Publicado en esglobal.org, el 6 de mayo de 2015
¿Están infladas las cifras de población?
Una de las cuestiones más
desafortunadas, en cuanto a su conclusión, del pleno de abril en
Estrasburgo, lo ha sido el de una enmienda relativa al ya anteriormente
debatido informe OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude). Este
informe, hecho público recientemente, afirma que, entre 2003 y 2005 se
habría comprobado que muchas de las ayudas alimentarias destinadas a los
refugiados saharauis en Tinduf acabaron en mercados de Mauritania y
Argelia. Siempre según dicho informe, se atribuiría el fraude a que los
saharauis recibieron más ayudas de las que necesitaban realmente debido a
que las cifras de la población de refugiados sobre las reales estarían
infladas.
Hasta el 1 de septiembre de 2005 la ECHO
(Ayuda Humanitaria y Protección Civil) consideró, al igual que el resto
de agencias de la ONU, que la población de refugiados saharauis era de
155.000 personas. Pero, a partir del 1 de septiembre de 2005, corrigió
a la baja esta cifra siguiendo las recomendaciones de OLAF, que
dictaminó que había que reajustar las ayudas a una cifra de 90.000
habitantes, de acuerdo con los resultados de un estudio. Esta evaluación científica
se llevó a cabo en julio de 2004 por medio de unas fotos de satélite
por encargo de OLAF, en el marco de una auditoría iniciada en 2003 sobre
el supuesto desvío de las ayudas.
Pero dicha estimación no se ajusta a la verdad. Ni la tesis que justifica lacorrección a la baja del número de refugiados, ni la supuesta falta de un censo de la población de refugiados saharauis.
Y digo esto porque, ya en octubre de
2000 ACNUR acababa de anunciar la conclusión de un censo provisional de
refugiados en los campamentos del Frente Polisario en Tinduf (Argelia)
de 129.863 personas.
De acuerdo con las resoluciones del
Consejo de Seguridad de la ONU y el plan de Arreglo aprobado por
Marruecos y el Frente Polisario, este censo de refugiados debía
constituir el plato fuerte del trabajo preparatorio para la repatriación
de los refugiados saharauis que ACNUR debía realizar en estrecha
colaboración con la MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el
Referéndum del Sáhara Occidental), de cara a la votación en la consulta
de autodeterminación.
La evidencia de que la cifra de 129.863
saharauis votantes residentes en los campamentos no incluía la totalidad
de la población refugiada no afecta a la fiabilidad del censo. Ello no
ha impedido que en las escasas ocasiones en las que aflora la existencia
de este censo, no hayan faltado argumentos por parte marroquí para
minimizar su importancia e, incluso, justificar su olvido alegando
supuestos dobles registros de los saharauis debido a que la inscripción
también contó con puestos de atención en la vecina Mauritania.
Un importante indicador de la fiabilidad
del censo de refugiados es que, cuando en 2003 James Baker (el entonces
enviado especial del secretario general de la ONU para el Sáhara
Occidental), presentó su plan para la solución del conflicto, el estar
incluido en la lista de repatriación establecida por ACNUR el 31 de
octubre de 2000 fue considerada una condición suficiente para poder
votar en el referéndum para determinar el estatuto definitivo del Sáhara
Occidental, al mismo nivel que el figurar en la lista provisional de
votantes de 30 de diciembre de 1999. Así consta en el anexo dedicado al
llamado Plan Baker.
Pese a todo ello, en octubre de 2005 el
secretario general de la ONU anunció que ACNUR y el Programa Mundial de
Alimentos (PMA) habían decidido reducir el número de beneficiarios de
las ayudas a 90.000 personas “hasta que pudiese realizarse una operación
de registro global de las poblaciones de refugiados”.
Para muchos donantes y ONG esta decisión
entraba en colisión con los datos ofrecidos por el propio secretario
general sobre la precaria situación de los refugiados saharauis. Desde
esta perspectiva, la tesis con que OLAF lanzaba la hipótesis de que la
presencia de alimentos de las ayudas en mercados de la zona se debía a
un exceso en los envíos propiciado por el falseamiento del censo no
tenía sentido: chocaba con los datos que indicaban que un 95% de los
hogares de refugiados saharauis carecía de medios alternativos para
satisfacer sus necesidades alimentarias básicas. Echó más leña al fuego a
esta polémica la publicación de un estudio sobre la nutrición realizado
por el PMA a comienzos de 2005 que mostraba que los casos de anemia
entre las mujeres y los niños en los campamentos saharauis se había
disparado pasando de un 47,6% en 2002 a 66,4% en 2005.
Resulta sorprendente que al iniciar su
investigación sobre el posible fraude de las ayudas en el año 2003 OLAF
ignorase la existencia del censo de refugiados publicado por ACNUR en el
años 2000. Dicho registro de 129.863 saharauis votantes fue considerado
por la propia ONU como incompleto pero nunca inflado indebidamente.
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