilización de recursos públicos para la campaña.
La impunidad es la norma.
Militarización del país.
Aunque el viernes tendremos un encuentro con los medios de comunicación, también le dedicamos un aspecto a esta cuestión en la reunión con la sociedad civil.
El 80% de los medios es favorable al gobierno.
Censura. Amenazas contra periodistas.
Un país sin cifras. No se dan datos.
Comparecen varios estudiantes. Podemos observar que han perdido el miedo.
El gobierno —nos dicen— aumenta el coste de la matrícula, con lo que puede entrar a controlar las universidades privadas.
Monitoreo electoral.
Uno de los estudiantes se hace eco de unas declaraciones mías —en las que me refería a la «deriva totalitaria» del régimen de Maduro. Lo están haciendo con las universidades públicas. La universidad se encuentra en cierre técnico.
El gobierno está esperando al momento para sustraer el poder de la asamblea. Renovación de los 13 magistrados del TS.
Red de inteligencia para controlar la privacidad de los opositores.
Migración. Casi 2,000.000 de personas.
Hacer de la universidad una educación comunal.
Los dirigentes estudiantiles están amenazados, también sus familias.
FORO PENAL
El 72% de los jueces —nos informan— son provisionales. Pueden ser removidos.
En su informe de 2015, el Alto Comisionado de DDHH de la ONU, expresó su preocupación por la situación de los DDHH en Venezuela, el ataque a los manifestantes y la detención de líderes de la oposición y manifestantes.
El FPI hace balance de las manifestaciones que se produjeron en Venezuela en el año 2014, señalando que entre el 4 de febrero de ese año y el 30 de septiembre de 2015 se registraron 3.770 detenciones, entre las cuales 373 a menores de edad. De todos ellos, 303 fueron privados de libertad y los demás estuvieron detenidos entre 1 y 3 días.
Todavía quedan en situación de libertad restringida o bajo medidas cautelares 2.031 personas de las que participaron en las manifestaciones. Se mantienen 31 personas encarceladas, además de 47 privadas de libertad por motivos políticos. Lo que suma 78 personas encarceladas. De ellas, 10 son estudiantes y 8 son mujeres. Más recientemente se han producido detenciones selectivas de personas que habrían sido vistas por los llamados patriotas cooperantes —delatores—, en abierta violación de la ley.
Son constantes las denuncias de familiares, ONG y abogados defensores de violaciones del derecho a la defensa, la incomunicación de los detenidos, la obstaculización a la labor de los abogados defensores, ausencia de información formal sobre las causas de la detención y la carencia de información sobre personas detenidas y los centros de detención a los que son remitidos.
El Comité contra la tortura de las NNUU registraba asimismo 138 casos de torturas y tratos crueles inhumanos. El informe señala la práctica del disparo de armas con perdigones a quemarropa. Otra de las formas de tortura señalada por el FPV lo constituye la sistemática negativa de asistencia médica a detenidos por motivos políticos.
El FPV señala las huelgas de hambre protagonizadas por Daniel Ceballos y Leopoldo López. Y de otros dos presos políticos más. Situaciones levantadas por ellos mismos después de 20 días.
Para terminar, el informe señala que, del total de 45 personas asesinadas, 36 lo fueron como consecuencia de manifestaciones, y de estos, 19 en su mayoría por disparos de la policía, militares o civiles armados; 7 funcionarios militares, resultado de disparos de supuestos manifestantes; 7 por colisión con barricadas y 3 por supuestos disparos cuando movían escombros que se encontraban en las calles.
Dice el informe que 3 de los 19 asesinatos lo fueron como consecuencia de torturas o tratos crueles e inhumanos.
Reportan asimismo la escalada en la intimidación y amenaza contra activistas de DDHH.
EJÉRCITO
Finalizaría este encuentro con la sociedad civil venezolana con un informe de control ciudadano sobre la actuación del ejército. En él manifestaban que una revisión de los discursos y declaraciones militares en Venezuela en los últimos 5 años desvela contenidos claramente inadmisibles en una democracia. También que la utilización de la Fuerza Armada Nacional como herramienta política y de propaganda al servicio del gobierno se ha venido consolidando en los últimos años. Destacan la existencia de un patrón de incentivos que retribuyen la fidelidad de los mandos militares, expresado en ascensos y cargos. No existen garantías de imparcialidad y neutralidad por parte de los mandos militares en lo relativo a las elecciones del 6D. En consecuencia, la integridad del proceso electoral se ve seriamente amenazada.
La intervención del ejército en el proceso electoral, concretada en el Plan Republica, debería ser controlada por algún organismo público. Pero eso no lo hace el CEN. En este sentido sería necesario que fuera conocido por la población el despliegue de las fuerzas armadas en los circuitos electorales. Y también los datos correspondientes a:
A. Custodia de instalaciones electorales,
B. Entrega de material electoral y máquinas de votación, incluidas las claves de ingreso al sistema de consulta.
C. Control del orden público en los centros de votación durante todas las etapas del proceso electoral, especialmente en momentos críticos como el de permitir la presencia de los votantes al escrutinio.
D. Custodia y traslado con las actas de los resultados.
Los nombramientos de las autoridades militares responsables en algunos Estados, de acuerdo con la normativa vigente, deberían publicarse en la Gaceta oficial, lo que no ha ocurrido.
(PRÓXIMA ENTREGA: 11. Encuentro con los embajadores de la UE)
(PRÓXIMA ENTREGA: 11. Encuentro con los embajadores de la UE)
