La política europea de vecindad (ENP, por sus siglas en inglés), se creó para favorecer la relación de la Unión Europea con sus países fronterizos. Su idea era la de formar un área de estabilidad, prosperidad y estabilidad, de acuerdo con lo previsto por el artículo 8 del Tratado. Desde su planteamiento inicial, sus dos áreas, norte y sur, han padecido importantes niveles de deterioro en su seguridad, agravando en consecuencia los problemas de la Unión. Y la propia política de vecindad no ha sabido responder de forma adecuada a esos cambios. En consecuencia, Europa asiste con el pie cambiado a un mundo turbulento que está poniendo en serio peligro su propio proyecto político, económico y social.
La llamada “primavera árabe”, en concreto, llevaría a la UE en el año 2011 a modificar su política de vecindad, así como también a elevar las dotaciones financieras correspondientes.
Pero no es lo mismo la vecindad del este y la del sur, su fragmentación y sus problemas; las pretensiones que esos países tienen respecto de Europa y los intereses de Europa respecto a ellos. Por lo tanto, no debería existir una sola política europea de vecindad, sino dos: la referida al este y la del sur. Punto de partida obligado, como resulta lógico, para la diferenciación en las políticas a seguir respecto de los distintos países que integran ambas regiones.
Una redefinición que, a la altura de los graves problemas que derivan de esas dos regiones, debería también alcanzar a los Presupuestos de la UE, situada como está la ENP en un 6% de los mismos, y en los que también está incluida la cooperación y la ayuda al desarrollo. Un replanteamiento que no puede alcanzar sólo a las instituciones comunes de la Unión, sino también a sus países miembros, y que debe coordinarse con otras organizaciones internacionales.
La seguridad, la estabilidad y la prosperidad no deberían constituirse en la única aproximación a esta nueva política de vecindad; ésta necesariamente tendrá que ir de la mano de los valores de la democracia y el respeto a los derechos humanos, consustanciales con el proyecto europeo. En este sentido, la política de vecindad tendría que ofrecer incentivos y proveer de instrumentos adecuados que faciliten las reformas internas en esos países. El consejo que ayude a esos países a crear instituciones, como los parlamentos nacionales; el apoyo a la sociedad civil, a los grupos y partidos democráticos para favorecer el diálogo y el pluralismo.
Lucha contra el terrorismo
En todo caso, la seguridad exterior es una de las prioridades de esta nueva política; por lo que la acción exterior, la cooperación y la política de defensa europeas tendrían que hablar con una sola voz. En este mismo sentido, la lucha contra el terrorismo internacional, clave en la acción exterior –e interior– europeas, exigiría que la UE colabore en el desarrollo de este capítulo, de común acuerdo con los países vecinos y –en algunos casos– con los vecinos de los vecinos.
Es preciso que se dirija también a facilitar la vida de los ciudadanos de esos países, una mayor facilidad en la obtención de visados, la extensión del programa Erasmus Plus a sus estudiantes, la mejora en general de las oportunidades económicas a través del libre comercio y la cooperación económica.
En orden a construir esta nueva estrategia de vecindad, la UE debería utilizar el instrumento de los “enviados especiales”, con la tarea de revisar y aplicar las políticas resultantes en los países y zonas geográficas correspondientes.
La interlocución con estos países, de igual a igual, y ajena siquiera a la menor sospecha de paternalismo, contemplaría tanto los intereses de los países concernidos como los de la UE. En este sentido, es muy importante la capilaridad de la intervención, de modo que pueda llegar a todos los niveles de la población, en especial las áreas locales; no sólo, desde luego, a las elites políticas.
¿Una carta a los Reyes Magos en plena primavera? No, una necesidad estratégica. Importante y urgente, a la vez.
Diputado en el Parlamento Europeo,
vicepresidente del grupo ALDE
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