Acuerdos europeos

Fuente: El Mundo Financiero

EL ESCENARIO MOVEDIZO DE LA COLABORACIÓN PUNTUAL

Las Constituciones, ya se sabe, crean instituciones dotadas del valor de su previsibilidad. Y la española no es una excepción a la norma: el gobierno, gobierna; los diputados de la mayoría apoyan al gobierno y regalan con lisonjas sus comparecencias; la oposición se opone, y no ofrece siquiera agua al gobierno. España no sólo no es una excepción a esa norma, sino incluso paradigma de una cierta rigidez. Producto de las listas cerradas y bloqueadas, los grupos parlamentarios españoles se parecen mucho a los ejércitos bien organizados, todos actúan como un solo hombre.

En las instituciones europeas no ocurre lo mismo. Para empezar, no existe en relación con ellas una Constitución. Tampoco lo era en sentido estricto la que preparó una comisión presidida por el ex presidente de Francia, Valery Giscard D’Estaing y que los ciudadanos de su propio país rechazaron,

Europa se rige por Tratados -lo era la no nacida Constitución de Giscard-; lo es el Tratado de Lisboa de 2007, que establece el último escenario de acuerdo entre los Estados miembros. Porque Europa es una continua evolución de acuerdos. Los hay entre los gobiernos; entre el Consejo Europeo y el Parlamento; entre este y la Comisión Europea; entre los grupos parlamentarios y entre los diputados, prescindiendo muchas veces de los grupos políticos en los que nos integramos. En algún caso, incluso pueden producirse desacuerdos, como lo estamos observando cuando se escriben estas líneas respecto de la composición del Colegio de Comisarios de la Comisión Europea.

El terreno político europeo es pues el escenario movedizo de la colaboración puntual permanente. Lo escrito se cumple, por supuesto, pero no agota ni de lejos las posibilidades de acción de las instituciones. Es por eso que la idea del pacto se sacraliza hasta el punto de que se convierte en la ratio última de su comportamiento.

El acuerdo debería servir de manera principal para profundizar en una nueva ambición europea, como la de otros momentos cruciales en la construcción de nuestro espacio político y económico, como Maastricht o Lisboa lo fueron en su día, Pero Europa no dispone de todo el tiempo del mundo para preparar una arquitectura institucional que nos lleve a un modelo federal, integrador y eficaz para la toma de las decisiones que el momento presente demanda. Pondré algún ejemplo, ¿Puede Francia sola acometer la inestabilidad que se cierne sobre el Magreb? ¿Se bastan por sí solos los antiguos Estados asociados a la Unión Soviética y hoy miembros de la Unión Europea para contener la amenaza rusa? ¿Podemos pensar en una política energética con base exclusivamente nacional? ¿Nos podemos permitir el no disponer de una política exterior común, de una defensa común, en los escenarios de auge del Estado Islámico?

Todos sabemos que los Estados nacionales, separados, no son capaces de resolver estos y otros problemas de semejante importancia. Para eso está la Unión Europea. Pero sus instituciones -como decía- no están aún perfectamente formadas, al revés de lo que les ocurre a sus correspondientes nacionales. La crisis económica y de la moneda común ha promovido el auge de la representación de los partidos populistas en el Parlamento Europeo -un tercio del Parlamento Europeo procede de estas formaciones-, con la consiguiente necesidad de construir pactos -una vez más la idea del acuerdo- por las tres fuerzas políticas significativamente europeístas, PPE S&D y los liberales de ALDE.

Contenida -aunque no del todo resuelta- la crisis económica, la nueva Comisión Europea presidida por Jean Claude Juncker deberá hacer frente a todos estos retos y a otros muchos más. Una Comisión necesariamente más política que la de su predecesor, José Manuel Durao Barroso, y con una mayor ambición para profundizar en el proyecto federalista e integrador de Europa. Porque la debilidad europea es la economía, pero lo es más su fragilidad institucional y política.

Esa será la Comisión que votará el Pleno de Estrasburgo en las próximas semanas, en la que 5 comisarios liberales -o al menos eso espero- impulsarán desde sus carteras este nuevo proyecto. 5 liberales y 8 socialdemócratas, una desproporción que favorece a los primeros respecto de los segundos -comparemos los 68 diputados que formamos ahora ALDE con los 191 de que disponen los socialistas. Una vez votada dicha Comisión, la función del Parlamento deberá consistir en apoyar ese impulso europeísta frente a nacionalistas y populistas euroescépticos.